Protección contra DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD

C.A. de Concepción.

Concepción, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece el abogado Oscar Gonzalo Espinoza Sandoval y recurre de protección a favor de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y recurre de protección en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, con domicilio en domicilio reservado, por haber vulnerado sus derechos constitucionales establecido en los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al haberle rechazado la permanencia definitiva solicitada.

Indica que a la recurrente le fue concedida la visa de responsabilidad democrática por el Consulado General de Chile en Puerto Ordaz el 24 de octubre de 2018, la que le permitía permanecer en el país por un año desde su entrada a Chile.

El 8 de diciembre de 2019, solicitó la permanencia definitiva al Servicio Nacional de Migraciones, la que recién se vino resolver más de dos años después, el 4 de julio de 2022, comunicándosele el rechazo de su solicitud en razón de: "Que, el solicitante no cuenta con estabilidad económica, durante el periodo de visación, comprendido entre el 16-01-2019 y el 16-01-2020, según la información presentada da cuenta que, para los meses evaluados no declara ingresos.

Requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 N° 4 del D.L. N° 1.094, de 1975 en relación con el artículo 138 N° 4 del D.S N° 597, de 1984, anterior Reglamento de Extranjería, ambos del Ministerio del Interior, siendo pertinente rechazar su solicitud en conformidad al artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería".

Indica que aquello constituye un acto arbitrario e ilegal ya que la afectada sí cuenta actualmente con estabilidad económica, pues cuenta con contrato de trabajo indefinido con la empresa Comercializadora & Distribuidora Mis Reinas SPA, y tiene una empresa de la cual es socia, cuya razón social es Inversiones Global MT SPA. La ilegalidad recae en el incumplimiento de la ley 19.880, principalmente del artículo 31, el cual dispone de un plazo de subsanación para acompañar antecedentes y documentos. En este caso existió un desfase evidente de casi 3 años para resolver un procedimiento administrativo entre la fecha de la solicitud de permanencia definitiva y la resolución, tiempo en el cual la situación económica de la afectada cambió, estando hoy en día con ingresos regulares y suficientes para no ser considerada una carga social para el país.

Solicita restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección como afectada; y, en consecuencia, se le ordene conceder el remedio solicitado y, en general, adoptar todas las demás medidas que se estimen necesarias para esos efectos, con expresa condenación en costas.

Informa el abogado Javier Muñoz Reyes en representación de la Dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, siendo improcedente la condena en costas solicitada por la contraria.

Señala que mediante la Notificación folio N° NUM000, de 04 de julio de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, se ha informado a la recurrente que, con los antecedentes que este Servicio tiene a la vista, correspondería rechazar su solicitud, por no haber acreditado tener recursos suficientes para vivir en Chile sin constituir carga social. Sin embargo, en virtud del artículo 91 inciso 2° de la Ley N° 91.325, y previo a dictar un acto administrativo final, se ha otorgado al recurrente un plazo de 10 días hábiles para que remita a este Servicio todos los antecedentes que tenga a su disposición respecto de la causal de rechazo individualizada.

En consecuencia, la solicitud del recurrente se encuentra en trámite, a la espera de la remisión de los antecedentes solicitados. Este Servicio no ha dictado el respectivo acto administrativo que acoge o rechaza la solicitud del recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO: 1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil- o arbitrario o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y - que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto. 2°) Que, resulta efectivo que con fecha 24 de octubre de 2018, el Consulado de Puerto Ordaz le otorgó a la recurrente visa temporaria de responsabilidad democrática, con vigencia hasta el 16 de enero de 2020 y con fecha 08 de diciembre de 2019, la recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, actual Servicio Nacional de Migraciones, el beneficio de permanencia definitiva, emitiéndose el respectivo comprobante de solicitud en trámite. 3°) Que, mediante la Notificación folio N° NUM000, de 04 de julio de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, ha informado a la recurrente en los siguientes términos: "Por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería y en el artículo 88 del Decreto Supremo N ° 296, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 21.325, ambas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, notifico a Ud. que, habiendo analizado su solicitud de Residencia Definitiva, NUM001, este Servicio Nacional de Migraciones ha verificado que Ud. se encuentra comprendido en la siguiente causal de rechazo:

Que, el solicitante no cuenta con estabilidad económica, durante el periodo de visación, comprendido entre el 16-01-2019 y el 16-01-2020, según la información presentada da cuenta que, para los meses evaluados no declara ingresos.

Requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 N° 4 del D.L. N° 1.094, de 1975 en relación con el artículo 138 N° 4 del D.S N° 597, de 1984, anterior Reglamento de Extranjería, ambos del Ministerio del Interior, siendo pertinente rechazar su solicitud en conformidad al artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería". 4°) Que en estas condiciones, resulta cierta la afirmación de la recurrida en cuanto -hasta la fecha- no existe un acto terminal en el procedimiento administrativo que haya decidido el rechazo de la solicitud de residencia definitiva, como lo sostiene el recurso.

En efecto, sólo se le ha advertido de la ausencia de un presupuesto que, conforme a la ley, le impediría obtener el beneficio solicitado, por cuanto en términos condicionales se le indica a la recurrente que "correspondería rechazar su solicitud", por no haber acreditado tener recursos suficientes para vivir en Chile sin constituir carga social. 5°) Que lo anterior se ve ratificado si se considera que en la parte final de la misma notificación se indica expresamente. "Ud. dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados desde la presente notificación, para realizar los descargos respecto de la causal invocada, debiendo acompañar todos los antecedentes que sirvan de sustento a sus aseveraciones, a través de la plataforma dispuesta para ello". 6°) Que como se advierte, no existe un acto administrativo que rechace la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, por cuanto y como lo refiere la recurrida, la actora aún cuenta con un plazo de 10 días hábiles para acompañar los antecedentes requeridos en relación a su estabilidad económica.

En este sentido, la recurrente sólo debe cumplir con el requerimiento del Servicio Nacional de Migraciones, para obtener una decisión definitiva respecto de su solicitud.

Dicho plazo, según propio reconocimiento de la recurrida, se encuentra pendiente y con la interposición de este recurso puede, sin duda, estimarse que aún está vigente la oportunidad de cumplir con lo requerido. 7°) Que, de la forma indicada, sólo cabe rechazar el recurso deducido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Carola Rivas Vargas Rol Nº 57874-2022- Protección.