nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL CONCEPCION

Concepción, a tres de febrero de dos mil veinticinco.

VISTO:

Que comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT: RUT reservado e interpone acción constitucional en contra del Servicio de Impuestos Internos — Dirección Regional de Concepción, por un acto ilegal y arbitrario respecto de la Resolución Exenta N° 77325139170, de fecha 14 de octubre de 2025, la que restringió su acceso y negó un beneficio de ley, fundando principalmente su decisión de la aplicación del oficio N° 1017 de 23.05.2024 el cual contiene vicios de legalidad, juridicidad y motivación y que parcialmente deniega acceso al beneficio por causal extralegal fuera de normativa, ya que el acto recurrido vulnera derechos constitucionales consagrados en los artículos 19 N°2, 19 N°3 inciso 7° y 19 N°26 de la Constitución Política de la República.

Expresa que el recurrido se funda en una interpretación administrativa carente de habilitación legal expresa, con vicios importantes, ya que carece de motivación suficiente y no indica recursos procedentes y aplica criterios contradictorios que lesionan la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.

Refiere que el Contribuyente tiene inicio de actividades desde el 1 de diciembre de 2022 en el giro de arriendo de inmuebles amoblados y que, conforme a su giro, adquirió 4 bienes raíces, de los cuales 2 están acogidos al beneficio DFL 2.

Expresa que con fecha 14 de octubre de 2025, la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos dictó la Resolución Exenta N° 77325139170, mediante la cual denegó su acceso al beneficio de devolución de crédito fiscal por IVA invocada bajo el artículo 27 bis de la LIVS.

Señala que la resolución se apoya íntegramente en la doctrina administrativa contenida en los Oficios N° 1017-2024 y 1452-2024, los que sostienen, en esencia, que los arriendos amoblados de inmuebles acogidos al régimen DFL2 no constituirían hecho gravado de IVA, restringiendo acceso al beneficio.

Explica que parcialmente deniega beneficio para la 3era y 4ta unidad con fundamento fuera de la normativa y sin relación, por lo que en la práctica, dicha decisión priva al recurrente del ejercicio efectivo de un derecho legalmente regulado y genera, de modo actual y real, la afectación de garantías constitucionales.

Informa que respecto de Oficio N° 1017-2024, doctrina y proceso, existe un incumplimiento en su deber de fundamentación, ya que el caso analizado, el Servicio de Impuestos Internos, ha excedido el marco de su potestad de interpretación administrativa al sostener una posición de carácter legal, sin ofrecer motivación suficiente, ni razonamiento jurídico coherente, en contravención a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880.

Explica que el acto impugnado formula una interpretación normativa que entrelaza disposiciones de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) y el DFL N° 2, sin explicar adecuadamente cómo dicha concatenación logra prevalecer sobre el hecho gravado expresamente establecido en la LIVS, ni cómo su postura se armoniza con el marco jurídico vigente, por su parte el oficio omite toda referencia al sistema de jerarquía normativa, a los principios de especialidad, coherencia y supletoriedad, impidiendo comprender la lógica interpretativa empleada y su relación con el principio de legalidad tributaria.

Afirma que conforme al artículo 13 del Código Civil, entre dos disposiciones en conflicto debe prevalecer la norma especial sobre la general. El hecho gravado contenido en el artículo 8° letra g) de la LIVS, por su carácter específico, debe prevalecer sobre la norma de remisión de exención general de la LIVS. Sin embargo, el SII extiende la aplicación de dicha exención sin justificación jurídica ni técnica explícita, prescindiendo del análisis de prevalencia normativa y del principio de interpretación conforme a derecho.

Expone que, de igual forma, el oficio analizado omite explicar por qué al empresario individual, que tributa en Primera Categoría, mantiene contabilidad completa y desarrolla una actividad empresarial, al que se le otorga tratamiento de persona natural en vez de contribuyente empresarial.

Expresa que si bien el empresario individual no constituye persona jurídica distinta, tributariamente opera como empresa, aplicándosele las normas de los artículos 20 N° 3 de la LIR, teniendo los mismos deberes que una empresa y por ende gozando de los mismos derechos que cualquier contribuyente de esa categoría, ya que sus ingresos provienen de una actividad empresarial; declara y paga IVA y Renta de Primera Categoría; tiene derecho al crédito fiscal, a la depreciación de activos y, si cumple los requisitos, a la restitución del artículo 27 bis de la LIVS.

Afirma que el Oficio carece de un razonamiento lógico coherente y detallado, aunque cita preceptos legales no ofrece análisis sistemático y no explica cómo resolvió la colisión de normas, ni por qué o como jerarquizó una exención genérica sobre un hecho gravado expreso.

Señala que, sobre el deber de fundamentar de manera suficiente, constituye un deber enteramente exigible, tal como lo ha analizado la corte suprema, citando jurisprudencia al efecto.

Afirma que existieron errores de hecho y de derecho, advirtiendo que el oficio incurre en errores de hecho y de derecho al confundir una exención con una desafectación, otorgando a esta última efectos jurídicos que la ley no contempla. En efecto, el SII sostiene en el oficio 1017-2024, párrafo 5, sección II análisis, que: “Como consecuencia de lo anterior, lo establecido en el artículo 27 bis de la LIVS no es aplicable respecto de las viviendas económicas que cumplen los requisitos y límites establecidos en el DFL N° 2, al tratarse de activos fijos que no se destinan a una actividad que se afecte con IVA.”, afirmación que revela una comprensión incorrecta del hecho gravado previsto en el artículo 8° letra g) de la LIVS, que expresamente considera afectos a IVA los arrendamientos de bienes corporales muebles e inmuebles amoblados.

Expresa que la existencia de una exención legal no elimina el hecho gravado: solo suspende sus efectos tributarios, manteniendo la naturaleza de operación gravada, siendo la desafectación, en cambio, implica que la operación no constituye hecho imponible, lo que no se configura en el presente caso, por lo que al asumir en SII. erróneamente la existencia de una actividad “no afecta” en lugar de “exenta”, construye sobre una premisa fáctica incorrecta, negando indebidamente el acceso un derecho reconocido en el artículo 27 bis de la LIVS, vulnerando con ello el principio de legalidad tributaria al modificar los efectos de la ley mediante un acto administrativo.

Señala que existe una falta de juridicidad y un exceso de competencia, ya que si bien el Servicio de Impuestos Internos posee la facultad de interpretación administrativa conforme al artículo 6° letra A N°1 del Código Tributario, dicha atribución no le permite alterar el contenido esencial de la ley, ni crear exenciones no previstas por el legislador, sino fundamentar detalladamente las razones por las cuales la norma de remisión debía prevalecer sobre el hecho gravado expreso, por lo que al omitirlo, el Servicio actuó sin control de legalidad, excediendo su potestad y vulnerando los principios de motivación, juridicidad e igualdad ante la ley que deben regir toda actuación administrativa.

Afirma que, en consecuencia, el proceder del Servicio —al sostener una interpretación de carácter legal sin competencia para ello, ni respaldo técnico ni control de juridicidad— excede las facultades conferidas por el legislador, infringiendo los artículos 6°,7° y 8° de la Constitución Política de la República, que obligan a los órganos del Estado a actuar dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley.

Expresa que solicita la inaplicabilidad al caso concreto del Oficio N° 1017-2024, toda vez que su aplicación implica un ejercicio interpretativo sin habilitación legal, carente de motivación y fundamento jurídico suficiente, doctrina que al haber sido dictada sin control de legalidad, ni motivación individualizada, no puede producir efectos jurídicos válidos sobre el recurrente sin vulnerar los principios de juridicidad, igualdad y debido proceso, aplicación que resultaría incompatible con el Estado de Derecho y con las garantías que la Constitución y las leyes aseguran al administrado.

Afirma que aun en la hipótesis de que la Corte estimara que el Servicio de Impuestos Internos actuó con algún sustento normativo en la aplicación de su doctrina, resulta igualmente manifiesto que dicha actuación presenta vicios sustantivos de legalidad y juridicidad, que conducen a un resultado contrario a la ley, especialmente al negar el derecho consagrado en el artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, por las razones que luego expone.

Señala que existe una vulneración a la Ley N° 19.880, la que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, impone la obligación de que todo acto administrativo que afecte derechos sea debidamente fundado y motivado y que en su texto se indiquen expresamente los recursos procedentes contra él.

Refiere que, en este caso, la resolución recurrida se limita a reproducir la doctrina del Oficio N° 1017, sin efectuar un análisis concreto de los hechos —esto es, la naturaleza de la actividad de arriendo amoblado y la emisión de facturas afectas a IVA—, omitiendo toda valoración específica que justifique la aplicación de dicha doctrina al contribuyente.

Señala que esta omisión vulnera el deber de motivación consagrado en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, en cuanto impide conocer las razones jurídicas y fácticas que sustentan la decisión, privando al administrado de la posibilidad de comprender el fundamento de la actuación administrativa, ante la falta de evaluación de los elementos fácticos del caso y su exclusión del razonamiento decisorio no constituye una deficiencia formal, sino una vulneración sustantiva del principio de legalidad y de la legitimidad del acto, refiriendo jurisprudencia al efecto.

Afirma que la resolución impugnada no cumple con la exigencia del artículo 41 inciso cuarto del mismo cuerpo legal, al omitir la indicación de los recursos administrativos procedentes y del órgano competente para conocerlos.

Expresa que estas omisiones vulneran conjuntamente los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y, por extensión, el derecho al debido proceso administrativo, reconocido en el artículo 19 N° 3 inciso séptimo de la Constitución Política de la República.

Señala que la falta de información al administrado sobre los recursos disponibles no es una mera omisión de carácter formal o de transparencia, sino que afecta directamente su derecho de defensa, al impedirle ejercer oportunamente los medios de impugnación que la ley le reconoce, lo que priva al contribuyente de una herramienta esencial de control y revisión de la legalidad del acto, generando una situación de indefensión incompatible con los principios de publicidad, transparencia y juridicidad que rigen la actuación administrativa.

Expresa que la resolución cuestionada carece de la debida motivación y omite cumplir con las garantías mínimas del debido proceso administrativo, configurando un acto viciado de legalidad, cuya aplicación resulta improcedente en un Estado de Derecho.

Refiere un Trato desigual y contradicción doctrinal de acuerdo con los Oficios N° 1017 y complementariamente con el N° 1452 del Servicio de Impuestos Internos, advierte la existencia de un criterio contradictorio y excluyente respecto de una misma figura jurídica, el empresario individual, siendo el propio Servicio, en el Oficio N° 1017 —sección II, análisis, párrafo séptimo— sostiene expresamente lo siguiente: “dado que los empresarios individuales no se gravan con los referidos impuestos, las personas naturales que asignen sus viviendas a su respectiva empresa individual no tienen derecho a utilizar el beneficio establecido en el artículo 55 bis de la LIR por dichas viviendas, sea que constituyan viviendas económicas o no.”.

Afirma que, en dicho razonamiento, la autoridad hace descansar la denegación del beneficio del artículo 55 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) en dos condiciones: que el contribuyente se grave con el Impuesto Único de Segunda Categoría o el Impuesto Global Complementario, y que el beneficio sea solicitado por una persona natural.

Señala que la exclusión del beneficio tributario fundada en la supuesta falta de afectación al Impuesto Único de Segunda Categoría o al Impuesto Global Complementario carece de sustento jurídico y fáctico suficiente y que el argumento sostenido por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que el empresario individual tributa únicamente bajo el Impuesto de Primera Categoría, aparenta una lógica inicial; sin embargo, tal razonamiento resulta superficial e incompleto, al omitir el tratamiento integral que la legislación tributaria confiere a esta figura.

Expresa que si bien las rentas generadas por la empresa individual se gravan en Primera Categoría, al momento en que el titular realiza retiros o asigna utilidades, dichas sumas se encuentran sujetas al Impuesto Global Complementario, gravándose de esta manera como persona natural, por lo que la afirmación de que el empresario individual “no se grava” con los impuestos personales resulta materialmente incorrecta, pues desconoce el carácter mixto de su tributación en ciertos casos, asimismo, debe considerarse que existen contribuyentes que, además de desarrollar actividades empresariales en primera categoría, perciben simultáneamente rentas de Segunda Categoría, como es su caso, lo que implica que igualmente se encuentran afectos al Impuesto Único de Segunda Categoría.

Señala que, en consecuencia, la causal de exclusión basada en la ausencia de afectación a dichos tributos desaparece al analizar la situación concreta de cada contribuyente, demostrando la improcedencia de una interpretación general y restrictiva.

Expresa de esta forma, el requisito técnico —según el cual el empresario individual no se encontraría gravado con el Impuesto Único de Segunda Categoría ni con el Global Complementario— lo que resulta erróneo e infundado, pues depende específicamente de cada contribuyente para ver sí cumplen con dicho presupuesto legal, a lo que se suma que el Servicio otorga implícitamente el tratamiento de empresa a la figura del empresario individual, al excluirlo del beneficio por no ser persona natural, lo que se traduce a que el SII le da un tratamiento de empresa al empresario individual para el beneficio del 55 bis.

Refiere que respecto del beneficio contenido en el artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), el Servicio sostiene que no resulta aplicable al empresario individual, pues —según su propia doctrina— este debe ser tratado como persona natural, de modo que la asignación del inmueble a la empresa individual no altera la titularidad del dominio, al interpretación que, a su juicio, se ve reforzada en el Oficio N° 1452, que en su párrafo sexto expresa: “… considerando que la persona natural, al asignar las viviendas económicas a su empresa individual, no transfiere su dominio, el que continúa en cabeza de la primera, dicha asignación no implica, por sí sola, la pérdida de los beneficios tributarios incorporados al DFL N° 2.”.

Afirma que para los efectos del beneficio del artículo 27 bis de la LIVS, el SII considera que prevalece la calidad de persona natural por la sola titularidad de dominio, priorizando con ello una exención creada por vía doctrinal, y consecuentemente restringiendo acceso a dicho beneficio.

Señala que, si se analiza ambas posturas, la figura de empresario individual recibe diferente tratamiento sin una base objetiva clara y exacta, sino que indica cambiar de clasificación de acuerdo al beneficio solicitado, por lo que sugiere más un tratamiento discrecional que objetivo, incluyendo a continuación un cuadro conceptual.

Refiere que existe una vulneración del Derecho a la Igualdad ante la Ley, ya que el acto impugnado incurre en un tratamiento desigual e injustificado respecto del empresario individual, al aplicar criterios contradictorios para excluirlo del beneficio tributario contemplado en el artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS).

Expresa que el empresario individual, conforme a los artículos 20 N°3 y 31 de la LIR, puede generar renta empresarial de Primera Categoría, sujetándose a las mismas obligaciones contables, tributarias y formales que cualquier empresa, sin requerir personalidad jurídica distinta. A su vez, de acuerdo con los artículos 54 y 62 de la LIR, las utilidades o rentas retiradas desde dicha empresa se gravan con Impuesto Global Complementario o Impuesto Único de Segunda Categoría, reconociéndose así expresamente un tratamiento mixto:

En la fase productiva, actúa como empresa generadora de renta; en la fase personal, como persona natural perceptora de utilidades.

Explica que, en el caso de autos, el Servicio de Impuestos Internos yerra al desconocer esta dualidad legal, pues utiliza dicha doble condición de manera arbitraria: considera al empresario individual como persona natural para restringir el acceso al beneficio del artículo 27 bis, y simultáneamente como empresa para excluirlo del beneficio del artículo 55 bis.

Refiere que tal proceder invierte la lógica jurídica y desvirtúa el tratamiento sistemático previsto por la ley, aplicando criterios disímiles según convenga al resultado restrictivo y que esta contradicción carece de sustento normativo y quiebra el principio de igualdad ante la ley, ya que el contribuyente —que cumple idénticas obligaciones que una empresa al generar renta de Primera Categoría— no puede ser tratado como persona natural solo para restringirle derechos tributarios, ni viceversa.

Afirma que el Servicio omite considerar que el recurrente, en su calidad de empresario individual, asignó los bienes raíces al giro comercial, lleva contabilidad completa, declara renta efectiva de Primera Categoría y desarrolla la actividad económica de arriendo amoblado bajo régimen de IVA, igual que cualquier empresa formalmente constituida.

Señala que, desde el inicio de sus operaciones comerciales, ha declarado y enterado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por cada arriendo emitido y no ha hecho uso de la exención de renta por los ingresos correspondientes a arriendo prevista en el DFL N°2, actuando consecuentemente bajo el régimen general de tributación empresarial.

Expresa que la autoridad recurrida desconoce los efectos jurídicos de la asignación empresarial y le otorga un tratamiento de persona natural únicamente para negarle el beneficio del artículo 27 bis, configurando un trato diferenciado sin base legal.

Afirma que no existe fundamento legal que justifique que, por carecer de personalidad jurídica distinta, se le nieguen beneficios expresamente previstos para los contribuyentes afectos a IVA y la consecuencia práctica de esta contradicción es un trato desigual sin base normativa, que vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución, los artículos 2° y 3° de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y los principios de uniformidad y seguridad jurídica consagrados en el artículo 19 N°26 CPR.

Señala que resulta jurídicamente admisible que un mismo sujeto sea considerado “empresa” para negar un beneficio y “persona natural” para denegar otro distinto, ambigüedad que no solo contradice la realidad económica y tributaria del contribuyente, sino que desvirtúa el principio de igualdad ante la ley, generando un trato diferenciado sin fundamento racional, ni legal.

Expresa que, en definitiva, el actuar del Servicio configura una infracción manifiesta al derecho a la igualdad ante la ley, al aplicar un doble estándar contradictorio que exige al contribuyente las obligaciones propias de una empresa, pero le niega los derechos inherentes a esa misma categoría.

Señala que si bien la legislación tributaria contempla un tratamiento mixto para el empresario individual —al reconocerle capacidad de generar renta de Primera Categoría y gravar sus utilidades en Segunda Categoría o Global Complementario— dicha dualidad no opera por decisión administrativa ni discreción interpretativa, sino conforme a los supuestos expresamente definidos por el legislador, siendo la ley, y no la autoridad fiscal, la que determina en qué momento y bajo qué condiciones el contribuyente pasa de tributar como empresa a hacerlo como persona natural.

Refiere que el Servicio, al invertir ese orden lógico y aplicar la condición personal para restringir un beneficio legalmente empresarial, desnaturaliza la figura del empresario individual, distorsiona el régimen mixto previsto por la LIR y actúa fuera de toda base normativa, configurando una vulneración directa del principio de legalidad y de la igualdad ante la ley, proceder desprovisto de motivación suficiente y ajeno a la lógica sistemática del orden tributario, revela un ejercicio arbitrario y discrecional del poder administrativo, justificando plenamente la intervención de esta Corte para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección efectiva de las garantías constitucionales vulneradas.

Expresa que esto es una sanción encubierta y ausencia de procedimiento, ya que la resolución impugnada —Resolución Exenta N° 77325139170, de fecha 14 de octubre de 2025— fundamenta el rechazo del beneficio del artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS) en la circunstancia de que el contribuyente, en su declaración de renta (Formulario 22, folio N°345430265, AT 2025), declaró el beneficio del artículo 55 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

Señala que, si bien el Servicio de Impuestos Internos no califica expresamente esta situación como una sanción o “mal uso” del beneficio, utiliza dicha invocación como fundamento validador para denegar la aplicación del 27 bis, concluyendo —sin sustento normativo— que la sola utilización del 55 bis demuestra que los inmuebles no se encuentran asignados a la empresa individual y, por tanto, el contribuyente no podría acceder al beneficio de devolución del IVA.

Afirma que esta lógica constituye en los hechos una sanción encubierta, ya que se emplea un antecedente irrelevante y ajeno al régimen de IVA como causal de rechazo, sin procedimiento previo ni norma legal habilitante, privando al contribuyente del ejercicio de un derecho reconocido en la ley.

Expone que el servicio omite considerar los antecedentes incorporados al expediente de tramitación, los cuales acreditan de manera fehaciente la correcta incorporación de los bienes raíces a la contabilidad del contribuyente, su clasificación en el registro de compras del SII, la existencia de contratos de arriendo amoblado, facturas de adquisición y emisión de documentos tributarios ajustados al giro declarado.

Explica que, al desatender dichos elementos objetivos, el Servicio distorsiona el principio de realidad económica y tributaria, al construir su decisión sobre una presunción abstracta y ajena al régimen del IVA, omitiendo toda la evidencia contable y documental que demuestra el cumplimiento del contribuyente.

Afirma que esta omisión no solo vulnera los principios de legalidad y debido proceso administrativo, sino que además configura un acto arbitrario, al fundarse en apreciaciones que desconocen los hechos comprobados en autos y prescinden del análisis integral del expediente.

Señala la improcedencia de vincular beneficios tributarios de regímenes distintos, ya que el beneficio del artículo 55 bis de la LIR corresponde a un régimen de deducción personal por intereses hipotecarios, aplicable a personas naturales afectas al impuesto único de segunda categoría o global complementario; en tanto que el beneficio del artículo 27 bis de la LIVS regula la devolución del crédito fiscal IVA asociado a la adquisición de activos fijos destinados al giro.

Explica que ambos beneficios operan bajo sistemas jurídicos autónomos, sin remisión normativa entre sí, ya que no existe disposición legal que condicione el acceso al 27 bis a la utilización o no del 55 bis. Al hacerlo, el Servicio crea una limitación inexistente en la ley, contraviniendo el principio de legalidad tributaria y el principio de juridicidad consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Expone que existe la Desviación del procedimiento legal y sanción sin base normativa y que Aun en el evento de que el Servicio estimara errónea la utilización del beneficio del artículo 55 bis, la vía legalmente procedente sería activar el procedimiento de fiscalización previsto en el artículo 63 del Código Tributario: emitir citación, abrir instancia probatoria, determinar eventual perjuicio fiscal, y finalmente resolver fundadamente con giro o liquidación que permita al contribuyente ejercer su derecho a defensa y subsanar, si correspondiere.

Señala que eludir dicho cauce procesal y utilizar esa presunta irregularidad como causal de denegación del 27 bis constituye una vulneración del debido proceso administrativo, protegido por el artículo 19 N°3 incisos séptimo y octavo de la Constitución, que establecen: “Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.” y “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.”

Afirma que, de esta forma, el Servicio ha ejercido potestad punitiva sin norma habilitante, configurando un acto sancionatorio encubierto y arbitrario, carente de competencia material y de procedimiento racional previo.

Expresa que existe un lenguaje impropio e intimidatorio y que la resolución impugnada, además, emplea un lenguaje impropio e intimidatorio, al aludir a supuestos delitos de “simulación” sin respaldo probatorio ni existencia de investigación formal alguna.

Señala que este exceso verbal constituye una vulneración directa a los principios de objetividad, imparcialidad y buena fe que deben regir toda actuación administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley N° 19.880 y 2° y 3° de la Ley N° 18.575.

Refiere que el uso de expresiones con connotación penal en un acto administrativo —carente de sustento fáctico y jurídico— distorsiona el juicio de legalidad y proyecta un efecto de amedrentamiento o presión indebida sobre el administrado, alterando el equilibrio propio de la relación entre la Administración y el contribuyente.

Afirma que tal proceder agrava la arbitrariedad del acto impugnado, más aún cuando del expediente, ni de la tramitación no se desprende conducta alguna que justifique la referencia a figuras delictuales, configurándose así un abuso de poder administrativo dirigido a desalentar el ejercicio de derechos y beneficios expresamente reconocidos por la ley.

Refiere que existe un derecho Indubitado y Vulneración a garantías fundamentales, en relación a esto el Derecho indubitado, consiste en que todo ciudadano, en su relación con el Estado, goza de una serie de derechos y garantías dentro de los procesos administrativos, los cuales tienen por objeto asegurar que las decisiones públicas que lo afecten sean adoptadas dentro del marco jurídico vigente, por autoridad competente y mediante un procedimiento racional, justo y transparente. Por lo que se podría llamar garantías procesales administrativas.

Refiere que estas garantías, reconocidas en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y desarrolladas principalmente en la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, imponen a toda autoridad el deber de actuar dentro de los límites de sus facultades, con sujeción estricta a la ley y con respeto a los derechos del administrado.

Expresa que entre tales derechos destacan el derecho a que los actos administrativos estén debidamente motivados y fundamentados en hechos y normas aplicables (arts. 11 Ley 19.880); el derecho a conocer los recursos administrativos procedentes en su contra, garantizando el ejercicio efectivo del derecho a defensa (art. 41 Ley 19.880); el derecho a contradecir, apelar y presentar pruebas, como manifestación del principio de contradicción y del debido proceso; y el derecho a que toda decisión se adopte por el órgano competente, dentro de las atribuciones conferidas por el legislador (arts. 6° y 7° CPR).

Señala que estos derechos conforman un núcleo esencial del debido proceso administrativo, entendido como una extensión del derecho a defensa y del principio de juridicidad, ya que no dependen de contingencias externas ni de la discrecionalidad de la autoridad: emanan directamente del ordenamiento jurídico y son, por tanto, derechos ciertos, actuales e indubitados, siendo su vigencia inmediata y su respeto obligatorio para toda autoridad administrativa, incluida la tributaria.

Expresa que, en el ámbito tributario, el contribuyente se encuentra amparado por las mismas garantías, puesto que la Administración Tributaria también integra la Administración del Estado y debe actuar conforme a la ley, la razonabilidad y el principio de legalidad. Así lo reconocen los artículos 2° y 3° de la Ley N°18.575, que establecen que los órganos de la Administración deben ejercer sus potestades dentro del marco jurídico y perseguir fines públicos con respeto a los derechos de las personas.

Afirma que en el caso sub lite, el Servicio de Impuestos Internos ha desconocido tales garantías procesales al dictar un acto administrativo sin motivación autónoma ni análisis individualizado de los antecedentes del contribuyente, limitándose a reproducir criterios de oficios internos sin fuerza normativa; negar un beneficio legal amparándose en una doctrina administrativa carente de rango legal, excediendo su potestad interpretativa y actuando fuera del ámbito de sus competencias; y omitir la indicación de recursos procedentes, privando al administrado de su derecho a impugnar, contradecir y solicitar revisión del acto; introduce una restricción no prevista en la ley, al negar el beneficio del artículo 27 bis por la sola utilización del 55 bis, configurando un exceso de potestad; incorpora elementos intimidatorios, vulnerando garantías procesales básicas.

Reitera que estas conductas configuran una vulneración directa de las garantías procesales administrativas antes descritas, consagradas en los artículos 11, 13 y 41 de la Ley N°19.880, y en los principios de juridicidad e igualdad del artículo 2° y 3° de la Ley N°18.575, y este modo, el derecho indubitado cuya tutela se solicita corresponde al derecho de todo administrado a ser tratado conforme a la Constitución y las leyes, dentro de un procedimiento racional, motivado y ejercido por autoridad competente. No se reclama un beneficio económico determinado, sino la protección del principio esencial de juridicidad y de las garantías procesales que aseguran un actuar estatal conforme a derecho.

Expresa que la resolución impugnada —al carecer de motivación, exceder las facultades interpretativas del Servicio y desconocer los derechos básicos del contribuyente— constituye un acto administrativo ilegal y arbitrario, contrario al Estado de Derecho, que justifica plenamente la intervención jurisdiccional la Corte a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección constitucional del recurrente.

Refiere que existen garantías fundamentales vulneradas, ya que el acto administrativo impugnado —Resolución Exenta N° 77325139170, de fecha 14 de octubre de 2025— vulnera de forma directa las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 3° inciso séptimo y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por las razones que se exponen a continuación: El debido proceso administrativo como garantía fundamental de juridicidad; El artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a un debido proceso legal, principio que —conforme a la interpretación sistemática de los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y la jurisprudencia constante de la Excma. Corte Suprema— se extiende plenamente al ámbito administrativo; El debido proceso administrativo constituye, por tanto, una garantía fundamental de juridicidad, destinada a asegurar que toda actuación del Estado, incluso fuera del ámbito jurisdiccional, se someta a la ley, se dicte conforme a un procedimiento racional y justo, y respete los derechos de los administrados.

Señala que la Ley N°19.880 - que regula las bases del procedimiento administrativo - concreta este mandato constitucional en los artículos 11, 16 y 41, al exigir que toda decisión administrativa sea fundada en hechos y en derecho, motivada en forma suficiente, racional y congruente, e indique expresamente los recursos que proceden en su contra.

Expresa que el acto recurrido carece de estas exigencias esenciales: no explica cómo los hechos acreditados se subsumen en la hipótesis de exención que invoca; omite la indicación de recursos administrativos; y utiliza un oficio interpretativo —carente de fuerza normativa— como fundamento decisorio. Tales omisiones quiebran el debido proceso administrativo, pues impiden ejercer defensa, contradicción y control jurídico sobre la actuación estatal.

Afirma que, en consecuencia, el Servicio de Impuestos Internos ha vulnerado de manera directa el derecho del recurrente a un procedimiento racional y justo, al dictar un acto sin fundamentación real, sin notificación adecuada de vías recursivas y con exceso de competencia, infringiendo el artículo 19 N°3 de la Constitución y los artículos 6°, 7°, 2° y 3° de la Ley N°18.575.

Señala que el Derecho a defensa y principio de contradicción consisten, el derecho a defensa es una expresión inmediata del debido proceso y supone que toda persona debe tener oportunidad efectiva para conocer, contradecir y refutar los antecedentes que sirven de fundamento a una decisión administrativa que la afecte.

Afirma que el artículo 8 bis N°3 del Código Tributario consagra expresamente este principio, disponiendo que el contribuyente “tendrá derecho a ser oído antes de que se dicten resoluciones que le afecten desfavorablemente”, mandato, de jerarquía legal, obliga al SII a abrir instancia de contradicción cuando detecte supuestas irregularidades, pudiendo hacerlo mediante citación (art. 63 CT) o requerimiento formal (art. 59 y ss. CT).

Sin embargo, en el presente caso el SII omitió cualquier procedimiento previo, negando la devolución del crédito fiscal sin haber iniciado investigación, citación ni formulación de cargos.

Refiere que el Servicio actuó, en los hechos, como acusador y juez de su propia sospecha, privando al administrado de todo espacio de defensa, omisión que constituye una vulneración directa al derecho de defensa y al principio de contradicción, quebrando el equilibrio que debe existir entre Administración y contribuyente en un Estado de Derecho.

Afirma respecto de la igualdad ante la ley y proscripción de arbitrariedad, lo establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución garantiza que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiado y ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Este precepto no solo prohíbe la discriminación entre individuos, sino también la desigual aplicación de la ley por parte de la Administración.

Expresa que, en el caso de autos, el SII incurre en arbitrariedad manifiesta al otorgar tratamientos contradictorios a la misma figura jurídica —el empresario individual— según el beneficio fiscal invocado, ya que para el beneficio del artículo 27 bis de la LIVS, lo considera persona natural, negando la devolución por supuesta exención DFL2; mientras que para el beneficio del artículo 55 bis de la LIR, lo considera empresa, negando el beneficio por no ser persona natural.

Explica que esta dualidad, carente de base normativa y motivación razonable, quiebra el principio de igualdad ante la ley, ya que un mismo contribuyente es tratado de dos modos jurídicamente excluyentes según la conveniencia del órgano fiscalizador, ya que no existe causa legal objetiva que justifique la diferencia, configurándose una distinción arbitraria prohibida por la Constitución.

Señala que la igualdad ante la ley exige uniformidad y previsibilidad en la aplicación de las normas, elementos que en este caso se ven sustituidos por criterios discrecionales, produciendo inseguridad jurídica e incertidumbre en la relación entre Estado y ciudadano.

Explica que la seguridad jurídica y principio de certeza tributaria y que el artículo 19 N°26 de la Constitución protege el contenido esencial de los derechos reconocidos por la Carta Fundamental, asegurando que las leyes y actos del Estado no los priven de su esencia, ni impidan su ejercicio.

Señala que en materia tributaria, este mandato se traduce en el principio de certeza jurídica y legalidad estricta, conforme al cual los contribuyentes deben poder conocer de manera previa, clara y estable las consecuencias legales de sus actos económicos y que cuando la Administración cambia el sentido y alcance de la ley por vía de oficio o interpretación extensiva —como ocurre con el Oficio N° 1017-2024—, se desnaturaliza el principio de certeza, porque se crea un régimen tributario no previsto, generando inseguridad normativa y privando al contribuyente de la previsibilidad esencial del sistema legal.

Afirma que, en el presente caso, la decisión recurrida carece de coherencia y uniformidad, pues aplica criterios contradictorios, introduce exenciones no previstas y sanciona sin procedimiento, todo lo cual socava la confianza legítima del ciudadano en la estabilidad y racionalidad del orden jurídico.

Refiere que conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República y la Ley N°20.322, que creó los Tribunales Tributarios y Aduaneros, limita su competencia a la tutela de los derechos del artículo 19 N°s 21, 22 y 24 de la Constitución, explica que los derechos invocados en esta acción —igualdad ante la ley (N°2), debido proceso y legalidad (N°3 inc. 7°) y seguridad jurídica (N°26)— son de protección exclusiva mediante recurso de protección ante las Cortes de Apelaciones, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República y al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente solicita de manera principal que se acoja íntegramente el presente recurso de protección, declarando que la Resolución Exenta N° 77325139170, de fecha 14 de octubre de 2025, dictada por la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, es ilegal y arbitraria, en cuanto: aplica una doctrina administrativa (Oficios N° 1017 y 1452) sin habilitación legal que crea una exención no prevista por el legislador, alterando el hecho gravado del art. 8° letra g) de la LIVS; deniega el derecho invocado sin motivación suficiente ni procedimiento, vulnerando la Ley N°19.880 y la Ley N°18.575.

Explica que en consecuencia, solicita se ordene al Servicio de Impuestos Internos que emita una nueva resolución ajustada a derecho sobre la solicitud de devolución conforme al art. 27 bis de la LIVS, reexaminando los hechos y la normativa aplicable, sin invocar criterios carentes de habilitación legal (oficio 1017-2024 y 1452-2024).

Solicita como petición subsidiaria que, a lo menos, la ilegalidad y arbitrariedad de la denegación de la devolución respecto de la tercera y cuarta unidad objeto de la resolución recurrida, y se ordene su reevaluación sin condicionamientos basados en la existencia de “uso indebido” del art. 55 bis de la LIR, en ausencia de vinculación legal, y que no solicita condena en costas. No obstante, si la parte recurrida insistiera en costas, solicito a la Corte considerarlas improcedentes por la naturaleza constitucional del reclamo y la conducta administrativa cuestionada.

Refiere que como medidas de publicidad y notificación que se oficie al Servicio de Impuestos Internos —Dirección Regional de Concepción— para que informe y acompañe dentro del término procesal que esta Corte señale, copia de los antecedentes completos y de la motivación legal en que funde la Resolución Exenta impugnada. En subsidio, y para un mejor acierto del Tribunal, el compareciente ofrece poner a disposición de esta Corte los Formularios 29 y registros contables que acreditan el cumplimiento tributario de la actividad de arriendo amoblado, o cualquier otro que estime necesario a fin de colaborar en la verificación y comprensión integral de los antecedentes.

Informa el Servicio de Impuestos Internos a través del Director Regional señor Luis Hermosilla Mansilla, señalando que la recurrente denuncia, como acto ilegal y arbitrario, la Resolución Exenta N°77325139170, dictada por este Servicio, con fecha 13 de octubre de 2025, mediante la cual se denegó la devolución de remanente de crédito fiscal IVA contemplado en el artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (en adelante, también “LIVS”).

Estima que lo anterior, vulneraría las garantías consagradas en los N°2, N°3 inciso 7° y N°26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto, de acuerdo a su postura, la resolución se fundaría en una interpretación administrativa carente de habilitación legal expresa y con vicios importantes; carecería de motivación suficiente y no indicaría los recursos procedentes y, finalmente, que aplicaría criterios contradictorios que lesionan la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.

Por lo anterior, el recurrente solicita, expresamente, que se acoja íntegramente el presente recurso de protección, declarando que la Resolución Exenta N°77325139170, de fecha 14 de octubre de 2025, dictada por la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, es ilegal y arbitraria, ordenando al Servicio de Impuestos Internos que emita una nueva resolución ajustada a derecho sobre la solicitud de devolución conforme al artículo 27 bis de la LIVS.

Señala que con fecha 31 de julio de 2023, el contribuyente presentó ante la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente una solicitud de devolución del remanente del Crédito Fiscal IVA, acorde al artículo 27 bis, de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, acumulado en el periodo diciembre de 2022 hasta junio de 2023, en Formulario 3280, folio N°6006343, por un monto ascendente a $ 43.296.619 (683,71 UTM).

Refiere que dicha solicitud fue denegada mediante la Resolución Ex. N°259837, de 21 de agosto de 2023, la que, como fundamento, señaló que “no se cumple con los requisitos establecidos en la letra g) del artículo 8 del D.L. 825 de 1974, señalando que la actividad desarrollada es arriendo de bienes inmuebles sin amoblar, toda vez que el mobiliario y enseres puestos a disposición de los arrendatarios resulta insuficiente para que se permita la pernoctación y alimentación de sus arrendatarios, así es como se concluye que el contribuyente desarrolla una actividad exenta de Iva, por lo cual nunca tuvo el derecho al crédito fiscal y debe retirarlo de sus declaraciones mensuales de impuesto.”.

Explica que en contra de esta resolución el contribuyente presentó Reposición Administrativa Voluntaria (RAV), la que se resolvió no ha lugar mediante Resolución Ex. N°197675 de 04.01.2024 y cuyo principal fundamento es que: “De la información transcrita precedentemente, ha sido posible concluir, que no se subsana la observación formulada en el Informe N° 545, de fecha 14.08.2023, en primer lugar, atendido que los Departamentos N°s 615, 512, 715 y 1305, Roles de Avalúo Fiscal N°s 590-545, 590-527, 590-560 y 590-640, respectivamente, todos ubicados en Avenida nombre reservado° 140, de la Comuna de Concepción, fueron entregados en arrendamiento según actas de entrega, en todos los casos el día 26.01.2023, con posterioridad al período tributario de diciembre del año 2022, por el que se solicita devolución por artículo 27 bis del DL N° 825 de 1974.

Señala que con fecha 31 de agosto de 2024, ante la misma Dirección Regional, reiteró la petición de devolución, solicitando $45.962.652 (697,45 UTM), por los periodos tributarios desde diciembre de 2022 hasta julio de 2024, mediante formulario 3280, folio N°6010397, solicitud fue resuelta “no ha Lugar” mediante la Resolución Ex. N°3031 de 08 de octubre de 2024.

Explica que con fecha 29 de agosto de 2025, ante la VIII Dirección Regional de Concepción, una vez más, el contribuyente presentó, solicitud de devolución del remanente del Crédito Fiscal IVA, acorde al artículo 27 bis, de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, acumulado en el periodo diciembre de 2022 hasta julio de 2025, en Formulario 3280, Folio N°6013689, por un monto ascendente a $47.443.315 (691,12 UTM). La referida solicitud se fundamenta en la adquisición de los departamentos 512, 615, 715 y 1305 del edificio situado en Avenida nombre reservado°140, comuna de Concepción, los cuales habrían sido destinados a la actividad de arriendo de inmuebles amoblados.

Afirma que por medio de expediente electrónico N°N°10587885, con fecha 07 de octubre de 2025, el contribuyente aporta, a la solicitud, entre otros antecedentes: Carta explicativa, contratos de arriendo de los departamentos, cartolas bancarias, documento denominado “Acta de entrega e inventarios”, Facturas de compras de Activos fijos, escrituras de compraventa de los inmuebles, Libro Mayor de los años 2022 al 2025; Libro diario de los años 2022 al 2025, Balance Tributario de los Años 2022 al 2025, Notas Crédito N°090, 1080, 1079, 1078; Factura Electrónicas compra que dan cuenta de las adquisiciones de los departamentos individualizados anteriormente.

Señala que, una vez recibida la solicitud, con el fin de verificar la correcta determinación y procedencia de la devolución solicitada en los términos del inciso 4º del artículo 27 bis, de la LIVS, se analizaron los antecedentes presentados por el solicitante, determinándose, mediante Resolución Exenta N°77325139170, de 13 de octubre de 2025, no ser procedente la devolución del remanente de Crédito Fiscal IVA relacionados con dichos inmuebles y denegar la totalidad de la devolución solicitada.

Afirma la improcedencia del recurso de protección y que esta sería extemporaneidad de la acción, ya que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, del año 2015 sobre tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción se interpondrá, dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. De esta forma, determinar la fecha respecto de la cual considerar que se habría incurrido, por parte de un órgano del Estado, en algún acto y omisión arbitraria.

Expresa que, en el presente caso, de la sola lectura del recurso, queda en evidencia que, mediante la presente acción de protección, lo que impugna el contribuyente es la denegación de remanente de crédito fiscal IVA, lo cual fue resuelto en el año 2023. Tal como se indicó en los antecedentes de hecho, mediante la Resolución Ex. N°259837, de 21 de agosto de 2023, se resolvió no hacer lugar a la solicitud del contribuyente, lo cual fue ratificado en enero, octubre y noviembre de 2024, mediante las resoluciones ya citadas.

Alega la inexistencia de derecho indubitado, ya que, del tenor del tenor del recurso presentado, se desprende que lo que el recurrente reclama es que no se le ha otorgado la devolución de Impuesto a las Ventas y Servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 bis del Decreto Ley N°825, a partir de lo cual se desprende que el actor cree, erróneamente, tener un derecho adquirido de obtener dicho beneficio.

Explica que, en el marco de la naturaleza del recurso de protección, el recurrente nunca ha tenido el derecho adquirido de acceder al referido beneficio, lo que se traduce en una mera expectativa, ya que la procedencia del mismo, necesariamente, debe pasar, conforme sus atribuciones y competencia legales, por el análisis del Servicio de Impuestos Internos, lo que no garantizaba su otorgamiento. Lo anterior queda en evidencia, precisamente, en la parte petitoria del recurso, en que el recurrente solicita ordenar al Servicio de Impuestos Internos “que emita una nueva resolución ajustada a derecho sobre la solicitud de devolución conforme al artículo 27 bis de la LIVS, reexaminando los hechos y la normativa aplicable”, es decir, reconociendo, implícitamente, que no tiene un derecho indubitado y reconociendo que este organismo público el que tiene facultades para verificar la procedencia de un beneficio tributario.

Afirma que el procedimiento no es la vía idónea para conocer la materia de autos, es decir, la controversia planteada por la recurrente es un asunto de carácter netamente declarativo, tanto de hechos como de derechos que el actor reclama como titular de éstos. En efecto, lo que se pretende por el actor es justamente que SS. Iltma. declare la existencia de un derecho que reclama pertenecerle, lo cual no se condice con la naturaleza del recurso y del procedimiento incoado.

Señalando que el recurrente solicita, entre otras cosas, que se ordene a este Servicio, emitir una nueva resolución sobre la solicitud de devolución conforme al artículo 27 bis de la LIVS, reexaminando los hechos y la normativa aplicable, y que en esta resolución no se invoque el criterio establecido en los Oficios N°1017-2024 y N°1452-2024. En subsidio de lo anterior, solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la denegación de la devolución respecto del tercer y cuarto inmueble, y se ordene a este Servicio su “reevaluación sin condicionamientos basados en la existencia de “uso indebido” del art. 55 bis de la LIR”, obviando que, la verdadera controversia versa acerca de si al recurrente tiene o no derecho a obtener la devolución del IVA crédito fiscal, beneficio establecido en el artículo 27 bis de la Ley de Impuestos a la Ventas y Servicios, cuestión que sólo este Servicio puede determinar, en base a las facultades que la ley le ha entregado.

Explica que de la lectura del líbelo, se puede desprender que con la interposición de este recurso, la recurrente, pretende, erróneamente, que el Servicio revise nuevamente su solicitud prescindiendo de todos los antecedentes en que se funda la denegatoria, lo que es absolutamente improcedente, además, da por sentado que, sin estos antecedentes, este Servicio estaría obligado a acceder a la devolución solicitada. Por otro lado, no atenerse a lo interpretado en los Oficios N°1017-2024 y N°1452-2024 sería desconocer el carácter jerárquico de nuestra institución puesto que ambos oficios fueron dictados en virtud de la facultad que posee el Director del Servicio de Impuestos Internos para interpretar administrativamente las disposiciones tributarias que se encuentra establecida en el Art. 6, letra A, Nº1 del Código Tributario.

Señala que la controversia planteada por la recurrente es un asunto de carácter netamente tributario, la que, de acuerdo con la legislación vigente, debe ser conocida por el propio Servicio de Impuestos Internos, por medio de solicitudes administrativas, o por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, en virtud de la interposición del respectivo reclamo tributario interpuesto por parte del contribuyente de conformidad al artículo 124 del Código Tributario.

Afirma la plena legalidad de la actuación del servicio de impuestos internos, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, asimismo, el artículo 6°, del Código Tributario, finalmente, el inciso cuarto del artículo 27 Bis de la LIVS.

Alega que la Resolución Exenta N°77325139170, de fecha 13 de octubre de 2025 se encuentra ajustada a derecho y que el Impuesto a las Ventas y Servicios, también conocido como “IVA” (Impuesto al “Valor Agregado”) tiene por objeto gravar, económicamente, el margen de comercialización que obtiene un contribuyente al realizar una venta o prestar un servicio. En este sentido, tal como explica el profesor nombre reservado, bajo el sistema de “impuesto contra impuesto”, el valor agregado se obtiene al deducir del monto del impuesto generado en el periodo, el monto del impuesto soportado, en ese mismo periodo, por las adquisiciones realizadas.

Señala que sobre la base de lo anterior, el mismo autor explica que el crédito fiscal es la facultad que tienen los contribuyentes de IVA para imputar los impuestos que han soportado en sus adquisiciones o importación de bienes o utilización de servicios, a los impuestos generados y recargados en sus ventas o servicios prestados en el mismo periodo tributario, como una forma de compensación, como modo de extinguir la obligación tributaria principal, representada por la suma de dinero que el vendedor o prestador de servicios debe dar al Fisco, que se denomina débito fiscal, solicitando el recurrente compensación respecto de una suma de dinero que no debe enterar en arcas fiscales. Explica que el N°7 de la letra E del artículo 12 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que estarán exentas de pagar IVA y que a partir de una interpretación sistemática, es evidente que, en el presente caso, el contribuyente no está afecto al pago de Impuesto a las Ventas y Servicios, motivo por el cual yerra al pedir devolución de crédito fiscal.

Expresa que la Resolución Exenta N°77325139170, de fecha 13 de octubre de 2025, se encuentra ajustada a Derecho, ya que al contribuyente no le corresponde acceder al beneficio del artículo 27 bis de la LIVS, por cuanto los inmuebles objeto de la solicitud se encuentran adscritos al concepto de “vivienda económica” del DFL N°2, y por tanto, al encontrarse exento de los Impuestos a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado que se generen a su respecto, no es posible cumplir con el requisito relativo a que, para ser beneficiario de la devolución prevista en el artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, es condición indispensable que el bien adquirido sea destinado a una actividad gravada con Impuesto al Valor Agregado. “No procede el derecho a crédito fiscal en los siguientes casos: 1°) Respecto de los impuestos pagados en la importación o adquisición de bienes o utilización de servicios que se afecten o destinen a operaciones no gravadas con el Impuesto al Valor Agregado”.

Explica que utilizando la misma lógica, particularmente ilustrativo resulta el artículo 43 del mismo Decreto Supremo N°55, el cual dispone, a propósito del crédito fiscal proporcional. Las normas citadas precedentemente constituyen un ejemplo más de que la normativa que regula el Impuesto a las Ventas y Servicios tiene por finalidad evitar que el contribuyente utilice crédito fiscal de manera improcedente o en una proporción superior a la que efectivamente corresponde a sus operaciones gravadas. Para cumplir dicho objetivo, resulta imprescindible determinar si las operaciones comerciales del contribuyente están gravadas o no, y si se vinculan, efectivamente, con su giro o actividad, tal como lo ha reconocido de manera uniforme la doctrina administrativa y jurisprudencial, ya que aceptar lo contrario, alteraría la neutralidad del impuesto, concediendo un beneficio indebido, sobre la base de dejar de aplicar la interpretación sistemática, lo cual es incorrecto.

Señala que en resumen el razonamiento empleado por el legislador es que en una situación como la del contribuyente, solo pueda hacerse valer el crédito fiscal IVA respecto de operaciones que efectivamente estén afectas a tributación, excluyendo a las que no lo están, con independencia de tratarse de hechos no gravados o situaciones de exención, señala que los cuatro inmuebles objeto de la solicitud de devolución conforme al artículo 27 bis de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, corresponden a cuatro inmuebles que se adquirieron en noviembre y diciembre del año 2022 con crédito hipotecario.

Refiere que lo anterior se aviene con lo interpretado por el Director del Servicio de Impuestos Internos, en los Oficios N°1.017 de 23.05.2024 y N° 1.452 de 19.07.2024, mediante los cuales se aclaró expresamente que los beneficios del artículo 15 del D.F.L. N°2 de 1959 y la consiguiente exención de IVA., lo que se viene a confirmar el criterio informado anteriormente en el Oficio N°1.017 de 23.05.2024.

Señala que el N° 7 de la letra E del artículo 12 de la LIVS declara exentos de IVA los ingresos que no constituyen renta según el artículo 17 de la LIR, cuyo N° 29 establece que no constituyen renta los ingresos que no se consideren rentas o que se reputen capital según texto expreso de una ley.

Explica que, de este modo, no toda renta de arrendamiento de viviendas económicas provistas de mobiliario, de propiedad de personas naturales, se encuentra exenta de IVA conforme lo dispuesto en el N° 7 de la letra E del artículo 12 de la LIVS, en relación con el N° 29 del artículo 17 de la LIR, sino solo aquellas rentas de arrendamiento que, a su turno, constituyan ingresos no renta por cumplir los requisitos y límites establecidos en el DFL N° 2, referidos precedentemente.

Refiere que, como consecuencia de lo anterior, lo establecido en el artículo 27 bis de la LIVS no es aplicable respecto de las viviendas económicas que cumplen los requisitos y límites establecidos en el DFL N° 2, al tratarse de activos fijos que no se destinan a una actividad que se afecte con IVA”.

Señala que el Oficio N°1452 de 19.07.2024 aclaratorio del anterior a causa de las numerosas consultas surgidas, refiriendo por otra parte que el inciso segundo del artículo 1° del DFL N° 2, “a los beneficios para las “viviendas económicas” que contempla el presente decreto con fuerza de ley, solamente podrán acogerse las personas naturales, respecto de un máximo de dos viviendas que adquieran, nuevas o usadas.

Expresa que conforme lo anterior, los beneficios incorporados a las respectivas viviendas económicas, por regla general, solo pueden acceder las personas naturales y hasta un límite de dos viviendas, por lo que considerando que la persona natural, al asignar las viviendas económicas a su empresa individual, no transfiere su dominio, el que continua en cabeza de la primera, dicha asignación no implica, por sí sola, la pérdida de los beneficios tributarios incorporados al DFL N° 2.

Expone que en la medida que la persona natural titular de la empresa individual se mantenga acogida a los beneficios DFL N° 2 y las rentas de arrendamiento provenientes de las viviendas económicas asignadas a su empresa individual se eximan de IVA por aplicación de lo dispuesto en el N° 7 de la letra E del artículo 12 de la LIVS, en concordancia con el artículo 15 del DFL N° 2, no es aplicable lo dispuesto en el artículo 27 bis de la LIVS.

Refiere que las personas jurídicas, en la medida que no pueden acogerse a los beneficios establecidos en el DFL N° 2, pueden utilizar el mecanismo establecido en el artículo 27 bis de la LIVS, siempre que cumplan sus requisitos”, haciendo presente que atendido que las interpretaciones contenidas en los señalados dictámenes no vienen a alterar jurisprudencia administrativa pasada alguna, ni tampoco el presente caso se corresponde con algún tipo de cobro con efecto retroactivo de impuestos, en la especie no resulta aplicable ningún tipo de restricción a las facultades del Servicio, como las previstas en el artículo 26 del Código Tributario.

Expone que ambos oficios han sido dictados en virtud de la facultad que posee el Director del Servicio de Impuestos Internos para interpretar administrativamente las disposiciones tributarias que se encuentra establecida en el Art. 6, letra A, Nº1 del Código Tributario, por lo que a mayor abundamiento, si bien el recurrente alega desarrollar una actividad empresarial, se ha beneficiado de la rebaja establecida en el artículo 55 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta (en adelante, “LIR”), por un $1.764.410 (Código 751).

Expone que este beneficio, puede ser utilizado, según texto expreso de la ley, por personas naturales gravadas con el Impuesto Único de Segunda Categoría o con Impuesto Global Complementario. En consecuencia, mediante un acto propio, como lo es su última declaración de Impuesto a la Renta, presentada con 9 de mayo de 2025, es el mismo contribuyente el que se reconoce y obra como una persona natural, afecta, en este caso, a Impuesto de Segunda Categoría, al utilizar, como se explicó precedentemente, la rebaja establecida en el artículo 55 bis de la LIR, tal como aparece en la imagen siguiente de su Formulario 22, correspondiente al Año Tributario 2025.

Refiere que cabe preguntarse entonces ¿Por qué, si la reclamante no ha cumplido con los presupuestos legales para ser contribuyente de IVA, es este Servicio el que estaría incurriendo en un acto ilegal o arbitrario?, considerando que lo sostenido por este Servicio se ajusta a derecho, sostener algo distinto y, en tal sentido, acoger el presente recurso, validaría que la conducta de la parte reclamante vaya en contra de sus actos propios. Citando, entre otros, al jurista Luis Díez Picazo, un interesante artículo4 explica que, respecto a la teoría de los actos propios, el bien jurídico protegido no es otro que la confianza, y que “para que pueda aplicarse la teoría como manifestación del principio de buena fe. Exigen los siguientes elementos: 1°) Que la primera conducta sea jurídicamente relevante, válida y voluntaria, 2°) Que ella produzca objetivamente un estado de hecho que permita generar confianza o expectativas legítimas, 3°) Que la segunda conducta sea contradictoria o incoherente con la primera y con ella se pretenda ejercer un derecho, facultad o pretensión, 4°) Que exista identidad entre el sujeto que desarrolló la primera conducta y el que ahora pretende desconocerla con un hecho contrario”. En el mismo sentido, la Corte Suprema ha sostenido que “Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos y no puede -por tanto- ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente”.

Explica que de la simple lectura de la norma trascrita precedentemente puede comprobarse que este beneficio del artículo 55 bis de la LIR solo puede invocarse por los contribuyentes que sean personas naturales gravadas con el Impuesto Único de Segunda Categoría o Impuesto Global Complementario, por lo que, al haberse invocado y utilizado por el reclamante en su Declaración de Renta para el Año Tributario 2025 demuestra que estos inmuebles, adquiridos con garantía hipotecaria, no han sido asignados a su respectiva empresa individual - en la cual se encuentra inserta su actividad de primera categoría afecta a IVA-, no pudiendo acceder al beneficio del 27 bis de la LIVS.

Refiere que sin perjuicio de lo señalado resulta relevante mencionar que estos criterios fueron comunicados al recurrente mediante Resolución Ex. N°3031 de 8 de octubre de 2024, es decir, hace más de un año, lo que ratifica lo dicho respecto de la extemporaneidad de la presente acción.

Refiere la inexistencia de afectación de las garantías constitucionales invocadas, en primer término, cabe señalar que si bien la recurrente indica que: “El acto recurrido vulnera derechos constitucionales consagrados en los artículos 19 N°2, 19 N°3 inciso 7° y 19 N°26…”, ni el inciso 7° del N°3 ni el N°26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República son derechos amparados por el recurso de protección, toda vez que, en el primer caso, sólo procede recurso cuando se ha realizado un juzgamiento por comisiones especiales y, en el segundo, no se hace referencia a ninguna garantía en específico, limitándose a señalar que los preceptos legales que regulen o complementen las garantías aseguradas por la Carta Fundamental, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Luego, tampoco existe afectación a la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esta es, la igualdad ante la ley, por cuanto: La presente acción ha sido interpuesto en forma extemporánea; el recurrente no es titular de ningún derecho indubitado; el procedimiento de autos no constituye la vía idónea para impugnar la materia de autos; el actuar de este Servicio se enmarca en lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, no siendo dicho actuar, en caso alguno, ilegal o arbitrario; no existe vulneración a alguna de las garantías constitucionales que protege la acción cautelar interpuesta en autos.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarios para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

TERCERO: Que los planteamientos fundamentales de los recursos se hacen consistir en que el acto impugnado del Servicio de Impuestos Internos reviste caracteres de ilegalidad y arbitrariedad, toda vez que la Resolución Exenta N° 77325139170 de 14 de octubre de 2025, que afectó sus derechos, el que se habría fundado principalmente en la aplicación del oficio N° 1017 de 23 de mayo de 2024 el que contiene vicios de legalidad, juridicidad y motivación, ya que en la referida resolución el Servicio de Impuestos Internos excedió su potestad de interpretación administrativa en contravención a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, ya que formula una interpretación normativa que entrelaza disposiciones de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) y el DFL N° 2.

CUARTO: Que la recurrida alega que la acción ha sido interpuesta en forma extemporánea, esto por haber transcurrido el plazo de 30 días para su interposición contados desde la Resolución Ex. N°259837 de 21 de agosto de 2023 o la Resolución Ex. N°3031 de 8 de octubre de 2024, toda vez que el recurrente tomó conocimiento de la postura del Servicio de Impuestos Internos respecto de la devolución de IVA solicitada, sin que haya existido un cambio en las circunstancias que sirven de base a lo resuelto, mediante sucesivas y fundadas resoluciones, y que si se sostiene lo contrario implicaría que el plazo no sería objetivo permitiendo que se pueda impugnar una decisión de la autoridad administrativa reviviendo plazos transcurridos.

QUINTO: Que el presente recurso aparece deducido respecto de la Resolución Exenta N° 77325139170 de 13 de octubre de 2025, dictada por el Servicio de Impuestos Internos que denegó la devolución de crédito fiscal por IVA, razones por las que el recurso de autos al ser presentado en contra de un acto administrativo terminal que produce efectos propios e independientes de los antecedentes que refiere la recurrida fue deducido dentro del plazo legal, razones por las que esta alegación no podrá prosperar.

SEXTO: Que, por otra parte, es posible advertir que el conflicto que presenta el recurso no corresponde a una materia que deba ser dilucidada mediante esta acción cautelar de urgencia, ya que la discusión de fondo que plantea se centra, a fin de cuentas, en la determinación de si los criterios de interpretación seguidos por el Servicio de Impuestos Internos se ajustan o no a las normas tributarias aludidas y, con esto, determinar el estatuto tributario aplicable al recurrente, lo que no es posible de cautelar por esta vía, ya que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y en situación de ser amparados, presupuestos que conforme a lo dicho en la especie no ocurre.

SÉPTIMO: Que, por su parte, la Ley N°20.322, que creó los Tribunales Tributarios y Aduaneros, estableció un procedimiento general de reclamaciones por aplicación de las normas tributarias, contenido en el artículo 123 del Código Tributario. De igual forma, introdujo un amparo legal a nuestro sistema jurídico, denominado Procedimiento Especial de Reclamo por Vulneración de Derechos, contemplado en el Párrafo 2°, Título III del Libro 3° del Código Tributario. En efecto, el artículo 155 del mencionado Código dispone que si producto de un acto u omisión del Servicio, un particular considera vulnerados sus derechos contemplados en los numerales 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, podrá recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero, en cuya jurisdicción se haya producido tal acto u omisión, siempre que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en conformidad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título II o en los Párrafos 1° y 3° de este Título o el IV, todos del Libro Tercero del este Código.

OCTAVO: Que atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al recurrente.

Por estas consideraciones y lo que disponen los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide:

I.- Que SE RECHAZA, sin costas, la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Nacional don Fernando Barraza Luengo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro Francisco Javier Berríos Veloso.

No firma el ministro redactor, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado su suplencia y retornado a su tribunal de origen. Asimismo, no firma la abogada integrante señora Araneda, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Protección Rol N° 5049-2025.