Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Concepción shp Concepción, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece Jorge Andrés Correa Fuentes, abogado, en favor de la niña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros NºNUM000, de nacionalidad venezolana, quien previa ratificación de nombre reservado padre de la niña, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de la Resolución con fecha 23 de enero de 2026, que resuelve no acoger a trámite la solicitud de residencia definitiva.

Sostiene que dicha actuación administrativa sería ilegal y arbitraria, vulnerando su derecho fundamental a la libertad personal y seguridad individual, en los términos del artículo 19 Nº7 letras a) y b) de la Constitución Política de la República, interfiriendo gravemente en su derecho a residir y permanecer en el territorio nacional.

Refiere el recurrente que la recurrente, de 12 años de edad, ingresó a Chile junto a sus padres el 14 de diciembre de 2020 por un paso no habilitado, motivados por la crisis en su país de origen y con el fin de reunificarse con su otra hija que ya residía en el territorio nacional.

Señala que, encontrándose en el país, inició su proceso de regularización, otorgándosele visación de Residencia Temporal en categoría "Niños, Niñas y Adolescentes" mediante Resolución Exenta N° NUM001 de 29 de noviembre de 2023, con vigencia hasta el 12 de diciembre de 2025. Añade que, de manera oportuna, el 9 de diciembre de 2025 se presentó la solicitud de Residencia Definitiva.

Aduce que la niña ha desarrollado un arraigo efectivo en Chile, encontrándose matriculada para cursar 1° medio en el Colegio nombre reservado de la ciudad de Concepción. Asimismo, expone que depende económica y emocionalmente de sus padres, nombre reservado y nombre reservado; argumentando que su padre cuenta con un contrato de trabajo indefinido vigente desde marzo de 2021 en la empresa Bohle Araya Construcciones S.A., siendo el principal sustento del hogar, mientras que su madre enfrenta un tratamiento médico por una patología hematológica.

Alega que el Servicio Nacional de Migraciones, al no acoger a trámite la solicitud por estimar incumplidos los requisitos del artículo 65 N°1 y N°2 del Reglamento de la Ley N°21.325, incurre en una omisión de ponderación real de sus circunstancias personales, vulnerando el principio de legalidad, el interés superior del niño y la tutela jurídica de los vínculos de familia.

Solicita en definitiva que se deje sin efecto la resolución impugnada, se ordene dar curso y tramitación a la solicitud de Residencia Definitiva presentada respecto de la recurrente, resolviéndose conforme a derecho y previa ponderación efectiva de sus circunstancias personales, en especial su condición de niña y su interés superior.

Informó don Martín Ignacio Reyes Herrera, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes. Expone que la niña extranjera nombre reservado ingresó al país por paso no habilitado en compañía de sus padres el 14 de diciembre de 2020. Confirma que se le otorgó un permiso de residencia temporal NNA y que, con fecha 9 de diciembre de 2025, ingresó solicitud de residencia definitiva N° ID NUM002.

Señala que, para sustentar dicha solicitud, se adjuntó una declaración jurada de expensas de su padre, nombre reservado, quien reside en situación irregular en el país tras ingresar por paso no habilitado según consta en parte policial N°NUM003 de 4 de enero de 2021.

Argumenta que el fundamento de la no admisión a trámite, notificada el 23 de enero de 2026, radica en que no se logran acreditar medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la interesada y su grupo familiar, ni la estabilidad laboral del sostenedor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 N°1 y 2 del Decreto 296 (Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería). Al encontrarse el padre en situación migratoria irregular, se le prohíbe realizar actividades lícitas remuneradas conforme al artículo 109 de la Ley 21.325, imposibilitando la acreditación de ingresos estables exigida por la normativa para postular a la residencia definitiva.

Afirma finalmente que no existe acto arbitrario o ilegal que deje en indefensión a la extranjera, puesto que la resolución recurrida no impuso una medida de abandono del país ni de expulsión. Por el contrario, la solicitud fue derivada de oficio al Departamento de Residencias Temporales, bajo el ID N°NUM003, para analizar el otorgamiento de un nuevo permiso temporal, proceso que actualmente se encuentra en estado pendiente. En consecuencia, la actuación de la administración se ajustó estrictamente al artículo 40 de la Ley N° 19.880 y a la normativa migratoria vigente.

Informó don nombre reservado y Jefe de la Prefectura Provincial Concepción, por la Policía de Investigaciones de Chile, indicando que, consultados los Sistemas Computacionales Institucionales (GEPOL, BRAIN y Residentes), la ciudadana nombre reservado no registra órdenes de detención pendientes, antecedentes policiales ni encargos judiciales vigentes en su contra, y no registra movimientos migratorios por pasos controlados o habilitados.

En el Sistema B3000 del Ministerio del Interior constan las solicitudes de residencia temporal de 2022, el otorgamiento de la misma en 2023, y la resolución que no acoge a trámite la permanencia definitiva de 23 de enero de 2026.

Finalmente, deja constancia de que el Servicio Nacional de Migraciones es el ente competente para resolver sobre el otorgamiento o rechazo de beneficios migratorios.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO: 1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se refieren, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto. 2°.- Que, el acto impugnado consiste en la Resolución de fecha 23 de enero de 2026, emanada del Servicio Nacional de Migraciones, por medio de la cual no se acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva presentada en favor de la niña nombre reservado, remitiéndose sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, al estimar que no se cumple con los requisitos económicos previstos en el Reglamento. 3°.- Que, para acceder a la Residencia Definitiva, la Ley Nº 21.325 establece que el solicitante debe cumplir los requisitos fijados por la categoría o subcategoría correspondiente. El artículo 88 de dicho cuerpo legal dispone que deben rechazarse las solicitudes de residencias de quienes no cumplan dichos requisitos. A su turno, el Decreto 296, que aprueba el Reglamento de la Ley 21.325, establece en su artículo 2 inciso 1 que "es deber del Estado promover una migración regular y ordenada, orientada a que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país... de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales". 4°.- Que, en armonía con lo anterior, el artículo 65 numerales 1 y 2 del referido Decreto 296 impone requisitos objetivos para acceder a la residencia definitiva, entre los que se cuentan acreditar la suficiencia de medios de vida que permitan la subsistencia del interesado y la de su grupo familiar, así como la estabilidad laboral del requirente o su sostenedor. Según informan los antecedentes de la causa, el sostenedor económico de la niña recurrente, su padre se encuentra en situación migratoria irregular en el país, lo cual le prohíbe realizar labores remuneradas lícitamente a la luz del artículo 109 de la Ley 21.325, haciendo jurídicamente imposible la acreditación formal de los ingresos exigidos por el Reglamento para la obtención de un permiso de carácter definitivo. 5°.- Que, tal como indica la propia resolución recurrida y el informe de la recurrida, frente a la improcedencia de acoger la solicitud de residencia definitiva, la autoridad migratoria no dispuso el abandono del país ni dictó medida de expulsión alguna, sino que derivó oficiosamente los antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, creándose el requerimiento ID N° NUM003 con el objeto de analizar el otorgamiento de una residencia de carácter temporal. 6°.- Que, de acuerdo a lo expuesto, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la decisión administrativa adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones, desde que ella se limitó a constatar el incumplimiento objetivo de un requisito reglamentario indispensable para la concesión del permiso solicitado. El actuar de la recurrida se enmarcó dentro de sus facultades legales, procediendo de forma lógica y proporcional al reconducir la solicitud hacia la vía temporal, protegiendo así la regularidad migratoria de la niña sin dejarla en el desamparo o sujeta a medidas sancionatorias.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente María Alejandra Ceroni Valenzuela.

N° Protección-5080-2026.