nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción.

Concepción, nueve de agosto de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece el abogado Franklin Bustos Díaz, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, chileno, soltero, ingeniero industrial, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección constitucional, en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, misma torre y comuna.

Expone que su representado es dueño de varios inmuebles ubicados en distintas comunas del país, los que ofrece a través de la aplicación Airbnb, servicios de hospedaje por breves períodos. Sostiene que el recurrente realiza estos ofrecimientos de manera esporádica, con su amoblado y pertenencias tal cual como se encuentran, por un periodo de par de días o tal vez una semana, y sin que sea recurrente de todos los días del año o en un mes calendario. Durante todo el mes de junio del año en curso, y principalmente a fines de dicho mes, la recurrida ha entorpecido el negocio del recurrente, señalando que los departamentos del Condominio no pueden entregarse en arriendo, y que, por consiguiente, no puede ofrecer su departamento a través de la aplicación aludida; le ha manifestado que está expresamente prohibido lucrar o generar dinero dentro del edificio.

Refiere que el 30 de junio del pasado, la recurrida ordenó al conserje del Condominio, que negara la entrada a todo ocupante que quisiera hacer uso del hospedaje ofrecido por su representado, entorpeciendo una de las principales fuentes de ingreso, menoscabando su patrimonio, lo que califica de ilegal y arbitrario, pues vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de nuestra Carta Fundamental, por cuanto lo priva de su derecho de propiedad de dos formas: a) Prohibiéndole ejercer un atributo propio del derecho de propiedad, de disponer, u ofrecer su departamento en arrendamiento a ciertos usuarios de la aplicación en la que participa; b) Al negarle y prohibirle la entrada a los huéspedes al departamento de su representado, privándolo de dichos ingresos, lo que afecta directamente su patrimonio. Lo anterior se fundamenta en el artículo 12 del Reglamento de Copropiedad, en el que se señala, que las unidades pertenecientes al condominio serán sólo de uso habitacional, particularmente, no se pueden instalar casas de pensiones u hospedajes.

Solicita se acoja el recurso, declarando que la recurrida ha cometido un acto arbitrario e ilegal en contra del recurrente, privándolo de su derecho de dominio y ordenando por consiguiente la cesación de dichos actos vulnerarios, reestableciendo con esto el imperio del derecho, con costas.

Informó el abogado Eduardo Sobarzo Landeros, en representación de la recurrida quien alega que el real destino del inmueble de autos, ubicado en domicilio reservado, es habitacional, no solo lo establece la propia escritura pública de compraventa, sino que está claramente establecido en el Rol de Avalúo Fiscal, N° 10502-189 de la comuna de San Pedro de la Paz, el cual señala como destino la calidad de habitacional y no comercial.

Informa que fue el propio recurrente mediante correo electrónico de 12 de mayo del año 2022, dirigido a su representada, quien manifestó en lo pertinente que: “3.- En su defecto y producto de mi trabajo en el cual viajo mucho por todo el país (construcción de parques eólicos, fotovoltaicos, subestaciones eléctricas) pasaré poco tiempo acá, facilitando mi propiedad a terceros tales como colegas, amigos y familiares con sus respectivas familias no siendo esto superior a 4 personas en su defecto”. Agrega, “Esto lo informo y a su vez lo solicito con el debido respeto a esta honorable comisión conociendo las políticas de seguridad como vecino, residente y propietario recalcando que será de mi entera responsabilidad cualquier cosa que llegase a alterar lo antes mencionado considerando que no llegará a suceder ya que se trata de familiares, amigos y colegas de mis equipos de trabajo”.

De lo anterior concluye que el recurrente busca ocultar mañosamente sus verdaderas intenciones, y así evitar el rechazo inmediato de la comunidad. Alega que el reglamento de copropiedad en su artículo 12° dispone “Todas las unidades del condominio “TERRAZAS DE ANDALUE”, se destinarán, exclusivamente, a fines habitacionales o de vivienda, quedando prohibido, por tanto, instalar en ellos oficinas, talleres, casas de pensión u hospedaje, clínicas, sanatorios, cabarets, clubes, estacionamientos comerciales, centros de diversión y, en general, realizar en ellos cualquier actividad distinta al fin exclusivo descrito”. Así fue la Conserjería la que detectó en virtud del control de acceso que los ocupantes del departamento del recurrente no son familiares, colegas o amigos sino que simplemente son huéspedes que mediante una aplicación accedían al uso de dicho inmueble, sin control ni mantenimientos de las normas del Condominio. Agrega que su representada ha actuado en todo momento amparada en la ley y reglamento de copropiedad, el único acto ilegal o arbitrario de su representada habría sido el hecho de informar el destino del condominio y las actividades que informa el reglamento.

Asevera que el recurrente ha violado el reglamento de copropiedad al arrendar por días sus departamentos, ilegalidad que, pone en riesgo a la comunidad, pues facilita el tránsito permanente de personas ajenas a la misma, máxime considerando el estado de catástrofe por el que atraviesa el país, debido a la pandemia derivada del virus Covid 19. Sostiene que no existe constancia alguna que el recurrente, para realizar la actividad de giro "Apart Hotel", contara con las respectivas autorizaciones sanitarias como tampoco con la patente ni autorización municipal, a que se refieren los artículos 23 y 26 de la Ley de Rentas Municipales. Pide se rechace el recurso de protección, por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias imputables a su representada que afecten derechos fundamentales del recurrente o de quienquiera, en relación con los hechos en que se funda el recurso, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en el caso de que se trata quien recurre de protección ha sostenido que es propietario de un departamento ya singularizado en lo expositivo, el que destina mediante la aplicación “Airbnb” o “Bed and Breakfast”, a su arriendo por breves periodos, el que describe como, “un mercado comunitario que sirve para publicar, dar publicidad y reservar alojamiento de forma económica en más de 190 países a través de internet o a través de Smartphone”; actividad que la recurrida ha entorpecido, ordenándole al Conserje que niegue la entrada a toda persona que quiera hacer uso de dicho hospedaje, lo que vulnera, en su opinión, la garantía prevista en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, a su turno, la recurrida ha manifestado, en la parte que interesa para los fines del recurso, que fue el actor quien le remitió un correo electrónico el 12 de mayo último, en el que le señalaba, que debido a su actividad laboral, debía viajar por todo el país, por lo que facilitaría su departamento a colegas, amigos, familiares, con sus familias, ocultando la verdadera intención para evitar el rechazo de la comunidad, toda vez que el artículo 12 del Reglamento de copropiedad establece, que los departamentos deben ser destinados exclusivamente a fines habitacionales; y prohíbe expresamente, que se instale en dichas unidades, oficinas, talleres, casas de pensión, de hospedaje, clínicas, sanatorios, cabarets, clubes, estacionamientos comerciales, centros de diversión, y en general cualquier actividad distinta al antes referido.

CUARTO: Que, de lo aseverado por las partes, y con los antecedentes allegados al recurso que son apreciados de acuerdo con la sana crítica, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

a) El 12 de mayo de 2022 el recurrente remitió un correo electrónico a nombre reservado, en el que le señaló, que a partir desde esa fecha, haría uso de su departamento como propietario del 605 Torre Lascar y estacionamiento 12L manteniéndolo sin arrendatario, haciéndose cargo de los gastos comunes; y que, debido a su trabajo, viaja mucho por el país, por lo que “pasará poco tiempo acá, facilitando su propiedad a tercero tales como colegas, amigos y familiares con sus respectivas familias” y, agregó, “será de mi entera responsabilidad cualquier cosa que llegase a alterar” las políticas de seguridad como vecino y residente.

b) Conforme al Certificado de Avalúo emitido por el Servicio de Impuestos Internos el 21 de julio de 2022 el Rol N° 10502-00189 correspondiente a Camino Venado, ED Antuco 1780 DP Terrazas Andalué tiene destino habitacional.

c) El 11 de marzo de 2015, por medio de escritura pública, se inscribió el Reglamento de Copropiedad del “Condominio Terrazas de Andalué”. En dicho documento, se dejó establecido que la “Inmobiliaria Los Canelos S.A.” planificó construir en el Lote 3-1 un condominio denominado “Terrazas de Andalué” compuesto de dos edificios con destino residencial de 8 pisos de altura, cada una de ellas, denominados Lascar y Antuco, acogidos además, al DFL 2 de 1959. En total, 158 departamentos, 72 bodegas, 129 estacionamientos de superficie y 29 techados, entre otros. La dirección es domicilio reservado.

d) En el documento referido en la letra c) precedente, y con el objeto de permitir una vida armónica de los residentes del citado condominio, la Inmobiliaria antes citada constituyó el Reglamento de Copropiedad que rige las relaciones de orden interno y los derechos y obligaciones de los copropietarios del referido condominio.

La cláusula décima segunda del mismo, dice: “Todas las unidades del condominio “terrazas de Andalué”, se destinará, exclusivamente, a fines habitacionales o de vivienda, quedando prohibido, por tanto, instalar en ellos oficinas, talleres, casas de pensión u hospedaje, clínicas, sanatorios, cabarets, clubes, establecimientos comerciales, centro de diversión y, en general realizar en ellos cualquier actividad distinta al fin exclusivo descrito” (…)

En la cláusula décimo séptima del Reglamento, se estableció, que sería materia de una asamblea extraordinaria de Copropietarios, entre otros, “el cambio de destino de las unidades del condominio”.

QUINTO: Que, constituye un hecho cierto, además, reconocido por el actor en su libelo recursivo, que es su intención emplear el departamento que allí individualiza, a que se refiere esta acción, con fines comerciales, esto es, arrendándolo por medio de la plataforma informática conocida como “Airbnb” que no tiene apoyo normativo en nuestra legislación, la que opera bajo un sistema de reservas de hospedaje, con garantías de pago de las estadías que son contratadas libremente, pudiendo abarcar horas o días, dependiendo del acuerdo al que arriben las partes.

SEXTO: Que, en relación con esta materia, vale decir, arrendamiento de inmueble mediante una plataforma virtual, como es “Airbnb” la Excma. Corte Suprema ha establecido: (…) “Dicha modalidad responde a una situación no reglada en nuestro ordenamiento jurídico, que consiste en la oferta a terceros por medio de plataformas digitales de contacto como portales en línea, dirigida a huéspedes, normalmente viajeros o de paso, ofrecidas por propietarios, agentes de intermediación o administradores que operan en carácter de “anfitriones”. Desde luego, dicha modalidad no se ajusta a la actividad regulada, típica y homologable de hospedaje turístico a través de hoteles, residenciales, posadas, fondas o pensiones que en su ejercicio como actividad comercial, prevista en el artículo 3 N° 5 del Código de Comercio, se encuentran afectas a una regulación completa y responsable desde el punto de vista tributario, municipal, sanitario, de seguridad y garantía de pasajeros y de protección al consumidor. Cabe destacar que el uso de estas plataformas tecnológicas, como modalidad de arriendos estacionales, ha sido materia de gran debate en el Derecho Comparado (Ver. nombre reservado y nombre reservado, “Expansión de la Ciudad Turística. El Caso de Airbnb”, Revista de Metodología de Ciencias Sociales N° 41, septiembre-diciembre, 2018, pp. 15-32; nombre reservado, “Airbnb, ¿Economía colaborativa o economía sumergida? Reflexiones sobre el papel de las plataformas de intermediación en la aplicación de los tributos”, Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, Comunicación de 16 de junio de 2017; Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona, Airbnb Online Servicies Spain S.L y Dirección General de Turismo de Cataluña, de 29 de noviembre de 2016; nombre reservado, “Un análisis sobre la regulación de Airbnb en Colombia”, Universidad Javeriana de Bogotá, (Colombia, 2018). (Sentencia Rol N° 14374 -2021 dictada el 17/05/21).

SÉPTIMO: Que, establecido lo anterior, cabe destacar que de los términos en que aparece redactado el Reglamento de Copropiedad del edificio en que se encuentra el departamento del actor, su objetivo primordial está destinado a garantizar el desarrollo de una vida armónica de los residentes del citado condominio, en otras palabras, que el uso de los departamentos, así como también de los espacios comunes que deben ser compartidos, no perturbe la vida de sus moradores; de allí que se enfatice que el fin de dichos departamentos es habitacional y se prohíba –expresamente- que sean empleados en “oficinas, talleres, casas de pensión u hospedaje, clínicas, sanatorios, cabarets, clubes, establecimientos comerciales, centro de diversión” lo que aparece razonable, por tratarse de actividades que implican el constante flujo de personas desconocidas que ocupan transitoriamente las dependencias, alterándose con ello la tranquilidad de quienes viven allí permanentemente.

Por otra parte, no es efectivo que el Reglamento referido, prohíba el arrendamiento de los departamentos, sino que lo que exige de forma categórica, es que ello sea tratado en una Asamblea Extraordinaria de Copropietarios, lo que resulta racional y comprensible, atendida la naturaleza especial del derecho de propiedad de que se trata, en que se deben compatibilizar los intereses personales de cada propietario con los intereses comunes de quienes habitan cada uno de los departamentos que componen el edificio.

En efecto, la ley ha otorgado a la asamblea de copropietarios, integrada por los propietarios de las distintas unidades que lo conforman, facultades para adoptar acuerdos vinculantes respecto del uso, administración y mantención de los bienes comunes de la copropiedad y aquellos relativos al resguardo y vigilancia de los derechos y deberes de todos los copropietarios, ocupantes o residentes de un condominio, tal como se lee en el artículo 2 numeral 4) de la Ley 21.442 que aprobó la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

OCTAVO: Que, así las cosas, no se divisa de qué modo la recurrida habría conculcado el derecho de propiedad que invoca el actor, más aún, si se considera que éste ningún antecedente aportó al efecto, ni siquiera para justificar el acto que califica de ilegal y arbitrario.

NOVENO: Que, en consecuencia, el recurso habrá de ser desestimado, por lo que resulta innecesario efectuar un análisis de la garantía constitucional que se dice vulnerada.

Por estas consideraciones, normas legales antes citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.

Redacción de la Ministra Valentina Salvo Oviedo.

ROL N° 56.422 – 2022. Protección