nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA(GGDD)

Concepción, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Ximena Victoria Basulto Acuña, abogada, en representación de SOCIEDAD nombre reservado Y nombre reservado LIMITADA, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada en la Región del Biobío por don nombre reservado.

Fundamenta su acción señalando que, con fecha 29 de abril de 2025, la empresa recurrente presentó su declaración de nombre reservado a la Renta del año tributario 2025 mediante Formulario 22 Electrónico Folio 334307205, solicitando una devolución total de $12.484.645. Agrega que dicha devolución fue debidamente autorizada por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 19 de mayo de 2025.

No obstante ello, sostiene que la Tesorería General de la República no restituyó suma alguna, procediendo a compensar dichos montos mediante la aplicación del excedente a supuestas deudas del Formulario 42, correspondientes a multas cursadas por la Dirección del Trabajo. Especifica que los folios compensados corresponden a las multas N° 4377241682, N° 6203242541, N° 4377241673, N° 3959241781, N° 4377241681, N° 6221243831, N° 6221243811, N° 4377241671, N° 6221243821, N° 6221243841, N° 3119243241 y N° 4377241672.

Manifiesta la recurrente que la compensación fue realizada de forma arbitraria mediante un simple acto administrativo sin previa notificación, de lo cual tomó conocimiento formal recién con fecha 7 de noviembre de 2025 mediante la emisión del Comprobante de Compensación Folio 334307205 (Código N° 1202531118141164). En cuanto a los fundamentos de derecho, aduce que las normas contenidas en los artículos 6° y 7° del D.F.L. N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda y el Código Tributario facultan la compensación exclusivamente respecto de obligaciones que tengan por causa un tributo. En tal sentido, arguye que las multas laborales al no constituir tributos carecen de carácter compensable, por lo que la actuación de la Tesorería incurre en ilegalidad.

Denuncia que la conducta descrita vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2° (Igualdad ante la ley) y 24° (Derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja la acción constitucional de protección, declarando que la recurrida incurrió en un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías indicadas, se deje sin efecto la compensación realizada y se ordene a la Tesorería General de la República restituir a la recurrente la suma de $12.484.645 debidamente actualizada, con costas.

SEGUNDO: Que, evacúa informe la abogada Patricia Valentina Plummer Jiménez, en representación de la Tesorería General de la República, Región del Biobío, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que al Servicio de Tesorerías le corresponde la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias conforme a los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, proceso que se inicia una vez que el organismo girador —en la especie, la Inspección del Trabajo— informa en la Cuenta Única Tributaria (CUT) la existencia de giros a cobrar mediante Formulario 42. Aclara que a la Tesorería no le cabe responsabilidad ni injerencia en la determinación o pronunciamiento sobre la procedencia de la multa.

Detalla que respecto a la recurrente se generó el expediente administrativo Rol 11733-2025 de Concepción y que con fecha 15 de mayo de 2025 se generó demanda por giros cuyos vencimientos operaron entre el 26 de enero y el 8 de febrero de 2025. Agrega que la recurrente no ingresó presentación ni solicitud alguna, ante dicho Servicio.

En cuanto a la compensación, precisa que se ejecutó el 26 de mayo de 2025 por la Sección Operaciones de la Tesorería Regional de Concepción sobre el monto autorizado de devolución de renta AT 2025 por $12.734.338, aplicando $526.096 a retención judicial y $12.208.242 a la compensación de los Formularios 42 cargados. Argumenta que dicha actuación se encuentra expresamente amparada en la facultad conferida al Tesorero General de la República por el artículo 6° del D.F.L. N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, el cual autoriza a compensar deudas de contribuyentes con créditos de estos contra el Fisco. Concluye que el Servicio actuó dentro de sus atribuciones legales, descartando cualquier actuación ilegal o arbitraria.

TERCERO: Que, informando el abogado Guillermo Aníbal Valle Morales, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, expone que, tras realizar la búsqueda de antecedentes en la plataforma DTPlus respecto del RUT N° RUT reservadode la empresa recurrente, se constató que la totalidad de las sanciones individualizadas en el Comprobante de Compensación emitido por la Tesorería General de la República corresponden efectivamente a multas cursadas por la Dirección del Trabajo que figuran adeudadas. Para respaldar lo anterior, acompaña las imágenes digitales de la plataforma DTPlus correspondientes a cada folio, con detalle de los infractores, normas infringidas, montos y fechas de vencimiento, junto con la Cartola Resumen de fiscalizaciones de la reclamante.

CUARTO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

QUINTO: Que, la controversia jurídica radica en determinar si la compensación efectuada por la Tesorería General de la República de la devolución de impuesto a la renta con deudas provenientes de multas de la Dirección del Trabajo adolece de ilegalidad o arbitrariedad.

Al respecto, se debe considerar que el artículo 6° del D.F.L. N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda faculta expresamente al Tesorero General de la República para compensar deudas de los contribuyentes con los créditos que estos posean contra el Fisco, cuando los documentos respectivos se encuentren en condiciones de ser pagados. Asimismo, los artículos 168 y siguientes del Código Tributario entregan a la Tesorería la cobranza de las obligaciones incorporadas por los organismos giradores en la Cuenta Única Tributaria.

En este contexto, habiéndose verificado por la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción la existencia, firmeza y vencimiento de las multas laborales cargadas en la Cuenta Única Tributaria mediante Formulario 42, la Tesorería General de la República no hizo más que hacer uso de una potestad legalmente reglada. La circunstancia de que los títulos ejecutivos correspondan a sanciones laborales no desnaturaliza la facultad de compensación del órgano recaudador fiscal frente a acreencias líquidas y exigibles en favor del Fisco. Por consiguiente, la actuación del Servicio recurrido se ajustó estrictamente al principio de legalidad, descartándose cualquier infracción normativa.

SEXTO: Que, descartada la ilegalidad, tampoco se advierte capricho o carencia de fundamentación en la decisión de la Tesorería General de la República. La compensación operó como un modo legítimo de extinción de obligaciones recíprocas entre la contribuyente y el Fisco conforme a los datos registrados en el expediente administrativo Rol 11733-2025 y en la plataforma DTPlus.

No constatándose la presencia de un acto arbitrario ni ilegal atribuible a la institución recurrida, no es posible establecer vulneración alguna a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada Ximena Victoria Basulto Acuña, en representación de Sociedad nombre reservado y nombre reservado Limitada, en contra de la Tesorería General de la República.

Oportunamente dese cumplimiento con el numeral catorce del citado Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 5323-2025 (Protección).