Protección contra CORPORACIÓN nombre reservado

Concepción, dieciséis de abril dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece en estos autos Rol Protección N° 5621-2025, ANDRÉS GAVILÁN ZURITA, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, quien actúa por su hijo nombre reservado, estudiante de 2° básico, ambos domiciliados en San Pedro de la Paz, e interpone recurso de protección en contra de la CORPORACIÓN nombre reservado, representada por su Director don nombre reservado, por estimar vulneradas diversas garantías constitucionales con ocasión de la cancelación de matrícula aplicada al niño para el año escolar 2026.

Expone al efecto, en síntesis, que la madre del niño, el 27 de noviembre de 2025 fue citada a una reunión presencial, en la cual se le informó la decisión de cancelar la matrícula de su hijo, decisión que fue confirmada por correo electrónico de 3 de diciembre de 2025 al rechazarse la apelación deducida. Señala que la medida se fundó en un episodio de desregulación emocional ocurrido el 20 de noviembre de 2025, pero que el procedimiento disciplinario estuvo viciado, pues no se respetaron las etapas, garantías y plazos establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), ni se otorgó al estudiante ni a su apoderada la posibilidad de ser oídos o presentar descargos. Afirma que tampoco se consideró el diagnóstico de altas capacidades y necesidades emocionales del niño, informado al establecimiento desde 2024, ni se aplicaron medidas de apoyo pedagógico y psicosocial adecuadas.

Estima vulneradas las garantías previstas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 11 de la Constitución Política de la República.

Acompaña documentos, correos electrónicos, informes psicológicos, comunicaciones internas del establecimiento.

Informó por la recurrida don nombre reservado

nombre reservado, abogado, quien solicita el rechazo del recurso de protección. Expone que el estudiante registró 36 anotaciones negativas durante el año 2025, múltiples episodios disruptivos y agresiones hacia compañeros y docentes, y que el establecimiento aplicó medidas formativas, cartas de compromiso, adecuaciones curriculares y acompañamiento psicopedagógico.

Sostiene que el procedimiento disciplinario se ajustó al RICE, que se realizaron entrevistas, revisión de cámaras y recopilación de testimonios, y que la decisión fue adoptada por la Comisión de Disciplina y confirmada por la Dirección. Alega además que el recurso es improcedente por falta de derecho indubitado y porque existe un procedimiento administrativo en curso ante la Superintendencia de Educación.

Informó la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, mediante oficios de 6 de febrero, 5 de marzo, 10 de marzo y 30 de marzo de 2026. Señala que existe denuncia que sindica como NUM000 presentada por la apoderada el 22 de diciembre de 2025, y que tras el análisis preliminar se detectaron posibles infracciones a la normativa educacional, derivándose los antecedentes a la Unidad de Fiscalización.

En su informe final, de 30 de marzo de 2026, la Superintendencia concluye que el colegio no comunicó formalmente a la apoderada la activación del protocolo para casos de agresión entre estudiantes, ni explicó el procedimiento, sus etapas, plazos o el derecho a apelar. Además, durante la investigación, no se entrevistó al estudiante ni a su apoderada, lo que constituye una vulneración al artículo 58 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Tampoco la medida de receso de clases por cinco días fue acordada de manera conjunta, como exige el protocolo de desregulación emocional.

No se comprobó el envío de la carta certificada requerida por el reglamento para notificar la cancelación de matrícula.

Finalmente, el protocolo implementado por el establecimiento no se ajusta a los contenidos mínimos exigidos por la normativa educacional vigente.

Por ello, la Superintendencia constató una infracción menos grave, por vulneración del debido proceso en la aplicación del reglamento interno.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1°) Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, procede frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten el legítimo ejercicio de derechos fundamentales. 2°) Que la acción cautelar se dirige contra la cancelación de matrícula aplicada al estudiante nombre reservado para el año 2026, medida de carácter excepcional y de especial gravedad, que exige un procedimiento previo racional y justo, conforme al artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 y al artículo 46 letra f) de la Ley N° 20.370. 3°) Que la recurrida opone como alegación previa la improcedencia del recurso por falta de derecho indubitado. Tal alegación debe rechazarse, desde que la jurisprudencia constante de esta Corte ha establecido que el recurso de protección sí es procedente cuando se denuncia la vulneración del debido proceso en procedimientos disciplinarios escolares, aun cuando exista un procedimiento administrativo paralelo, por tratarse de una acción destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos que afectan derechos fundamentales, sin perjuicio del ejercicio de otras prerrogativas. 4°) Que, del análisis de los antecedentes aportados por las partes y de los informes de la Superintendencia de Educación, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, se constata que el establecimiento educacional recurrido no ha cumplido debidamente con las garantías mínimas del debido proceso exigidas por su propio Reglamento Interno y por la normativa educacional vigente.

En efecto, analizados los antecedentes aportados por las partes de acuerdo a las reglas de la sana crítica, ha quedado en evidencia que en la especie no se informó formalmente a la apoderada la activación del protocolo disciplinario; no se explicaron etapas, plazos ni recursos; no se entrevistó debidamente al estudiante ni a su apoderada durante la investigación; no se otorgó instancia de descargos; no se remitió carta certificada notificando la cancelación de matrícula; la medida de receso de clases no fue adoptada de mutuo acuerdo; y el protocolo aplicado carece de contenidos mínimos exigidos por la normativa educacional.

Todo lo anterior ha sido expresamente constatado por la autoridad técnica competente, la Superintendencia de Educación y así lo ha informado a esta Corte. 5°) Que, en el ámbito de la situación planteada, tales omisiones constituyen infracciones graves al artículo 58 del RICE, al artículo 46 letra f) de la Ley General de Educación, al artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998, y a diversos principios procesales, como de presunción de inocencia, derecho a ser oído y derecho a presentar descargos, reconocidos además en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3 y 12. 6°) Que, en consecuencia, no cabe sino concluir que la decisión de cancelar la matrícula del estudiante ha sido adoptada sin un previo procedimiento racional y justo, configurándose de ese modo un acto ilegal, por contravenir la normativa educacional, y ha sido además arbitrario, por carecer de la debida fundamentación procedimental, según consta de los antecedentes mencionados. 7°) Que la vulneración del debido proceso afecta directamente las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República, lo que hace procedente la tutela solicitada, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos ante las autoridades competentes y de la eventual aplicación de otros procedimientos que, ajustados a la normativa educacional y al debido proceso, se inicien en el futuro.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: 1.- Que se rechaza la alegación de improcedencia del recurso formulada por la recurrida. 2.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra de la CORPORACIÓN nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto la medida de cancelación de matrícula aplicada al estudiante para el año escolar 2026.

El establecimiento educacional recurrido deberá disponer lo necesario para mantener vigente la matrícula del niño, sin perjuicio del inicio de otros procedimientos, y del ejercicio de otros derechos por parte de los interesados.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Gonzalo Rojas Monje.

Rol N° 5621-2025.- Protección.