Protección contra actuar arbitrario

C.A. de Concepción rtp Concepción, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO:

Don nombre reservado, chileno, interpone recurso de protección, en contra del actuar arbitrario, ilegal, de mala fe y/o grave omisión de las siguientes autoridades del Cuerpo de Bomberos de Tomé, nombre reservado, Superintendente, máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de Tomé (C.B.T.), nombre reservado, nombre reservado del C.B.T., nombre reservado, Presidente de la 1.ª Sala del Consejo Superior de Disciplina (C.S.D.), nombre reservado, Secretario de la 1.ª Sala del Consejo Superior de Disciplina y nombre reservado, integrante de la 1.ª Sala del Consejo Superior de Disciplina.

Solicita, respecto a la Resolución N° NUM000, de fecha 11 de noviembre de 2025, declarar la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución indicada y ordenar las medidas de saneamiento y sanción solicitadas.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 25 de septiembre de 2025, en causa de la Excma. Corte Suprema, se confirmó la sentencia de fecha 22 de agosto de 2025, lo que significó su reintegro a la Séptima Compañía de Bomberos de Dichato del C.B.T.

Comenta que, con la misma fecha, hizo envío al Sr. nombre reservado de una solicitud de activación del Protocolo contra el Acoso, Abuso, Hostigamiento y Discriminación Arbitraria, en contra de la Sra.

Directora, del Bombero nombre reservado y de los 16 bomberos que declararon no querer trabajar conmigo en distintos servicios del Cuerpo de Bomberos. Dicha solicitud fue rechazada porque debía ser dirigida al Sr.

nombre reservado.

Cuenta que con fecha 29 de septiembre, reenvió la misma solicitud, esta vez dirigida al Sr. nombre reservado, nombre reservado, la cual fue aceptada. (Se adjunta).

Expone que con fecha 9 de octubre, recibió un correo en que se adjuntaba una citación para entregar su declaración, sin previo aviso de quién sería el investigador y, por consecuencia, sin tener derecho a recusarlo, no respetando así lo indicado en el Protocolo.

Alude que con fecha 11 de octubre, se presentó conforme a la citación ante el Bombero Insigne Sr. nombre reservado, quien le indicó que había sido nombrado investigador y debía cumplir con la tarea encomendada. Al no tener la posibilidad de recusarlo, no le quedó otra alternativa que continuar con el curso natural de la investigación.

Durante la recepción del fallo del C.S.D., se enteró de que con fecha 16 de octubre el Sr. nombre reservado, en calidad de investigador, había hecho entrega del informe de la investigación, hecho que fue desconocido por su parte hasta el día 12 de noviembre de 2025.

Con fecha 17 de octubre, mediante correo electrónico y oficio, solicitó al Sr. nombre reservado copia íntegra de la carpeta de investigación, derecho de acceso que se encuentra plenamente consagrado en el Protocolo. La solicitud fue negada.

Añade que con fecha 27 de octubre, remitió nuevamente un correo solicitando la carpeta íntegra de lo obrado por el Sr. nombre reservado. La solicitud fue negada nuevamente.

Aduce que con fecha 7 de noviembre, volvió a solicitar los antecedentes vía correo electrónico.

Señala que con fecha 10 de noviembre, los miembros del Consejo Superior de Disciplina tomaron conocimiento del asunto, hecho del que se enteró el día 12 de noviembre, según la Resolución N° NUM000.

Alude que con fecha 11 de noviembre, el C.S.D. dictó la Resolución N° NUM000.

Expresa que con fecha 12 de noviembre, fue citado por el Secretario del C.S.D. para recibir la resolución antes mencionada.

Explica que como se advierte, los antecedentes expuestos se da cuenta de un total desprecio por el cumplimiento del debido proceso, situación que se agrava aún más con los términos del fallo emitido con fecha 11 de noviembre.

Añade que nombre reservado, como máxima autoridad, le cabe la mayor responsabilidad en el correcto uso y fiscalización de las herramientas institucionales de todos sus miembros, y en especial en el cumplimiento del Estatuto, el Reglamento de la Corporación y demás normativa afín. nombre reservado, como encargado y mediador entre los organismos de disciplina e investigación, tiene el deber de cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones y deberes para proteger los derechos de los asociados. Su negligencia inexcusable se patenta en no tramitar en tiempo y forma la entrega de la carpeta investigativa al recurrente.

Asimismo, tenía la obligación de comprobar que los miembros del C.S.D. no tuviesen impedimentos legales para participar en la investigación. En este caso, debió advertir que los Consejeros nombre reservado y nombre reservado ya habían tomado conocimiento previo de los asuntos reclamados durante las sesiones que culminaron con mi expulsión el 10 de abril, en la misma 1.ª Sala.

Añade que nombre reservado, como Presidente y miembro de la 1.ª Sala, debió inhabilitarse inexcusablemente para ejercer dicho cargo en la cuestión reclamada, por haber tomado conocimiento previo de los mismos antecedentes que debían revisarse en esta investigación. Cabe recordar que esta Corte ya determinó la ilegalidad de su expulsión (Rol 2539-2025) por no cumplir con los mínimos exigidos para un debido proceso. Con estos antecedentes, ese Consejero debió ser inhabilitado permanentemente para ejercer el cargo de miembro de un Consejo de Disciplina y, además, drásticamente sancionado, toda vez que no puede impartir disciplina faltando gravemente a ella. En este asunto, el Sr.

Superintendente debería hacerse responsable, ser pasado a Consejo Superior y ser sancionado por notable abandono de deberes y por producir daño a la imagen institucional.

Alude que nombre reservado, como Secretario y miembro de la 1.ª Sala, debió inhabilitarse inexcusablemente para ejercer dicho cargo en la cuestión reclamada, por las mismas razones expuestas respecto del Sr. nombre reservado. Esta Corte ya determinó la ilegalidad de su expulsión (Rol 2539-2025) por no cumplir con los mínimos exigidos para un debido proceso. Con estos antecedentes, este Consejero debió ser inhabilitado permanentemente para ejercer el cargo de miembro de un Consejo de Disciplina y, además, drásticamente sancionado. El Sr. Superintendente, por su parte, debería hacerse responsable y ser sancionado por notable abandono de deberes y por producir daño a la imagen institucional.

En relación a nombre reservado, si bien este miembro no se encontraba inhabilitado para conocer del asunto, debe ser puesto a disposición del C.S.D. en razón de la responsabilidad que le cabe en la errónea determinación adoptada mediante la Resolución N° NUM000, que rechazó la denuncia por encontrarse supuestamente fuera de plazo.

Sobre esta resolución, cabe precisar que sus considerandos son: a) lo establecido en el inciso VII, numeral 7, del "Protocolo de Prevención, Denuncias e Investigación ante Casos de Maltrato, Acoso y/o Abuso Sexual y Discriminación Arbitraria"; y b) que el informe no contiene ninguna conclusión ni prueba que acredite que hubo un acto de discriminación en contra del Voluntario Tapia que valide la constitución del presente Consejo. Sin perjuicio de lo anterior, la resolución declaró no proceder con el Consejo por estar el caso fuera de plazo.

Como se puede advertir S.S. Iltma., uno de los considerandos fue la falta de acreditación de actos de discriminación en mi contra; sin embargo, lo resuelto hace alusión únicamente a estar fuera de plazo, lo que resulta contradictorio.

Sobre este punto conviene detenerse, pues el numeral 7 del punto VII del Protocolo, citado por los Consejeros, establece textualmente: "Los organismos disciplinarios del Cuerpo de Bomberos actuarán como jurado y juzgarán, en su mérito, el actuar del denunciado/a, aplicando exclusivamente las sanciones establecidas en el Estatuto y Reglamento General. El plazo para aplicar las sanciones definidas y cerrar el proceso será de 15 días corridos, una vez que los organismos disciplinarios del Cuerpo de Bomberos tomen conocimiento del informe confeccionado por el/la investigador/a. Las sanciones aplicables a estas conductas deben ser conocidas por todos quienes integran el Cuerpo de Bomberos." Como podrá advertir S.S. Iltma., el plazo máximo de 15 días corre desde que los organismos disciplinarios toman conocimiento del informe, hecho que, según la propia Resolución N° NUM000, ocurrió el día 10 de noviembre. Ello significa que solo había transcurrido un día desde que el C.S.D. tomó conocimiento del informe, contando aún con 14 días hábiles para iniciar y concluir el proceso.

La institución ha demostrado de manera reiterada una patología institucional caracterizada por la falta de rigor, transparencia y eficacia, operando con un evidente ánimo doloso y vengativo, desatendiendo su propósito fundamental y su propia normativa interna. Este desprecio se manifiesta en la reincidencia en la ilegalidad, sostenida mediante el fraude procesal, diseñado para simular el acatamiento de órdenes judiciales. Dicha conducta no solo vulnera derechos, sino que garantiza la impunidad sistémica al no imponer sanciones a los infractores y al utilizar subterfugios para invalidar las denuncias, demostrando que la autoridad interna ha convertido la burla a la justicia en un método operativo.

Cabe aclarar a S.S. Iltma. que dentro de la normativa interna del C.B.T. no existe actualmente, en el Estatuto ni en el Reglamento General, un mecanismo de apelación para asuntos de esta naturaleza, razón por la cual resulta necesario recurrir ante esta Iltma. Corte.

Vulneración del derecho a un racional y justo procedimiento (Art. 19 N° 3 C.P.R.).

El proceso interno del Protocolo fue viciado con dolo agravado desde su inicio hasta su resolución, desatendiendo los mínimos de un procedimiento justo. Esto se acredita en: Falta de imparcialidad (juez natural): Los Consejeros nombre reservado y nombre reservado debieron inhabilitarse inexcusablemente por haber tomado conocimiento previo de los mismos asuntos y haber participado en la expulsión previa, cuya ilegalidad fue determinada por esta Corte (Rol 2539-2025). Su participación vicia todo el proceso al vulnerar el principio de imparcialidad.

Negación del derecho a defensa de la víctima: Se negó reiteradamente (numerales 7, 8 y 9) la entrega de la copia íntegra de la carpeta investigativa y del informe del investigador. Esta negación deliberada privó al denunciante del derecho esencial a conocer el mérito de las pruebas en su propio caso y la base del fallo.

Arbitrariedad e irracionalidad en la resolución: El fallo N° NUM000 constituye un ejemplo de fraude procesal, al ser contradictorio en sus fundamentos (considera que no hay pruebas, pero resuelve por vencimiento de plazo) e infundado (alega "fuera de plazo" cuando la resolución fue adoptada faltando 14 días para el vencimiento del plazo fatal). Esta errada aplicación de la norma interna tuvo como único fin anular la denuncia de la víctima.

Vulneración de la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria (Art. 19 N° 2 C.P.R.) La conducta del C.B.T. configura un acto discriminatorio activo en contra del denunciante: Persecución contra la víctima: Al activar el protocolo contra la discriminación, el recurrente se convirtió en el blanco de una retaliación institucional, cuyo dolo se manifiesta en el uso de subterfugios (el falso "fuera de plazo") para invalidar la denuncia y dejar en la impunidad a los victimarios (la Directora, el Sr. nombre reservado y los 16 bomberos que firmaron la exclusión).

Perpetuación del castigo: Se ha negado el acceso a herramientas esenciales de servicio (WhatsApp oficial), manteniéndose la exclusión y el aislamiento del denunciante en abierta burla a la orden de reintegración íntegra dictada por la Corte Suprema.

En síntesis, el recurrido ha utilizado el Protocolo interno no para investigar, sino como mecanismo de blindaje institucional y persecución del denunciante, manteniendo la vulneración de sus derechos con dolo, lo que justifica la intervención inmediata de S.S. Iltma.

Vulneración del derecho a la integridad psíquica (Art. 19 N° 1 C.P.R.).

El derecho a la integridad psíquica de la persona se ve vulnerado en este caso por la cronicidad e intensidad del hostigamiento institucional sufrido por el recurrente. El daño psíquico no proviene de un acto aislado, sino de una estrategia de persecución activa que anula su derecho a la tranquilidad y la seguridad jurídica. Al ser el recurrente el denunciante en un protocolo de acoso, abuso y discriminación, el recurrido responde con una serie concatenada de vicios procesales (falta de imparcialidad de los Consejeros Sres. nombre reservado y nombre reservado; negación reiterada de la carpeta investigativa) que tienen como único fin frustrar su derecho a la justicia. La culminación de este proceso viciado en la Resolución arbitraria y contradictoria N° NUM000 demuestra la voluntad institucional de negar protección al denunciante y perpetuar un ambiente de hostilidad y menoscabo a su dignidad, forzándolo a mantenerse en un estado crónico de alerta y litigio para defender su integridad.

Vulneración del derecho a la honra y al buen nombre (Art. 19 N° 4 C.P.R.). La institución ha actuado deliberadamente para menoscabar la imagen del recurrente, transformando un conflicto legal en una mancha pública e interna. La vulneración se produce al utilizar el propio Protocolo de Abuso, Acoso y Discriminación no para investigar, sino como mecanismo de retaliación y descrédito contra el denunciante. El daño a la reputación y crédito moral del recurrente se evidencia en la Resolución N° NUM000, que al anular la denuncia por un vicio procesal (el falso "fuera de plazo") y señalar que la investigación "no contiene ninguna prueba que acredite que sí hubo un acto de discriminación", desvirtúa intencionalmente la seriedad y veracidad de la denuncia ante la comunidad interna, posicionando falsamente al recurrente como un denunciante frívolo o mendaz.

En cuanto a las medidas de reparación y saneamiento del Protocolo (víctima). Anulación y reinicio de la investigación: Anular la Resolución N° NUM000 y ordenar al Cuerpo de Bomberos de Tomé que reinicie el proceso de investigación sobre la denuncia de acoso y discriminación, asegurando su desarrollo en estricto cumplimiento del Protocolo en cada una de sus etapas, especialmente en materia de imparcialidad y derecho a la defensa.

Protección de la víctima (recurrente): Decretar la debida protección del recurrente para evitar represalias, hostigamiento o exclusión antes, durante y con posterioridad al reinicio del proceso, ordenando oficiar a la máxima autoridad para que se prohíba todo acto que pueda ser catalogado como tal.

Entrega de prueba esencial: Ordenar, bajo apercibimiento, la entrega de la carta con la firma de los 16 bomberos que suscribieron un acuerdo para no trabajar con el recurrente. Dicho documento deberá ser remitido al investigador designado en el nuevo proceso para que cite a declarar a los firmantes y establezca las justificaciones y motivaciones de la discriminación denunciada.

Compromiso de autoridad: Ordenar a la máxima autoridad (Superintendente) que entregue a esta Corte un compromiso formal, por escrito y bajo juramento, de dar cumplimiento estricto al comunicado de fecha 20 de septiembre, en el que materializa su rechazo a todo acto que pueda catalogarse como abuso, acoso, hostigamiento y discriminación arbitraria.

Medidas de responsabilidad disciplinaria (coerción). Sanción de los responsables: Ordenar la remisión íntegra de los antecedentes que prueban las responsabilidades de los recurridos (Sres. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado) al Consejo Superior de Disciplina. Se solicita la intervención de este Iltmo. Tribunal para asegurar que el C.S.D. aplique las sanciones que correspondan conforme al Estatuto y al Reglamento, en razón de las responsabilidades acreditadas en este libelo (vicios de imparcialidad, negación de documentos y fraude procesal).

SEGUNDO: Que, la recurrida, solicita el rechazo del recurso, describiendo que los Cuerpos de Bomberos, están agrupados voluntariamente en la JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE, corporación de derecho privado, que tiene entre sus objetivos, coordinar la acción de los Cuerpos de Bomberos, servir de enlace y medio de consulta entre estos, constituir canal de comunicación expedito entre el Gobierno, servicios públicos y organismos administrativos y los distintos Cuerpos de Bomberos, velar por el cumplimiento de las funciones específicas de los Cuerpos de Bomberos, mantener una Academia Nacional de Bomberos destinada a la docencia y perfeccionamiento técnico de los bomberos voluntarios, no teniendo el carácter de superior jerárquico de los cuerpos de bomberos, como tampoco obligatoriedad en sus circulares e instrucciones, siendo estas meras sugerencias, en atención que son corporaciones distintas.

Explica que n cada región del país, existe un Consejo Regional de Cuerpos de Bomberos organismos dependiente de la Junta Nacional, en torno al cual se agrupan los Cuerpos de Bomberos de la respectiva región, siendo representados en dicha instancia por sus respectivos Superintendentes, eligiendo a un presidente regional quien es el encargado de representarlos como integrante del Directorio Nacional de la Junta Nacional.

Cuenta que cada Cuerpo de Bomberos está organizado bajo la estructura de Corporaciones de Derecho Privado, es decir como una persona jurídica autónoma e independiente, dotada de patrimonio propio, la cual es dirigido por un Directorio General, presidido por el Superintendente e integrados por los Oficiales Generales (nombre reservado, Secretario General, Tesorero General, comandantes) y los directores de las Compañías que lo componen. Cada Cuerpo estará integrado por una o más Compañías, dependiendo el tamaño o extensión de la comuna o agrupación de comunas que atienden y las características geográficas y de población de esta.

Añade que el cuerpo de bomberos de tomé, al igual que los demás Cuerpos de Bomberos del país en su organización y funcionamiento, son esencialmente jerárquicos y disciplinados, están sometidos a las disposiciones de sus respectivos Estatutos o reglamentos según sea el caso.

Explica que los órganos disciplinarios, en cumplimiento de sus funciones Estatutarias, conocen y resuelven sobre las faltas e infracciones cometidas por sus integrantes en ejercicio de sus funciones institucionales, aplicándoles cuando corresponde alguna medida disciplinaria de las establecidas en sus estatutos o absolviéndolos, actuando en todos estos casos con estricta sujeción a las normas del debido proceso, que permitan la notificación de los cargos, escuchen a él o los imputados, reciban prueba y dicten la correspondiente resolución.

En toda su actuación los órganos disciplinarios lo hacen como jurado, no teniendo el carácter de organismos letrados. Es importante señalar que la sanción de faltas o infracciones disciplinarias es con independencia de los resultados de las acciones ejercidas ante los Tribunales de Justicia.

En cada Cuerpo de Bomberos y al interior de las compañías que los conforman, sus oficiales son designados mediante elección, y duran en el ejercicio de su función uno o dos años, pudiendo ser reelectos, todo ello con estricto apego a sus estatutos y reglamentos.

En lo operativo el ejercicio del mando radica en el comandante del Cuerpo, los demás comandantes, los Capitanes y tenientes de cada una de las compañías, o a falta de ellos por el voluntario más antiguo presente en el servicio de emergencia.

Los miembros de los Cuerpos de Bomberos y sus compañías dejan de pertenecer a ellos por fallecimiento, renuncia o aplicación de la medida disciplinaria de expulsión o separación por los respectivos órganos disciplinarios, los que actúan bajo las normas del debido proceso y conforme a las disposiciones de sus estatutos y reglamentos.

En relación al Cuerpo de Bomberos de Tomé, su Directorio General de la Corporación, está constituido por el Superintendente –e integrado por los Oficiales Generales: nombre reservado, Secretario General, Tesorero general, comandantes y los directores de las Compañías que lo componen y miembros honorarios, rigiéndose por normas generales y por sus estatutos y su reglamento general.

Por su parte, frente a ciertas situaciones no abordadas por los Cuerpos de Bomberos, y sin distinción de género, como denuncias de acoso, acoso sexual, hostigamientos y malos tratos, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, a comienzos del año 2019, elaboró un Protocolo para los Cuerpos de Bomberos de Chile ante dichas situaciones, de carácter común para todos los Cuerpos de Bomberos. Este fue puesto a disposición en julio de 2019, con el objetivo de resguardar el derecho, la integridad y dignidad de las personas, estableciendo un proceso formal para recibir, derivar y acompañar denuncias, con la respectiva reserva necesaria para proteger a la o las víctimas y proponer sanciones en caso de que las denuncias resulten efectivas.

Estas últimas deben ser conocidas y resueltas por los organismos disciplinarios competentes, independientemente de los resultados que puedan tener las acciones realizadas en los Tribunales de la República.

La adopción del Protocolo mencionado quedó entregada a la voluntad de cada Cuerpo de Bomberos del país, considerando que cada uno de ellos es autónomo, atendida su naturaleza jurídica como corporación o asociación de derecho privado. En el caso del Cuerpo de Bomberos de Tomé, por acuerdo de su Directorio General, se incorporó el Protocolo a la normativa institucional, haciéndolo aplicable a todos sus integrantes.

Refiere la informante que don nombre reservado es Bombero Voluntario perteneciente a la Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Tomé, quien, con fecha 17 de febrero de 2025, fue sometido a un proceso disciplinario que culminó con su expulsión de la Institución, resolución que fue dictada con fecha 30 de mayo de 2025.

Con fecha 12 de junio de 2025 el recurrente interpuso un recurso de protección, ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, Libro Protección 2539-2025, atendido que consideró que, en el proceso disciplinario llevado en su contra, se vulneraron garantías constitucionales.

Que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, con fecha 22 de agosto de 2025, resolvió dicho recurso en los siguientes términos: “Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: I.- SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad opuesta por los recurridos. II.- SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, dejándose sin efecto su expulsión como voluntario del Cuerpo de Bomberos de Tomé resuelta por el Consejo Superior de Disciplina, y se ordena su inmediata reincorporación, ello sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran realizar las partes.”

Lo anterior fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol 36324-2025, con fecha 25 de septiembre de 2025.

Que, de acuerdo a lo resuelto, el recurrente fue incorporado a todas sus funciones con fecha 29 de septiembre de 2025, disponiéndose que quedaba habilitado para participar en emergencias y demás actividades institucionales, información que fue debidamente comunicada al recurrente y a la compañía a la cual pertenece.

Con la misma fecha, como señala el recurrente, solicitó la activación del Protocolo para los Cuerpos de Bomberos para la Prevención, Denuncia e Investigación ante Casos de Maltrato, Acoso y/o Abuso Sexual y Discriminación Arbitraria, en contra de la Directora de la Séptima Compañía, doña nombre reservado, del bombero don nombre reservado, y de otros 16 bomberos, los cuales no individualiza, atendido que supuestamente no querían trabajar con el recurrente. Sin embargo, omite que se trata de algunos de los testigos o personas que lo acusaron o participaron en el proceso disciplinario que culminó en su expulsión.

Que, activado el procedimiento, se nombró como investigador al Bombero nombre reservado, quien, de acuerdo con el mismo protocolo, citó al recurrente para el día 11 de octubre de 2025 en dependencias del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Tomé. El recurrente asistió y no efectuó recusación alguna.

Conforme al protocolo acompañado, y de acuerdo su Título VII, “Procedimiento Común para los Cuerpos de Bomberos por Denuncia de Maltrato, Acoso y/o Abuso Sexual y Discriminación”, punto 3, el recurrente podía recusar al investigador sin necesidad de expresar causa o motivo, facultad que no ejerció oportunamente y que sólo alega en este acto.

Que, recibida la declaración del denunciante, señor nombre reservado, el investigador, en conformidad al punto 5 del Protocolo, emitió su informe, siendo puesto a disposición del órgano disciplinario de la Corporación, es decir el Consejo Superior de Disciplina, quien de acuerdo al mismo protocolo emitió la resolución NºNUM000 de fecha 11 de noviembre de 2025, determinando que no hubo ninguna conclusión o prueba que acreditara actos de discriminación en contra del recurrente.

Habla la informante de una inexistencia de acto ilegal o arbitrario que sirva de fundamento a la acción intentada, ya que lo que en definitiva pretende el recurrente es someter al conocimiento de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones los hechos que origina su denuncia, desplazando así ́ la potestad disciplinaria que naturalmente le corresponde a la Corporación, con el objeto de que sea este Tribunal quien determine si los hechos deben ser sometidos a un proceso disciplinario.

Indica que es lamentable que se exponga al Cuerpo de Bomberos de Tomé a la Justicia Ordinaria por medio de este Recurso de Protección, entendiendo además que cada Cuerpo de Bomberos es autónomo y cuenta con un régimen disciplinario aplicable, al que cada voluntario se somete desde que ingresa a las filas de su compañía y al Cuerpo de Bomberos al que voluntariamente ingresa, asumiendo que ingresa a una institución jerárquica y disciplinada con más de 174 años de historia.

Que no se ha expuesto a la recurrente del derecho a un racional y justo procedimiento, ya que el recurrente fue debidamente notificado por parte del Investigador Imparcial, siendo citado a declarar, pudiendo entre la fecha de notificación y la citación recusar al investigador conforme al mismo protocolo, cuestión que no realizó oportunamente.

Afirma que respecto de los Consejeros de Disciplina, resulta relevante considerar que, de acuerdo con el Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Tomé, éstos son designados al inicio de cada año por el Directorio General. En consecuencia, el recurrente tenía pleno conocimiento de la composición del Consejo Superior de Disciplina, sin que haya alegado ni presentado recusación respecto de ninguno de sus integrantes.

Que, en cuanto a la supuesta negativa de acceso a la carpeta investigativa, el recurrente no formuló solicitud alguna ante el Investigador Imparcial, no constan comunicaciones a don nombre reservado.

Por el contrario, según consta en los propios documentos que acompañó, dirigió dichas solicitudes al nombre reservado, autoridad que conforme al Protocolo no interviene en las investigaciones ni en la adopción de decisiones de los Consejos de Disciplina.

Añade que no existe igualmente una violación al derecho de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, ya que al recurrente se le aplicó el mismo Protocolo que rige para todos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Tomé, sin distinciones ni privilegios. Dicho Protocolo, que fue activado conforme a la normativa vigente, establece reglas especiales y entrega a los Consejeros de Disciplina la facultad de evaluar los hechos investigados y determinar si existe mérito para someter la denuncia a un proceso disciplinario ante el Consejo de Disciplina.

En este caso, dicho órgano emitió una resolución estimando que no existían antecedentes suficientes para dar curso a un procedimiento disciplinario.

Que, por lo mismo, la decisión de no someter los hechos a un proceso disciplinario no constituye, bajo ningún aspecto, una afectación al derecho de igualdad, ni un acto de discriminación. Muy por el contrario, es una de las posibilidades expresamente previstas en el Protocolo y plenamente ajustada a dicha norma especial, la cual contempla que determinadas denuncias puedan no ser tramitadas si los consejeros estiman que no son susceptibles de seguir las siguientes etapas.

En cuanto al derecho a la integridad psíquica de la persona, afirma que no hay un atentado contra su integridad física, ya que el recurrente realiza una interpretación errónea de dicha garantía. Todo voluntario, al incorporarse a la Institución, conoce y acepta los Estatutos.

TERCERO: Que, cabe el rechazo de la presente acción constitucional, toda vez que, en el presente caso no se avizora que se hayan violentado las garantías constitucionales de quien ejerce la acción del artículo 20 de la Carta Magna.

En efecto, si se analizan los antecedentes, la accionante cuestiona la decisión que se adoptó por parte de la autoridad investigativa del cuerpo de bomberos al cual pertenece, ante su propia denuncia.

Así, de los antecedentes agregados a la presente causa, se desprende que se realizó por parte de los estamentos pertinentes del cuerpo de bomberos, una investigación, ante una denuncia efectuada por el ahora accionante constitucional, quién reviste el carácter de voluntario honorario, en la compañía de Dichato, denuncia que consistía en un supuesto maltrato, acoso y discriminación. En el contexto de dicha investigación se realizó una serie de toma de declaraciones a distintos funcionarios de la compañía de bomberos respectiva.

De dichas declaraciones acompañadas, según lo aportado por los funcionarios, se entregan una serie de antecedentes que dan cuenta de la relación eminentemente conflictiva que provoca la permanencia del ahora accionante constitucional, en la prestación de servicio voluntarios ante la compañía respectiva. Así, se hace alusión a que, en su momento, fue expulsado de la compañía de bomberos respectiva, por una pléyade de cargos que se le efectuaron, sin embargo, aquella decisión fue dejada sin efecto vía acción cautelar, que fue conocida también por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones.

Sin embargo, de los propios antecedentes, surge que la ahora accionante constitucional, dio a dicha sentencia pretérita de esta Corte, un sentido y alcance que no corresponde a la naturaleza de la acción que contempla el artículo 20 de la Carta Magna.

En efecto, no corresponde a estos sentenciadores entrar a analizar lo resuelto por esta misma Corte, sin embargo, no altera lo concluido anteriormente, el señalar que la acción de protección es eminentemente una acción cautelar de derechos, que no procedió a declarar derechos en favor del accionante, sin perjuicio que ordenó el reintegro del bombero al servicio voluntario que prestaba.

Así, si se analiza los antecedentes acompañados por el informante, se desprende que el bombero accionante da a entender a los otros voluntarios, que dicha sentencia les impondría determinadas obligaciones relacionadas con la prestación de servicios voluntarios que desarrolla, sin embargo, de la misma investigación se desprende que el ahora accionante, aparentemente empoderado por lo que él entendió que había resuelto esta Corte, desatiende las órdenes de sus superiores, especialmente si se trata de mujeres, comete faltas a la disciplina, como por ejemplo cuando filma los procedimientos bomberiles en situaciones de real peligro y, se denota el empleo de palabras soeces al momento de interpretar lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, en relación a lo que él interpreta que debería de hacer el acatamiento de lo resuelto en la instancia jurisdiccional referida.

Por lo demás, el informante señala que la supuesta denuncia de acoso, la dirige el ahora accionante, en contra de sus colegas de voluntariado que habrían declarado en su contra, en el momento que fue expulsado de la institución, no siendo contrario a las normas de la sana crítica, estimar que la presente acción constitucional, en cuanto se dirige en contra de una serie de personas, tiene como objetivo una manifestación del resentimiento con el cual debe haber quedado, en contra de los funcionarios que fueron quienes declararon en su contra en la investigación que terminó con su expulsión.

No aparece contrario a las reglas del recto entendimiento humano, la instrumentalización de la presente acción constitucional, con la finalidad de planear un desquite o venganza en contra de sus colegas por el actuar de ellos en el pretérito proceso que terminó con su expulsión de la institución de bomberos.

De esta forma, no se avizora, ni siquiera meridianamente que se hayan violentado sus garantías constitucionales, como las referidas por el recurrente, toda vez que, tal como dice la informante, participó y prestó declaración en dicho proceso, sin plantear inhabilidades respecto de los instructores y tampoco solicitó copias al ente pertinente y como se ha señalado aparece claramente que el accionante, mantiene una situación de conflictos con sus colegas, situación que evidentemente no fue mutada por lo resuelto con anterioridad por la Ilustrísima Corte.

Al no vislumbrarse ni siquiera medianamente una infracción a las garantías constitucionales que cita la recurrente, solo cabe el rechazo de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y lo dispone el artículo 20 de la constitución política de la República, se resuelve: Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de nombre reservado, Superintendente, nombre reservado, nombre reservado del C.B.T., nombre reservado, Presidente de la 1.ª Sala del Consejo Superior de Disciplina (C.S.D.), nombre reservado, Secretario de la 1.ª Sala del Consejo Superior de Disciplina y nombre reservado, integrante de la 1.ª Sala del Consejo Superior de Disciplina. Redactó el Ministro Pablo Zavala Fernández.

No firma la ministra suplente señora Jimena Troncoso Sáez y el abogado integrante señor Maximiliano Escobar Saavedra, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, la primera, por haber cesado en su suplencia y haber retornado a su tribunal de origen y, el segundo, por encontrarse ausente.

Regístrese.

N°Protección-5098-2025.