Protección contra Colegio nombre reservado

Concepción, veinte de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece el abogado Rodrigo Andrés Durán Araneda, en representación de nombre reservado, ingeniero en control de proyectos, domiciliado en domicilio reservado, quien comparece en su calidad de padre y representante legal de sus hijas nombre reservado y nombre reservado, ambas estudiantes y de su mismo domicilio, recurriendo de protección en contra de Colegio nombre reservado, sociedad educacional, representada legalmente por nombre reservado o por quien la represente actualmente, todos con domicilio en domicilio reservado, por estimar que la negativa del establecimiento de permitir la matrícula y continuidad educativa de las menores para el año escolar 2026 constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera garantías constitucionales.

Expone que las alumnas han desarrollado su proceso educativo en el establecimiento recurrido, manteniendo vínculos académicos, sociales y formativos propios de su permanencia en la comunidad escolar, proyectándose su continuidad natural para el año 2026 en los cursos correspondientes a 5° año básico y 2° año básico. Que durante el año 2025 el padre de las menores enfrentó dificultades económicas derivadas de la quiebra de una sociedad en la cual participaba, lo que generó atraso en el pago de mensualidades escolares, originándose una deuda aproximada de $10.385.232 informada por el establecimiento educacional. Dicho establecimiento comunicó el cierre del proceso de matrícula para el año 2026, cancelando los cupos de las alumnas por la existencia de la deuda señalada, indicando además la eventual derivación de la cobranza a instancias externas. Indica que el recurrente procedió a regularizar íntegramente la deuda mediante transferencias efectuadas los días 22 y 26 de febrero de 2026 por montos de $5.500.000 cada una, cumpliendo así la totalidad de las obligaciones económicas pendientes con el establecimiento. No obstante, pese a haberse pagado íntegramente la deuda, el colegio mantuvo su decisión de impedir la matrícula de las alumnas, rechazando la solicitud de reconsideración formulada por el padre, quien manifestó su compromiso de cumplir oportunamente con las obligaciones económicas futuras. Estima que el actuar de la recurrida es ilegal por contravenir lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°20.370, que prohíbe aplicar sanciones a los alumnos por el no pago de compromisos económicos asumidos por sus padres o apoderados, estableciendo que dichas circunstancias no pueden afectar la continuidad educativa. Además, se considera arbitraria por carecer de razonabilidad, toda vez que la negativa de matrícula se funda exclusivamente en una situación económica atribuible al apoderado, la cual además fue completamente subsanada, trasladándose las consecuencias a las menores, quienes no tienen responsabilidad en los hechos.

Así las cosas, la conducta del establecimiento vulneraría las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, al afectar la integridad psíquica de las menores; artículo 19 N°2, al implicar discriminación arbitraria fundada en la situación económica familiar; artículo 19 N°10, al perturbar el derecho a la educación y la continuidad del proceso formativo; y artículo 19 N°24, al afectar derechos derivados de la relación contractual educacional existente. Refiere que el acto recurrido debe analizarse conforme al principio del interés superior del niño, el cual exige que toda decisión que afecte a menores priorice su bienestar, desarrollo integral y estabilidad educativa, aspectos que se verían perjudicados al impedir la continuidad escolar de las alumnas. Hace presente que la vulneración denunciada constituye una situación de carácter permanente, toda vez que la negativa de matrícula se mantiene en el tiempo, impidiendo la continuidad educativa de las menores pese a haberse regularizado la situación económica que motivó la decisión.

Solicita acoger el recurso de protección, declarando ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, ordenando permitir la matrícula y continuidad educativa de las alumnas para el año escolar 2026, y disponer las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas.

Informó Jean Pierre Latsague Lightwood, abogado, en representación del Colegio nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, por estimar que no existe acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales.

Sostiene que la decisión de no renovar la matrícula de las alumnas para el año escolar 2026 se fundó en incumplimientos contractuales del apoderado, particularmente el no pago oportuno de las mensualidades, la no renovación del contrato de prestación de servicios educacionales dentro del plazo establecido y el no pago oportuno de la matrícula. Agrega, que el apoderado mantenía una deuda por concepto de colegiaturas correspondiente al año 2025, la cual ascendía a $10.385.232, existiendo además antecedentes de atrasos reiterados en los pagos desde los años 2023, 2024 y 2025, circunstancia que habría sido advertida en múltiples comunicaciones enviadas por el establecimiento. Indica que el contrato de prestación de servicios educacionales suscrito entre las partes establecía la obligación del apoderado de pagar oportunamente las mensualidades y renovar el contrato dentro del plazo fijado entre el 1 y el 30 de diciembre de cada año, disponiéndose que el incumplimiento de dichas obligaciones facultaba al establecimiento para poner término al contrato. Añade que, conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el incumplimiento reiterado de obligaciones económicas y la no renovación de matrícula constituyen causales de pérdida de la calidad de alumno, circunstancia que justificaría la decisión adoptada por el establecimiento educacional.

Puntualiza que el apoderado fue informado reiteradamente de los plazos de matrícula y de las consecuencias de mantener deudas pendientes, especialmente mediante comunicaciones enviadas durante el año 2025, indicándose que el plazo máximo para regularizar la situación era el 30 de diciembre de 2025. Al no haberse regularizado la deuda ni renovado el contrato dentro del plazo señalado, el establecimiento comunicó con fecha 6 de enero de 2026 el cierre del proceso de matrícula para el año escolar 2026, asumiendo que las alumnas no continuarían en el colegio.

Por otro lado, asevera que el recurso sería extemporáneo, por cuanto el acto impugnado fue conocido por el recurrente el 6 de enero de 2026, mientras que la acción constitucional fue interpuesta con fecha 5 de marzo de 2026, excediendo el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección. Afirma que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia, por tratarse de una materia contractual que requiere discusión y prueba, no existiendo un derecho indubitado que pueda ser cautelado mediante esta acción de carácter urgente.

Sostiene que no existe acto ilegal ni arbitrario, ya que la decisión de no renovar la matrícula se encontraría justificada en el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales y reglamentarias asumidas por el apoderado, y en la falta de manifestación de voluntad de renovar el contrato dentro del plazo correspondiente.

Argumenta que el artículo 11 de la Ley N°20.370 no resulta vulnerado, puesto que la prohibición de sancionar por deudas económicas rige durante el año escolar, mientras que la decisión de no renovar la matrícula fue adoptada una vez finalizado el año académico 2025. Además, no se han afectado las garantías constitucionales invocadas, toda vez que la decisión adoptada se ajusta a la normativa educacional, contractual y reglamentaria aplicable, habiéndose aplicado las mismas reglas que al resto de los apoderados del establecimiento, por lo que solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con costas, por no configurarse ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del establecimiento educacional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que el recurrente por esta acción constitución impugna la decisión del establecimiento de no renovar la matrícula de las alumnas para el año escolar 2026, acto que califica de ilegal y arbitrario. Fundamenta su acción en que, tras atravesar dificultades económicas por la quiebra de una sociedad, procedió a saldar íntegramente la deuda de escolaridad del año 2025 que ascendía a $10.385.232, mediante transferencias bancarias realizadas los días 22 y 26 de febrero de 2026, sumando un total de $11.000.000. Sostiene que la persistencia en la negativa de matrícula, tras el pago, vulnera garantías constitucionales como el derecho a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la educación.

TERCERO: Que el Colegio nombre reservado al informar solicita el rechazo del recurso, argumentando que el apoderado ha incurrido en un incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones pecuniarias desde el año 2023. Precisó que el proceso de matrícula para el año 2026 fue debidamente informado y cerró el 30 de diciembre de 2025. Al no verificarse el pago ni la solicitud de renovación en dicho plazo, el establecimiento asumió que las alumnas no continuarían y procedió a la cancelación de las vacantes conforme al contrato y al Reglamento Interno (RICE).

CUARTO: Que, para resolver el asunto, es imperativo analizar el marco normativo y la trayectoria del incumplimiento. El artículo 11 de la Ley 20.370 General de Educación, prohíbe cancelar la matrícula o suspender alumnos por deudas durante la vigencia del año escolar. Sin embargo, esta protección no es absoluta respecto de la renovación para periodos futuros.

Según la Circular N°0621 de la Superintendencia de Educación, los colegios pueden oponerse a la renovación de contratos para el año siguiente cuando existe un incumplimiento pecuniario grave y reiterado, por ser el pago una obligación esencial del contrato bilateral.

QUINTO: Que en este sentido el máximo tribunal ha sostenido “Sin embargo, de la regulación se desprende que, la imposibilidad de cancelar la matrícula u adoptar medidas ante el no pago de aranceles no es absoluta, pues, conforme el artículo 11 de la Ley N°20.370 previamente transcrito, lo que persigue el legislador es que los alumnos no sean excluidos de sus establecimientos educacionales durante el año escolar, fundado únicamente en la existencia de incumplimientos a los compromisos económicos adquiridos por sus apoderados.

Lo expuesto, consta además en la interpretación de la normativa que hace la Superintendencia de Educación, en el pronunciamiento contenido en la Circular N°0621 del 25 de marzo de 2020. Sobre este punto, se indica que, los establecimientos educacionales sólo se encuentran facultados a oponerse a una renovación de contratos para el año académico siguiente, cuando se hubiere incumplido de manera grave y reiterada las obligaciones pecuniarias, especialmente, aquellas asociadas al pago de arancel, por tratarse de una obligación esencial del contrato. Ello, sin perjudicar el derecho de los estudiantes, por lo que no se puede interrumpir su proceso educativo hasta el término del año escolar.” (Corte Suprema Rol N°20.793- 2025).

SEXTO: Que, del análisis de los antecedentes, consta que el establecimiento educacional desplegó una serie de actuaciones, realizando múltiples comunicaciones y advertencias al recurrente para que regularizara su situación financiera. Conforme a los antecedentes aportados, es posible establecer que el año 2023, se registran correos de cobranza entre junio y diciembre, incluyendo una advertencia explícita el 12 de diciembre sobre la no renovación para el año 2024 debido a la morosidad. En el año 2024, se enviaron comunicaciones de morosidad entre mayo y septiembre.

Particularmente, el 30 de septiembre de 2024 se le recordó que, de no saldar la deuda al 27 de diciembre de ese año, no se efectuaría la matrícula para 2025. Por su lado en el año 2025 se efectuaron reiterados avisos de cobranza en mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre. El 23 de diciembre de 2025, el colegio envió un correo final informando que el último plazo para pagar y matricular vencía el 30 de diciembre de 2025, advirtiendo que tras esa fecha se reducirían los cupos disponibles. No habiendo respuesta el 6 de enero de 2026, se le notificó formalmente que, al no haber cumplido los plazos, el colegio asumía el cese de la relación educativa y procedía a cancelar los cupos.

SÉPTIMO: Que el vínculo jurídico entre las partes se rige por el contrato de prestación de servicios educacionales, cuyas estipulaciones resultan obligatorias para los contratantes. Al respecto, la cláusula undécima de dicho instrumento establece taxativamente: “Este contrato tendrá una duración de un año a contar de esta fecha, renovándose por igual período y en las mismas condiciones si el apoderado así lo expresare mediante solicitud escrita, la que deberá ser presentada dentro de los días 1 a 30 del mes de Diciembre de cada año; y el Colegio además lo aceptare” . Por su parte, la cláusula duodécima prescribe que: “Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula precedente el contrato terminará de forma inmediata en los siguientes casos: ... b) Por incumplimiento del apoderado de cualquiera de sus obligaciones consignadas en la cláusula séptima precedente”, norma que remite directamente al deber del apoderado de pagar oportunamente la escolaridad dentro de los primeros diez días de cada mes.

OCTAVO: En la especie, del análisis de los antecedentes se colige que el recurrente no solo desatendió las condiciones formales para la renovación del vínculo para el año 2026, sino que incurrió en un incumplimiento grave de su obligación esencial de pago. Consta que el actor ignoró sistemáticamente las sucesivas prórrogas, avisos de cobranza y facilidades otorgadas por la institución durante los años escolares 2023, 2024 y 2025, optando por no regularizar la morosidad ni manifestar su voluntad de renovar la matrícula dentro del plazo fatal del 30 de diciembre de 2025, lo que facultó legítimamente al colegio para declarar la extinción del contrato y disponer de las vacantes.

NOVENO: Que el pago de $11.000.000 realizado a fines de febrero de 2026 resulta extemporáneo, pues se efectuó cuando el proceso de matrícula ya había concluido y los cupos habían sido legalmente cancelados. De este modo, la decisión del Colegio nombre reservado no constituye un acto ilegal, pues se ajusta a la normativa educacional y a las estipulaciones contractuales. Tampoco es arbitraria, ya que se fundó en un hecho objetivo - la morosidad reiterada- y fue precedida de numerosos avisos que permitieron al recurrente prever las consecuencias de su desidia.

DÉCIMO: Que la acción de protección busca cautelares derechos indubitados frente a actos caprichosos, lo que no ocurre en este caso, donde el conflicto deriva de un incumplimiento contractual privado en un ámbito donde el colegio ya garantizó la permanencia de las alumnas hasta el cierre del año escolar respectivo. En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la decisión de no renovar la matrícula, pues, como se observó de la normativa previamente citada, dicha posibilidad sólo se encuentra restringida en el caso de pretender adoptarla en el curso del año escolar, lo que en este caso no se configura. Por lo mismo, no se constata la configuración de un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, por lo cual la acción constitucional no puede prosperar. UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo razonado en torno al fondo, esta acción constitucional de igual manera no podía prosperar por haber sido planteada de forma extemporánea. De acuerdo con el numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, el plazo fatal para interponer el recurso de protección es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o desde que se tiene conocimiento cierto del mismo. En el caso de autos, el acto impugnado consiste en la decisión de no renovación de matrícula, la cual fue comunicada formalmente al recurrente mediante correo electrónico de fecha 6 de enero de 2026.

DUODÉCIMO: Que, por consiguiente, el plazo legal para accionar expiró el día 5 de febrero de 2026. Sin embargo, el recurso no fue interpuesto sino hasta el 5 de marzo de 2026, esto es, cuando el derecho ya había caducado latamente. Al respecto, debe desestimarse la alegación del recurrente de estar frente a un “hecho permanente”, pues la cancelación de la matrícula es un acto de efectos inmediatos y precisos cuya certeza quedó fijada con la notificación oficial de enero. Esta extemporaneidad constatada constituye un vicio formal insubsanable que, por sí solo, basta para desestimar el presente recurso, toda vez que se ha excedido el marco temporal de urgencia y cautela que la Constitución Política de la República prevé para esta acción especial.

DECIMOTERCERO: Que, finalmente, atendido el interés superior de las niñas, se reitera que es responsabilidad primordial de sus padres velar por la continuidad de su proceso educativo en un nuevo establecimiento, dado que el vínculo con la institución recurrida se ha extinguido de manera legal y no arbitraria Por estas consideraciones, normas legales citadas, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en representación de sus hijas menores de edad, en contra de la nombre reservado.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro Mauricio Danilo Silva Pizarro.

No firma el abogado integrante señor Rafael Kuncar Oneto, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol N°5.048-2026.- Protección.