Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Concepción, dos de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparecen los abogados Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, por si y en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, e interponen recurso de amparo, reconducido a acción de protección, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por nombre reservado, con domicilio que señala, por vulnerar el derecho a la libertad personal, reconocido en el numeral 7° de la Carta Fundamental, mediante la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 14 de noviembre de 2025, mediante la cual se rechaza solicitud de residencia definitiva, disponiéndose orden de abandono del país en un plazo de 15 días y la prohibición de ingreso al territorio nacional por un período de 5 años.

Exponen que la recurrente ingresó al país en calidad de turista y que, estando dentro del territorio nacional postula a visa temporaria - visado otorgado y emitido con fecha 16 de noviembre de 2022- para, posteriormente, con fecha 25 de abril de 2023, solicitar la residencia definitiva, comunicándosele, el 22 de agosto de 2025, a través de Notificación Previo Rechazo, que debía enviar, dentro de un plazo de 10 días hábiles, un Certificado Antecedentes Penales del país de origen apostillado o legalizado y Documentación que acredite actividad económica realizada en el país y/o sustento económico.

Reclama que es imposible cumplir con lo ordenado en un plazo tan breve, por lo que la extranjera solo pudo acompañar la documentación fuera de plazo, siendo notificada de la Resolución recurrida, de fecha 14 de noviembre de 2025, que declaró inadmisible su solicitud de residencia definitiva y dispuso orden de abandono del país en un plazo de 15 días, más la prohibición de ingreso al territorio nacional por un período de 5 años, por considerar que no cumple suficientemente con los requisitos que la habilitan para residir en el país, al no adjuntar el certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado y documentación que acredite su actividad en el país y/o medios económicos, en conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Alega que la medida contra la cual se recurre resulta desproporcionada pues la recurrente no tiene registro de antecedentes negativos en su país de origen ni en Chile, debiendo considerarse, además, que ya había sido titular de una visa de residencia temporaria.

Dice que su representada cumple con todos los requisitos legales para el otorgamiento del beneficio migratorio de residencia temporal, contando actualmente con contrato de trabajo indefinido en la empresa Black SPA.

Pide que se acoja el presente recurso ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 14 de noviembre de 2025, instruyendo al Servicio Nacional de Migraciones para que proceda a una nueva revisión documental, y decidir conforme a derecho su solicitud de residencia temporal.

Acompañó los siguientes documentos: i) Cédula de identidad para extranjeros de la amparada; ii) Resolución Exenta N°NUM000, de 14 de noviembre de 2025; iii) Contrato de trabajo; iv) Certificado de vigencia laboral; v) Certificado de cotizaciones previsionales de AFP; vi)

Certificado de cotizaciones previsionales de FONASA; vii) Certificado de antecedentes penales del país de origen; viii) Certificado de antecedentes penales de Chile.

A folio 5 informó la abogada Carolina Pía Tapia Fierro, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, y refiere, en síntesis, que con fecha 25 de abril de 2023, la extranjera ingresó solicitud de residencia notificándosele el día 16 de mayo del mismo año, mediante Folio: NUM001, que su solicitud de permanencia definitiva no se encontraba en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de antecedentes, al no haber presentado los documentos que se le estaban solicitando, esto es: i) Certificado de antecedentes del país de origen, encontrándose la documentación incompleta; ii) Copia del contrato actual: Sin Legalización Notarial. Añade que en la misma notificación se le indicó los pasos a seguir para completar la documentación y avanzar con el proceso.

Señala que con fecha 29 de octubre de 2025, se le vuelve a notificar mediante Folio NUM002, que su solicitud de Residencia Definitiva no cumple con los requisitos para obtener el permiso de residencia impetrado, debiendo remitir Certificado de Antecedentes Penales del país de origen verificable en línea o de lo contrario remitir el original por correo certificado, indicándose la forma de hacerlo y advirtiéndole que en caso de no presentar dicha documentación en un plazo máximo de 60 días corridos a contar de esa fecha, su solicitud podrá ser rechazada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería.

Menciona que con fecha 22 de agosto de 2025, se le notifica mediante Folio: NUM003 que, habiéndose analizado su solicitud de Residencia Definitiva, ID NUM004, se ha verificado que la recurrente se encontraba comprendida en la siguiente causal de rechazo:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES Debe adjuntar el certificado de antecedentes vigente de su país de origen debidamente legalizado o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva. SUSTENTO ECONÓMICO Debe presentar Contrato de Trabajo y sus anexos, junto con el Certificado de vigencia del Contrato de Trabajo, legalizado ante notario y autorizado por éste, mediante firma electrónica avanzada. Complementar cartola histórica de cotizaciones previsionales obligatorias emitida por la correspondiente Administradora de Fondos de Pensiones y certificado de cotizaciones de salud pagadas, emitido por Fonasa o Isapre, según corresponda, para lo cual dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados desde la presente notificación, para realizar los descargos respecto de la causal invocada, debiendo acompañar todos los documentos que sirvan de sustento a sus aseveraciones, a través de la plataforma dispuesta para ello.

Explica que dado a que la extranjera no subsana lo indicado, con fecha 14 de noviembre de 2025 se procedió a dictar la Resolución Exenta N° NUM000, que rechazó su solicitud de residencia y dispuso de su abandono y prohibición de ingreso al país.

Señala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 N° 5 de la Ley N° 21.325 y 42 del Decreto Supremo N° 296 de 12 de febrero de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Reglamento de la Ley Nº 21.325, la autoridad competente para resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior, es el Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, la resolución impugnada que rechazó la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente fue dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones.

Afirma que el rechazo de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente se debió al hecho de no haber acompañado la documentación solicitada, habiéndosele notificado previamente de la configuración de la causal de rechazo y los fundamentos que la sostenían, otorgándole un plazo de 10 días para realizar los descargos respectivos, cumpliendo así con lo establecido en los artículos 88 N°1, 78, inciso 2° y 91, inciso 2° de la Ley N° 21.235 y artículo 40 de la Ley N° 19.880. Indica que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 inciso 4° de la Ley N° 21.325, la autoridad migratoria se encuentra obligada a disponer el abandono del territorio nacional de un extranjero a quien se le haya rechazado o revocado un permiso de residencia.

Afirma que la resolución que rechazó la permanencia definitiva reservó expresamente a la recurrente los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, los cuales no fueron deducidos por aquella.

Respecto de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas señala que, habiendo actuado la recurrida en el uso de sus facultades, dentro de su competencia y de acuerdo a la ley, es que no se configura acto arbitrario o ilegal alguno que haya privado, perturbado o amenazado aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental.

Finaliza solicitando el rechazo del presente recurso.

Acompaño a su informe: 1. Folio: NUM001: 2. Folio: NUM002; 3.

Folio: NUM003; 4. Folio: NUM003.

A folio 7 informó la Prefectura Provincial Concepción de la Policía de Investigaciones de Chile, señalando que la recurrente no registra encargos vigentes por órdenes de aprehensión, arrestos ni arraigos en su contra.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 2°) Que la presente acción de protección se funda en la perturbación y amenaza del derecho a la libertad personal de la recurrente, reconocido en el artículo 19 n° 7 de la Carta Fundamental, producto de la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 14 de noviembre de 2025, que rechazó su solicitud de residencia definitiva y dispuso de su abandono y prohibición de ingreso al país. 3°) Que, el fundamento que tuvo en consideración la recurrida para rechazar la petición, según se lee de la Resolución Exenta recurrida, fue el hecho que la documentación acompañada por la recurrente estaba incompleta y no se encontraba debidamente legalizada o apostillada, habiéndosele notificado dicha situación de forma previa al rechazo de su solicitud, otorgándosele plazos para completar la documentación requerida, lo que la extranjera no efectuó. 4°) Que, atendido el mérito de los antecedentes que constan en estos autos, se advierte que la recurrente no remitió el certificado de antecedentes penales de su país de origen, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 N° 1 de la Ley 21.325 y conforme le fuera requerido en más de oportunidad, en los diversos plazos otorgados, de modo tal que no es posible advertir de qué forma la autoridad administrativa habría incurrido en alguna ilegalidad que importe vulneración o amenaza a la garantía establecida en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República.

En efecto, y conforme a lo dispuesto en los artículos 157 N° 5 de la Ley N° 21.325 y 42 del Decreto Supremo N° 296, Reglamento de la Ley Nº 21.325 que establecen la competencia de la recurrida para resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 88 N°1, 78, inciso 2° y 91, inciso 2° de la misma ley y artículo 40 de la Ley N° 19.880, es posible concluir que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, en uso de sus facultades legales, encontrándose además debidamente fundada. 5°) Que, por lo dicho en los motivos anteriores es posible advertir que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan acoger la presente acción de cautela de derechos constitucionales, al no haberse constatado de parte de la recurrida, los supuestos exigidos para la procedencia de la misma, esto es, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, por lo que resulta innecesario referirse a las garantías constitucionales que han sido mencionadas como vulneradas, debiendo la presente acción de protección ser desestimada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que, Se RECHAZA sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Nacional de Migraciones, Dese oportuno cumplimiento al numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la abogado integrante Barbara Ivanschitz Boudeguer.

No firma la ministra Antonella Farfarello Galletti, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso y ausente.

N°Protección-5257-2025.