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Derecho público chileno

MigraciónRol N° 5064-20255 dic 2025

Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Fecha
5 de diciembre de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de Concepción
Sala
1ª Agregadas Masivas
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 5064-2025, sentencia de 5 de diciembre de 2025

Resumen

Se rechaza la protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en resolver la solicitud de refugio: la Corte estima justificada la demora por la sobrecarga del servicio y advierte que acelerar el caso por esta vía afectaría la igualdad ante la ley.

Texto íntegro

C.A. de Concepción CQF/mmb Concepción, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de Resolución Exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, solicitada en el año 2018.

Relata que el recurrente se vio en la imperiosa necesidad de abandonar su país de origen, ingresando al territorio nacional el 12 de septiembre de 2018, con el propósito de escapar de la situación política y económica que le aquejaba, en razón de la crisis humanitaria que le impedía desarrollar una vida en plenitud, como consecuencia directa de las políticas represivas del aparato estatal hacia la disidencia política, siendo este un hecho público y notorio en la esfera del ámbito internacional. El 12 de septiembre de 2018, nombre reservado, solicitó reconocimiento de la condición de refugiado, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en este país, lo cual se acredita de los estampados de visa temporal por periodos de 8 meses que les fueron acreditados.

Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta del servicio recurrido, lo que lo mantiene en un situación de preocupación e incertidumbre, estimando que se ha vulnerado con esta omisión lo dispuesto en el artículo19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880 y asimismo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 21.325 y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 296 de 2022.

Concluye solicitando que se acoja el recurso y que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones y a la Subsecretaria del Interior, que se pronuncien sobre su solicitud dentro de un plazo razonable, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 296 o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos, con costas.

Afirma que tal hecho ha vulnerado lo dispuesto en la Ley 20.430 y además agrega que se vulneran las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida que se pronuncie sin mayor dilación sobre la solicitud presentada, con costas.

La abogada Alejandra Salinas Silva, en representación de la Subsecretaria del Interior, luego de hacer referencia a la legislación aplicable a esta materia, señala que, según lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones a esta parte, de manera interna, consta que la parte recurrente solicitó el reconocimiento de su condición de refugiado con fecha 13 de septiembre de 2018, por lo que el análisis de su requerimiento ya se encuentra asignado para su debida tramitación ante dicho Servicio.

Refiere que, una vez concluida la tramitación del acto administrativo que resuelva dicha solicitud, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Acompaña documentación a su recurso.

La parte recurrida Servicio Nacional de Migraciones, informa que, nombre reservado, registra fecha de ingreso al País por el paso fronterizo carretera Chacalluta con fecha 19 de abril de 2018; que, con fecha 13 de septiembre de 2018 el recurrente ingresa solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Departamento de Extranjería y Migraciones; que, por Resolución exenta N°NUM000 de fecha 13 de septiembre de 2018 del Departamento de Extranjería y Migraciones se le otorga visa temporaria de refugio por el periodo de 8 meses en calidad de titular; que se le otorgo prorrogas de dicha visa sin interrupción, por periodos de 8 meses; que, mediante oficio ordinario N°NUM001 de fecha 26 de octubre de 2020 del Departamento de Extranjería y Migraciones se cita al extranjero a entrevista de elegibilidad, la cual se lleva a efecto exitosamente; Que, con posterioridad a la entrevista se otorga al recurrente prorroga de visa temporaria; qué, luego de varias prorrogas sucesivas durante los años 2023 y 2024, el recurrente se encuentra residiendo en el país con prorroga de visa temporaria otorgada por resolución exenta N°NUM002 de fecha 4 de julio de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones la cual se encuentra vigente por un periodo de 8 meses en calidad de titular. Precisa que, la residencia temporal de refugio del recurrente se encuentra vigente.

Añade la informante, que no se vislumbran antecedentes objetivos, de ningún tipo, que reflejen un actuar negligente o una conducta omisiva que infrinja, en primer lugar, las disposiciones de la propia Ley N°20.430 y su respectivo Reglamento. En consecuencia, tampoco se distingue un acto u omisión ilegal o arbitraria, emanada de esta parte, por el cual se haya privado, vulnerado o amenazado, de alguna manera, el derecho fundamental que se pretende cautelar por la presente acción de protección, atendido que, la situación de pendencia de su solicitud no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional.

Concluye solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La Policía de Investigaciones de Chile, Prefectura Provincial Concepción en RES: NºNUM003, de 13 de noviembre de 2025, informa que nombre reservado, registra en el sistema Gepol, ingreso al país el 19 de abril de 2018, no registra órdenes de detención pendientes, ni encargos judiciales vigentes. En el sistema BRAIN institucional, registra denuncia N°NUM004, de fecha 23 de agosto de 2018, por permanecer en Chiles a pesar de tener su permiso de turismo vencido. En el sistema Residentes de la institución, registra domicilio en domicilio reservado; que el sistema B3000 del Ministerio del Interior, registra Recurso de Protección N°NUM005 de fecha 28 de agosto de 2018, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta; Resolución Exenta N°NUM000 de 13 de septiembre de 2018, del Servicio Nacional de Migraciones que otorga visa temporaria de refugio por 8 meses; registra Resolución Exenta N°NUM006 de 11 de noviembre de 2018, de la Gobernación Provincial de Antofagasta, otorga autorización de trabajo por 4 meses; registra Resolución Exenta N°NUM007 de 02 de abril de 2019, de la Gobernación Provincial de Antofagasta que otorga visa por un año; luego informa respecto de varias resoluciones exentas que otorgan prorroga de visa temporaria de refugio, siendo la última Resolución Exenta N°NUM002 de fecha 4 de julio de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones la cual se encuentra vigente por un periodo de 8 meses en calidad de titular.

Agrega, que la entidad encargada de resolver el otorgamiento o rechazo de beneficios migratorios, es el Servicio Nacional de Migraciones.

La abogada Alejandra Salinas Silva en representación de la Subsecretaría del Interior luego de hacer referencia a la normativa que regula las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado, señala que dichas peticiones se ingresan y tramitan ante el Servicio Nacional de Migraciones, autoridad administrativa que actúa como Secretaría Técnica según la Ley N°20.430 y que el Ministerio de Interior interviene sólo al final del procedimiento, tras existir un pronunciamiento de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Precisa que las solicitudes de la presente causa se encuentra actualmente en trámite ante el Servicio Nacional de Migraciones, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°20.430 y su reglamento, el recurrente es titular de residencia temporal de refugio, beneficio que conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la referida ley y el artículo 42 de su reglamento, se otorga una vez acogida a trámite la solicitud de refugio, la cual se extiende por ocho meses prorrogables hasta que se resuelve de manera definitiva por la autoridad correspondiente, encontrándose, por tanto, actualmente el recurrente en una condición migratoria regular mientras siga en curso su solicitud.

Concluye indicando que, durante la tramitación de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, no existen infracciones a derechos fundamentales del requirente, ya que mantiene su estatus migratorio regular, al ser titular de una residencia temporal.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil- o arbitrario o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en orden a acoger o rechazar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, solicitada en el año 2018, que el recurrente presentó ante la entidad recurrida, alegando que ha demorado en exceso al resolver su solicitud, actuando en contravención al principio de celeridad establecido en la Ley 19.880.

Tercero: Que, atendido a lo señalado por la Policía de Investigaciones de Chile en su informe, se advierte que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado esta en la tramitación ante el Servicio Nacional Migraciones, por lo que no existen antecedentes que den cuenta de un hecho constitutivo de alguna vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, en cuanto a la Subsecretaria del Interior, se advierte que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado no ha sido ingresada a esa Cartera de Estado, estando en la tramitación ante el Servicio Nacional Migraciones, por lo que no existen antecedentes que den cuenta de un hecho constitutivo de alguna vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, conforme lo ha informado el Servicio Nacional de Migraciones, la solicitud de condición de refugiado de la parte recurrente se encuentra en actual tramitación conforme al procedimiento establecido en la Ley N°20.430 y N°21.325, de modo que no se advierte un acto u omisión arbitrario específico y de la entidad suficiente que vulnere sus garantías constitucionales, salvo la demora ostensible en obtener una decisión administrativa acerca de su solicitud, la que produce incertidumbre en el recurrente; pero encuentra una razón explicativa en el hecho que el Servicio Nacional de Migraciones está sobrepasado en su capacidad para dar respuestas a las solicitudes efectuadas por los ciudadanos extranjeros, en atención al gran número de peticiones ingresadas y en actual tramitación, por lo que resulta imposible pronunciarse en los plazos establecidos en la Ley N°19.880.

Sexto: Que, por otra parte, de acogerse este requerimiento y acelerarse el proceso administrativo en curso por esta vía, podría eventualmente implicar una vulneración del principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 19, N°2 de la Carta Fundamental, respecto de las personas que verían demoradas las respuestas a sus pretensiones, frente a quienes, de contrario, a través de esta acción, obtendrían que la autoridad administrativa se abocase con prioridad y preferencia al análisis y resolución de sus requerimientos.

Séptimo: Que, conforme a lo razonado precedentemente, el presente arbitrio constitucional deberá ser desestimado, por cuanto no se advierte en el actuar del Servicio recurrido la existencia de arbitrariedad ni ilegalidad que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5064-2025.