Protección contra la I

Concepción, lunes siete de septiembre de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece Mauricio Segovia Araya, abogado, actuando en representación de WOM S.A., sociedad del giro de las telecomunicaciones, representada legalmente por Marcelo Fica Aranguez, abogado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Tomé, representada legalmente por su Alcalde, Eduardo Aguilera Aguilera, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso señalando que el 22 de agosto de 2018, su representada celebró un contrato de arrendamiento con Mirtza nombre reservado, sobre una superficie de 10 metros cuadrados del inmueble de propiedad de la señora nombre reservado, ubicado en domicilio reservado, el día 5 de abril de 2019, WOM celebró un nuevo contrato de arrendamiento, esta vez con doña nombre reservado, propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado metros cuadrados. Ambos contratos tenían como objetivo la instalación en ellos de antenas de telecomunicaciones de telefonía móvil y la construcción e instalación de los empalmes eléctricos necesarios para el funcionamiento de los equipos pertinentes.

Posteriormente, el 10 de mayo de 2019 la Subsecretaria de Telecomunicaciones dictó el Decreto Exento N° 387, por medio del cual se autorizó a instalar la y operar la antena de telecomunicaciones que se ubicaría en Los Almendros N° 190, Tomé, y, por su parte, el Decreto Exento N° 459, de 6 de junio de 2019, autorizó la instalación de la antena en la dirección de El Arrayán N° 86, también de Tomé. Para finalizar, y en orden a contar con todos los permisos y requisitos legales para la instalación de las respectivas antenas, con fecha 31 de julio de 2019, se otorgó por parte de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Tomé, el Permiso de Instalación de Torres Soporte de Antena y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones N° 1, para la antena que se emplazaría en domicilio reservado, y, con fecha 5 de noviembre de 2019, se otorgó el Permiso de Instalación de Torres Soporte de Antena y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones N° 2, para la antena a emplazar en El Arrayán N° 86.

Indica que habiendo cumplido con todas las exigencias legales y administrativas, su representada dio inicio a las obras de construcción de las antenas de telecomunicaciones de la referencia, el día 2 de diciembre de 2019, las cuales constan de una estructura de 12 metros de altura, que se emplazan dentro de la zona urbana de la ciudad de Tomé. Desde la fecha en que se pretendieron ejecutar las obras, los vecinos del sector actuaron de modo violento frente a los contratistas que realizaban la instalación, e instalaron barricadas en el sector de la construcción, y el día 4 de diciembre del año recién pasado, personal de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Tomé, les entregó notificaciones N° 16 y 17, mediante las cuales se comunicaba que a partir de esa fecha quedaba paralizada la instalación de la antena, por el error en el permiso de instalación, quedando impedidos desde esa fecha de continuar con las obras respectivas.

Alega que en este caso estamos frente a dos permisos de edificación perfectamente válidos, que no han sido objeto de reclamo de legalidad alguno, sobre los cuales no se ha iniciado un proceso invalidatorio y que, en consecuencia, son perfectamente válidos, y, al desconocer las razones de su supuesto error, no le es posible objetar la decisión de la autoridad, pues la misma simplemente no existe; que el "acto administrativo" - si lo fuere - que determina la paralización de las obras de construcción que llevaba a cabo su representada respecto de las antenas señaladas, no se encuentra fundamentado acorde a los principios rectores que lo rigen, de manera tal que se vulneran los siguientes derechos: 1) El derecho a desarrollar cualquier actividad económica, establecido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, pues la recurrente cuenta con permisos de instalación de antenas que son válidos y vigentes, y los equipos de telecomunicaciones que se pretenden instalar son necesarios para la realización de la actividad económica que su representada efectúa y, al paralizarse, sin razón alguna, la construcción de las antenas en comento, se está provocando una limitación a la realización de la actividad económica de un modo efectivo. 2) El derecho de propiedad sobre los bienes incorporales, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, específicamente sobre los permisos de instalación entregados por la DOM que no han sido dejados sin efecto, pues con la entrega de los permisos de instalación N° 1, de fecha 31 de julio de 2019, y N° 2, de 5 de noviembre del año recién pasado, su representada ha adquirido un derecho personal incorporal sobre dicho permiso, pues la facultad y concesión que por él se le realiza para poder realizar la instalación de la antena, se ha incorporado a su patrimonio, y no puede ser despojado de él sino por las causales legales que se han establecido en la ley.

Agrega que el acto arbitrario e ilegal que se ataca radica en la paralización de las actividades de construcción de dos antenas que WOM pretendía construir en la ciudad de Tomé, orden entregada sin ninguna formalidad, y el cual se ha mantenido vigente hasta la fecha de interposición del recurso, siéndole desconocidas las razones para la paralización o la fundamentación de la misma.

Finaliza solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Tomé, acogerlo a tramitación y, en su mérito, ordenar dejar sin efecto la paralización de la construcción de las antenas que su representada construiría en domicilio reservado, ambas del sector El Santo,Tomé.

Informó por la Dirección de Obras Municipales y la Ilustre Municipalidad de Tomé, la abogada Natalia Parra Lepez, quien, luego de exponer brevemente el texto del recurso, adujo que la paralización de las obras en cuestión se encuentra atenida a norma y no vulnera ninguna garantía constitucional, por existir un error en el procedimiento, por incumplimiento al artículo 116 bis F letra e) de la Ley General de Urbanismo y Construcción, el cual nace al no haber enviado la recurrida las cartas certificadas a las Juntas de Vecinos y demás propietarios aledaños al sector en que se instalará la antena, a pesar de tener las direcciones correctas en las planimetrías adjuntas en los expedientes municipales ingresados a la Dirección de Obras, todo lo cual motivó a la DOM a dejar sin efecto, de pleno derecho, el permiso otorgado de acuerdo a lo establecido en el citado artículo.

Al respecto, explica que con fecha 28 de noviembre de 2019, ingresó a la DOM carta por parte de la Junta de Vecinos N° 5 "El Santo", indicando sus molestias y solicitando inspección por la instalación de antena en calle Los Almendros, frente a calle Las Achiras, ya que según indican en la carta no hubo notificación a los vecinos, ni a la junta de vecinos correspondiente, de tal instalación; que con fecha 2 de diciembre de 2019, también se ingresó a la DOM carta por parte de la Junta de Vecinos N° 5-B sector 3 “El Santo”, solicitando que se impida la ejecución de la instalación de una antena de telecomunicaciones, en calle El Arrayan, por idénticas razones.

Señala que atendido el mérito de las presentaciones mencionadas, se revisaron los expedientes y permisos otorgados a la recurrida, específicamente se analizó la documentación que se refiere a las notificaciones que se debe realizar a la junta de vecinos correspondiente de cada sector y a los vecinos colindantes del predio donde se instalaran las antenas, concluyendo que en planta de vecinos afectos a notificación se indica el rol de cada propiedad, dirección de catastro que tiene el Servicio de Impuestos Internos y dirección actual según catastro y numeración de la DOM. de Tomé, las cuales no coinciden, por lo tanto, y conforme a una tabla que indica las propiedades individualizadas, se realizó una visita a cada domicilio, verificando la dirección actual; que el 31 de diciembre del 2019, la DOM corroboró que las direcciones son del todo erradas, verificándose, además, que las notificaciones que se enviaron por Correos de Chile se realizaron a direcciones diferentes a las entregadas en la planimetría aportada por la empresa Wom. S.A., indicándose, en ambos casos, Juntas de Vecinos, que no corresponden a los sectores involucrados con las instalaciones de las antenas.

Refiere que constatado el error en el procedimiento para el otorgamiento del permiso de las antenas de telecomunicación por parte de la recurrente, la DOM de Tomé ejerció la facultad otorgada expresamente en el artículo 116 bis F, letra e) inciso 4°, de la Ley General de Urbanismo y Construcción, dejando sin efecto de pleno derecho el permiso otorgado.

Reclama que no existe vulneración de derecho alguno, pues tanto la Municipalidad como la respectiva Dirección de Obras, dio cumplimiento íntegro a la Ley General de Urbanismo y Construcción, y teniendo el recurso de protección por objeto tutelar los derechos ciudadanos, esencialmente de orden patrimonial, cuya extensión se manifiesta en los derechos de propiedad y de igualdad ante la ley, no puede ser utilizado como un mecanismo procesal ordinario de control jurisdiccional de los actos administrativos, pues no goza de las características propias de un procedimiento idóneo para acreditar la falta de ejecución de la obra.

Sostiene, asimismo, que su representada ha realizado todo aquello que dispone la ley, relativo a los procedimientos para dejar sin efecto un permiso que había sido otorgado, con errores en el procedimiento para su obtención, no concurriendo en la especie los presupuestos que precisa nuestra Carta Fundamental para la interposición del recurso de protección, y que, por lo demás, no hubo vulneración a derecho alguno, pues solo se dio cumplimiento íntegro a las facultades que la Ley General de Urbanismo y Construcción, otorga a la DOM de Tomé. En consecuencia, dice, no se han vulnerado las garantías constitucionales del articulo 19 N°21 y 24 de la Constitución Política, pues la paralización de las obras en cuestión se encuentra ajustada a norma, ya que existió un error en el procedimiento.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe requerido y, en mérito de los argumentos esgrimidos, sea rechazado en todas sus partes y con costas.

Compareció la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi Masías, quien señala que la recurrida, WOM S.A. es titular de dos concesiones de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital Avanzado, otorgadas a CENTENNIAL CAYMAN CORP CHILE S.A., hoy WOM S.A., por Decretos Supremos N° 63 y 64 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ambos de 2010. Refiere que la instalación, operación y explotación de estaciones base de telefonía móvil debe ser autorizada por Decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgue o modifique la concesión, de conformidad con un procedimiento especialmente reglado, con excepción de aquellas modificaciones que, no importando una alteración de la zona de servicio, de las frecuencias, del ancho de banda o de las potencias máximas ya autorizadas y que no requieran el emplazamiento de una nueva torre, toda vez que utilizan como soporte edificaciones preexistentes, postes de alumbrado público o eléctrico, elementos publicitarios, señalética, o mobiliario urbano, las cuales son autorizadas mediante Resolución Exenta de la Subsecretaría. A su vez, los Decretos Exentos que autoricen la modificación de la concesión, deben ser publicados a costa del concesionario en el Diario Oficial, y a contar de la fecha de dicha publicación, comenzarán a correr los plazos señalados en el proyecto técnico acompañado a la solicitud para el inicio y término de obras y para el inicio de los servicios.

En cuanto al fondo del recurso, indica que dicha Subsecretaría tramitó dos solicitudes de modificación de las concesiones ya mencionadas que autorizan a WOM S.A., para instalar, operar y explotar dos estaciones bases en El Arrayán N° 88 (sic) y en Los Almendros N° 190, ambas en la Comuna de Tomé. Las estaciones bases se adosarían a dos monopostes que serían construidos a dichos efectos, en virtud de contratos de arriendo suscritos entre la concesionaria y los dueños de los inmuebles ubicados en las direcciones ya citadas. Dichas solicitudes fueron autorizadas mediante Decretos Exentos N° 459 y N° 387, respectivamente, ambos de 2019.

Precisa que para instalar una torre soporte de antenas y sistemas radiantes se requieren dos tipos de autorizaciones, la autorización sectorial de telecomunicaciones y la autorización de urbanismo y construcción, aviso o permiso, según corresponda, de acuerdo a las modificaciones efectuadas a dicha legislación urbanística, conforme a la Ley 20.599, que Regula la Instalación de Antenas Emisoras y Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones. Sin perjuicio del procedimiento de oposición que establece la Ley 18.168, General de Telecomunicaciones, la autorización de telecomunicaciones únicamente dice referencia con el cumplimiento de la normativa sectorial y por lo tanto la oposición que pudiera ejercerse en el curso de la misma no puede suponer revisar el cumplimento de la normativa urbanística, por parte de dicha Subsecretaría de Estado.

Compareció, igualmente, Mirtza nombre reservado, quien señala que con fecha 22 de agosto del año 2018, celebró un contrato de arrendamiento con WOM, de una superficie de 10 metros cuadrados del inmueble de su propiedad ubicada en Los Almendros N°190 de la población El Santo, con el único objetivo de instalar una antena de telefonía móvil en su propiedad, con los empalmes eléctricos necesarios para su posterior funcionamiento. Refiere que el día 10 de mayo de 2019, se obtuvo la autorización por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para empezar con el trabajo en su propiedad, según consta en Decreto Exento N°387, y que con fecha 31 de julio 2019, la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Tomé, permitió la instalación de soporte de antena y sistemas radiantes de transmisión en su inmueble, comenzando el 2 de diciembre de 2019 la ejecución de las obras de construcción; sin embargo, vecinos instalaron barricadas frente a su domicilio, impidiendo los trabajos. Indica que posteriormente, se presenta en su domicilio un representante del Departamento de Obras Municipales, entregándole una notificación con el N°16, de fecha 04/12/2019, mediante la cual se comunica que a partir de esta fecha queda paralizada la instalación de la antena por "error en permiso de instalación".

Comparecieron, análogamente, nombre reservado, Presidenta de la Junta de Vecinos N° 5, El Santo, de la comuna de Tomé y nombre reservado, Presidente de la Junta de Vecinos 5-B, Sector 3, El Santo de Tomé, quienes señala que a mediados de noviembre de 2019 se enteraron que en el patio de una vivienda ubicada en domicilio reservado, habían movimientos de maquinarias y tierras, con el objeto de instalar una antena; que ambos realizaron consultas sobre las autorizaciones en el municipio local, encontrándose con que éste había autorizado la instalación, y que ellos, como dirigentes y vecinos, habrían sido notificados de la instalación; sin embargo, luego de una revisión mínima se dieron cuenta que ninguna de las Juntas de Vecinos que representan fueron notificadas, como tampoco los vecinos en forma individual, percatándose que en la Dirección de Obras Municipales recibieron los antecedentes y no se percataron que la empresa solicitante habría mandado cartas a los dirigentes de la Junta de Vecinos 5-A del Santo, cuyo territorio jurisdiccional no abarca el lugar de emplazamiento de la antena. Con motivo de lo anterior concurrieron a la DOM respectiva y manifestaron que no se había dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 bis F de la Ley General de Construcciones y Urbanismo, procediendo la Municipalidad a dejar sin efecto el permiso.

Explican que su oposición a la instalación de la antena, se basa en la topografía del sector, toda vez que si bien la altura pareciera prudente, al tratarse de un plano inclinado en más de 45 grados y que la propiedad donde se instalará queda a media falda del cerro, la parte más alta de la antena quedaría muy cercana a viviendas de vecinos, afectando el derecho a vivir en un medio libre de contaminación a adultos mayores, algunos de las cuales tienen graves problemas de salud, refiriendo el caso del menor nombre reservado, haciendo presente que en el sector existen dos escuelas y un CESFAM, que estarían recibiendo en forma directa, permanente y sin las distancias requeridas, la radiación que emiten dicho tipo de antenas; que, además, en el sector existe un equipamiento comunitario, donde se realizan múltiples actividades con la participación de los vecinos del cerro, por lo que de autorizarse en definitiva la instalación de la antena, tendrían en medio de un cerro densamente poblado una emisión constante de radioactividad y, lo que es peor, algunas de las viviendas más cercanas quedarían a 10 metros más o menos de la parte más alta de la antena.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, ahora bien, de lo expuesto precedentemente, fluye que la empresa recurrente, en síntesis, imputa al municipio recurrido el acto -que tilda de ilegal y/o arbitrario- consistente en el hecho que un Inspector de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Tomé, se constituyó en los inmuebles sitos en domicilio reservado y en domicilio reservado, ambos del sector cerro El Santo de Tomé, haciendo entrega de las notificaciones (boletas o partes) N°s 17 y 16, respectivamente, de fecha 4 de diciembre de 2019, donde se comunicaba que a partir de esa fecha quedaba paralizada la instalación de las antenas de telefonía móvil en dichos inmuebles, cuya autorización la DOM le había otorgado con anterioridad, por error en el permiso de instalación, quedando impedidos desde esa data de continuar con las obras respectivas, sin que exista ninguna acto administrativo o resolución donde se explique en qué consistió ese supuesto error.

TERCERO: Que la municipalidad recurrida, a su turno, adujo, en resumen, que efectivamente se procedió a la paralización de las faenas de instalación, dado que la empresa recurrente –a quien se le habían otorgado con antelación los permisos de instalación respectivos- no cumplió con la normativa pertinente en cuanto a la notificación por correo de los vecinos del sector y a las Juntas de Vecinos correspondientes.

CUARTO: Que de lo expuesto en el recurso, en los informes añadidos a los autos y en la vista de la causa por los comparecientes a estrados, y, además, de lo que aparece en los antecedentes y documentos que se han adjuntado al proceso, es posible dar por establecida, mediante un procedimiento lógico de inferencia -herramienta que se condice con la forma reflexiva en que deben ponderarse los elementos de convicción, según las reglas de la sana crítica racional-, la existencia de los siguientes hechos atinentes a la cuestión en debate:

1) Que la empresa WOM S.A., el 22 de agosto de 2018, celebró un contrato de arrendamiento con Mirtza nombre reservado, sobre una superficie de 10 metros cuadrados, del inmueble de propiedad de ésta, ubicado en domicilio reservado, y, posteriormente, el 5 de abril de 2019, celebró un nuevo contrato de arrendamiento, esta vez con nombre reservado, propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado metros cuadrados; todo ello con el objeto de instalar, en cada uno de los sitios, una antena de telecomunicaciones de telefonía móvil y la construcción e instalación de los empalmes eléctricos necesarios para el funcionamiento de los equipos respectivos;

2) Que el 10 de mayo de 2019, la Subsecretaria de Telecomunicaciones dictó el Decreto Exento N° 387, por medio del cual se autorizó a WOM S.A. para instalar y operar la antena de telecomunicaciones que se ubicaría en Los Almendros N° 190, Tomé, y, luego, el 6 de junio de ese mismo año, el referido órgano administrativo dictó el Decreto Exento N° 459, autorizó la instalación y operación de la antena en la dirección de El Arrayán N° 86, también de Tomé;

3) Que, posteriormente, y con data 31 de julio de 2019, se otorgó por parte de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Tomé, el Permiso de Instalación de Torres Soporte de Antena y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones N° 1, para la antena que se emplazaría en domicilio reservado, y, con fecha 5 de noviembre de 2019, se otorgó el Permiso de Instalación de Torres Soporte de Antena y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones N° 2, para la antena a emplazar en domicilio reservado;

4) Que encontrándose en las faenas iniciales de instalación –movimiento de tierra y cerramiento-, los vecinos del sector impidieron, mediante vías de hecho, que las obras se siguieran ejecutando, y luego, el día 4 de diciembre de 2019, un inspector de la Dirección de Obras Municipales del municipio más arriba aludido, cursó la “Notificación N° 17”, por medio de la cual se comunicó a la mencionada nombre reservado, con domicilio en “domicilio reservado” (sic), que “A partir de esta fecha queda paralizada la instalación de la antena por error en permiso de instalación.” (sic), y similar situación se produjo en lo relativo a las obras de domicilio reservado, respecto del cual se cursó la “Notificación N° 16” , comunicándose a nombre reservado el mismo texto recién transcrito, y 5) Que la mencionada antena de telefonía proyectada instalar en domicilio reservado -torre soporte de antena y sistema de radiantes de transmisión de telecomunicaciones- no supera la altura de doce metros, medida que sí sobrepasa la proyectada instalar en domicilio reservado.

QUINTO: Que teniendo en cuenta el panorama fáctico que recién se ha dado por establecido, lo primero que procede traer a colación es que acorde lo prevé el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (modificada por la Ley 20.599, que “Regula la Instalación de Antenas Emisoras y Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones”) –norma aplicable a la antena proyectada instalar en la citada domicilio reservado, por tener más de doce metros de altura-, para obtenerse el permiso de instalación por parte de la Dirección de Obras Municipales, deben cumplirse variadas exigencias que contempla la misma norma y, en lo que aquí interesa (letra e), entre ellos debe adjuntarse por el solicitante un certificado emitido por Correos de Chile, que acredite la comunicación por carta certificada, enviada con una antelación de al menos treinta días a la presentación de la solicitud, a la junta de vecinos respectiva y a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiantes; añadiendo la normativa que para los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá cumplida la obligación de comunicación al propietario del inmueble por el solo hecho de haberse remitido la referida carta certificada al propietario registrado en el Servicio de Impuestos Internos para efectos del impuesto territorial. Y, además, se establece que los mismos antecedentes incluidos en la comunicación a que hace referencia “el párrafo anterior” deberán ser puestos en conocimiento de la comunidad por medio de una inserción publicada en un periódico de la capital de la provincia o región con una anticipación de, a lo menos, 15 días a la presentación de la solicitud.

Y termina el mismo precepto estableciendo a la letra que: “El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores acarreará la denegación del permiso de instalación o quedará sin efecto de pleno derecho, si es que se hubiese otorgado.”.

SEXTO: Que en lo concerniente a las comunicaciones efectuadas por la recurrente relativamente a la antena proyectada instalar en domicilio reservado, debe desde luego señalarse que, conforme a los antecedentes allegados a los autos, las mismas fueron efectivamente realizadas, y acorde a lo señalado expresamente durante la audiencia de la vista del recurso –afirmación que no fue rebatida por la parte del municipio recurrido-, las comunicaciones se efectuaron en base a los mismos antecedentes e información que al respecto la propia municipalidad proporcionó a la empresa WOM S.A.

Luego, nada puede decir ahora la recurrida sobre una información que ella misma entregó, pues lo contrario sería obrar en base a su propia falta de diligencia y en contra de su propia actuación.

SÉPTIMO: Que en lo que toca a la antena proyectada instalar en domicilio reservado, en razón de tratarse de una estructura que no supera los doce metros de altura, ella queda sujeta a la normativa consagrada en el artículo 116 bis G de la referida ley, debiendo cumplir el solicitante los requisitos que dicha norma señala para obtener la correspondiente autorización municipal, y, en lo que aquí resulta relevante, se regula que el solicitante deberá presentar un comprobante de correos que acredite haberse enviado con una antelación no menor a 15 días una comunicación a los propietarios a que se refiere la letra e) del artículo 116 bis F que informe a éstos de su solicitud y en particular de las características de la torre a instalar y su diseño.

A diferencia del caso anterior, aquí, entonces, sólo se exige la comunicación a los “propietarios” que se encuentren en el caso normado, empero no a la o las Juntas de Vecinos.

Y en lo que concierne a la forma en que en esta situación se efectuaron esas comunicaciones a los propietarios respectivos, vale traer a colación lo que respecto a ese preciso tópico se dijo en el considerando precedente.

OCTAVO: Que, por otro lado, el mencionado artículo 116 bis F, contempla, como se dejó más arriba asentado, una sanción muy particular, dado que regula que: “El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores acarreará la denegación del permiso de instalación o quedará sin efecto de pleno derecho, si es que se hubiese otorgado.”. En otras palabras, el incumplimiento de cualesquiera de las exigencias, entre ellas las relativas a las comunicaciones anotadas, conlleva a la sanción automática predicha.

Esta sanción, sin embargo, no existe en el caso reglado en el artículo 116 bis G, en la medida que las cuestiones que se norman en el mencionado artículo 116 bis F –entre ellas la sanción referida- tienen cabida en el caso de “Aquellas torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de más de tres y hasta doce metros que no reúnan las condiciones descritas en el inciso primero del presente precepto…”, y resulta que en el inciso primero nada se regla acerca de las comunicaciones.

Por de pronto, entonces, la aludida sanción no rige, en los términos que lo pretende la municipalidad recurrida, para el caso de la antena autorizada instalar en domicilio reservado.- Y, por lo demás, según el parte o notificación añadida a este causa (Notificación N° 17), ella dice referencia con un inmueble de domicilio reservado”, en circunstancias que aquél donde fueron autorizadas primigeniamente y donde se realizaban las obras de instalación –que de hecho fueron paralizadas- sita en esa misma calle, pero en el “N° 86”.- NOVENO: Que, sin perjuicio de lo que se ha venido diciendo, y en lo que respecta precisamente a la sanción legal que se ha traído a colación por la municipalidad recurrida, lo cierto es que de acuerdo a los antecedentes recopilados en esta causa y de lo expuesto por los comparecientes durante la vista del recurso, la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Tomé, no dictó ninguna resolución u otro acto (en soporte papel o virtual) tendiente a dejar constancia de los motivos o razones que, en este caso, ameritaron la paralización inmediata de las obras de instalación de ambas antenas.

Es verdad que, en lo que resulta atingente a la materia en análisis, el mencionado artículo 116 bis F, prevé a la letra que: “El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores acarreará la denegación del permiso de instalación o quedará sin efecto de pleno derecho, si es que se hubiese otorgado.”; empero ello en caso alguno puede importar el escenario de indefensión que, en la práctica, se generó en relación a WOM S.A., porque en ninguna parte se le explicaron las razones precisas del actuar del ente municipal, teniendo en consideración que son múltiples los requisitos que el citado precepto exige para los efectos de las autorizaciones correspondientes.

Cabe tener en cuenta que las denominadas “Notificación N° 16” y “Notificación N° 17”, ambas de 4 de diciembre del año pasado, señalaron literalmente que: “A partir de esta fecha queda paralizada la instalación de la antena por error en permiso de instalación.”.

Pero: ¿Cuál es el error? ¿Dónde se aportan los antecedentes para conocerlo y, eventualmente, corregirlo? ¿En qué pie queda el administrado de frente a una situación tan particular como la descrita? Estas interrogantes, carecen de respuesta por parte de la recurrida, dado que recién, con motivo de la incoación de la acción constitucional de que se trata, y precisamente al evacuar su informe, se logró conocer el fundamento del actuar del Inspector Municipal que concurrió de hecho a los predios y cursó las mencionadas notificaciones.

DÉCIMO: Que si bien la sanción anotada opera ipso jure, ello no obsta a la dictación o pronunciamiento de un acto administrativo (resolución), donde fundadamente el órgano de que se trate –en este caso la Dirección de Obras Municipales- colacione los motivos que importan su aplicación inmediata o, al menos, constate la existencia de los supuestos que ameritan aplicarla a un caso concreto; fundabilidad que, además de hallar amparo en nuestra Carta Fundamental, subyace en la normación específica de los procedimientos administrativos (Ley 19.880).

Discurrir sobre lo contrario, lisa y llanamente –cuya fue la situación acaecida en la especie- implica la generación de una situación de total y completa indefensión para los administrados.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, efectivamente nos encontramos en el caso de autos frente a un acto ilegal por parte de la recurrida –la actividad por sí y ante sí de un Inspector Municipal en un caso no previsto especialmente en la ley-; acto que vulnera a las claras las garantías protegidas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, porque, mediante vías de facto, se le impidió a la empresa actora desarrollar una actividad económica lícita y, de paso, se le impidió también desarrollar una actividad (legal) generadora de ingresos para su patrimonio.

En estas particulares circunstancias, y sin que sea menester entrar en mayores disquisiciones, el arbitrio procesal-constitucional de se trata habrá de prosperar de la forma en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge, con costas, el recurso de protección enderezado en estos autos por WOM S.A. en contra de la I. Municipalidad de Tomé, en cuanto se deja sin efecto la paralización de obras de instalación de las antenas de telefonía móvil, de dicha empresa, en los inmuebles de domicilio reservado, ambos del sector cerro El Santo de Tomé, sin perjuicio que el Director de Obras Municipales de dicho municipio, podrá dictar la resolución o resoluciones que estime pertinentes en cuanto a los permisos que ya fueron otorgados para la instalación de dichas antenas, y de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria vigente, en las que deberá expresar su decisión en forma clara, circunstanciada y fundada.

Ofíciese, en su oportunidad, para el cumplimiento de lo resuelto, al mencionado Director de Obras Municipales, como igualmente al Alcalde y Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Tomé.

Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Según consta en autos, se hizo uso de la facultad establecida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, para la redacción de este fallo.

Redacción del ministro titular don César Gerardo Panés Ramírez.

Rol N° 57.017-2019-Protección (vista conjunta con Rol 55.781-2019).-