Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Concepción xsr Concepción, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Rafael Ángel Villavicencio Piña, abogado, e interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, impugnando la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 30 de enero de 2024, que rechazó su solicitud de residencia definitiva y dispuso su abandono del país.

Señala el recurrente que el amparado ingresó a Chile el año 2019 de forma regular, contando con visas de turismo y posteriormente una visa sujeta a contrato otorgada en 2020. Relata que el 5 de noviembre de 2021 solicitó el beneficio de permanencia definitiva. Indica que el 28 de agosto de 2023 fue notificado de que estaba incurso en una causal de rechazo, otorgándosele 10 días para subsanar, pero sostiene que en dicha comunicación no se precisó cuál era la causal o qué documento debía presentar, vulnerándose su derecho a la defensa. Ante la falta de claridad, presentó una carta explicativa. Posteriormente, se dictó la resolución impugnada fundada en la falta de presentación del Certificado de Antecedentes Penales de su país de origen debidamente apostillado.

Agrega que el acto es arbitrario y desproporcionado pues no considera su arraigo: contrajo matrimonio con una nacional chilena el 3 de mayo de 2024 y es padre de dos hijos menores de edad, nombre reservado y nombre reservado, quienes se encuentran escolarizados. Alega vulneración a la libertad personal y seguridad individual, así como falta de motivación del acto administrativo y transgresión al principio de proporcionalidad e interés superior del niño.

Informó el Servicio Nacional de Migraciones, representado por su mandatario judicial, solicitando el rechazo del recurso. Expone que el recurrente ingresó al país el 24 de septiembre de 2018 y que, tras diversas prórrogas y visas temporarias, solicitó la residencia definitiva. Sostiene que mediante notificación de fecha 21 de agosto de 2023 se le informó que debía acompañar certificado de antecedentes penales del país de origen apostillado y verificable, bajo apercibimiento de rechazo. Afirma que, producto de un error en la emisión de dicha notificación, no se logró visualizar la causal en el documento, no obstante, asegura que en la plataforma del servicio sí era visible. Indica que el extranjero adjuntó una carta explicativa sin la documentación solicitada, por lo que se procedió a dictar la Resolución Exenta N° NUM000 rechazando la solicitud y ordenando el abandono, ajustándose a derecho conforme al artículo 88 N°1 de la Ley 21.325.

En el informe complementario, el Servicio Nacional de Migraciones, actualizando la situación de los hijos del recurrente, indicó que, respecto al niño nombre reservado, se le otorgó permiso de residencia temporal por dos años mediante resolución de fecha 27 de junio de 2025.

Asimismo, respecto al niño nombre reservado, se le otorgó permiso de residencia temporal por dos años mediante resolución de fecha 29 de diciembre de 2025 Informó la Policía de Investigaciones de Chile, señalando que el recurrente registra ingreso al territorio nacional con fecha 24 de septiembre de 2018 por paso fronterizo Concordia Chacalluta, y confirma la existencia de la Resolución Exenta N° NUM000.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un remedio de urgencia que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales que en esa norma se enumeran. 2°) Que, en la especie, el acto impugnado consiste en la Resolución Exenta N° NUM000 de 30 de enero de 2024, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, que rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada por don nombre reservado y dispuso su abandono del país en el plazo de 10 días. 3°) Que, del mérito de los antecedentes, no existe controversia en cuanto a que el recurrente ingresó regularmente al país en el año 2018 y ha sido titular de permisos de residencia previos. La controversia se suscita a raíz del requerimiento de subsanación efectuado por la autoridad administrativa el 21 de agosto de 2023, respecto a la falta de antecedentes penales apostillados. 4°) Que, la recurrida reconoce en su informe que, "producto de un error en la emisión de dicha notificación no se logró visualizar la causal de rechazo" en el documento notificado al administrado. Si bien la autoridad sostiene que la causal era visible en la plataforma digital, este tribunal estima que la notificación defectuosa generó una confusión en el recurrente, quien, en lugar de aportar el documento específico, subió una carta explicativa al sistema. Esta circunstancia mermó las posibilidades de defensa del administrado en la etapa administrativa, afectando la bilateralidad de la audiencia y el debido proceso administrativo. 5°) Que, asimismo, para resolver el asunto se deben ponderar los antecedentes de arraigo familiar sobrevinientes y actuales que constan en el proceso. El recurrente ha acreditado haber contraído matrimonio con una nacional chilena. Más relevante aún, conforme a lo informado por el propio Servicio Nacional de Migraciones en su complemento de informe, los hijos del recurrente, nombre reservado y nombre reservado, han regularizado su situación migratoria, siéndoles otorgados sendos permisos de residencia temporal por dos años a cada uno durante el año 2025. 6°) Que, la Ley N° 21.325 establece en su artículo 3° que el Estado debe proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras, sin importar su condición migratoria. A su vez, el artículo 19 del mismo cuerpo legal promueve la protección de la unidad de la familia. Especialmente, el artículo 4° consagra el interés superior del niño, niña y adolescente, obligando al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, independientemente de la situación migratoria de sus padres. 7°) Que, en este contexto, hacer efectiva la orden de abandono contenida en la resolución impugnada, implicaría en la práctica la separación del núcleo familiar o la salida forzada de dos niños que el propio Estado de Chile acaba de reconocer como residentes legales. Tal medida resulta desproporcionada y contraria a los principios de reunificación familiar y del interés superior del niño consagrados en la legislación migratoria vigente y en los tratados internacionales ratificados por Chile. 8°) Que, si bien la autoridad administrativa actuó dentro de sus facultades al rechazar una solicitud que carecía de un documento esencial, el reconocimiento expreso de un error en la notificación que pudo inducir a equívoco al administrado, sumado a la evidente voluntad del recurrente de regularizar su situación -demostrada por su historial de visas anteriores- y el fuerte arraigo familiar con hijos residentes en el país, transforman la medida de abandono en una decisión carente de la razonabilidad necesaria. 9°) Que, atendido lo expuesto, corresponde acoger la acción constitucional, pero solo con el objeto de retrotraer el procedimiento administrativo para permitir que el recurrente subsane la omisión documental, garantizando así un procedimiento justo y racional que pondere adecuadamente los antecedentes de arraigo y el interés superior de los niños involucrados.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, SE RESUELVE:

I. QUE SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Rafael Ángel Villavicencio Piña en favor de don nombre reservado.

II. Que, en consecuencia, se deja sin efecto la orden de abandono del país contenida en la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 30 de enero de 2024, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones.

III. Que se ordena a la autoridad recurrida reabrir el procedimiento de regularización migratoria del recurrente, debiendo otorgarle un plazo prudencial para que acompañe la documentación faltante, específicamente el certificado de antecedentes penales de su país de origen debidamente apostillado y vigente, así como cualquier otro antecedente que acredite su arraigo familiar actualizado, y hecho lo anterior, se resuelva como en derecho corresponda, ponderando especialmente el principio de reunificación familiar y el interés superior de sus hijos residentes en el país.

Regístrese, notifíquese y archívese, oportunamente.

Redacción de ministro suplente Gonzalo Gabriel Díaz González.

Aunque concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, no firma la ministra suplente señora María Alejandra Ceroni Valenzuela, por haber terminado la suplencia que servía.

N°Protección-5521-2025.