nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL - COMPIN

Concepción, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO:

En estos autos Rol N° 4248-2025 del Libro Protección de esta Corte de Apelaciones, compareció el abogado Óscar Gonzalo Órdenes Morales en representación de doña nombre reservado, trabajadora, domiciliada en Los Ángeles, e interpuso recurso de protección en contra de la Subcomisión Bío-Bío de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en haber rechazado el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de las licencias médicas maternales N° RUT reservado y N° RUT reservado, emitidas en julio y agosto de 2025, por cuanto estima reunir los requisitos legales para acceder a dicho beneficio y afectando sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19° N° 1, 2, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica en síntesis, que el rechazo al pago del subsidio por incapacidad laboral contenido en las licencias médicas de descanso de maternidad N°s. RUT reservado y RUT reservado, por un total de 126 días a contar del 22 de Julio del año en curso fue rechazada por SUSESO, por resolución exenta N° R-01-UJU-133803-2025 fundado únicamente en la falta del comprobante de pago de cotizaciones emitido por el Servicio de Impuestos Internos, documento que no se pudo obtener porque durante el año 2024 no generó boletas de honorarios.

Relata que durante el presente año trabajó de manera independiente, emitiendo boletas de honorarios por servicios profesionales, pero que durante todo el año 2024 la recurrente trabajó ininterrumpidamente, de enero a diciembre, con contrato a plazo fijo, por ende, tuvo liquidaciones de sueldo durante los 12 meses del año 2024. Agrega, que el año 2023, también trabajó emitiendo boletas de honorarios por lo que sostiene que presenta continuidad en su actividad laboral e ingresos, los que acreditó mediante boletas, certificados de Fonasa, AFP Uno y antecedentes tributarios.

Pide a esta Corte acoger el recurso ordenar a las recurridas aprobar sus Licencias Médicas y otorgar el subsidio por incapacidad laboral de las licencias médicas presentadas, todo ello con costas.

Informó la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso e indicando que mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-133803-2025, de fecha 29 de septiembre de 2025, se desestimó el reclamo de la recurrente debido a que no acompañó el comprobante de pago de cotizaciones emitido por el SII, requisito indispensable conforme al artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud y a la Circular N° 3425 de 2019. No obstante, agrega que la situación de la recurrente puede revisarse, si aquella aporta el documento faltante, pero que mientras ello no ocurra, la autoridad carece de competencia para ordenar el pago.

Informó la Subcomisión Bío-Bío de la COMPIN quien manifestó que en el rechazo de las licencias, actuó dentro de sus atribuciones legales y reglamentarias, ajustándose a las instrucciones impartidas por la SUSESO, sin que exista arbitrariedad alguna, puesto que el subsidio por incapacidad laboral sólo puede otorgarse una vez verificado el pago efectivo de cotizaciones mediante comprobante del SII, lo que no consta en autos.

Se trajeron autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medida de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes y protegidas. En otras palabras, es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él; es la no existencia de razones que justifiquen una actuación o voluntad no gobernada por la razón.

Por su parte, el acto ilegal, es aquel contrario al ordenamiento jurídico, en particular los poderes públicos, y la privación es despojo o desconocimiento del derecho; la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y la amenaza, resulta la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

Cuarto: Que el subsidio por incapacidad laboral derivado de licencia maternal tiene por finalidad garantizar la protección económica de la mujer trabajadora durante el embarazo y puerperio, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 1° inciso final y en el artículo 19 N° 1, 9 y 18 de la Carta Fundamental, así como en los artículos 195 y siguientes del Código del Trabajo. En virtud de dicho principio, la interpretación de las normas que regulan su otorgamiento debe efectuarse en sentido favorable a la madre y al hijo, evitando que exigencias meramente formales impidan el goce efectivo del derecho.

Quinto: Que se encuentra acreditado en autos: a) Que la actora durante el presente año es trabajadora independiente; b) Que durante el año 2024 trabajó íntegramente en modalidad dependiente con contrato de trabajo; c) Que efectuó su declaración de renta 2025, correspondiente al año tributario 2024 y d) Que el sistema del Servicio de Impuestos Internos (SII) no emitió comprobante de pago de cotizaciones como independiente, por no haberse generado boletas de honorarios en 2024, período durante el cual trabajó bajo contrato de trabajo, enterando cotizaciones de salud y previsionales.

Sexto: Que la exigencia del comprobante de Operación Renta 2025 tiene por objeto verificar la existencia de ingresos imponibles y el pago de cotizaciones por parte del trabajador, no siendo el único medio válido para acreditar dicha circunstancia, pudiendo verificarse y cumplirse esa finalidad con otros medios, como en este caso, lo comprueban los certificados del SII, FONASA y AFP UNO, así como boletas de honorarios y liquidaciones de sueldo acompañadas.

De esta forma la negativa a reconocer tales antecedentes como equivalentes al comprobante exigido por la administración, constituye una aplicación mecánica y desproporcionada de la norma administrativa, desnaturalizando su propósito.

Séptimo: Que la propia SUSESO ha reconocido, en su Dictamen N° 62625/2020, que resulta improcedente negar el pago de subsidio maternal cuando existen ingresos imponibles previos a la concepción, como acontece en la especie, aunque no se registren cotizaciones previsionales completas, criterio que ratifica la procedencia de considerar las remuneraciones dependientes para la base de cálculo del beneficio.

Octavo: Que, por su parte, la Excma. Corte Suprema, en fallo de 10 de mayo de 2018, Rol N° 841-2018, ha sostenido que la autoridad administrativa debe motivar suficientemente sus resoluciones de rechazo de licencias médicas y que la ausencia de fundamentos específicos configura una arbitrariedad que vulnera derechos constitucionales.

En efecto, en la especie, la Resolución Exenta N° R-01-UJU-133803-2025 se limita a indicar la falta del comprobante de Operación Renta, sin ponderar los antecedentes que acreditaban la condición laboral de la recurrente y las cotizaciones efectivamente enteradas durante todo el año 2024, por lo que carece de fundamentación suficiente.

Noveno: Que, de esta manera, el rechazo del pago de las licencias médicas maternales de la recurrente se apoya en un criterio estrictamente formal, desconociendo los fines de la legislación protectora de la maternidad y configurando un acto arbitrario e ilegal, al privarla de un beneficio de seguridad social que le corresponde conforme a los antecedentes que obran en autos.

Décimo: Que el acto impugnado vulnera, por consiguiente, los derechos constitucionales de la recurrente a la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2), a la protección a la salud y a la seguridad social (art. 19 N° 9 y 18), al ser tratada en forma desigual respecto de otras trabajadoras que, pese a contar con antecedentes equivalentes, acceden al beneficio, que a ésta le ha sido negado.

Atendido lo expuesto, procede acoger la presente acción cautelar y restablecer el imperio del derecho, disponiendo que las recurridas emitan nuevo pronunciamiento procediendo al pago del subsidio maternal correspondiente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RESUELVE:

Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Óscar Gonzalo Órdenes Morales en representación de doña nombre reservado en contra de la Subcomisión Bío-Bío de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), ordenando a éstas dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UJU-133803-2025 de 29 de septiembre de 2025 y las decisiones asociadas que rechazaron el pago de las licencias médicas maternales N° RUT reservado y RUT reservado y proceder al pago de las mismas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la abogada integrante Marta Araneda Fraile.

Rol N° 4248-2025 - Protección.