nombre reservado con nombre reservado PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE Y OTROS

C.A. de Concepción irm Concepción, veintisiete de febrero de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece el abogado don Ignacio José Sapiain Martínez, con domicilio en domicilio reservado, Palacio de Tribunales, deduciendo recurso de protección a favor de las siguientes personas naturales y jurídicas: 1) Eco Bebe y de doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 2) de Comercializadora nombre reservado E.I.R.L, y 3) de don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 4) de Disquera nombre reservado E.I.R.L y 5) de doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 6) de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; 7) de Comercializadora de Artículos Cosméticos y Naturales Ldta. y 8) de don nombre reservado ambos con domicilio en domicilio reservado; 9) de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; 10) de nombre reservado nombre reservado y Cía. Ltda. y 11) de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; 12) de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; 13) de Importadora nombre reservado e hijos Ltda., y 14) de doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 15) de Alimentos Langolo S.A. y 16) de don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 17) de Confecciones nombre reservado y nombre reservado Ltda., y 18) de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; 19) de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; 20) de Constructora y Comercializadora B Cía. Ltda., y 21) de don nombre reservado ambos con domicilio en domicilio reservado; 22) de Centro de Diseño y Artes Integradas Ltda., y 23) de doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 24) de Galería de Arte Contemporáneo Spa. y 25) de doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 26) de nombre reservado y Cía. Ltda., y de doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 27) de Comercial nombre reservado y nombre reservado Ltda., y 28) de doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; 29) de Comercial nombre reservado y nombre reservado Ltda., y 30) de don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 31) de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; 32) de Prospero nombre reservado y Cía. Ltda. y de don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 33) de Joyería Buenos Aires Ltda., y 34) de don nombre reservado, Caupolicán 530; 35) de Exportadora e Importadora Kibaleon Ltda.; y 36) de doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

El recurso lo interpone en contra de don nombre reservado Presidente de la República de Chile, o quien lo subrogue o represente, con domicilio en el Palacio de la Moneda ubicado en la Moneda sin número, Santiago, Región Metropolitana; de don nombre reservado, o quien lo subrogue o represente, Jefe de la Octava Zona de Carabineros, con domicilio domicilio reservado; en contra de don nombre reservado, o quien lo subrogue o represente, Prefecto de la Policía de Investigaciones, con domicilio en domicilio reservado; y, en contra de doña nombre reservado, o quien la subrogue o represente, Fiscal Regional del Biobío, con domicilio en domicilio reservado.

Funda el recurso señalando que en las dos últimas semanas se ha desatado el caos en la ciudad de Concepción, transformándose el casco histórico en una zona de desastre, provocado por ciertos grupos de personas organizadas y previamente concertadas para saquear tiendas, farmacias y locales comerciales, incendiaron la Caja de Compensación Los Andes, Sodimac de calle Los Carreras y Servicio de Impuestos Internos, generándose un ambiente de desorden y deslegitimación del Estado; que lo anterior ha desencadenado que el comercio comience a bajar sus cortinas, tapear locales y asumir personalmente la defensa de su persona y patrimonio, lo que pone en riesgo no solo la institucionalidad del país, sino además la vida e integridad física y psíquica de los vecinos, trabajadores y pequeños comerciantes de nuestra ciudad, tornándose inútil el trabajo del Estado en la prevención, investigación y sanción de esos hechos delictuales, incumpliendo el deber natural de garantizar el orden y paz social; y que esta omisión, los ha empujado poco a poco a formar cuadrillas de “chalecos amarillos” generándose una verdadera confrontación entre ciudadanos.

Expone que nuestra Constitución Política concentra en la persona del Presidente un conjunto de deberes, que en un Estado de Derecho, no pueden considerarse facultades arbitrarias o no vinculantes, en términos tales de que su incumplimiento lo exima de cualquier responsabilidad, porque el Presidente se debe a la ciudadanía, por lo que es él quien debe adoptar todas las medidas necesarias para velar y reestablecer el orden interno, garantizado la paz social, la vida e integridad física y psíquica de los recurrentes y, en general, de todos los ciudadanos que hoy están en riesgo por el accionar de grupos anárquicos minoritarios que logran paralizar la ciudad debido a la omisión del Estado en el trabajo de inteligencia y persecución de los autores de esos desmanes.

Señala que el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se vincula con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que son las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Estado, por lo que en conjunto deben participar activamente en la eficacia del derecho, garantizando el orden público y la seguridad interior del Estado (artículo 101 de la Constitución Política de la República), debiendo prestar auxilio a las autoridades judiciales y colaborar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos, sin perjuicio de las actuaciones que les corresponda realizar sin mediar instrucciones particulares de los Fiscales (artículo 4 Ley Orgánica Constitucional de Carabineros). Agrega que la Policía de Investigaciones de Chile es una Institución Policial de carácter profesional, técnico y científico, cuya función fundamental es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales; y que en especial la Policía de Investigaciones debe contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales (artículos 1 y 4 de la L.O.C. de la Policía de Investigaciones).

Añade que al Ministerio Público le corresponde dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, estando facultados para impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación (Art. 83 de la Constitución Política de la República).

Sostiene que la omisión del Presidente de la República en el cumplimiento del deber de conservar el orden público a través del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional, conjugado con el no hacer de las Fuerzas de Orden y Seguridad secundado de la omisión de investigaciones serias por parte del Ministerio Público, tienen la ciudad de Concepción sumida en el caos, poniendo en riesgo la vida y seguridad de los recurrentes y todos nuestros habitantes, situación que debe detenerse.

Estima vulneradas las garantías contempladas en nuestra Constitución Política de la República en el artículo 19 N° 1, 7 y 24, esto es, el derecho a la vida y la integridad psíquica, el derecho a la libertad y seguridad personal y el derecho de propiedad.- Pide tener por interpuesto recurso de protección a favor de cada una de las personas naturales y jurídicas antes individualizadas, y en definitiva- acogerlo y declarar:

i.-Que, don nombre reservado, en su calidad de Presidente de la República de Chile, o quien lo subrogue o represente, deberá adoptar todas las medidas necesarias para reestablecer el orden interno, garantizado la paz social, la vida e integridad física y psíquica, libertad y seguridad individual y el derecho de propiedad de todos los recurrentes y, en general, de los ciudadanos de nuestra ciudad, con la finalidad de PREVENIR e IMPEDIR la amenaza a los bienes jurídicos tutelados;

ii.- Que, don nombre reservado, o quien lo subrogue o represente, en su calidad de Jefe de la Octava Zona de Carabineros deberá implementar las medidas que sean necesarias para garantizar el orden público y la seguridad interior del Estado en la ciudad de Concepción, garantizado la paz social, la vida e integridad física y psíquica, libertad y seguridad individual y el derecho de propiedad de todos los recurrentes y, en general, de los ciudadanos de nuestra ciudad, elaborando las estrategias policiales adecuadas para prevenir la comisión de nuevos saqueos y daños, colaborando eficazmente con el Ministerio Público en la investigación de los mismos, sin perjuicio de las actuaciones que les corresponda realizar sin mediar instrucciones particulares de los Fiscales, con la finalidad de PREVENIR e IMPEDIR la amenaza a los bienes jurídicos tutelados;

iii.- Que, don nombre reservado, o quien lo subrogue o represente, en su calidad de Prefecto de la Policía de Investigaciones, deberá implementar las medidas que sean necesarias para garantizar el orden público y la seguridad interior del Estado en la ciudad de Concepción, garantizado la paz social, la vida e integridad física y psíquica, libertad y seguridad individual y el derecho de propiedad de todos los recurrentes y, en general, de los ciudadanos de nuestra ciudad, elaborando las estrategias policiales adecuadas para prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales, con la finalidad de PREVENIR e IMPEDIR la amenaza a los bienes jurídicos tutelados;

iv.- Que, doña nombre reservado, o quien la subrogue o represente, en su calidad de Fiscal Regional del nombre reservado nombre reservado, deberá disponer las medidas necesarias para PREVENIR e IMPEDIR las amenazas a la vida integridad física y psíquica, libertad y seguridad individual y el derecho de propiedad de todos los recurrentes y, en general, de los ciudadanos de nuestra ciudad, cuyos bienes jurídicos están violentamente amenazados por la ausencia de investigaciones y la impunidad de sus protagonistas, disponiendo las medidas eficientes y eficaces para investigar los hechos constitutivos de delitos de las últimas semanas y los que en el futuro acontezcan, con la finalidad de comprobar el hecho punible y la participación criminal.

Comparecen don Byron Phillip Smith Clark, abogado y don nombre reservado, egresado de Derecho, ambos domiciliados en domicilio reservado, haciéndose parte en calidad de recurrentes, compartiendo, todos y cada uno de los fundamentos de hecho y derecho expuestos por la recurrente la Corporación de Asistencia Jurídica del Colegio de Abogados Regional Concepción, a través del abogado nombre reservado, los que dan por entera e íntegramente reproducidos.

Señalan que ejercen labores de asesoría y representación jurídica en oficina particular ubicada en domicilio reservado, Edificio Tribunales, en Concepción, frente al Palacio de Tribunales de Concepción; que desde el 18 de octubre de 2019 se viene desarrollando lo que se ha denominado como un “estallido social” en que gran parte de nuestra sociedad ha iniciado una serie de exigencias al Estado. Sin embargo, este “movimiento social” ha sido materializado por marchas en que se cometen graves delitos por parte de una minoría de sus asistentes, de este modo, sólo en el sector centro de la ciudad, se ha quemado el edificio de la Gobernación, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, parte del Colegio de Abogados de Concepción, el Edificio de Caja Los Andes ubicado frente a nuestras oficinas que ha sido quemado “por partes”, recientemente parte de la Galería Adauy y se han “saqueado” una innumerable cantidad de multitiendas y pequeños comercios encontrándose aquellos locatarios del comercio que aún no han sido afectado “esperando su turno”, lo anterior, sin considerar las personas que han sido víctimas de delitos y lesiones Así, desde el inicio del movimiento social se está amenazando la integridad física de vecinos y locatarios del sector centro de la ciudad (así como cientos de puestos de trabajo); que se han retirado gran cantidad de adocretos de las calles para bloquear el paso de carros policiales, lanzarlos a funcionarios policiales e, incluso, utilizarlos a fin de forzar el ingreso a locales comerciales para poder robarlos o, como actualmente se denomina “saquear”; y que dicho accionar, en reiteradas ocasiones se ha realizado de manera organizada, coordinada y sistematizada, hecho el cual se ha realizado incluso a vista y paciencia de las autoridades policiales.

Sostiene que a partir de la fecha indicada les resulta imposible trabajar en horario normal, debiendo limitar su funcionamiento entre las 06:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., pero además, ante la ineficiencia del trabajo policial por parte de las policías y el siempre lento e ineficaz trabajo que realiza el Ministerio Público en la persecución de los delitos cometidos; que se han visto en la obligación de mantenerse al interior de su oficina a fin de resguardar e intentar evitar que aquellas personas que concurren a las marchas con la sola intención de cometer delitos y robar, dañen sus dependencias y elementos de trabajo. En el caso del recurrente nombre reservado, además de trabajar en calle Tucapel, reside en su domicilio particular, ubicado en la intersección de las calles O’Higgins con Colo Colo, lo que involucra que, cada día, debe procurar llegar hasta su domicilio esquivando piedras, adocretos, botellas de vidrio o buscando la calle más segura a fin de evitar ser víctima del robo de sus pertenencias.

Indica que consta de hechos públicos y notorios que el funcionamiento en general de organismos públicos y privados, se ha visto mermado a raíz de las manifestaciones. Sin embargo, el estado de inseguridad es latente e indiciario de una situación de hecho que lleva prolongándose por un mes y fracción a la fecha, cuestión conocida por las recurridas, la cual en los planes que se han presentado a la comunidad con miras a evitar esta situación, todos han visto su accionar mermado, derivado justamente de una falta de coordinación entre los distintos organismos persecutores, tanto a nivel de autoridad, como legales y policiales, así como de establecer políticas coherentes de política criminal tendientes a recuperar un estado de normalidad, que no impidan las manifestaciones, las cuales no están en discusión para esta parte, sino los efectos perniciosos derivados de aquellas actuaciones criminales que se producen con posterioridad a estas últimas.

Estiman vulneradas gravemente las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la integridad física y psíquica de la persona, y el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, respectivamente.

Evacuando el informe requerido doña Marcela María Cartagena Ramos, abogada, Fiscal Regional del Biobío, en representación del Ministerio Público, ambos domiciliados en domicilio reservado, expone que del tenor de la acción constitucional sub lite se desprende que los actos u omisiones arbitrarias o ilegales que se imputan a la Fiscalía, dicen relación con una supuesta omisión o inactividad de parte de ésta en labores relacionadas con la mantención del orden público y su restablecimiento.

Al respecto, hace presente que las atribuciones de la Fiscalía están consagradas en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional 19.640, y que en ninguno de estos cuerpos normativos se le conceden atribuciones para disponer ese tipo de medidas, citando al efecto el artículo 83 de nuestra Carta Fundamental y el artículo 1o de la Ley 19640; y que en consecuencia, se yerra al pretender imputar a la Fiscalía una conducta u omisión arbitraria que diga relación con la prevención o conservación del Orden Público, o el uso de balines de goma o bombas lacrimógenas, pues, son materias que exceden sus atribuciones; y que de hecho, constituiría una actuación ilegal, conforme a lo prescrito en las normas citadas y, particularmente, a los principios constitucionales de legalidad y responsabilidad establecidos en los artículos 6o y 7o de la Constitución, que la suscrita se inmiscuyera en ámbitos ajenos a sus competencias y atribuciones normativas establecidas; y en consecuencia, estima que la Fiscalía no ha cometido acto u omisión arbitraria o ilegal alguno, por lo que pide el rechazo del recurso, con costas.

Complementando y rectificando su informe, señala que el número total de detenidos y puestos a disposición del respectivo Juez de Garantía para el control de su detención en la región desde el 18 de octubre a la fecha, asciende a 1.613; que de ese universo, se ha procedido a la formalización de 1.350 personas; y que para precisar aún más la información, se procuró aislar o determinar aquellos ilícitos que estén relacionados con los hechos que motivan la acción sub lite, pudiendo estimarse en 1.317 los detenidos y 1.102 los formalizados.

Respecto a la adhesión al recurso, la señora Fiscal Regional del nombre reservado nombre reservado, reitera lo informado precedentemente, y agrega que de lo expuesto por los adherentes, se desprende que los supuestos actos u omisiones arbitrarias o ilegales que se imputan a la Fiscalía, dicen relación con una supuesta omisión o inactividad por parte de esta en labores relacionadas con la mantención del Orden Público en la zona del centro de Concepción, lugar donde los recurrentes tienen su oficina laboral y uno de ellos su hogar, desprendiéndose del tenor de su presentación que los supuestos actos u omisiones arbitrarias o ilegales que se imputan a la Fiscalía, dicen relación con dos aspectos: el primero, con la supuesta inactividad por parte de la fiscalía en labores relacionadas con la mantención del Orden Público y, el segundo, con una supuesta omisión en la investigación de hechos relacionados con los eventos violentos ocurridos en la región en las últimas semanas. Respecto de lo primero, señala que las funciones y atribuciones de la Fiscalía están consagradas en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional № 19.640, y en ninguno de estos cuerpos normativos se le conceden atribuciones a la suscrita para disponer ese tipo de medidas. Respecto de lo segundo, y pese a que los recurrentes no precisan alguna situación concreta de un hecho delictual denunciado y que no se esté investigando, aduce que la Fiscalía se encuentra investigando, con todos los medios y recursos disponibles, los hechos constitutivos de delito que se han denunciado en las últimas semanas; incluso, en algunos casos, iniciándose investigaciones de oficio. Concluye que la Fiscalía de esta Región del Biobío, no ha incurrido en acto u omisión arbitraria o ilegal alguno.

Que don nombre reservado, Ministro Secretario General de la Presidencia, domiciliado para estos efectos en el Palacio de la Moneda sin número, ciudad de Santiago, por orden de S.E. el Presidente de la República, don nombre reservado, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso.

Alega primeramente la improcedencia de la presente acción porque no cumple con los presupuestos que el artículo 20 de la Constitución establece, pues los recurrentes no han mencionado acción u omisión ilegal o arbitraria alguna que permita sustentarlo, desde que los recurrentes fundan su acción en una “omisión o falta en el cumplimiento del deber del Estado de su deber de garante” de las garantías constitucionales alegadas, especialmente en su rol de velar por el orden público.

En relación a estas alegaciones, hace presente que el inciso segundo de artículo 24 de la Constitución, dispone que la autoridad del Presidente de la República “se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes". Citando los artículos 1° y 3 letra b) de la Ley N° 20.502 y 101 inciso segundo de la Constitución, precisa que el Presidente de la República ejerce su autoridad en lo que dice relación con la conservación del orden público, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que si bien las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependen directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dicha dependencia no se extiende al ámbito operativo, el que corresponde a tales fuerzas de manera autónoma.

Arguye que la distinción anterior es relevante porque obedece al carácter profesional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como se establece está en el artículo 101 de la Constitución, y en sus respetivas leyes orgánicas, a saber, artículo 1° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y artículo 1° del Decreto Ley N° 2.460, Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile. Precisado lo anterior, afirma que no ha existido omisión ilegal ni arbitraria atribuible a S.E. el Presidente de la República, quien, por lo demás, ha adoptado las medidas tendientes al resguardo del orden y seguridad pública en conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

Señala que conforme al principio de legalidad, contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 2 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, el Presidente de la República, así como los órganos del Estado, deben someter su actuar a lo establecido en la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, por lo que cualquier actuación que exceda o escape de la esfera de competencia que el ordenamiento jurídico le atribuye, es contrario a derecho.

Aduce que se recurre en contra del Presidente de la República por supuestas omisiones en el resguardo del orden público, sin embargo, los recurrentes no especifican qué disposiciones en concreto estarían siendo vulneradas e incluso, no indican qué medidas se habrían dejado de implementar en cumplimiento del deber de conservar el orden público a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; que fundamentan su acción en la supuesta “omisión” del Presidente de la República, en circunstancias que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública han actuado al máximo de sus capacidades, en coordinación con los lineamientos entregados por el citado Ministerio; y que por consiguiente, esta acción es, en la realidad, una evaluación de mérito respecto de las medidas adoptadas, porque éstas –a juicio de los recurrentes- no habrían sido efectivas para evitar y contrarrestar todos los hechos delictivos, tales como saqueos e incendios intencionales; y que los recurrentes en ningún momento afirman que la conducta tenga estas características, sino que la consideran inidónea.

Agrega que S.E el Presidente de la República, frente a situaciones de inusitada y reiterada violencia ha tomado diversas medidas para resguardar el orden público y, por consiguiente, los derechos de todos los habitantes del país tendientes al resguardo del orden y seguridad pública. Al efecto, indica que el 7 de noviembre se anunció una Agenda de Orden y Seguridad Pública, con las medidas que detalla latamente.

Manifiesta que el Presidente de la República tiene autoridad sobre la conservación del orden público interior, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A nivel regional, de acuerdo a lo establecido en artículo 14 de la Ley N° 20.502, dicho Ministerio cumple sus funciones relativas a la seguridad pública a través de la Intendencia Regional, en este caso, de la Intendencia Regional del Biobío. Según lo indicado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tanto el Intendente Regional del Biobío como el Gobernador Provincial de Concepción han desarrollado diversas acciones cuyo objeto ha sido contrarrestar los múltiples hechos delictuales y de violencia, acaecidos en la ciudad de Concepción en las últimas semanas, que al efecto detalla.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, señala que no es posible que las acciones del Presidente de la República, hayan podido implicar una omisión que amenace o perturbe los derechos antes señalados, ya que frente a hechos de inusitada, masiva y reiterada violencia, el Gobierno, a través de los organismos competentes ha actuado al máximo de sus capacidades y en el marco de sus competencias, no siendo posible endilgarle responsabilidad por una supuesta omisión en el cumplimiento de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, señala que la afectación de los recurrentes y habitantes de Concepción es consecuencia de la acción de delincuentes, pues los acontecimientos se desarrollaron, a pesar de las acciones desplegadas por los órganos del Estado.

Informa el abogado don Omar Castro Torres, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile; indica en primer lugar, que el rol constitucional de la Policía de Investigaciones de Chile, está consagrado en el artículo 101 inciso 2° de la Constitución Política de la República y que en el catálogo de las funciones generales o comunes a ambas Policías, se contemplan los siguientes: a) Dar eficacia al derecho: función destinada a concretar el principio de imperio del Poder Judicial (artículo 76 incisos 3° y 4° de la Constitución Política de la República); así como la facultad de imperio del Ministerio Público para impartir a ambas policías, órdenes directas (artículo 83 inciso 3° de la Carta Fundamental). b) Garantizar el orden público: enfocada a concretar el deber genérico de los órganos del Estado de garantizar el orden institucional de la República, previsto en el artículo 6° inciso 1° de la Carta Política; y, c) Garantizar la seguridad pública interior: función destinada a concretar el deber estatal de resguardar la seguridad nacional, previsto en el artículo 1° inciso 5° de la Carta Fundamental.

Menciona que iniciada la contingencia, desde el 18 de octubre de 2019, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile dispuso la instalación del Alto Mando en el Centro Nacional de Análisis Criminal (CENACRIM), lugar desde donde se monitoreó la crisis a nivel nacional, evaluando, analizando y planificando los cursos de acción para el despliegue de los recursos humanos y materiales antes, durante y después del estado de excepción. Junto con ello, el Jefe Regional del Biobío, nombre reservado, dispuso servicios especiales de día y de noche, de acuerdo al cuadro inserto, y agrega que en todo momento el Jefe Regional del Biobío mantuvo informada a la comunidad de las medidas que ha concretado la Policía de Investigaciones de Chile, en aras de garantizar la seguridad pública interior.

Señala que la principal función encomendada por la ley a la Policía de Investigaciones de Chile, es la de investigar los delitos (artículo 4° D.L. N°2460 y artículo 79 del Código Procesal Penal) y no de prevenirlos como erróneamente señala el recurrente. A mayor abundamiento, explica que Carabineros de Chile es una institución de carácter militar y preponderantemente preventiva, en tanto que la Policía de Investigaciones de Chile es de carácter civil y predominantemente investigativa, función principal en cuyo cumplimiento, registra al 04 de diciembre de 2019, 315 detenidos, conforme a cuadro inserto.

Estima que el recurrente equivoca la vía procesal para presentar su petición, toda vez que si busca obtener responsabilidad del Estado por falta de servicio, debe recurrir a la jurisdicción civil. Concluye que no ve de qué manera esta acción puede prosperar, toda vez que su representada, en todo momento ha extremado los esfuerzos para actuar conforme a sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias en la actual crisis social, por lo que pretensión del recurrente carece de objeto, razón por la cual el recurso no debería prosperar.

Informa el recurso don nombre reservado, General de Carabineros, Jefe Octava Zona Biobío, manifestando que la Constitución Política de Chile establece en su artículo 101 que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. A su vez, Carabineros de Chile, como cuerpo armado, es esencialmente obediente y no deliberante; que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros № 18.961, en su artículo 3o dispone que Carabineros de Chile podrá establecer los servicios policiales que estime necesarios para el cumplimiento de sus finalidades específicas, de acuerdo con la Constitución Política y la legislación respectiva; y que en el cumplimiento de la función constitucional de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, la distribución del personal y de los medios asociados al establecimiento de servicios policiales, es informada en forma global al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En cuanto a las actuaciones policiales desarrolladas durante el periodo de contingencia nacional en el gran Concepción, señalar que el 19 de octubre de 2019, el Jefe de la Villa Zona nombre reservado nombre reservado, General Sr. nombre reservado se reunió con los Prefectos de Servicio de las Reparticiones dependientes a este Mando Zonal, impartiendo y transmitiendo las instrucciones del nivel estratégico, disponiéndose que ante la ocurrencia de hechos de violencia o de contingencia crítica, se procediera en forma inmediata a efectuar los despliegues y copamientos estratégicos en sus respectivos sectores territoriales de responsabilidad, con la debida cobertura con personal y medios logísticos, ello tendiente al inmediato resguardo y restablecimiento del orden público. En ese contexto, se dispuso activar en forma inmediata el plan de citaciones del personal con el fin de mantener personal suficiente en apresto, y se dispuso alistar los elementos de protección y disuasivos en salas de armas de las unidades operativas, ante la eventual necesidad de su utilización.

Agrega que con esa misma fecha, a las 14:12 horas, una manifestación pacífica convocada frente a la plaza España de Concepción, que evolucionó a violenta, derivó en que los manifestantes irrumpieran e hicieran ingreso de forma violenta a la Intendencia Regional del nombre reservado nombre reservado, agrediendo al personal policial que se encontraba resguardando dicho edifico, resultando lesionados funcionarios policiales; que conforme a lo anterior, se procedió a intimar a los manifestantes a través de protocolo de control de orden público, por parte del Mando de Fuerzas Especiales, sin resultado positivo, debiendo el personal a hacer uso de la fuerza necesaria para desalojarlos y disolver dicha manifestación.

Señala que, a las 23:00 horas aproximadamente, se dictó estado de excepción constitucional, para todo el territorio de la provincia de Concepción; que al efecto se designó como Jefe de la Defensa Nacional para la Región, Comandante en Jefe de la II Zona Naval, Contraalmirante Sr. nombre reservado. A continuación detalla los cursos de acción en el ámbito investigativo y administrativo, indica que se cursaron las cuentas correspondientes al Ministerio Público, por la totalidad de hechos de contingencia de que se tomó conocimiento, como a su vez, se puso a disposición del mismo, a los detenidos por los diversos delitos que se registraron durante la jornada de manifestaciones.

Precisa que en el contexto de la función propia de la Institución, Carabineros de Chile a nivel local, más específicamente la Ira. Comisaría de Concepción, diariamente operacionaliza en el sector central de la ciudad de Concepción, más conocido como casco histórico, los servicios correspondientes al plan cuadrante de seguridad preventiva, correspondiendo en lo particular el sector centro de la ciudad al Cuadrante Nro. 1, durante las 24 horas del día en base a sistema de turnos, servicio que paralelamente es apoyado por otros tipos de servicios focalizados orientados principalmente a la prevención de delitos y faltas, incivilidades, accidentes de tránsito y otros tipos de hechos; tales como Sip, Patrulla focalizada, cuadrículas, tránsito; complementariamente el Mando de Repartición apoya los servicios desplegados por dicha Unidad, con servicios de copamiento táctico con personal de orden público, patrullajes con personal montado y guías con canes policiales, prevención del consumo de drogas a través de personal de la sección OS.7 Concepción, prevención e investigación de robo de vehículos a través de SEVB nombre reservado nombre reservado e investigación de organizaciones criminales a través del OS.9 nombre reservado nombre reservado.

Señala que una vez ocurrido los hechos que iniciaron a nivel nacional el día 18 de octubre y que posteriormente de igual forma, se suscitaron en la ciudad de Concepción a contar del 19 de octubre 2019, Carabineros de Chile a través del Mando Zonal y conforme al mandato constitucional establecido Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, dispuso un incremento extraordinario de despliegue preventivo y de reacción de control de orden público, en el sector central de Concepción, como en los sectores periféricos, con la totalidad del personal de Fuerzas Especiales y además, apoyados por la Escuela de Suboficiales Grupo Concepción, para aumentar el resguardo de la ciudadanía, de la propiedad pública y privada, y en este caso en particular de los propios manifestantes que han copado de forma periódica la ciudad. Se incorpora los datos estadísticos que mantiene Carabineros de Chile acerca de los sucesos, conforme a cuadro inserto.

Concluye que por lo expuesto, no existen argumentos ni elementos de juicio suficientes que permitan acreditar los supuestos de hecho invocados por el recurrente, por lo que se solicita rechazar el recurso.

Informa la abogada doña Roxana Fernández Lobos, en representación de don nombre reservado, de la Policía de Investigaciones de Chile, adhiriéndose a lo informado por su Institución, a través de la presentación hecha por el abogado don Omar Castro Torres, mandatado por su Director General, dando por reproducido en todas sus partes dicho informe. Hace presente que mediante Resolución Exenta RA № 380/127 9/2019, de 23 de diciembre de 2019, se destinó al Prefecto General nombre reservado como nombre reservado, con sede en la ciudad de Santiago, y al Prefecto Inspector Hugo Ruiz González como Jefe de la Región Policial del nombre reservado nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantía constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esta misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

2º.- Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –lo que significa que ha de ser contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

3º.-Que, bajo estos parámetros han de examinarse los planteamientos realizados en el recurso y en dicha orientación puede afirmarse que de la lectura y análisis del mismo se observa, en primer término, falta de legitimación activa de los recurrentes en lo que dice relación con dirigir la presente acción constitucional no sólo a favor de los recurrentes, sino también “en general, en beneficio de los ciudadanos de la ciudad”, lo que evidentemente significa interponer el recurso a favor de personas o ciudadanos no identificados, que quedan en la absoluta indeterminación.

Sobre el particular, conviene recordar, como reiteradamente y desde antiguo lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, que “a través del recurso de protección no se ha establecido una acción de las llamadas "populares" (Corte Suprema, sentencia de 2 noviembre 1998, R.G.J., T. 221, pág. 38) agregando que en materia de protección “el derecho de recurrir a quien es directamente perjudicado con el acto que atenta a una garantía constitucional; si un tercero puede también plantearlo ello no lo lleva más allá́ de ser un ejecutor de la voluntad de la persona a quien represente; debe excluirse la posibilidad de que el derecho a recurrir de protección pudiere entenderse como una acción "general" o "popular" (Corte Suprema, sentencia de 9 agosto 1984, R.F.M., N° 309, pág. 393) por lo que “Quien deduce la acción de protección deber ser efectivamente titular del derecho cuya tutela se reclama, con tal grado de certeza que descarte al Tribunal toda duda en torno a su legitimidad del ejercicio”.(Corte Suprema, sentencia de 18 diciembre 2000, R.G.J., N° 246, pág. 29)

4º.- Que del tenor del recurso y su adhesión, se sostiene por los recurrentes que es un hecho público y notorio la situación ocurrida en diversas ciudades del país a partir del 18 de octubre de 2019, entre ellas en Concepción, específicamente, las graves situaciones de violencia, desmanes, saqueos, e incendios, entre otras acciones de carácter delictual generándose un ambiente de desorden y deslegitimación del Estado, que no sólo pone en riesgo la institucionalidad del país, sino además la vida e integridad física y psíquica de los vecinos, trabajadores y pequeños comerciantes de nuestra ciudad, situación en la que señalan que el trabajo del Estado se ha tornado inútil en la prevención, investigación y sanción de esos hechos delictuales, lo que deriva en el incumplimiento del deber natural de garantizar el orden y paz social; aducen que la omisión del Presidente de la República en el cumplimiento del deber de conservar el orden público a través del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional, conjugado con el no hacer de las Fuerzas de Orden y Seguridad secundado de la omisión de investigaciones serias por parte del Ministerio Público, tienen la ciudad de Concepción sumida en el caos, poniendo en riesgo la vida y seguridad de los recurrentes y todos nuestros habitantes, vulnerando las garantías contempladas en los numerales 1º, 7º, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República esto es, el derecho a la vida y la integridad psíquica, el derecho a la libertad y seguridad personal y el derecho de propiedad.- Además, se indica que los planes que se han presentado a la comunidad con miras a evitar esta situación, han visto mermado su accionar, justamente por una falta de coordinación entre los distintos organismos persecutores, tanto a nivel de autoridad, como legales y policiales, así como la ausencia de políticas coherentes de política criminal tendientes a recuperar un estado de normalidad, que no impidan las manifestaciones, las cuales no están en discusión para esta parte, sino los efectos perniciosos derivados de aquellas actuaciones criminales que se producen con posterioridad a estas últimas.

5º.- Que, tampoco los recurrentes tampoco señalan en forma específica cuál o cuáles son los hechos sindicados como conculcadores de las garantías que se reclaman afectadas ni la manera precisa cómo se ha verificado dicha afectación, sino que se circunscribe a hacer un conjunto de aseveraciones de supuestas omisiones en las que habrían incurrido los recurridos, pero sin indicar en forma precisa qué acciones se dejaron de hacer, de qué forma se ha incumplido el deber natural de garantizar el orden y paz social por parte de los recurridos, o qué se ha restado de realizar para evitar la destrucción y los saqueos ocurridos, resultando en general todas las afirmaciones de carácter muy genérico, e inespecífico impidiendo vislumbrar con claridad él o los hechos u omisiones arbitrarios e ilegales que habrían causado la afectación de los derechos constitucionales que se invocan como vulnerados.

6º.- Que, directamente en relación con lo anterior, cabe señalar que tampoco se ha acreditado la relación de causa a efecto que ha de existir entre la acción u omisión ilegal o arbitraria que se denuncia y el agravio al derecho fundamental que se dice configurado, constatación de vulneración que debe ser de tal forma evidente que el agravio pueda ser lógicamente considerado como la consecuencia o resultado de aquel comportamiento antijurídico, situación que no ocurre en el caso sub lite a partir de las solas expresiones en que el arbitrio se funda mediante afirmaciones de carácter general. Asimismo, tal como se ha adelantado, debe también demostrarse la existencia de una persona natural directamente afectada por la acción ilegal o arbitraria, lo que no se aprecia del texto del recurso, puesto que no aparece la mención de alguna persona en particular que se haya visto amenazada, perturbada o privada de un derecho fundamental específico, a causa de un probado acto u omisión proveniente efectivamente de uno o todos los recurridos.

7º.- Que, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se puede apreciar de los respectivos informes evacuados por los recurridos las diversas medidas que, dentro de sus respectivos ámbitos y facultades han adoptado con el fin de velar resguardar el orden y seguridad pública en conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, lo que en realidad se observa del petitorio del recurso, que lo que se solicita a esta Corte es que disponga que el Presidente de la República que deberá adoptar todas las medidas necesarias para reestablecer el orden interno, garantizado la paz social, la vida e integridad física y psíquica, libertad y seguridad individual y el derecho de propiedad de todos los recurrentes y, en general, de los ciudadanos de nuestra ciudad, con la finalidad de PREVENIR e IMPEDIR la amenaza a los bienes jurídicos tutelados; que con el mismo objeto, el Jefe de la Octava Zona de Carabineros y el Prefecto de la Policía de Investigaciones, deberán implementar las medidas que sean necesarias, elaborando las estrategias policiales adecuadas, colaborando eficazmente con el Ministerio Público en la investigación de los mismos, sin perjuicio de las actuaciones que les corresponda realizar sin mediar instrucciones particulares de los Fiscales; y, que la Fiscal Regional del nombre reservado nombre reservado, deberá disponer las medidas eficientes y eficaces para investigar los hechos constitutivos de delitos de las últimas semanas y los que en el futuro acontezcan.

8º.- Que, como claramente se puede advertir, lo que en definitiva se pretende mediante la presente acción constitucional es la implementación de un conjunto de medidas en el orden ejecutivo que dicen relación con la fijación políticas públicas lo que constitucionalmente está entregado exclusivamente a otro poder del Estado por tratarse de actos de mero gobierno, respecto de los cuales sólo cabe que se pronuncie la ciudadanía en elecciones populares o el Congreso Nacional a través del juicio político. Así lo ha señalado la Excma. Corte Suprema en sentencia de 2 de abril de 2018, en causa rol N° 45.561-2017.

Refuerza lo anterior lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema en sentencia de causa Rol 11.700-2014 de recurso de protección en cuanto señala “no constituye una instancia de fijación de políticas públicas ni de su fiscalización, así́ como tampoco declarativa de derechos, sino que de protección de aquellos que siendo preexistentes e indubitados, se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, y por ende en situación y necesidad urgente de ser amparados”. Lo que torna en la práctica imposible de acceder al petitorio del recurso por la improcedencia del mismo.

9º.- Que, conforme a lo que se ha venido señalando, este recurso no puede prosperar, no sólo porque la acción constitucional de protección es un mecanismo establecido para conferir cautela urgente a derechos garantidos en la Carta Fundamental, a través de un procedimiento breve y concentrado, de manera que se pueda conceder efectiva tutela a garantías cuya afectación se encuentra comprobadamente afectada, sino además porque no ha existido respecto de los recurridos, la atribución certera de un acto u omisión arbitraria o ilegal que les sea atribuibles y que haya vulnerado estos derechos constitucionales invocados por los recurrentes.

10º.- Que, de este modo, no correspondiendo en un recurso de protección ordenar a órganos públicos que circunscriban su actuación a los márgenes de la Constitución y la ley, ni tampoco una instancia de fijación de políticas públicas ni de fiscalización de las mismas, sino disponer medidas precisas y determinadas que tengan por finalidad restablecer el imperio del derecho que se ha visto quebrantado por un acto o una omisión ilegal que priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual que la Carta Fundamental asegura a todas las personas, no cabe sino desestimar el deducido en estos autos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Ignacio José Sapiain Martínez, así como la adhesión al recurso interpuesto por el abogado don Byron Phillip Smith Clark, y el egresado de derecho don nombre reservado.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra Viviana Alexandra Iza Miranda.

No firma la ministra señora Carola Rivas Vargas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Se deja constancia que en estos antecedentes se hizo uso de la facultad contemplada en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N° 52111-2019-protección. En vista conjunta con recurso de protección roles 54059-2019 y 55583-2019.