Protección contra TRANS WARRANTS SpA

C.A. de Concepción rtp Concepción, nueve de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

Don DIEGO JAVIER RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, abogado, en representación convencional —según se acreditará— de COMERCIALIZADORA nombre reservado LUIS S.A., RUT N.º RUT reservado, representada por don nombre reservado, RUT N.º RUT reservado,; y de MAR FUSIÓN S.A., RUT N.º RUT reservado, representada por don nombre reservado, RUT N.º RUT reservado, ingeniero, interpone acción constitucional de protección en contra de TRANS WARRANTS SpA., Almacén General de Depósito, RUT N.º RUT reservado, representada por don nombre reservado, RUT N.º RUT reservado, ACOGERLO EN TODAS SUS PARTES, decretando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y poner término a las actuaciones ilegales y arbitrarias denunciadas, en especial, solicita dejar sin efecto el remate convocado respecto de los inventarios de sus representadas y toda base o aviso asociado, por haberse citado y estructurado en contravención de la Ley N.º 18.690 y su Reglamento. Pide asimismo ordenar el cese inmediato de todo cierre y sellado de estanques, así como la apertura de los sellos practicados sobre bienes no individualizados o no pignorados conforme a los respectivos Certificados de Depósito y Vales de Prenda, restituyendo a sus representadas el uso y disposición de tales inventarios. Oficiar a Trans Warrants SpA. y al martillero público don nombre reservado, de Remates nombre reservado, para que se abstengan de cualquier acto de ejecución, remate, venta, entrega, traslado o disposición de los productos involucrados, bajo apercibimiento legal. Declarar que cualquier eventual realización futura deberá ajustarse estrictamente al régimen legal y reglamentario aplicable: individualización por estanque y calidad, publicidad con todas las menciones del artículo 13 de la Ley N.º 18.690 y del Reglamento de Martilleros, y límite de comisión del 0,5 % para ejecución de warrants; todo lo cual se ordena como condición previa a cualquier nueva citación, todo ello con costas.

Agregados los antecedentes de rigor, se ordenó traer los autos en relación.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, la recurrente refiere que, mediante diversos actos ilegales y arbitrarios, se ha perturbado y amenazado de forma grave, constante y actual el ejercicio de las garantías constitucionales de sus representadas, en particular las consagradas en los artículos 19 N.º 3, N.º 21 y N.º 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que las recurrentes forman parte de un grupo empresarial con más de tres décadas de actividad en la industria pesquera nacional, especializado en la producción y comercialización de aceite de pescado, con operaciones radicadas principalmente en la Región del Biobío. En dicho período han sostenido encadenamientos productivos y comerciales de alto impacto regional —empleo directo e indirecto, proveedores y contratistas—, de modo que la continuidad de la operación trasciende su interés individual y compromete intereses colectivos asociados a la estabilidad laboral y al funcionamiento de la cadena de suministro.

El activo circulante principal del giro consiste en inventarios de diversas clases de aceites, cuya rotación provee la liquidez operativa. Para financiar capital de trabajo, dichas existencias fueron pignoradas mediante Certificados de Depósito (CD) y Vales de Prenda (VP) emitidos por el Almacén General de Depósito Trans Warrants SpA., endosados en garantía a favor de Banco Santander-Chile.

En lo que interesa a este recurso, constan vales de prenda vigentes que amparan MIX DE ACEITES —aceite de pescado, aceite vegetal y aceite de pollo— almacenado en estanques ubicados en Coronel (con retiro en plantas COSAL y MAR FUSIÓN), actualmente objeto de un intento de realización por remate.

En particular, respecto de COMERCIALIZADORA nombre reservado LUIS S.A., constan los siguientes vales de prenda: N.º 22314, 22315, 22316, 22634 y 22813, emitidos por Trans Warrants SpA. y endosados en garantía a Banco Santander-Chile, cuyos antecedentes de emisión, vigencia, cantidades y especies constan en los instrumentos acompañados en el primer otrosí de este escrito.

Por su parte, respecto de MAR FUSIÓN S.A., consta el Vale de Prenda N.º 22776, emitido el 9 de enero de 2025, con vencimiento el 8 de julio de 2025, por USD RUT reservado, igualmente endosado a Banco Santander-Chile y gestionado por Trans Warrants SpA. como almacenista y operador del sistema de warrants:

VP N.º Depositante Acreedor prendario Almacenista (AGD)

22314 Comercializadora nombre reservado Luis S.A. Banco Santander-Chile Trans Warrants SpA.

22315 Comercializadora nombre reservado Luis S.A. Banco Santander-Chile Trans Warrants SpA.

22316 Comercializadora nombre reservado Luis S.A. Banco Santander-Chile Trans Warrants SpA.

22634 Comercializadora nombre reservado Luis S.A. Banco Santander-Chile Trans Warrants SpA.

22813 Comercializadora nombre reservado Luis S.A. Banco Santander-Chile Trans Warrants SpA.

22776 Mar Fusión S.A. Banco Santander-Chile Trans Warrants SpA.

La individualización documental de estas garantías —números de los vales de prenda, fechas de emisión y vencimiento, mercaderías amparadas, cantidades y calidades— se acompaña íntegramente en el primer otrosí, dejando constancia de que se trata de activos de alto valor y esenciales para la continuidad de la operación, cuya realización solo puede llevarse a cabo observando estrictamente la Ley N.º 18.690 y su Reglamento, y, supletoriamente en lo compatible, la Ley N.º 18.118 y su Reglamento, extremos cuyo incumplimiento se denuncia en este recurso.

Respecto del cierre de estanques y remate, indica que el 20 de octubre del año en curso, don nombre reservado, gerente comercial de Trans Warrants SpA., comunicó a sus representadas la instrucción de ejecutar garantías.

Lo anterior llama la atención, toda vez que los vales de prenda de titularidad de Banco Santander reconocen diversas especies de aceites y no solo aceite de pescado; es decir, la recurrida estaba preparando un remate sobre bienes diversos de los pignorados a su favor.

Que, en la misma comunicación, se indica que se sellarán todos los estanques propiedad de sus representadas con inventario en Mar Fusión y COSAL, adjuntando listado de estanques y rotulando todo como “aceite de pescado”, sin separar por especie o calidad ni vincular a vales de prenda.

Tales inconsistencias y advertencias levantaron alarmas internas en las gerencias competentes de las empresas por el desborde del objeto prendado, poniendo en real riesgo la continuidad de la operación.

Frente a tal amenaza, su representada exigió al señor nombre reservado los fundamentos legales o convencionales que justifican la inmovilización de los demás inventarios. Ante tal requerimiento, el señor nombre reservado indicó que, para un mayor conocimiento, era necesario consultar con el abogado de la compañía. En consecuencia, su representada dirigió un correo en tal sentido, el cual, a la fecha, no ha tenido respuesta.

Respecto a la ilegalidad y arbitrariedad de la etapa de preparación del remate, refiere que la cadena de correos acompañada consta que Trans Warrants SpA. comunicó a sus representadas que, por instrucción del titular del vale de prenda (Banco Santander), procedería al cierre y sellado de estanques en las plantas de MAR FUSIÓN S.A. y COMERCIALIZADORA nombre reservado LUIS S.A., para su remate.

Acto seguido, el almacenista indicó que sellaría todos los estanques con inventario en los recintos de Mar Fusión y COSAL, y remitió un detalle de los estanques a sellar, rotulándolos íntegramente como “aceite de pescado”, sin discriminar especie, calidad ni correspondencia con los vales de prenda. Cuando se requirió a Trans Warrants SpA. precisar los preceptos legales que autorizarían semejante cierre total —que no es sino una aprehensión global de inventarios—, la empresa derivó a su abogado, quien no dio respuesta alguna.

Del contenido de los vales de prenda acompañados a esta presentación se puede apreciar expresamente la presencia de un “mix” de especies sin designación de estanques precisos, tal como lo intenta imponer la recurrida.

Sin embargo, Trans Warrants SpA. selló solo los estanques con “aceite de pescado”, que coincide con la especie de mayor precio, y eligió un estanque adicional de modo aleatorio para “completar tonelaje”, desconociendo en su favor las calidades del aceite en cada estanque. En otras palabras, sustrajo del rótulo de los vales de prenda su componente de aceite vegetal y aceite de pollo, y reclasificó unilateralmente todo como aceite de pescado para alimentar el remate.

Sobre el remate de las especies, refiere que el domingo 2 de noviembre del presente año, en los avisos económicos del periódico El Mercurio, así como en la página web https://rematesandurand.cl/remate.php?cod=380, perteneciente al martillero público don nombre reservado, se publicó el remate de los productos previamente sellados por la recurrida.

Como es posible apreciar, la citación publicada por el martillero reduce todo el objeto de la subasta a “1.740 toneladas de aceite de pescado crudo […] almacenados en estanques en la ciudad de Coronel”.

Sin embargo, esta caracterización no es veraz ni compatible con los instrumentos constitutivos de la garantía. Como se ha denunciado, del análisis de los certificados de depósito y los vales de prenda se desprende la existencia de tres especies diferentes pignoradas: aceite de pescado, aceite vegetal y aceite de pollo.

No se trata, por tanto, de un único “aceite de pescado” homogéneo, sino de especies diversas, cuyo tratamiento jurídico y económico no es intercambiable.

El principio de literalidad de la prenda warrant, en su calidad de título valor, impone que la realización recaiga exclusivamente sobre lo amparado por cada vale de prenda, razón por la cual sus avisos y reglas de remate deben ser coherentes con la determinación por naturaleza, calidad y cantidad.

El aviso, en cambio, borra esas diferencias, homologa todo como “aceite de pescado” y frustra la trazabilidad que la Ley N.º 18.690 y su Reglamento ordenan, tales como fichas, registros y mapeo del vale de prenda a un estanque. Esta sola discordancia vicia la convocatoria: los postores no conocen qué se remata, de qué calidades y bajo qué títulos; y sus representadas quedan expuestas a que se incluyan en el martillo existencias no pignoradas o pignoradas con naturaleza distinta a la ofrecida.

Lo anterior es totalmente consistente con los graves defectos y arbitrariedades descritas anteriormente y a ello se suma un vicio económico y jurídico grave: la comisión fijada en las bases en “6 % + IVA”. Sobre el punto, el régimen especial de warrants no deja margen: “los martilleros no podrán cobrar una comisión mayor de medio por ciento” (artículo 13 de la Ley N.º 18.690).

En términos simples y verificables, el 6 % equivale a 12 veces el máximo permitido: es el 1.200 % del tope legal. La ilegalidad no se sanea trasladando la comisión al “comprador” ni cargándola al “servicio de plataforma”; sigue siendo la comisión del martillero en una realización regida por ley especial, y su fuente y límite son legales, no contractuales.

La persistencia de este patrón ilegal se aprecia incluso en otra convocatoria publicada por el mismo martillero —también bajo la órbita de Trans Warrants SpA.— donde se reproduce el esquema de aviso genérico y la comisión superior al estándar permitido.

Lejos de ser un error aislado, el formato de anuncio y cobro debe ser revisado por la judicatura antes de cualquier realización, porque distorsiona la puja, deprecia el precio y hace recaer sobre el propietario costos ilegales que la ley pretende precisamente evitar en un remate de ejecución de garantía.

Afirma la recurrente que se ve afectado su derecho de propiedad (artículo 19 N.º 24 de la CPR), ya que el cierre masivo, la reclasificación y la realización forzada de inventarios no individualizados conforme al régimen de los Almacenes Generales de Depósito —sumado a la detracción de una comisión proscrita— impiden usar y disponer de los bienes que integran el giro, afectando el núcleo esencial del dominio.

Aquí no se discute el crédito, sino la forma en que el almacenista y el martillero están aprehendiendo y realizando bienes que no corresponden al objeto pignorado, tal como exige la Ley N.º 18.690. Continuadamente, su Reglamento ordena que, respecto de cada mercadería depositada, el almacenista mantenga fichas y registros “con indicación de la cantidad, naturaleza, clase o variedad […] y ubicación interna”, además de identificar el número del certificado de depósito y del vale de prenda, precisamente para delimitar el bien sobre el que puede ejecutarse la garantía (artículo 3).

El cierre y sellado masivo de estanques “para remate”, homologando todo como aceite de pescado cuando los instrumentos consignan especies distintas (pescado, vegetal, ave), desborda ese objeto pignorado y menoscaba el contenido esencial del dominio sobre los inventarios.

La lesión se agrava porque las bases imponen una comisión del 6 % más IVA, que se detrae del producto de la venta, pese a que en la ejecución de warrants “los martilleros no podrán cobrar una comisión mayor de medio por ciento” (artículo 13 de la Ley N.º 18.690, texto legal acompañado), lo que deprime aún más el precio.

Expone asimismo que se afecta su libertad para desarrollar cualquier actividad económica (artículo 19 N.º 21 de la CPR), ya que la actuación de la recurrida —cierre masivo de estanques, reclasificación arbitraria de la naturaleza de los bienes pignorados como íntegramente “aceite de pescado” y convocatoria ilegal al remate— impide la prosecución normal de la actividad de sus representadas. En efecto, priva a las empresas de sus activos esenciales (inventarios destinados a tratamiento y comercialización), bloquea operaciones comprometidas y arriesga incumplimientos contractuales con las consiguientes pérdidas patrimoniales y reputacionales.

Lo dicho no proviene de una ley ni de una orden jurisdiccional, sino de una gestión unilateral de garantía, por lo que constituye una injerencia arbitraria contraria al artículo 19 N.º 21, ya que comenta que la jurisprudencia ha reconocido que los inventarios sujetos a prenda warrant pueden revestir el carácter de bienes esenciales para la continuidad del giro, de modo que no es posible privar al deudor de materias primas necesarias para su operación. Así lo resolvió, en los pocos fallos sobre warrants, al rechazar la declaración de no esencialidad de vinos afectos a warrant, precisamente por el impacto que su indisponibilidad produciría en la actividad productiva.

En estas condiciones, la gestión de garantía traspasa el límite de lo permitido y lesiona la libertad de empresa al sustraer a las compañías de los activos que sustentan su explotación ordinaria. Corresponde, por tanto, restablecer el imperio del derecho suspendiendo la ejecución irregular y ordenando que cualquier eventual realización futura se ajuste estrictamente al régimen legal y reglamentario aplicable.

Alude asimismo a que, en el presente caso, se violó el debido proceso (artículo 19 N.º 3 de la CPR) y prohibición de autotutela, ya que la recurrida se atribuye potestades materiales de ejecución que exceden el marco legal de la prenda warrant y sustraen el conflicto al control de un procedimiento racional y justo.

En efecto, y tal como se ha denunciado, se reclasifican más de 1.700 toneladas de aceite como si fuese todo “aceite de pescado”, sin correlato con los vales de prenda ejecutados ni mapeo de los estanques específicos. Ello alteraría de facto la situación preexistente y resuelve por sí sola la controversia sobre qué bienes están efectivamente afectos.

Así, la recurrida no ejecuta una garantía conforme a derecho, sino que impone un resultado mediante vías de hecho en los términos reprochados por la jurisprudencia citada.

Ello vulnera el artículo 19 N.º 3 de la CPR y justifica que esta Ilustrísima Corte mantenga el statu quo, suspenda toda realización y ordene reconducir cualquier medida futura al procedimiento legal y reglamentario aplicable (individualización estricta, trazabilidad y control jurisdiccional cuando corresponda).

Como corolario, el hecho de que la ley de warrants contemple la realización extrajudicial no autoriza a prescindir de las garantías mínimas de procedimiento en cualquier acto de ejecución de garantías reales.

Señala que si la ejecución desnaturaliza las garantías del artículo 19 (propiedad, igualdad, libertad de empresa, debido proceso) mediante aprehensión genérica, publicidad defectuosa y comisión prohibida, corresponde a esta Ilustrísima Corte restablecer el imperio del derecho.

La regla del artículo 13 de la Ley N.º 18.690 (suspensión ordinaria solo con orden escrita previa consignación) no puede erigirse en barrera para el control constitucional: supeditar la protección del dominio a pagar primero el crédito vaciaría de contenido la garantía del artículo 19 N.º 24 y la tutela del artículo 20.

La acción de protección es procedente porque la lesión es actual e inminente. En efecto, la mentada urgencia resulta aún más clara frente a la existencia de garantías a primer requerimiento o cauciones y tal como se ha advertido, el riesgo se acentúa sustantivamente al considerar el régimen jurídico de las garantías warrant reguladas en la Ley N.º 18.690 sobre Almacenes Generales de Depósito.

Señala que el artículo 13 otorga al acreedor prendario la facultad de solicitar la subasta transcurridos apenas ocho días desde la anotación de la mora. Continuadamente, el artículo 14 establece que la subasta de la especie por falta de pago de la obligación garantizada con ella no podrá suspenderse en caso de declarado el inicio de un procedimiento concursal o muerte del deudor.

Lo anterior, desde la perspectiva de la operación de las compañías, encarna un riesgo cierto de pérdida de bienes esenciales, puesto que tales existencias no solo constituyen su principal producto comerciable —y, por tanto, la vía principal para procurarse liquidez—, sino que además su falta acarrearía una inevitable cadena de incumplimientos y potenciales pérdidas de posicionamiento en el mercado.

SEGUNDO: Que, TRANS WARRANTS SpA., Almacén General de Depósito, RUT N.º RUT reservado, representada por don nombre reservado, RUT N.º RUT reservado, informa la presente causa, afirmando que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción es absolutamente incompetente, porque las partes pactaron someter sus diferencias a arbitraje.

Añade que la acción de protección carece del litisconsorcio pasivo necesario, al omitir al acreedor prendario Banco Santander Chile.

Afirma asimismo que no existe vulneración a los derechos de propiedad, libertad económica ni debido proceso, porque los bienes en prenda warrant a rematar fueron reemplazados por los estanques de aceite de pescado que se rematan.

No existe vulneración a los derechos de propiedad, libertad económica ni debido proceso, porque los bienes en prenda warrant a rematar no impiden la continuidad del giro, al existir muchos otros bienes en depósito.

Añade que tampoco existe vulneración a los derechos de propiedad, libertad económica ni debido proceso, porque TW cumplió con el mandato legal y aplicó las facultades que contempla la Ley N.º 18.690 sobre Almacenes Generales de Depósito.

Alude asimismo la inexistencia de vulneración a los derechos de propiedad, libertad económica ni debido proceso, porque fueron las mismas recurrentes quienes libremente constituyeron prenda warrant sobre sus bienes y se sometieron a la Ley N.º 18.690 y su Reglamento.

Los reproches y peticiones de la presente acción de protección carecen de la necesaria condición de ultima ratio, más aún si existe cláusula compromisoria para resolver controversias.

Alude asimismo a que los reproches ventilados en la presente acción de protección carecen de urgencia.

Previo a entrar al fondo del asunto controvertido, a fin de asegurar un correcto entendimiento y discusión sobre la materia y lo que versa un Almacén General de Depósito y el contrato de almacenaje, la informante indica que Trans Warrants SpA., es una empresa que nace a fines de la década de los ochenta, dedicándose al negocio de los warrants (contrato de almacenaje y Almacenes Generales de Depósito) hasta el día de hoy, tiempo en el cual se ha consolidado como una de las principales empresas del rubro gracias a su larga trayectoria y experiencia en el manejo y control de inventarios en las distintas industrias de nuestra economía.

La empresa se ha posicionado en el mercado como una empresa seria, responsable y confiable en el control de las garantías sobre los distintos productos que custodia mediante toma de inventarios, además de su agilidad y calidad en el servicio que entrega a sus clientes.

En los años transcurridos, su representada ha ido a la vanguardia de la industria del warrant, creando nuevas herramientas con el fin de entregar el apoyo necesario a sus clientes para que obtengan financiamiento de terceros, principalmente instituciones bancarias, acorde a sus necesidades. Varias décadas de experiencia en el mercado son las que avalan su exitosa gestión.

Trans Warrants está hoy presente a lo largo del país, para lo cual cuenta con agencias propias y con personal capacitado en el desarrollo de sus funciones, ofreciendo una mayor seguridad y capacidad técnica en sus servicios.

Esta empresa es auditada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) —y anteriormente por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)—, logrando la clasificación máxima con categoría “A” durante todos estos años, lo cual le permite operar con toda la banca e instituciones financieras como acreedoras del deudor depositario de las mercaderías dadas en warrants. Estas garantías son consideradas garantías reales.

Respecto al contrato de almacenaje o Warrants, indica que dicho contrato constituye el régimen sobre el cual nuestra representada ha actuado en los hechos materia de este proceso, consiste en un régimen especial y distinto respecto del contrato de depósito en general. Recordemos que el depósito en general está regulado por los artículos 2.215 y siguientes del Código Civil, y 807 y siguientes del Código de Comercio.

Este especial régimen de almacén (warrants) se encuentra regulado en la Ley N.º 18.690 sobre Almacenes Generales de Depósito y en su Reglamento, contenido en el Decreto N.º 152 del año 1988 del Ministerio de Agricultura, sumado a lo que pacten las partes en los respectivos contratos de Almacén General de Depósito, Certificados de Depósito y Vales de Prenda, y en los contratos anexos de estos últimos.

Describe que las disposiciones más relevantes sobre la materia, contenidas en la Ley N.º 18.690, pertinentes respecto del caso de autos, son el artículo 1.º: “El contrato de almacenaje (o warrants) es aquel en virtud del cual una persona llamada depositante entrega en depósito a otra denominada almacenista mercancías de su propiedad de cualquier naturaleza, para su guarda o custodia, las que pueden ser enajenadas o pignoradas mediante el endoso de los documentos representativos de las mismas emitidos por el almacenista, esto es, del certificado de depósito y del vale de prenda, en su caso, todo de conformidad a las disposiciones de la presente ley.”. El artículo 3.º: “Son almacenes generales de depósito o almacenes los establecimientos, recintos, depósitos o contenedores destinados a recibir o guardar mercaderías y productos con arreglo a las disposiciones de la presente ley, sean estos de propiedad del almacenista o de otra persona. Los almacenistas responderán, en todo caso, de la culpa leve por las mercaderías que reciban en depósito.” (El subrayado es nuestro). El artículo 4.º: “El contrato de almacenaje se perfecciona por la entrega del certificado de depósito y del vale de prenda que el almacenista otorga al depositante una vez recibidas las mercaderías. / Los almacenistas deberán inscribir en su registro los documentos que emitan. / El dominio de las especies depositadas se acreditará frente a terceros por medio del certificado de depósito expedido por el almacenista, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10.” (El subrayado es nuestro). El artículo 5.º: “Tanto el certificado de depósito como el vale de prenda anexo tendrán las siguientes indicaciones: 1. La designación o ubicación del almacén en que se hubiere hecho el depósito e individualización del almacenista; 2. El número de orden y fecha del otorgamiento de los certificados; 3. El nombre, profesión y domicilio del depositante; 4. La naturaleza, calidad y cantidad de las especies depositadas; 5. El estado actual de éstas; 6. Los seguros que las caucionen; 7. Las marcas y demás indicaciones necesarias para determinar la identidad y el valor de las especies depositadas, o bien, las indicaciones que exija el reglamento para establecer las características y fijar el valor de esas mismas especies; 8. El plazo de vigencia y las prórrogas que las partes acuerden, respecto del depósito; 9. La declaración del depositante de su calidad de dueño de las especies almacenadas, expresando si existe gravamen, prohibición o embargo sobre tales especies, y; 10. La constancia de su anotación en el registro del almacenista.”

La declaración del depositante de su calidad de dueño de las especies almacenadas es clave y base para que el financiamiento otorgado sea, por una parte, rápido y eficaz como lo requiere el comercio, y por la otra, basado en la buena fe contractual y en la confianza de los comerciantes.

Cita el artículo 6.º: “El dominio de las especies depositadas en los almacenes se transfiere mediante el endoso del certificado de depósito. / La prenda de las especies depositadas se constituye a través del endoso del respectivo vale…” (El destacado y subrayado es nuestro). Asimismo, transcribe el artículo 8.º: “El endoso del certificado de depósito y el del vale de prenda, hechos conjunta o separadamente, deben ser fechados. / El endoso del vale de prenda, hecho separadamente del endoso del certificado de depósito, debe enumerar, además: 1. El nombre y domicilio del cesionario; 2. El monto del capital e intereses del o de los créditos, y; 3. La fecha del vencimiento de dichos créditos y sus modalidades.”. El artículo 9.º: “En caso de endosarse el vale de prenda separadamente del certificado de depósito, se dejará testimonio en este último de todas las indicaciones mencionadas en el artículo precedente.” El artículo 13.º: “Si el deudor no pagare el crédito prendario a su vencimiento, el titular del vale de prenda pondrá el hecho en conocimiento del almacenista, quien anotará esta circunstancia en los registros y, transcurridos ocho días desde la anotación sin que se haya efectuado el pago, pedirá al almacenista que haga subastar por martillero público la especie dada en prenda, a fin de que se le pague con el producto del remate.” (El destacado y subrayado es nuestro). El artículo 18.º: “El tenedor del certificado de depósito y el vale de prenda podrán, en cualquier momento, inspeccionar el estado y condiciones de la especie depositada, a fin de tomar las medidas conservativas que procedan. Igual derecho tendrá el almacenista en los casos en que el recinto en que opere el almacén sea de propiedad del depositante o de otra persona.” (El destacado y subrayado es nuestro). Finalmente cita el artículo 28.º: “Previo acuerdo entre el almacenista, el depositante y el acreedor prendario, si lo hubiere, podrá el depositante reemplazar toda o parte de las mercaderías o productos depositados por otros iguales o de similar calidad.” (El destacado y subrayado es nuestro).

Comenta la recurrente que existen disposiciones relevantes del contrato de Almacén General de Depósito, describiendo las disposiciones más relevantes pactadas entre los depositantes (nombre reservado Luis y Mar Fusión) y el almacenista (TW) para este warrant, conforme sus contratos de Almacén General de Depósito celebrados.

Cláusula segunda: “[…] La Almacenista queda desde ya facultada para trasladar las mercaderías, ante cualquier riesgo inminente de las mismas, riesgo e inminencia que será juzgado en forma exclusiva y excluyente por la Almacenista, no obstante que deberá dar aviso de inmediato del referido traslado a la Depositante y al Acreedor Prendario, si lo hubiera. […]”

Cláusula decimonovena: “Cualquier duda o dificultad que surja entre las partes con motivo del presente contrato o de sus documentos complementarios o modificatorios, ya se refiera a su interpretación, cumplimiento, validez, duración, vigencia, ejecución, procedencia, determinación de monto y aplicación de multas, terminación o interpretación del presente contrato o cualquier otra causa relacionada con el mismo, será resuelta amigablemente entre las partes de acuerdo al principio de la buena fe y de las sanas prácticas mercantiles. Si no se lograre un acuerdo en estos términos, las partes someterán la controversia a arbitraje para ante un árbitro arbitrador. Este árbitro arbitrador deberá ser designado por las partes de común acuerdo dentro de un plazo de treinta días contados desde el requerimiento escrito que en tal sentido haga llegar una parte a la otra; de no lograrse tal acuerdo dentro del plazo indicado, las controversias serán sometidas a arbitraje conforme al Reglamento del Centro de Mediación y Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., cuyas disposiciones constan en la escritura pública de fecha 4 de junio de 2014, otorgada en la Notaría de Santiago de don nombre reservado, el que, formando parte integrante de esta cláusula, las partes declaran conocer y aceptar. Las partes confieren mandato especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe el árbitro de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje de esa Cámara. El arbitraje que se establece en esta cláusula es sin perjuicio del derecho de la Almacenista de recurrir ante la Justicia Ordinaria en caso que lo estime pertinente para requerir el cumplimiento forzado de las obligaciones que se establecen en el presente contrato.” (El subrayado y destacado es nuestro).

Disposiciones relevantes del contrato anexo al Certificado de Depósito y Vale de Prenda materia de autos: A continuación, pasamos a describir las disposiciones más relevantes pactadas entre los depositantes (nombre reservado Luis y Mar Fusión) y el almacenista (TW) al momento de emitir los respectivos Certificados de Depósito y Vales de Prenda materia de autos, donde pactaron que la mercadería depositada en warrants puede ser reemplazada, operando así la sustitución automática de los depósitos, pasando a ser la nueva mercadería depositada aquella dada en prenda warrants: Cláusula 13.ª: “Se entiende que el Warrant está conformado por todo el Aceite de Pescado y/o Aceite Vegetal y/o Aceite de Ave, existentes o depositados en el Almacén indicado en la cláusula 3.ª del presente Contrato de Almacenaje o en otro Almacén General de Depósito que el Almacenista mantenga habilitado y/o habilite en el futuro.

Las partes acuerdan que el producto depositado podrá ser reemplazado por otros de igual o similar calidad, permitiendo así la sustitución automática de los depósitos. Toda vez que se realicen y verifiquen sustituciones de mercaderías, el warrant quedará conformado por aquellos ítems y cantidades de productos que se señalen en las actas de inventario o de inspección levantadas en el Libro de Control de Existencias y Visitas del almacén respectivo.”

En cuanto a la disposición relevante de los Certificados de Depósito y Vales de Prenda materia de autos: Los Vales de Prenda materia de autos, además de regirse por la normativa especial ya citada, establecen nuevamente la aplicación del reemplazo de la mercadería depositada en warrants, ya que en su parte inferior izquierda se pactó: “[…] SE ACEPTA QUE LAS MERCADERÍAS SEAN REEMPLAZADAS POR OTRAS DE IGUAL O SIMILAR CALIDAD, DE ACUERDO AL ART. 28° DE LA LEY 18.690 (NO APLICAN ARTÍCULOS DE WARRANTS A GRANEL).”

Esta modalidad del warrant es la que se pactó y se encuentra vigente entre las depositantes y TW respecto de las mercaderías objeto del contrato, que dan cuenta los Certificados de Depósito y Vales de Prenda N.º 22.314, N.º 22.315, N.º 22.316, N.º 22.634, N.º 22.813 y N.º 22.776, y que se encuentran depositadas en el Almacén General de Depósito (en adelante, “AGD”, indistintamente) ubicado en Parque Escuadrón, calle Central, Lote 17 A, MZ A, Coronel.

Respecto a la naturaleza jurídica y características generales del contrato de almacenaje o Warrants, como puede apreciarse de las disposiciones legales transcritas, el contrato de almacenaje o warrants es un contrato de depósito, que encuentra su base en el depósito civil y comercial, pero que por su parte se encuentra revestido de características muy especiales y distintas que lo constituyen en una institución particularísima, cuyas disposiciones y características especialísimas deben interpretarse y entenderse que prefieren a la legislación de general aplicación, y tienen por objeto generar una institución que sirva de herramienta para dar versatilidad y movimiento al comercio y negocios del empresario que necesita financiamiento, permitiéndosele otorgar en garantía prendaria las mercaderías propias del negocio del depositante sin que por ello se encuentre este obligado a detener la comercialización de las mismas.

Estas características especialísimas describen al contrato de almacenaje o warrants como un depósito en que el objeto del depósito está constituido particularmente por mercancías o mercaderías, entendiéndose como tal el derivado de la voz latina cum merx, esto es, la cosa mueble objeto del contrato de compraventa.

Se perfecciona mediante la entrega de las mercaderías al almacenista, a través de su depósito en un “almacén general de depósito”, y la entrega por parte del almacenista de dos documentos que jurídicamente se convierten en títulos de crédito o títulos valores, que son el certificado de depósito y el vale de prenda.

Estos documentos se convierten en elementos trascendentales para el sistema creado por la Ley N.º 18.690, puesto que en derecho deben entenderse como títulos de crédito representativos de mercaderías, y por lo tanto el dominio de las mercaderías se acredita por medio del certificado de depósito. De esta manera, el depositante puede transferir dicho dominio mediante el endoso de este, pudiendo de igual manera constituir la mercadería en prenda a favor de terceros mediante el endoso a estos del vale de prenda, endoso que transforma las mercaderías en inembargables, de conformidad al artículo 10 de la Ley de Warrants.

En este sentido, las actuaciones que pueden realizarse respecto de estos títulos valores sirven como una herramienta importantísima para dar versatilidad y movimiento al comercio de los empresarios, sirviendo al mismo tiempo como una herramienta de estos últimos en orden a obtener acceso al crédito.

El depósito debe realizarse en un almacén general de depósito, los que están constituidos por recintos de propiedad del mismo almacenista, del depositante o de terceros, y en estos últimos casos la tenencia de este debe ser entregada al almacenista mediante un contrato escrito, gratuito u oneroso (artículo 9.º del Reglamento de la Ley de Almacenes Generales de Depósito), por lo general un contrato de arrendamiento o comodato.

Esto trae consigo una característica muy especial del contrato de almacenaje, el depósito puede hacerse en recintos propios del depositante, los cuales siguen siendo operados por este último, quien incluso puede comercializar las mismas mercaderías objeto del depósito de acuerdo a la disposición del Artículo 28 de la Ley N° 18.690.

En cuanto a la forma de operar en la práctica el Contrato de Almacenaje o Warrants, según la norma citada - Artículo 28 de la Ley N° 18.690-, que genera los llamados “warrants artículo 28” lleva a obtener la descripción y cuadro completo de lo que ordinariamente sucede en la práctica de este tipo de operaciones. El almacenaje es constituido en los recintos del propio depositante, quien ha suscrito una convención con el almacenista que otorga a este último la tenencia del mismo, permitiéndole jurídicamente el ingreso a su discreción; pero, al mismo tiempo, el depositante sigue operando en dicho mismo recinto, y en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 28 puede trabajar las mercaderías, venderlas, manufacturarlas, etc., siempre y cuando mantenga un stock de mercaderías mínimo que cubra los requerimientos del depósito, entendiéndose que las mercaderías así reemplazadas o transformadas subrogan y continúan, por el sólo ministerio de la ley y sin solución de continuidad, a las mercaderías materialmente depositadas en un principio.

De esta manera, también nos encontramos ante un depósito con características especialísimas que expresamente imponen obligaciones al propio depositante; es éste quien adquiere una obligación de género que lo obliga a mantener siempre en el almacén general de depósito, mercaderías del mismo género, calidad y cantidad de aquellas materialmente depositadas en un principio, y estas mercaderías son constituidas en garantía prendaria a favor de terceros mediante el endoso del vale de prenda y pudiéndose transferir su dominio mediante el endoso del certificado de depósito.

Además, el propio depositante declara, al momento de constituir el warrants, que las mercaderías que son objeto del mismo, son de su propiedad. En estos casos el almacenista –por ejemplo nuestra representada- mediante control de inventario de las mercaderías de propiedad del depositante y objeto del warrants responde, como obligación general, de culpa leve, al tenor del artículo 3, inciso final de la ley 18.690, debe inspeccionar las mismas periódicamente con el objeto de asegurar a los acreedores prendarios del depositante que éste último se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones en los términos recién descritos, y en consecuencia y principalmente, que las mercaderías y su cantidades correspondientes objeto del warrants se encuentran depositadas en el almacén general de depósito, en el género, calidad y cantidad requeridas por el certificado de depósito y el vale de prenda. Para lo anterior, el contrato de almacenaje (warrants) celebrado entre la Almacenista y los Depositantes, consta de los siguientes instrumentos: i. Entre TW y nombre reservado Luis: i.i Contrato de Almacén General de Depósito, de fecha 25 de mayo del año 2015. i.ii Contrato de subarrendamiento de fecha 11 de diciembre del año 2015. Página 12 de 27 i.iii Certificados de Depósito y Vales de Prenda N° 22.314, N° 22.315, N° 22.316, N° 22.634 y N° 22.813. i.iv. Los respectivos Contratos Anexos de los mencionados Certificados de Depósito y Vales de Prenda. ii. Entre TW y Mar Fusión: i.i Contrato de Almacén General de Depósito, de fecha 10 de junio del año 2019. i.ii Contrato de arrendamiento de fecha 10 de junio del año 2019. i.iii Certificados de Depósito y Vale de Prenda N° 22.776. i.iv. El respectivo Contrato Anexos del mencionado Certificado de Depósito y Vales de Prenda.

Respecto a las instrucciones de remate impartidas por el acreedor prendario warrant Banco Santander Chile, refiere la informante que, tal como consta de los Vales de Prenda materia de autos, éstos fueron endosados por parte de los Depositantes al Banco Santander Chile, a fin de constituir garantía.

Es por lo anterior que los bienes indicados en dichos Vales de Prenda, como aquellos que posteriormente los reemplazaron conforme el mencionado artículo 28 de la Ley 18.690 y el resto de los pactos celebrados entre los Depositantes y Almacenista, fueron dados en prenda warrants para garantizar el pago de los créditos adeudados por los Depositantes al Banco Santander Chile.

Es del caso, que a fines del mes de agosto del año 2025 TW, en su calidad de almacenista, recibió por parte del acreedor prendario warrants Banco Santander Chile carta aviso de incumplimiento por parte de los Depositantes por el no pago de los créditos adeudados y garantizados a su vencimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 18.690. Posteriormente, y habiendo transcurrido el término legal de 8 días de incumplimiento sin que los Depositantes hayan cancelado sus respectivas obligaciones con el acreedor, es que el mismo acreedor prendario Banco Santander Chile, mediante comunicaciones escritas de fecha 14 de octubre del año 2025, dio al Almacenista instrucción de remate sobre las mercaderías dadas en prenda warrants como garantía de las obligaciones impagas, de conformidad a lo dispuesto en el ya citado artículo.

Reitera que esta Iltma. Corte de Apelaciones es absolutamente incompetente para conocer de los reproches y peticiones planteadas. Tal como se adelantó, conforme los contratos de AGD celebrados entre los Depositantes y TW, ambos pactaron que sus diferencias y conflictos se someterán al conocimiento y fallo de un tribunal arbitral. Y siendo que las alegaciones de los Recurrentes se dirigen en contra de su parte por la ejecución del AGD acordado, es que necesariamente deber ser conocido por un tribunal arbitral, único competente sobre la materia.

Recuerda que en los respectivos contratos de almacenaje, en su cláusula décimo novena, las partes de autos pactaron: “Cualquier duda o dificultad que surja entre las partes con motivo del presente contrato o de sus documentos complementarios o modificatorios, ya se refiera a su interpretación, cumplimiento, validez, duración, vigencia, ejecución, procedencia, determinación de monto y aplicación de multas, terminación o interpretación del presente contrato o cualquier otra causa relacionada con el mismo, será resuelta amigablemente entre las partes de acuerdo al principio de la buena fe y de las sanas prácticas mercantiles. Si no se lograre un acuerdo en estos términos, las partes someterán la controversia a arbitraje para ante un árbitro arbitrador.

Este árbitro arbitrador deberá ser designado por las partes de común acuerdo dentro de un plazo de treinta días contados desde el requerimiento escrito que en tal sentido haga llegar una parte a la otra; de no lograrse tal acuerdo dentro del plazo indicado las controversias serán sometidas a arbitraje conforme al Reglamento del Centro de Mediación y Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., cuyas disposiciones constan en la escritura pública de fecha 4 de Junio de 2014 otorgada en la Notaría de Santiago de don nombre reservado el que formando parte integrante de esta cláusula, las partes declaran conocer y aceptar. Las partes confieren mandato especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago AG, para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe el árbitro de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje de esa Cámara.

El arbitraje que se establece en esta cláusula es sin perjuicio del derecho de la Almacenista de recurrir ante la Justicia Ordinaria en caso de que lo estime pertinente para requerir el cumplimiento forzado de las obligaciones que se establecen en el presente Contrato.”

En consecuencia, conforme a lo estipulado por ambas partes el único Tribunal competente para conocer y resolver la demanda de autos es un tribunal arbitral, ya que entre las partes se pactó someter todo conflicto, con motivo u ocasión del contrato de marras, a un arbitraje en los términos y condiciones ya expuestos. Desconoce la razón por la que los Depositantes omitieron este importantísimo hecho y no acompañaron copia de los contratos de almacenaje que incluyen este compromiso.

Resulta manifiesto que este proceso se inició porque los depositantes persiguen resolver un conflicto que existiría debido a la relación contractual que existe entre las partes en razón de dos contratos de almacenaje. Esto, coincide perfectamente con la cláusula arbitral ya citada, siendo por tanto incompetente el SS. Iltma. para conocer de esta controversia, debiendo abstenerse de seguir adelante conociendo de la discusión. En concreto, queda en evidencia que la acción de protección de autos, por su materia, ha sido presentada ante un Tribunal que resulta absolutamente incompetente para conocer del asunto que se sometió para su conocimiento y fallo.

Además, hace presente que de acuerdo con lo proscrito en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los asuntos que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. La Competencia Absoluta queda determinada por los elementos cuantía, materia y fuero, en virtud de los cuales se establece la jerarquía y clase de tribunal que va a conocer del asunto que se somete al conocimiento de un órgano jurisdiccional. La materia, a su vez, no es otra cosa que la naturaleza del asunto de que se trata, considerándose fundamental este elemento al momento de determinar la jerarquía del tribunal que debe conocer de dicho asunto o para entregarlo a un tribunal especial en su caso.

Asimismo, debe tener presente que la materia, como elemento integrante de la competencia absoluta, siempre tiene su fuente en la ley. En la especie, son los artículos 222 y 223 del Código Orgánico de Tribunales los que permiten que las partes contratantes sometan un conflicto futuro a un Tribunal Arbitral, tal como efectivamente se pactó, y siendo que esta materia no es de arbitraje prohibido, es que el conocimiento y fallo del presente litigio no es de competencia de este Tribunal. Atendido a que la materia que trata el conflicto de relevancia jurídica propuesto por las partes recurrentes deriva del supuesto incumplimiento contractual de mi representada, es que la materia debe ser conocida, necesariamente, por un Juez Árbitro; Tribunal especialmente acordado por las partes para tal efecto. A mayor abundamiento, cabe recordar que, en lo que respecta a las normas de determinan la competencia de los tribunales, en particular la materia como factor determinante de la Competencia Absoluta, la competencia de un arbitraje de naturaleza voluntaria, se debe interpretar y aplicar conforme lo expresamente pactado. Tal como enseña la doctrina, “… si se trata de un arbitraje voluntario, la competencia por razón de la materia es fijada por las partes en la cláusula arbitral respectiva, específicamente, al señalar el objeto del arbitraje, esto es, el asunto que las partes someten al conocimiento de los árbitros.

En el mismo sentido se ha dicho, “Dos principios rigen la competencia ratione materiae de los jueces árbitros: el de que sólo pueden conocer las materias comprendidas en el título de nombramiento, y el que en ningún caso pueden juzgar asuntos que la ley prohíba someter a arbitraje.”

Ambos principios se verifican con esta acción de protección, ya que estamos frente a una disputa sobre cumplimiento y ejecución, los que se encuentran dentro del listado de materias que contempla la cláusula arbitral; y tampoco estamos frente a una materia de arbitraje prohibido. En razón de lo expuesto, debe declararse incompetente absolutamente para conocer de estos autos, en virtud de la materia objeto de la acción ejercida por los actores. Lo anterior, es efecto reflejo de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales que, junto con el Principio de Inexcusabilidad, requiere a los Tribunales excusarse de conocer un asunto cuando son absolutamente incompetentes, como acontece en este caso.

Añade que la presente acción de protección carece del Litisconsorcio pasivo necesario al omitir al acreedor prendario warrants Banco Santander Chile. Tal como confesaron los propios Depositantes, las medidas de remate que se reprochan son a instancias de las instrucciones impartidas por el acreedor prendario warrants Banco Santander Chile, quien ejerció el derecho que le confiere el artículo 13 de la Ley 18.690. Así las cosas, el motivo para esta acción de protección y discrepancias no sólo proviene del actuar de su parte, sino que también proviene del acreedor que pretender obtener el pago de los créditos que los depositantes le adeudan mediante el remate de la mercadería depositada en warrants y que le fue dada en prenda.

Es más, la Orden de no innovar decretada y el resultado de la presente acción de protección afecta directamente los derechos del Banco Santander Chile como acreedor prendario warrants. Recordemos que la sentencia definitiva válida necesita que estén presentes todas las personas que son parte de esa relación jurídica. Por consiguiente, la presente acción de protección no puede prosperar en la medida que no se cumpla con constituir el Litisconsorcio pasivo necesario, incluyendo a todos los involucrados y afectados por esta relación jurídica, como es el caso del acreedor prendario warrants Banco Santander Chile, a quién erradamente se soslayó.

Expone que no existe vulneración a las garantías consagradas en los artículos 19 N(3, 19 N°21 ni 19 N(24 de la Constitución Política de la República. Tal como se expuso, los Depositantes pretenden hacerle creer a SS. Iltma. que TW habría actuado supuestamente de manera ilegal y arbitrariamente al momento de preparar el remate de las mercaderías depositadas en sus respectivos AGD y que fueron dadas en prenda warrant en favor del acreedor Banco Santander Chile, al momento que se practicó el cierre y sellado de estanques con aceite de pescado, los que supuestamente no corresponderían a los Vales de Prenda, y que esta parte habría actuado sin discriminar especie ni calidad.

Alegan que esto significaría una vulneración a su garantía constitucional sobre el derecho de propiedad (art. 19 N°24 CPR), una vulneración a su garantía constitucional de libertad para desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 N°21 CPR), y una vulneración a su garantía constitucional de debido proceso y prohibición de autotutela (art. 19 N°3 CPR). Al efecto, cabe hacer presente que dichas garantías jamás se han visto afectadas en forma alguna, ya que, en primer lugar, según permite la ley aplicable (warrants) y el contrato de almacenaje pactado se efectuó el reemplazo de la mercadería depositada en el AGD y que fue dada en prenda warrants a favor del Banco Santander Chile.

Si bien los respectivos Certificados de Depósito y Vales de Prenda dan cuenta de distintos tipos de aceites depositados en warrants, es que éstos eran objeto de comercialización periódica y, por lo mismo, fueron siendo reemplazados por sus equivalentes. Que, así lo pactaron las partes en los respectivos contratos de AGD, en los Certificados de Depósito y Vales de Prenda, y en sus respectivos Contratos Anexo.

Que, además, así lo permite el propio artículo 28 de la Ley 18.690. Por ejemplo, cada Certificados de Depósito y Vale de Prenda tiene la siguiente declaración, aceptada por los Depositantes y Almacenista: Por lo mismo la mercadería que reemplazó a la anterior fue debidamente registrada como parte del AGD y de la prenda warrants, de manera recurrente mediante los distintos controles de inventario, tal como dan cuenta las Actas de Inspección confeccionadas por TW en su calidad de almacenista.

Insiste que los Depositantes pactaron este reemplazo y someterse al régimen del AGD con normativa warrants, estando en pleno conocimiento de del registro del aceite de pescado como parte de la mercadería en el AGD y que estaba dado en prenda warrants, ya que cada control de inventario es suscrito por un personero de los Depositantes cada vez que se confecciona, desde el año 2015 y 2019, respectivamente.

Es más, al momento de levantar acta del cierre de los estanques con aceite de pescado que son parte de la prenda warrants que le pertenece al acreedor prendario Banco Santander Chile, para que éstos fuesen destinados al remate instruido por dicho acreedor, fueron los propios Depositantes que comparecieron en el acto y mediante sus personeros formalizaron los sellos.

En el caso de nombre reservado Luis fue el Gerente de Planta don nombre reservado, y en el caso de Mar Fusión fue la Jefe de Planta doña nombre reservado. Adicionalmente, TW mantuvo regularmente conversaciones con los Depositantes para efectos de saber si la deuda y morosidad que mantienen con el Banco Santander Chile tenía o no solución, ya que se debía seguir adelante con los trámites propios del warrants, esto es la aplicación de sellos y remate.

Al efecto, desde los avisos de incumplimiento en el pago de los créditos adeudados por los Depositantes al acreedor prendario warrant Banco Santander Chile, emitidos a fines del mes de agosto del año 2025, existieron comunicaciones verbales y escritas desde TW a los Depositantes sobre los trámites a realizar conforme las disposiciones de la ley de warrants y los AGD, al punto que TW no tuvo respuesta y debió seguir adelante con el remate, conforme el mandato legal.

Entonces estamos frente a un absurdo. Resulta un despropósito lo que alegan los Depositantes y sus infundados reproches en contra de TW para esta acción de protección, en atención a que es exactamente la actividad a la que libre y conscientemente los mismos depositantes pactaron y al régimen que se sometieron conforme la ley del warrants (18.690). Son los propios actores los que permitieron el reemplazo de la mercadería depositada en warrants, que además fueron dados en prenda, por otra mercadería de aceite, que es su equivalente; es decir, son los Depositantes que permitieron reemplazar los otros aceites con aceites de pescado.

Indica que tan irracional es lo planteado por los Depositantes que, de seguir su tesis que los bienes depositados en warrants no admitirían reemplazo -pese a que ellos mismos lo pactaron y se sometieron al régimen jurídico que sí lo permite, estaríamos ante un faltante o desaparición de bienes que fueron depositados en un AGD y dados en prenda warrants en favor del acreedor Banco Santander Chile, lo que daría indicios de hechos que serían constitutivos del delito de “depositario alzado” conforme contempla el artículo 36 de la Ley 19.690, que dispone: “Sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a máximo: El depositante que sin la autorización escrita del almacenista y del acreedor prendario, si lo hubiere, retire total o parcialmente las mercaderías depositadas;”

Duda que los Depositantes y sus representantes legales hayan llegado a tal extremo e ilícito criminal, pero lo que sí creen es que lo Depositantes utilizaron artificialmente esta acción de protección con el único objetivo de trabar el remate de las mercaderías dadas en prenda warrant ya fijado. Y para lo anterior, maquinaron el argumento que se estarían subastando (incluido sello y rotulación) mercadería depositada que no sería parte de los Certificados de Depósito y Vales de Prenda, en circunstancias que ellos mismos acordaron la facultad de reemplazo de las mismas por otros aceites, como el aceite de pescado, de lo que tienen perfecto conocimiento, e incluso participaron de dichos reemplazos y sellos. Es por eso mismo que convenientemente omitieron acompañar el resto de los instrumentos que son parte de estos AGD y la mercadería en warrants, tales como los mismos contratos de AGD, los Certificados de Depósito y Vales de Prenda, sus Contratos Anexo, y las comunicaciones de incumplimientos y remate. Y es que también omitieron convenientemente que esta mercadería depositada en warrants y que debía ser rematada no es la única que se encuentra en el AGD.

En efecto, los estanques con aceite de pescado sellados y en prenda warrants para rematar son 6 en total (4 correspondientes a nombre reservado Luis y 2 a Mar Fusión), pero por su parte existen actualmente al menos 30 estanques con aceite de pescado por sobre, es decir distinta y adicional, a aquella sellada y a rematar por instrucción del acreedor prendario Banco Santander Chile, por lo que no existe impedimento alguno para que los Depositantes sigan adelante con giro y actividad económica.

Con lo expuesto, solicita se rechace el presente recurso de protección, ya que no existe vulneración alguna por parte de TW sobre las garantías fundamentales de los Depositantes que fueron invocadas. Al efecto: 1. No existe vulneración al art. 19 N°3 de la CPR sobre debido proceso, al momento que TW siguió la aplicación de las normas que son propias del warrant establecidas en la Ley 18.690 y su Reglamento, junto con actuar dentro de los pactos celebrados entre los Depositantes y Almacenista. 2. No existe vulneración al art. 19 N°21 de la CPR sobre la libertad para desarrollar cualquier actividad económica, por cuanto fueron los propios Depositantes los que se sometieron a los pactos del AGD y régimen del warrants, otorgando prenda warrants, y que además existen en el mismo AGD mercadería más que suficiente para desarrollar su giro y actividad económica. 3. No existe vulneración al art. 19 N°24 de la CPR sobre el derecho de propiedad, ya que tal como se indicó fueron los propios Depositantes los que se sometieron a los pactos del AGD y régimen del warrants, otorgando prenda warrants, y que además existen en el mismo AGD mercadería más que suficiente para desarrollar su giro y actividad económica.

En virtud de los hechos y derecho invocado, resulta evidente que no existe por parte de TW actos que signifiquen la vulneración de las garantías constitucionales de los Depositantes, sino que sólo han dado cuenta del cumplimiento que TW, en calidad de almacenista, hizo a los contratos de AGD y a la normativa del warrants aplicable, conforme las instrucciones impartidas por el acreedor prendario warrants Banco Santander Chile.

Afirma que el Recurso de Protección interpuesto es improcedente, ya que es una herramienta procesal de última ratio, el cual tiene por objeto velar por la protección de las garantías constitucionales cuando no existe otro medio idóneo para garantizar dicha protección.

Al efecto, es del caso que, respecto de las garantías constitucionales invocadas, su protección perfectamente podrían ser objeto de un proceso judicial contencioso ventilado ante el tribunal competente, en este caso, un tribunal arbitral.

Así, el Recurso de Protección no es el mecanismo idóneo para que se revise el actuar de su parte, si existió o no cumplimiento a los contratos de almacenaje, los Certificados de Depósito y Vales de Prenda, sus Contratos Anexos, y si se cumplió cumplimiento a las normas del warrants contempladas en la ley especial 18.690 y su Reglamento. El Recurso de Protección tiene por objeto impetrar una medida de cautela inmediata en el evento que se esté amenazando, perturbando o impidiendo una garantía Constitucional, es un Recurso que tiene carácter de urgencia que requiere de una medida de protección rápida que cese el acto u omisión que pueda estar conculcando una garantía Constitucional.

De hecho, los recurrentes tenían la opción de concurrir al Tribunal Arbitral respectivo y solicitar un arbitraje de emergencia, tal como lo ofrece desde el año 2023 el Centro de Arbitrajes y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, al que están adscritos ambas partes según los contratos de AGD3, donde posteriormente en un proceso de lato conocimiento con las etapas procesales correspondientes se podía discutir los hechos que invocan en su recurso y cualquier otro elemento que fuese relevante para la pretensión de quien sometía a conocimiento del Tribunal una materia de esta naturaleza.

En virtud de lo anterior, el Recurso de Protección no es el mecanismo para la solución de esta controversia al existir tribunales arbitrales especialmente pactados y creados al efecto, lo que trae como consecuencia que la Iltma. Corte de Apelaciones no es competente para su conocimiento al no existir los presupuestos para recurrir de Protección.

En la práctica, se está instrumentalizando un Recurso de carácter especial para lograr un resultado rápido pretendiendo esquivar la competencia de la justicia arbitral pactada, con el sólo propósito de suspender y dilatar el remate que se debe realizar por encontrarse ambos recurrentes en incumplimiento de pago ante su acreedor prendario warrants Banco Santander Chile. A mayor abundamiento, el Recurso de Protección, atendida su naturaleza expedita y sumarísima, no es el medio idóneo para resolver la materia planteada por los Depositantes.

Para colmos, los recurrentes de protección sólo se preocuparon de emitir una serie de alegaciones sin aportar sustento alguno que las acredite. De dichas aseveraciones cabe analizar si las actuaciones de TW se ajustan a los pactos celebrados entre las partes con motivo del AGD y si se ajustan a las normas del warrants, para finalmente dilucidar jurídica y técnicamente si estos actos que reprocha carecen de motivación, si acaso son no arbitrarios e ilegales; todos ellos elementos de análisis que no es posible tomar a la ligera. En ese sentido, el presente recurso exige para su sustento y adecuado conocimiento una suerte de claridad para la debida inteligencia de las partes como del Tribunal, motivo por el que resulta fundamental que exista “… un acto anormal que de manera evidente las vulnere.” , y éste no es el caso.

Por consiguiente, no puede concebirse que el Recurso de Protección interpuesto pueda ser considerado como primera opción para resguardar garantías que por ley y acuerdo entre las partes tienen expresamente una acción prevista para ello, ante la justicia arbitral, y que, por lo tanto, hace Recurso de Protección sea improcedente para estas materias y alegaciones.

Alude asimismo la informante que el presente Recurso de Protección carece de urgencia. En adición a lo expuesto, no existe urgencia alguna que exija ni justifique el empleo de una acción constitucional cautelar como este Recurso de Protección, ni su pronunciamiento final. Recordemos que el Recurso de Protección, como el presente, es de naturaleza cautelar de urgencia, tal como diversos autores en nuestra doctrina lo reconocen expresamente y tal como han adelantado, los Depositantes tienen mayores mercaderías en depósito para seguir con su giro y actividad económica.

Insiste que los Depositantes tienen otros bienes distintos de aquellos a rematar para seguir operando y entonces resulta evidente que en el presente caso no existe necesidad de cautela urgente, lo que es condición indispensable para justificar el ejercicio de la presente acción constitucional cautelar, razón por la que debe ser rechazada.

Concluye que los depositantes Comercializadora nombre reservado Luis S.A. y Mar Fusión S.A. celebraron un contrato de Almacén General de Depósito (Warrants), sometiéndose a su régimen jurídico aplicable, y otorgaron en prenda warrants -a favor del acreedor Banco Santander Chile- diversos tipos de aceite, los que fueron reemplazados por aceites de pescado.

Transwarrants SpA, por su parte, en su calidad de almacenista actuó de conformidad a sus atribuciones y deberes que establecen los contratos de AGD celebrados y según las normas que rigen el warrants para llevar adelante el remate que fue instruido conforme el mandato del artículo 13 de la Ley 18.690.

Que, por dicha actividad Transwarrants SpA, no vulneró las garantías constitucionales del artículo 19 N°3, 19 N°21 ni 19 N°24 de la Constitución Política de la República, pide se sirva rechazar el recurso de protección interpuesto por COMERCIALIZADORA nombre reservado LUIS S.A. y MAR FUSIÓN S.A., con expresa y ejemplar condena en costas.

TERCERO: Que, Tomás Meléndez Moraga, abogado, en representación de BANCO SANTANDER CHILE, informa en la presente causa, indicando que el 25 de agosto de 2025 Banco Santander Chile informó por escrito a Trans Warrants SpA que Comercializadora nombre reservado Luis S.A. no había pagado oportunamente el crédito que ésta garantizó endosando a favor del banco los vales de prenda núm. 22314, 22315, 22316, 22634 y 22813, que emitió Trans Warrants SpA el 22 de agosto de 2022, en el caso de los dos primeros, y el 19 de marzo de 2024 y 14 de marzo de 2025, en el caso de los últimos dos, respectivamente.

En virtud de este incumplimiento, el banco le solicitó en dicha oportunidad a Trans Warrants SpA que, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley N°18.690, anotara esta circunstancia en sus registros.

El 26 de agosto de 2025 Banco Santander Chile informó por escrito a Trans Warrants SpA que Mar Fusión S.A. no había pagado oportunamente el crédito que ésta garantizó endosando a favor del banco el vale de prenda núm. 22776, que emitió Trans Warrants SpA el 9 de enero de 2025.

Al igual que en la comunicación del día anterior, el banco le solicitó en dicha oportunidad a Trans Warrants SpA que, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley N°18.690, anotara esta circunstancia en sus registros.

Luego, el 14 de octubre de 2025 Banco Santander Chile solicitó por escrito a Trans Warrants SpA que hiciera subastar por martillero público las especies de Comercializadora nombre reservado Luis S.A. y Mar Fusión S.A. que dieron en prenda según los vales referidos.

El 20 de octubre de 2025 Trans Warrants SpA informó a Banco Santander Chile que el 17 de octubre de 2025 cerraron los estanques que contenían los volúmenes asociados a la garantía del banco según los vales de prenda núm. 22314, 22315, 22316, 22634, 22813 y 22776, correspondientes a 1.214,3 TM de Comercializadora nombre reservado Luis S.A. y a 526.86 TM de Mar Fusión S.A., lo que ascendía a un total de 1.741,16 TM. 7. Finalmente, el 23 de octubre de 2025 Trans Warrants SpA envió a Banco Santander Chile dos cotizaciones de martilleros para concretar el remate referido, Remates nombre reservado y Remates Zonar Sur, y el banco se inclinó por el primero.

CUARTO: Que, cabe el rechazo de la presente acción constitucional, toda vez que, como claramente se desprende del mérito de los antecedentes, en el presente caso no se está en presencia de un derecho de carácter indubitado ni de una apariencia de este, que deba ser amparado por la acción que el poder constituyente originario consagró en el numeral vigésimo de la Constitución Política de la República.

En efecto, las accionantes constitucionales alegan una serie de situaciones que habrían sido efectuadas por la recurrida y que habrían afectado los derechos constitucionales que enumeran en su libelo. Sin embargo, surge del mérito de los antecedentes aportados en la presente causa por los informantes, que fueron los propios recurrentes quienes provocaron todos y cada uno de los hechos jurídicos que ahora califican como transgresión a sus garantías constitucionales.

Em efecto, fueron las propias accionantes constitucionales las que incurrieron en incumplimientos con el Banco Santander Chile, toda vez que no pagaron oportunamente los créditos que mantenía con dicha institución financiera. Ocurrió que, acaecido lo anterior, el banco comunicó esta situación en agosto del año 2025 a Trans Warrants.

Asimismo, el Banco Santander Chile informó a la referida empresa que la Comercializadora nombre reservado Luis no había pagado oportunamente el crédito que esta garantizó mediante el endoso a favor del banco de los vales de prenda que se individualizan, los cuales fueron emitidos a la mencionada empresa en los años 2022, 2024 y 2025, respectivamente.

Debido al incumplimiento de la accionante constitucional, el Banco Santander Chile solicitó, en octubre de 2025, que se realizara la subasta por martillero público de las especies de la Comercializadora nombre reservado Luis y Mar Fusión, entregadas en prenda según los vales señalados en el informe.

Resulta inocuo afirmar que se estarían subastando mercaderías depositadas por las accionantes constitucionales que no formarían parte de los certificados de depósito ni de los vales de prenda, toda vez que, tal como lo indicó el informante, dicha situación fue autorizada por las propias accionantes. Es decir, estas acordaron expresamente la facultad de reemplazar las mercaderías por otras —como aceite de pescado— e incluso participaron en dichos reemplazos y sellos.

De esta forma, no existe un derecho que sea perturbado por actividades de la recurrida, pues los procesos en comento se llevaron a efecto en conformidad con el reglamento y la Ley N.º 18.690, obrando de acuerdo con los pactos celebrados por las propias accionantes constitucionales.

Dichos pactos, pretenden ser incumplidos ahora a través de la acción deducida con arreglo al artículo 20 de la Constitución Política de la República, sin embargo, la recurrida ha actuado conforme a las instrucciones impartidas por el acreedor de las accionantes constitucionales, esto es, el Banco Santander Chile.

Así, como se ha reiterado, no existe un derecho de carácter indubitado en favor de las recurrentes. Por el contrario, analizando los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica —lo que permite el autoacordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección en su numeral quinto—, se aprecia que en el presente caso se ha instrumentalizado la presente acción cautela, de urgencia y restauradora de derechos, para lograr frenar u obstaculizar el cumplimiento de contratos legalmente celebrados, según lo dispone la mencionada Ley N.º 18.690 y su reglamento.

Por si fuera poco, esta situación, lejos de haberse ventilado en esferas constitucionales, debió haber sido conocida por un Tribunal Arbitral, al cual se encontraba sometida —por expreso acuerdo de las accionantes constitucionales— ya que en el presente caso existen cláusulas de arbitraje, tal como se consignó expresamente en los respectivos contratos. Ello denota aún más la indebida instrumentalización y el carácter de subrepticia desviación del procedimiento a que las propias partes se obligaron a sujetarse, ante eventuales controversias derivadas de la relación contractual que las une.

No existiendo, por tanto, derecho constitucional alguno que haya sido vulnerado, atacado o perturbado por actuación de la recurrida, solo cabe el rechazo de la presente acción constitucional. Asimismo, debe condenarse a las accionantes al pago de las costas de la causa, toda vez que, de manera torcida, sin contextualizar su situación contractual y sus obligaciones crediticias impagas, obtuvieron mañosamente la emisión de una orden de no innovar en este proceso, tal como consta a folio 2, logrando así el objetivo oculto que perseguían mediante la interposición de la acción a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se resuelve:

SE RECHAZA el recurso de protección deducido por Comercializadora nombre reservado Luis Sociedad Anónima y Mar Fusión Sociedad Anónima, en contra de Trans Warrants SPA, Almacén General de Depósito, con costas.

Redacto el Ministro don Pablo Zavala Fernández.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-5036-2025.