nombre reservado con nombre reservado

Concepción, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos antecedentes Rol 5.088-2025 del Libro Protección de esta Corte de Apelaciones, compareció Juan Carlos Villanueva Cabas, abogado, actuando en favor de nombre reservado, y dedujo recurso de protección en contra de nombre reservado, Expuso, en síntesis, que durante el año 2025 la actora se ha visto expuesta a una serie de actuaciones por parte de la recurrida, que van en desmedro de su buen nombre. Al respecto expresa que el 08 de enero de 2025, revisó la aplicación Instagram, viendo un mensaje del perfil denominado “Valerifo”, a través del cual, en general la recurrida solicitaba hablar con ella, diciendo que era la nueva pareja de nombre reservado (quien sería pareja de la recurrente nombre reservado), siendo ellos reiterativos, entregando mensajes incluso a la hermana de nombre reservado, lo que ocurría a diario, solicitando que pudieran hablar. Tras la insistencia, la actora decidió responderle indicándole que efectivamente salieron unos días con dicho sujeto, pero que ello no tuvo mayor importancia, agregándole que todo ello se lo debe preguntar a Álvaro.

Luego de este incidente comenzó a recibir llamados, desde distintos números telefónicos +569-59903733 y +569-51193369. Además, procedió a crear distintos perfiles en Facebook a nombre de “nombre reservado” y en Instagram como “nombre reservado”, usando su nombre, fotos como también usa sus datos personales para suplantar su identidad.

Dice que esto último fue denunciado al Ministerio Público, dando origen a la causa RIT O-4254-2025, RUC 2500943282-8, del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, aplicándose el principio de oportunidad, pese a que se estableció que “Los hechos relatados configuran el delito de usurpación de identidad personas, prescrito y sancionado en el artículo 214 del Código Penal”. Dice que no obstante ello, el Ministerio Público estimó que los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede de la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código Procesal Penal, se solicitó por parte del Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Los Ángeles, aprobar el principio de oportunidad, siendo aprobado por el tribunal respectivo, por lo que el asunto en materia penal ha sido resuelto sin establecer la responsabilidad de la recurrida, sólo porque el Ministerio Público determinó no continuar con el procedimiento.

Afirma que posteriormente, ya en el mes de junio, la misma persona, con el perfil de Facebook denominado “nombre reservado”, procedió a comentar en la página oficial del Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles, donde trabaja la actora, señalando: “Tienen una profesora drogadicta en ese colegio por favor realicen test de drogas o llegará al DAEM la denuncia su nombre es nombre reservado por favor trabajan con niños cuiden eso”.

Posteriormente el recurrente transcribe en su recurso una serie de publicaciones similares e impresiones de pantalla de mensajes del mismo tipo, desde distintos números telefónicos.

Añade que no existe ninguna denuncia en contra de nombre reservado en la Fiscalía Local de la comuna de Los Ángeles, que la involucre en algún hecho ilícito, tampoco tiene antecedentes que den cuenta de algún tipo de consumo de drogas o denuncia por parte de algún niño o apoderado en el establecimiento educacional en el que se desempeña, “salvo las malas intenciones plasmadas comentarios en diferentes redes sociales por parte de la recurrida”, a través de correo electrónico dirigido al empleador de la actora.

Afirma que tal acto le ha generado perjuicios, porque producto de ello, su trabajo como docente se ha visto cuestionado públicamente, sin haber tenido oportunidad para defenderse de tal imputación. Añade que dicha publicación ha sido realizada en la red social Facebook y enviado a través de un correo electrónico directamente al empleador de nombre reservado, lo cual demuestra el ánimo de lesionar su imagen profesional, mediante una serie de comentarios ofensivos y negativos.

Explica que esta publicación ha dejado una impresión e imagen negativa respecto de la persona de nombre reservado, ya que la comunidad educativa en la cual se desempeña profesionalmente es relativamente pequeña, y se ha visto expuesta a una posible “funa virtual”, indicando el contenido de la misma.

Argumenta que el acto de realizar publicaciones en internet, a través de correo electrónico al empleador de nombre reservado, publicaciones por la red social Facebook, por Instagram, mediante mensajes de red social WhatsApp y, últimamente, los llamados telefónicos, importan actos que involucran difamación, denostación, mal trato y deshonra en contra de la actora. Afirma que el hecho que la publicación se haya compartido, en la página oficial del colegio en el cual se desempeña nombre reservado, enviado un correo electrónico directamente a su empleador, los mensajes reiterados y las llamadas de hostigamiento, “asienta con firmeza lo relatado”.

Señala que la conducta de la recurrida vulnera las garantías constitucionales consagradas en los números 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por las razones que desarrolla en su recurso.

Concluye solicitando que se acoja esta acción constitucional y ordenar “Eliminar todo el contenido publicado en descrédito de doña nombre reservado, en la cuenta de Facebook a nombre del Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles, solicitando además el cese de todo acto de hostigamiento que afecte su integridad psíquica, su honra y la protección a su vida privada, tales como mensajes de correos electrónicos, mensajería de todo tipo y llamados telefónicos, en su contra, a futuro; en cualquier plataforma digital; y, abstenerse de subir a todo tipo de red social fotografías de doña nombre reservado.”.

Informó nombre reservado, señalando, en lo medular, que es la recurrente nombre reservado, quien ha mantenido conductas reiteradas de hostigamiento hacia su persona, como, por ejemplo, el envío de mensajes directos, así como la solicitud a personas conocidas o cercanas para que se comuniquen con ella e incluso concurran a su lugar de trabajo.

Además, dice que terceras personas vinculadas a la denunciante, han enviado mensajes a su pareja, extendiendo el conflicto hacia su vida privada y generando afectación directa en sus relaciones personales.

Afirma que resulta particularmente grave que la denunciante le enviara imágenes y mensajes afirmando la existencia de un supuesto embarazo relacionado con su actual pareja, hecho utilizado con evidente intención de generar perturbación emocional, conflicto e inseguridad.

Dice que “…he cumplido rigurosamente con todas las solicitudes previamente hechas: eliminé perfiles, publicaciones y toda vía de contacto. No he generado nuevos mensajes, acercamientos ni interacciones de ningún tipo con la denunciante”.

Agrega que, a pesar de su conducta colaborativa, las acciones de hostigamiento directo e indirecto persisten, afectando su tranquilidad emocional, su vida privada y su estabilidad laboral.

Concluye su informe solicitando que “Se ordene el cese inmediato de cualquier tipo de contacto directo o indirecto de parte de la denunciante, nombre reservado, hacia mi persona, incluyendo comunicaciones mediante terceros, redes sociales, visitas presenciales, insinuaciones o mensajes relativos a mi vida privada o la de mi pareja; 2. Se disponga que ambas partes se abstengan de realizar cualquier acto que perturbe o amenace la integridad psíquica, la vida privada o la tranquilidad mutua, con el fin de poner término definitivo a esta situación…”

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

2°) Que, en el caso de que se trata, quien recurre de protección ha tildado de ilegales y arbitrarias las publicaciones que la recurrida ha efectuado en redes sociales y en correos electrónicos enviados al lugar del trabajo de la actora, las que afectarían su derecho a la honra;

3°) Que, por su parte, la recurrida, quien compareció sin patrocinio de abogado, expresó que es la actora quien ha mantenido conductas reiteradas de hostigamiento hacia su persona, como, por ejemplo, el envío de mensajes directos, así como la solicitud a personas conocidas o cercanas para que se comuniquen con ella e incluso concurran a su lugar de trabajo;

4°) Que como puede apreciarse, la recurrida no negó expresamente las publicaciones que aparecen a su nombre-, argumentando que fue la actora quien incurrió en esa conducta; sin embargo, en parte de su informe señaló que “…he cumplido rigurosamente con todas las solicitudes previamente hechas: eliminé perfiles, publicaciones y toda vía de contacto. No he generado nuevos mensajes, acercamientos ni interacciones de ningún tipo con la denunciante”, por lo que resulta razonablemente posible colegir, mediante un procedimiento lógico de inferencia, que efectivamente la recurrida efectuó las publicaciones denunciadas;

5°) Que como se ha dicho en otros fallos sobre esta materia, actualmente es muy frecuente encontrar en las denominadas “redes sociales” publicaciones de textos, imágenes o vídeos que tienen por finalidad “funar” o denunciar públicamente a una persona, natural o jurídica, a la cual se le imputa la comisión de un determinado hecho moralmente reprochable, incluso de carácter delictivo, lo que ha llevado a que esta situación, en algunos casos, haya sido calificada por los tribunales como una manifestación de auto tutela, la cual se encuentra proscrita por nuestro ordenamiento jurídico, lo que cada día va en aumento como “forma de solución unilateral” de determinados conflictos sociales.

Sabido es que en estos casos, existen dos partes, cuyos derechos fundamentales se encuentran en colisión. Por un lado, la libertad de emitir opinión, la cual se manifiesta en el derecho de informar del “denunciante”, de un hecho que le ha ocurrido, para evitar su repetición en otras personas o por otros motivos, que se encuentra amparado por el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, y, por otro, el respeto y protección de la honra del “denunciado”, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Carta Política, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando –como en el caso de autos– se publican en una red social afirmaciones deshonrosas a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa (en este sentido, sentencia -en sede de protección- de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 7 de agosto de 2020, Rol 58.531-2020);

6°) Que, en el sentido recién expuesto, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha señalado en sentencia de 28 de julio de 2020, dictada en recurso de protección Rol N° 58.535-2020, lo siguiente: “Duodécimo: Que, aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el imaginario de la comunicación en el ciber espacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, por ejemplo el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada en un grupo, frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección. Décimo tercero: Que, conforme a lo anteriormente razonado, la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y, por cierto, se encuentra limitada por el derecho al buen nombre que le asiste al afectado por las expresiones deshonrosas que se han vertido en una red social pública, a pesar que había sido la misma actora la que señala que realizó la denuncia que le franquea el ordenamiento jurídico, por lo que es a través de las vías ordinarias que se debe dilucidar si efectivamente aquél había incurrido en conductas contrarias a la ley. Décimo cuarto: Que, en consecuencia, sólo cabe concluir que las expresiones vertidas por la recurrida, por medio de una red social, sin otorgar una posibilidad de respuesta o contra argumentación de la contraria, no pueden tener por objeto sino afectar la honra de quien es sindicado como un agresor sexual, cuestión que en el caso concreto se verifica, toda vez que las expresiones vertidas importan un menoscabo a la persona del actor. Décimo quinto: Que, la actuación de la recurrida constituye una perturbación del derecho a la propia imagen de la recurrente y su derecho a la honra, consagradas ambas en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la que cabe acoger la presente acción cautelar disponiéndose las medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho y brindar la protección debida al afectado.”;

7°) Que el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que es claro que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas y su honra;

8°) Que por lo hasta ahora reflexionado, aparece que en la especie se produce una colisión entre dos garantías constitucionales, a saber, entre el derecho a la honra y la libertad de expresión, las que deben ser debidamente ponderadas.

Sobre el particular, conviene tener presente que, dentro del derecho a la honra, se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando –como en el caso de autos-, se publican en las redes sociales fotografías, nombres de la persona a la que se le atribuye la comisión de delitos, que afectan el concepto público que se tiene de dicha persona, socavando su prestigio y la confianza que poseen en el entorno social en el que se desenvuelven, lo que implica necesariamente una afectación o perturbación a su derecho a la honra, que la Constitución Política de la República de Chile le garantiza en su artículo 19 N°4;

9°) Que, en consecuencia, las actuaciones imputadas a la recurrida vulneran respecto de la persona recurrente la garantía protegida en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, por lo cual la presente acción constitucional debe ser acogida, en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones, normas constitucionales citadas, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que la recurrida deberá eliminar de las redes sociales más arriba indicadas, en especial de Facebook, y en forma inmediata, toda alusión que se vincule con la mencionada recurrente, debiendo abstenerse ésta, en lo sucesivo, de remitir correos electrónicos a la actora y al lugar de trabajo de ésta.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

Rol N° 5.088-2025. Protección.