nombre reservado con MUNICIPALIDAD LOS ANGELES

C.A. Concepción.

Concepción, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En folio 1, don Alfonso Molina Escobar, abogado, en representación de don nombre reservado, chofer, con domicilio “domicilio reservado”, interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, representada por su alcalde don Esteban Krause Salazar, domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la separación definitiva de funciones del recurrente como chofer de bus escolar para la recurrida en su Departamento de Administración Municipal decretada el 14 de marzo del corriente y solicita que se acoja la acción, declarando ilegal la decisión de la recurrida de separar a su representado indefinidamente de sus funciones, disponiéndose, en cambio, que debe volver a sus labores habituales, debiendo ordenarse su reincorporación a sus funciones, reintegro que se debe realizar en las mismas condiciones en las que se desempeñaba al momento de ser separado, declarándose que el actuar es ilegal y arbitrario, con costas.

Funda su acción en que su representado se desempeña como chofer de transporte escolar de los establecimientos educacionales dependientes de la Municipalidad de Los Ángeles, mediante contrato de trabajo de 16 junio de 2008, en carácter indefinido y cuyas funciones detalla. Añade que el 12 de octubre de 2022, nombre reservado le informa a su representado que existía una acusación de en su contra de una alumna que dice haberse acercado a ella en forma inapropiada. Luego le entrega un documento denominado “Fecha de Inicio de Protocolo de Actuación”. Añade que no ha existido un debido proceso, porque no se le ha señalado quien es la denunciante, para hacer sus descargos, tampoco se le ha comunicado quién es la persona a cargo de la investigación. Con ello no sólo se vulneran las garantías constitucionales de su representado, sino que no se cumple el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Municipalidad, tampoco su Reglamento de procedimiento ante denuncias de acoso o abuso sexual.

Por esta situación su representado fue apartado de sus deberes diarios, que es el traslado de alumnos al colegio, en un bus fiscal, y se le ordena que se le prohíbe acercarse o ingreso a la escuela y tampoco trabajará en otro colegio.

Argumenta que el actor se sumergió en una depresión por la denuncia de hechos inexistentes y por el nulo apoyo del colegio, transcurrió el año escolar 2022, pensando que el año 2023 sería incorporado en sus funciones, porque no existen cargos penales en su contra, ni es acusado en sumario administrativo ni instancia similar, sin embargo, el 14 de marzo 2023, en reunión con el Jefe DAEM, le indicó que continuaría de manera indefinida apartado de sus funciones y se le ha destinado a los estacionamientos de los buses escolares, en un container, debe “hacer hora” hasta la salida, en un lugar que no reúne condiciones para realizar alguna labor, anti higiénico, lúgubre, sucio, indigno.

Sostiene que la conducta de la recurrida es arbitraria y contraria a derecho estimando conculcadas las garantías establecidas en el artículo 19 N°1°,2°,3°,4° y 16 de la Carta Fundamental, según explica.

En el folio 8, doña María Morales Sobarzo, abogada, en representación de la Municipalidad de Los Ángeles, pide el rechazo de la acción con costas.

Argumenta la inexistencia de una actuación arbitraria e ilegal de la Municipalidad de Los Ángeles. Expone que el actor se desempeña para la Dirección de Educación Municipal, DAEM, desde el año 2008, y desde el año 2020 hasta octubre de 2022, como chofer, en el traslado de alumnos de la Escuela 21 de Mayo. En relación con otras funciones, las niega.

Añade que el 11 de octubre de 2022, algunas alumnas de 7mo básico de la Escuela 21 de Mayo, interpusieron denuncia en contra del recurrente, por lo que se activó el Protocolo de Actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes (De funcionario a Estudiante), específicamente el relativo a “SOSPECHA”, que se debe activar “cuando se observan cambios significativos en el estudiante o existen rumores, comentarios sin certeza, acerca de una situación de estas características.” En razón de aquél, el funcionario fue notificado, el 12 de octubre de 2022 y formuló descargos en este proceso el 19 de octubre de 2022. El Sr. nombre reservado tiene conocimiento cabal de lo obrado en este proceso.

Luego de haberse activado el protocolo y como una medida de seguridad, a la luz de su contrato y de lo dispuesto el artículo 12 del Código del Trabajo, se le trasladó, lo que se le comunicó el 12 de octubre de 2022 y por el Jefe de Movilización el 13 de octubre del 2022, señalándole que cumpliría sus funciones bajo dependencia directa del DAEM, en el traslado de funcionarios que prestan servicios en la administración central, las que detalla, sin embargo, el recurrente manifestó su negativa y prefirió quedarse en el lugar de descanso destinado para los conductores ubicado en la Ex. Escuela G 910, lugar donde además se encuentran las instalaciones de Bodega del DAEM, pañol y estacionamiento de vehículos de transporte de alumnos, en espera de retomar sus funciones en el mencionado establecimiento.

La instalación a la que alude el recurrente, cuenta con diversas áreas como oficinas y comedor en perfecto estado y han sido evaluados por las unidades de prevención de riesgos del DAEM y la mutualidad ACHS.

Añade que en noviembre de 2022, el recurrente presentó denuncia por vulneración de derechos fundamentales en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, ante el Tribunal de Letras del Trabajo de esa comuna, causa RIT T-107-2022, siendo entonces procedente la espera de fallo. En diciembre de 2022, la municipalidad es notificada de una medida cautelar, otorgada por el tribunal de Familia de Los Ángeles de 26 de diciembre de 2022, en contra del recurrente, causa P-1.955-2022, en que se le prohíbe acercarse al domicilio de la madre de la menor denunciante y a ésta, lo que viene a corroborar la imposibilidad que realice sus funciones en el mismo establecimiento.

Argumenta también la existencia de procedimiento de lato conocimiento sobre los mismos hechos con resolución pendiente ante el Tribunal del Trabajo de Los Ángeles, en la causa RIT T-107-2022, según explica, Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19” podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

2°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

3°.- Que el recurrente sostiene que ha sido separado de sus funciones laborales mediante un acto arbitrario e ilegal de la recurrida, la que, a su vez, sostiene que su decisión se encuentra justificada, fundada en los hechos y argumentos ya señalados en la parte expositiva de este fallo.

4°.- Que con el mérito de los antecedentes aportados por la recurrida, especialmente, aquel que da cuenta de que el recurrente ha sido denunciado ante el Ministerio Público, el 12 de octubre de 2022, por una alumna respecto de “conductas que le resultan abusivas, por lo que refiere sentirse afectada por esta situación debido a la proximidad física, además realizaría comentarios de su aspecto físico a ella y también a sus compañeros.

Se refiere además que existe video donde abraza a niñas del establecimiento” (folio 6 N° 8)

También se aportó un informe que da cuenta del inicio de un Protocolo de Actuación frente a agresiones sexuales, en que se indica que el recurrente fue notificado, el 12 de octubre de 2022 y formuló descargos el día 19 de dicho octubre de 2022; se indican también las conclusiones de ese procedimiento (folio 6 N°10). Además, se aportó copia del decreto que ordena la instrucción de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades administrativas del recurrente (folio 6 N° 7).

En la causa RIT P-1.955-2022, el Juzgado de Familia de Los Ángeles, en su oportunidad, adoptó una medida de protección en favor de una niña con motivo de aquellos hechos y en contra del recurrente (folio 6 N° 13,16, 17; folio 11).

El recurrente, por otra parte, ha deducido acciones de tutela por vulneración de derechos fundamentales e indemnización de perjuicios por daños no patrimoniales en contra de la recurrida, fundada, la primera de ellas (rol T-107-2022), entre otros aspectos, en “acusación de acercamiento inapropiado a una alumna” en su contra y en “cambio arbitrario de funciones y prohibición de entrada a lugar de trabajo”, las que se encuentran en tramitación (folio 6 N° 1,2, 3,4,5,6).

5°.- Que ante la denuncia de los hechos antes indicados y las medidas de protección adoptadas, especialmente por el Juzgado de Familia, las actuaciones de la recurrida, en cuanto a separar al recurrente de sus labores habituales resulta razonable, pues precisamente es en el desempeño de dichas funciones que se le atribuye responsabilidad por ciertos hechos al recurrente.

6°.- Que la naturaleza propia de la acción constitucional en análisis y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias propias de un procedimiento declarativo, como son las propuestas por el recurrente al solicitar amparo con motivo de un contrato de trabajo; más aún si a causa de los hechos en que sustenta esta acción, también ha deducido acciones de tutela de derechos fundamentales, por lo que la materia se encuentra sometida actualmente al imperio del derecho y, en consecuencia, ninguna medida podría disponer esta Corte, ya que aquello está entregado a la decisión del tribunal competente.

7°.- Que, además, es improcedente conocer y resolver las materias propuestas por medio de la presente acción cautelar, la que se encuentra destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales que se estiman afectados estén indubitados, lo que no acontece en este caso, según se ha establecido.

8°.- Que atendido lo concluido es innecesario el análisis de las garantías constitucionales que se estiman conculcadas y ponderar los demás documentos acompañados.

9°.- Que el recurrente ha tenido motivos plausibles para litigar por lo que no será condenado en costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por don Alfonso Molina Escobar, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó Camilo Álvarez Órdenes, ministro titular.

No firma el abogado integrante señor Marcelo Matus Fuentes, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol protección 5.059-2023.-