nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

C.A. de Concepción Concepción, veintinueve de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En estos autos Rol Corte 397-2024 comparece deduciendo recurso de protección Remberto Valdés Hueche, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación, según se acreditará, de nombre reservado, chileno, técnico en comunicación audiovisual, divorciado, cédula de identidad número doce millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y nueve guión dos, con domicilio en domicilio reservado, representante legal de la empresa del mismo nombre y domicilio Dirige el recurso en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), representado por su director regional, Daniel Elías Jana Torres, C.I. N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región del Biobío, por los actos y omisiones ilegales y arbitrarios que se indican y que se contienen en la Resolución Exenta N°915, notificada a la recurrente el día 11 de diciembre de 2023, los cuales han amenazado, privado y perturbado los derechos y garantías constitucionales de que es titular el recurrente, consagrados en el Art. 19 N°24 en cuanto al derecho a la propiedad, Art. 19 N°21 que garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, Art. 19 N°2 sobre igualdad ante la ley y Art. 19 N°3 inciso quinto, en cuanto a la vulneración del debido proceso, racional y justo, todos de la Constitución Política de la República.

Expone que el 11 de diciembre de 2023 el Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), notificó al recurrente de la Resolución exenta N°915 que rechazó el recurso de reposición y recurso superior jerárquico en subsidio, que presentó en contra de la Resolución exenta N°666 de 21 de agosto de 2023, que determinaba la revocación del beneficio otorgado a la empresa con más de 20 años de presencia en el mercado nombre reservado, en el marco del programa Experiencia Mayor 2022, obligándole al reintegro de todos los recursos asignados por este programa, incluyendo incentivos para la contratación entregados a los trabajadores y subsidios para capacitación, lo que asciende a una suma de $26.656.000.

Explica que, en cuanto al marco reglamentario, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence es un organismo del Estado cuyo marco regulatorio está en la Ley N°19.518 de 1997 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que fija el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo y su Reglamento General consignado en el D.S N°98, de 1997. Tiene por misión promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de los procesos y productos.

Para alcanzar dichos objetivos la ley de presupuestos del año 2022, establece en la partida 15 la existencia y financiamiento del programa “Formación en el Puesto del Trabajo”. Para la operación de dicho programa se dictó la Resolución Exenta N°82 de 10 de enero de 2022 instructivo “Línea formación en el puesto del trabajo” también denominada “Experiencia Mayor año 2022” y el 11 de enero del mismo año, la Resolución Exenta N°123 para la ejecución del programa “Planes de Aprendizaje” año 2022.

El programa Experiencia Mayor es creado “atendida la situación laboral que afecta a los adultos mayores, de 60 años y más, en términos de pobreza multidimensional, destinado a la entrega de bonificaciones, por capacitación y contratación, a las empresas que, habiendo postulado, cumplan con los requisitos reglamentarios y técnicos.

El referido programa Experiencia Mayor consideraba “otorgar a los empleadores que contrataran a personas mayores de 60 años, una bonificación mensual de hasta un 60% de un ingreso mínimo mensual por trabajador, hasta los primeros 6 meses de vigencia del contrato de trabajo. Además, de una contribución por el costo de capacitación (bonificación por capacitación), por cada persona contratada por un monto de hasta $400.000 (cuatrocientos mil pesos), que se reembolsarán directamente a la empresa una vez que haya acreditado haber realizado y pagado la actividad de capacitación, ya sea a través de un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) o mediante la modalidad de curso interno, efectuada por la misma empresa a través de personal calificado.”

Para acceder a tal programa se debían cumplir por las empresas que postularan ciertos requisitos. Considerando los beneficios que dicha convocatoria podría implicar para un sector vulnerable, la empresa nombre reservado, decidió entregar una oportunidad laboral y de capacitación a varios adultos mayores interesados y cumplió con todos los requisitos establecidos, a saber: a) Se pactó una remuneración bruta mensual con los trabajadores; b) Se contrató a los trabajadores a través del Código del Trabajo, contratos que tenían una duración a plazo fijo mayor al mínimo establecido de 3 meses, iniciando el día 8 de agosto del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022; c) Se cumplió con la modalidad de trabajo autorizada, que podía ser presencial, a distancia o teletrabajo; d) La capacitación que consideraba el programa fue impartida por un (OTEC) Organismo Técnico de Capacitación acreditado y con un curso con código Sence y fue cursada dentro de la jornada laboral autorizada; e) La empresa cumplió con todos los requisitos establecidos (primera categoría, mínimo un trabajador contratado anteriormente, con declaración de impuestos a la renta F22 e inscrita en el Registro de Entidades Receptoras de Fondos Públicos).

En el punto 5 de la REX N°82 de 10 de enero de 2022, sobre el programa Experiencia Mayor, se describe la operación del programa en tres fases:

Fase 1.- Postulación al programa:

Para postular, las empresas debían adjuntar la copia digital de los contratos de trabajo, firmados por ambas partes y sin enmendaduras. Los certificados de cotizaciones de AFP del trabajador y un certificado de no tener multas de la dirección del trabajo. La empresa cumplió con todo lo anterior, y el Sence recibió esa información, la estudió y validó.

Fase 2.- Concesión o rechazo del Beneficio:

Habiendo postulado, el instructivo indica que las direcciones regionales “revisarán la documentación enviada por las empresas y les comunicarán por correo electrónico el resultado de la revisión de los documentos ya sea que fuere validada o rechazada, dentro del plazo de cinco días”.

El Sence habiendo verificado el cumplimiento de todos los requisitos del programa dictó la Resolución Exenta N°916, de 28/09/2022 que “Concede Beneficios del Programa Experiencia Mayor” a la empresa nombre reservado, para un total de 19 beneficiarios.

En la práctica la REX de “Concede Beneficios” es la decisión y validación del Sence de que todos los documentos presentados están en orden y autoriza a la empresa para ejecutar el programa y transferir los recursos para las actividades laborales y de capacitación. Esto, hasta su total extinción el día 31 de diciembre de 2022, oportunidad en que según lo que fue informado al Sence y a los trabajadores, el plazo fijo de los contratos expiraría y se procedió a finiquitar notarialmente a los adultos mayores que trabajaron, salvo una de ellas, que falleció, lamentablemente, antes de dicho proceso. Los finiquitos fueron firmados sin reparos y los participantes agradecieron la oportunidad de haber prestado servicios a la empresa y haber cursado una capacitación en Técnicas de atención al cliente.

Fase 3.- Pago de Bonificaciones:

a. Bonificación por Capacitación:

Efectuada la capacitación, la REX N°82, establece en el punto 6.3.1 los Requisitos para cobrar la bonificación, principalmente presentar a Sence la factura del OTEC que impartió la capacitación y una declaración jurada del OTEC respecto de que se cumplió con la capacitación encargada. En el caso, ambas documentaciones se entregaron oportunamente al SENCE, cumpliendo con los requisitos.

b. Bonificación por contratación:

Para la entrega de los recursos de bono por contrato se ordenó que la empresa subiera a la plataforma informática del Sence la fotocopia simple de la liquidación de remuneraciones y la fotocopia simple de la planilla del pago de las cotizaciones de seguridad social, debidamente timbrada, en que conste el pago respectivo correspondiente al mes solicitado para pago, que incluya un anexo con la nómina de los trabajadores o el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Todo lo cual la empresa cumplió oportunamente, no habiendo ninguna observación al respecto.

Verificado el cumplimiento de todos los requisitos y fases del proceso, el Sence liquidó y pago los recursos del programa a la empresa, para su transferencia a los trabajadores y OTEC respectivamente.

Para la validación, el Sence debía verificar internamente datos en línea con el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil y la Dirección del Trabajo. No existiendo ninguna irregularidad en la operación de la empresa.

En lo que dice relación con el mecanismos de control, la REX N°82 sostiene que para validar todo lo anterior, el SENCE realizaría las fiscalizaciones pertinentes para verificar el cumplimiento de la normativa, obligando, además, a las empresas a permitir el libre acceso de los auditores y fiscalizadores sin restricciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos del Programa. Frente a ello, la empresa siempre estuvo disponible durante toda la ejecución del programa, para cualquier fiscalización o entrega de antecedentes y nunca recibió ninguna observación al respecto.

Agrega que, en lo que dice relación con la liquidación de beneficios, considerando todos los puntos anteriores, no hay duda que la empresa cumplió los requerimientos de Sence, recibiendo por Resolución el “Concede Beneficios” y por concepto de liquidación del programa la suma de $26.656.000. La suma anterior se desglosaba en un monto parcial de bonificación por capacitación, que la empresa debía a su vez transferir a un tercero, que era la OTEC que estuvo a cargo de la capacitación, por un total de $6.080.000., y un segundo monto de $20.485.000. por concepto de bonificación para el pago de las remuneraciones de los 19 trabajadores del programa, que consideraban un aporte de hasta un 60% de sus sueldos, todos los cuales fueron íntegramente cancelados sin objeciones ni reparos de ningún tipo por parte de Sence.

Sin embargo, señala que pese a cumplir con todo lo anterior y terminar exitosamente el programa, cumpliendo con la finalidad de dar ayuda a 19 adultos mayores de la intercomuna, ocho meses después de terminado el programa, el 21 de agosto de 2023, Sence determinó revocar íntegramente el beneficio y ordenó el reintegro de todos los recursos, actuando arbitraria e ilegítimamente. Efectivamente, hay arbitrariedad, desde que el día 11 de diciembre de 2023 se notificó la REX N°915 de Sence, que se recurre y que rechaza un recurso de reposición y un recurso superior jerárquico previo presentado contra la revocación del beneficio otorgado a la empresa. La arbitrariedad se expresa en la fiscalización.

El director regional de Sence, rechazó la reposición y también de plano el recurso jerárquico, ya que no acogió ninguno de los argumentos presentados para establecer que es injusta la medida de “revocar íntegramente el beneficio”, lo que se estima como arbitrario e ilegal, porque esta decisión se origina en un proceso de fiscalización irregular y extemporáneo. Tal como se expuso en la reposición rechazada, el proceso que da origen a la sanción fue efectuado el día 20 de enero de 2023, cuando un fiscalizador de Sence se presenta en la empresa buscando “presencialmente” a los trabajadores del programa Experiencia Mayor, sin considerar que todos ellos habían sido finiquitados legalmente 20 días antes de su presencia en el lugar, lo que estaba informado al Sence.

Los contratos celebrados con los beneficiarios de Experiencia Mayor eran a plazo fijo según lo que oportunamente se informó al servicio y habían terminado el 31 de diciembre del año anterior. El término de la relación laboral estaba absolutamente en regla, porque el programa duraba entre tres y seis meses como máximo.

Ante la evidencia del error en las fechas en que el fiscalizador procedió a realizar su labor, claramente a destiempo, se generó la molestia del funcionario, quien inició un proceso de revisión de toda la documentación administrativa del programa que ya estaba terminado, lo que llevaría más tarde a la injusta orden de reintegro total de los recursos que se confirma en la Rex N°915. La medida es arbitraria porque aparece claramente en el considerando 2° de la REX N°915, que “mediante fiscalización realizada en el domicilio informado por la empresa se detectó la irregularidad de no hallarse presente los trabajadores”, es decir, esta situación es la consideración para iniciar el proceso y determinar el reintegro de los recursos y luego para rechazar el recurso de reposición. Esto es entonces arbitrario y un mero capricho de la autoridad, pues como hemos indicado si los trabajadores estaban finiquitados, el programa había terminado y estaban pagadas todas las bonificaciones, era imposible que estuvieran presentes en el domicilio informado por la empresa. Esta misma circunstancia también fue el fundamento de la REX N°666, recurrida de reposición administrativa previamente, por lo que ella adolece de la misma falta de fundamento.

Por su parte, el considerando 3 de la REX 915, indica que el 14 de marzo de 2023, (a más de tres meses de haber terminado el programa), se notificó a la empresa de la irregularidad de: “No ingresar datos fidedignos de las/os trabajadores de los contratos de trabajo en los formularios de postulación”. Es decir, el servicio que había validado previamente cada uno de los contratos conforme al Código del Trabajo, que conoció toda la información oportunamente, que cruzó los antecedentes con la Dirección del Trabajo, Impuestos Internos y otros servicios públicos, para poder otorgar la resolución de “Concede Beneficios”, argumentó tres meses después de que los trabajadores estaban finiquitados y se habían pagado todos los recursos, que se había contravenido la obligación contemplada en el numeral 9 (comunicación con el trabajador) que consagra que: “El SENCE podrá tomar contacto directo con el trabajador y representante de la empresa para el cumplimiento de los fines del programa”, lo sostiene de igual forma en el considerando 4 y que por eso se debía restituir todos los fondos.

Lo anterior es una nueva arbitrariedad, es decir, sujeta a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón, ya que la comunicación con los trabajadores nunca fue obstaculizada durante el desarrollo del programa, pues los trabajadores fueron capacitados, se encontraban en sus puestos de trabajo y desempeñaron sus funciones regularmente mientras el programa duró, y el SENCE no cuestiona ninguna de dichas circunstancias, pero si reprocha que cuando el servicio intentó tomar contacto directo con los trabajadores ya no se encontraban físicamente, lo que no puede ser imputado como una negligencia de la empresa recurrente, sino porque el Sence llegó tarde, a destiempo, pues los trabajadores ya no prestaban sus labores, habían sido finiquitados según las fechas que el mismo Sence manejaba, por eso incluso es absurdo que sancione a la empresa porque no pudo tomar contacto directo con los trabajadores, si nunca lo intentó durante todos los meses que trabajaron y cuando el fiscalizador llegó, ya no había trabajadores que contactar ni directa ni indirectamente, pues ya no estaban, es más, ya no eran trabajadores con relación laboral vigente, porque estaban finiquitados, desde el año anterior.

De esta manera, si lo que el SENCE cuestiona es que no pudo tomar contacto directo con los trabajadores y por eso ordena el reintegro de todos los recursos, la decisión es arbitraria, porque llegó a fiscalizar cuando ya el programa se había extinguido y no había ningún trabajador que contactar, ya sea personalmente o por otro medio. Todo el proceso de fiscalización se basa en un acto a destiempo, en que supuestamente no se puede tomar contacto con los trabajadores cuando la relación de trabajo se había extinguido, ya no existían trabajadores desde el 31 de diciembre de 2022, y la fiscalización se realiza el 20 de enero del año siguiente, y luego se solicita descargos tres meses después, por lo cual la frase “El SENCE podrá tomar contacto directo con el trabajador y representante de la empresa para el cumplimiento de los fines del programa” no tenía a esa fecha ningún sentido, ya que la relación laboral había terminado, en esencia ya no había trabajadores.

En igual sentido, la Resolución N°666 sanciona con el reintegro de todos los recursos (cuya reposición fue rechazada por la REX N°915), estando fechada en agosto de 2023, es decir, ocho meses después de haber terminado el programa, también indica en su considerando 5, expresamente que “Que con fecha 20 de enero de 2023, a solicitud de la Unidad URAF, se fiscaliza a la empresa en el domicilio observando que no son habidos/as ninguno de los trabajadores/as”. Esto no puede resultar más que absurdo, y no puede ser considerado un argumento serio para fundar las resoluciones, ya que el Sence sabiendo que los trabajadores habían terminado sus labores y el programa se había extinguido, no puede llegar a buscarlos físicamente en su puesto de trabajo 20 días después de los finiquitos y luego sancionar a la empresa por que los trabajadores no son habidos.

Todos los contratos adscritos al programa Experiencia Mayor terminaron sin reparos de los beneficiarios el día 31 de diciembre de 2022, conforme al Artículo N°159 N°4 del Código del Trabajo, esto es por Término de los Servicios por vencimiento del plazo convenido.

La segunda razón por la cual el Servicio ordena el reintegro de todos los recursos del programa es porque después de haber buscado físicamente a los trabajadores en su puesto laboral y no encontrarlos porque ya no estaban trabajando, detecta ahora errores en los datos ingresados en el formulario de postulación, “No ingresar datos fidedignos de las/los trabajadores de los contratos de trabajo en el formulario de postulación”. Pero nuevamente debemos indicar que durante todo el proceso de ejecución y vigencia del programa, esto nunca fue advertido por el SENCE, los trabajadores prestaron sus labores, se capacitaron y firmaron sus finiquitos sin reclamo alguno, y nada de eso se cuestiona por el Sence, no se ha extraviado ni un solo peso de los recursos asignados, pero cuando ya no había trabajadores a quién contactar porque el Servicio llega tarde, detecta entonces que hay errores en el formulario de postulación, proceso que se completó al inicio del programa, y argumenta que eso impediría tomar contacto con los trabajadores, los que cómo hemos dicho ya no existían, porque la relación laboral se había extinguido.

Entendemos que la reglamentación de Experiencia Mayor está destinada a garantizar la “comunicación con el trabajador”, para verificar el cumplimiento de sus funciones, pero el Servicio no puede pretender sancionar al recurrente por no haber ejercido oportunamente esas funciones, porque su rol fue extemporáneo y lo desarrolló cuando ya no había trabajadores. Por lo demás, toda la información se aportó al servicio, pese a que fue requerida cuando el programa ya había terminado, pero eso no fue suficiente para revertir la drástica decisión de reintegro de todos los recursos destinados a los adultos mayores.

En definitiva, todo lo que acontece se debe a la molestia institucional por un proceso de fiscalización erróneo, que lleva finalmente a ordenar el reintegro de todos los recursos, por la vía de cuestionar que no se encontraron a los trabajadores, y cuestionar el cumplimiento de requisitos previos, que oportunamente fueron subidos al sistema informático y validados por el Sence a través de la “Resolución de Concede Beneficios N°916”, que indica expresamente en su considerando 3: “Que este servicio ha validado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la postulación de la empresa que da cuenta el considerando anterior”. Se señala, además, que los contratos supuestamente no individualizarían los domicilios de los trabajadores, lo que no es efectivo, ya que estos si están consignados y no fueron observados en ningún momento. Finalmente, cuestionar que hubieran errores en la plataforma informática, en relación a correos electrónicos y teléfonos que correspondían a la empresa y no a los trabajadores, también debió ser advertido en las fases iniciales del programa, ya que a la fecha de la fiscalización era absolutamente irrelevante y no afectaba en nada la comunicación con los trabajadores, los que estaban finiquitados, de todas formas, toda la información requerida fue entregada íntegramente al Sence y eso tampoco fue considerado para acoger la reposición.

Se advirtió también en la reposición que en el proceso de fiscalización nunca se entregó copia del acta de fiscalización, lo que también es irregular y arbitrario, ya que la empresa nunca tuvo claridad de cuál era la irregularidad que se le imputaba, hasta meses después, pero eso tampoco fue considerado.

Establecido lo anterior, es decir que a la fecha de la fiscalización, era imposible que los trabajadores estuvieran presentes, porque tal como se informó al Sence oportunamente ya habían terminado sus servicios, queda sin sentido entonces también la frase que fundamenta la resolución original N°666 de 21 de agosto de 2023 que ordena el reintegro de recursos y de la cual luego se repone, que en su considerando 7.- indica que “A su vez, no se logra establecer que efectivamente los/las trabajadoras prestan labores en la empresa, incumpliendo el Decreto N°28”, esto porque nadie está obligado a lo imposible, pues si la fiscalización fue el día 20 de enero de 2023 y los trabajadores terminaron sus servicios el día 31 de diciembre del año anterior, es lógico que los trabajadores no estuvieran presentes, no hay mucho más que agregar al respecto y no hay ninguna infracción al decreto N°28 en ese sentido, y la Resolución N°915 es arbitraria al omitir pronunciarse sobre aquello.

En cuanto a que habría errores en el Formulario de Postulación, que se imputan a esta parte, indica que jamás se ha actuado de mala fe, ni existe ningún antecedente para desprender dicha conclusión del comportamiento de la empresa en el programa, ya que en el acucioso proceso de revisión para obtener el “Concede”, dicha situación tampoco fue observada por el Sence. Se debe estimar que la actuación de la empresa fue de buena fe, y que hay un error excusable de ambas partes, ya que el Sence otorga el Concede sin observar nada al respecto, y no existe ningún antecedente que induzca a pensar que la empresa intentó vulnerar el programa, o producir una desviación de recursos, lo que es propio del principio de presunción de inocencia y el derecho sancionatorio.

La REX recurrida N°915, indica en el considerando 4 que se establece “la obligación de restituir los fondos proporcionados debido al Art. 77 de la Ley N°21.306”. Similar disposición ocupa la REX N°666 que detalla en su considerando 9° que la orden de reintegro de recursos se basa en el Art. 77 de la Ley 21.306 que otorga la facultad al SENCE de disponer el reintegro cuando constate pagos en exceso o indebidos de las bonificaciones o subsidios que le corresponde administrar.

El emplear esta disposición como base para ordenar el reintegro de los recursos también es arbitrario e ilegal, ya que en el proceso fiscalizatorio no se acredita, no se prueba, ni se menciona, ni se detalla, ni se argumenta, la existencia de ningún pago en exceso o indebido, o alguna situación que ligeramente se le asimile, ya que los considerandos no mencionan ninguna de dichas circunstancias, pues no hay ningún cuestionamiento a posibles remuneraciones pagadas en exceso o indebidamente, ni tampoco reparos a la capacitación realizada o su valor, ni a las labores efectuadas, el Sence no argumenta absolutamente nada para determinar la existencia de un posible pago en exceso o indebido, que habilite a la sanción del art. 77. Simplemente no hay pagos en excesos o indebidos, ya que el cumplimiento de todos los requisitos para pagar, tanto los recursos destinados al OTEC, como a los trabajadores, fueron revisados y aprobados por el Sence al momento de liquidarse las Bonificaciones. Por ende, no es legítimo aplicar una sanción tan drástica cuando no se dan los elementos que tipifican un posible pago en exceso o indebido, ni se ha probado nada al respecto, lo que redunda en que la aplicación de esta norma y la sanción que contempla no es fundada ni legítima.

Si finalmente, la causa de la restitución es la omisión de ciertos antecedentes por error, la aplicación de la medida de reintegro de “todos los recursos del programa” no observa el principio de proporcionalidad y vuelve a ser arbitraria e ilegítima, ya que no hay ninguna norma que lo estipule o tipifique de esta manera, porque no existe ningún pago en exceso o indebido, por ende resulta arbitrario e ilegal pedir a la empresa reintegrar todos los recursos asignados al programa, ya que este se realizó en su integridad, se pagaron las remuneraciones y la capacitación, pero se determina que la empresa debe soportar ahora la devolución de dineros que están en manos de terceros, que son los adultos mayores beneficiados por el programa y de una empresa distinta, que es el OTEC que ejecutó la capacitación.

A mayor abundamiento, el Sence en su Ley N°19.518 que FIJA NUEVO ESTATUTO DE CAPACITACION Y EMPLEO y su Reglamento General tiene expresamente otorgada la facultad de aplicar multas administrativamente y sin forma de juicio, que fluctúan entre 3 y 50 unidades tributarias mensuales, según se indica en el Art. 75 que dispone: “Las empresas, los organismos técnicos de capacitación o los organismos técnicos intermedios para capacitación que infrinjan las normas de la presente ley, podrán ser sancionados con multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales. Esta Facultad también aparece en el instructivo para la ejecución del programa “planes de aprendizaje” año 2022, que recoge las facultades de aplicar multas ante diversas situaciones, y deja como medida de “ultima ratio” la facultad del reintegro total propia del Artículo 77, para exclusivamente el evento de constatación de pagos en exceso o indebidos.

Debido a lo anterior, no es el reintegro de todos los fondos una medida sancionatoria justa en este caso, debido a que no existe pérdida de recursos, ni se ha constatado ni probado por el Sence, en ningún caso, pagos en exceso o indebidos de las bonificaciones o subsidios que le corresponde administrar, requisito elemental del Art. 77 de la Ley N°21.306.

El Sence no puede en este caso argumentar las facultades de control y fiscalización y el deber de velar por la correcta utilización de las finanzas públicas para exigir el reintegro total, ya que no ha justificado la decisión adoptada, pues no ha informado criterios técnicos u objetivos para determinar la calificación de dicha medida, ni estimar que existen pagos en exceso o indebidos como señala la ley, por lo que resulta ser carente de fundamentación, arbitraria e ilegítima. De esta forma, la Resolución Exenta N°915 es ilegal, por cuanto mantiene sanciones administrativas que, al tenor de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, el Sence necesariamente debió dejar sin efecto o al menos, rebajar la sanción a alguna multa que aparezca como proporcional a una falta administrativa, pero en ningún caso disponer el reintegro total de los recursos por circunstancias que carecen de fundamentación lógica o técnica y sin haberse probado o constatado pagos en exceso o indebidos de las bonificaciones o subsidios que le corresponde administrar.

En cuanto al sustento de derecho de la acción constitucional intentada, el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra una acción de carácter cautelar para el caso de que, por un acto u omisión arbitrario o ilegal, se sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en ella se contempla. En el caso en particular, existe un acto, la REX N°915 que rechaza el recurso de reposición causando un agravio al mantener la decisión original de reintegro total de los recursos del programa, sin acoger ninguno de los argumentos que demostraban su falta de fundamento y arbitrariedad. De esta forma se afectan los siguientes derechos: a) el consagrado en el Art. 19 N°24, en cuanto se priva, perturba o amenaza al derecho a la propiedad de la empresa recurrente nombre reservado, empresa que ha prestado servicios por más de 20 años, por cuanto la sanción de reintegro de fondos lo que hace es obligarla a sacar de su patrimonio una importante suma de dinero para restituir fondos que nunca ha tenido dentro de su propiedad, ya que no le fue otorgado el dominio de los mismos, sino que eran una bonificación que sería traspasada en su totalidad a remuneraciones para la contratación de adultos mayores beneficiarios de un programa de capacitación y empleo exitosamente realizado y validado en todas sus etapas por Sence. Los recursos pasaron por la empresa y fueron adecuadamente usados en el pago de sueldos y capacitación, con ellos no se generó ninguna utilidad para la empresa, más que el incentivo a la contratación. Ahora, debido a la fiscalización tardía, que busca a los trabajadores personalmente cuando ya habían terminado sus funciones y no tenían relación laboral, y después de haber recibido todos los recursos del programa porque estos eran para pagar sus sueldos, ordenar el reintegro se vuelve un acto expropiatorio sin ley, pues los recursos del programa están en manos de terceros y no de la empresa, y para dar cumplimiento a dicha medida la empresa tendría que endeudarse y reintegrar recursos que no tiene ni nunca ha tenido en propiedad.

La Resolución N°915 de la Dirección Regional de Sence Biobío, es arbitraria e ilegal y completamente excesiva, porque dispone además, sin fundamento, de una medida tan gravosa como la revocación de los beneficios del programa y el reintegro de “todos los fondos”, aplicando el art. 77 de la ley N°21.306, según lo señala el considerando 4 de la REX N° 915 que rechaza la reposición y que ordena el reintegro, al igual que el considerando 9 de la REX N°666 sosteniendo que: “En el evento que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo constate pagos en exceso o indebidos de las bonificaciones o subsidios que le corresponda administrar, incluyendo aquellos contemplados en programas de capacitación, intermediación laboral y de empleo, entre otros, que las respectivas leyes de presupuestos del sector público le entreguen a dicho servicio nacional, dispondrá el reintegro de fondos, debidamente reajustados...” lo que en la especie no ha ocurrido, pues el servicio no ha fundamentado, no ha probado, ni constatado ningún pago en exceso o indebido, ni siquiera menciona dicha circunstancia en ninguna parte de las resoluciones, por ende aplicar el Art. 77 no tiene fundamento, debiendo haber acudido en el peor de los casos a las facultades que le otorga la Ley N°19.518 que FIJA NUEVO ESTATUTO DE CAPACITACION Y EMPLEO y su Reglamento General donde tiene expresamente otorgada la facultad de aplicar multas administrativamente y sin forma de juicio. Se cumple de esta manera el requisito de la acción cautelar, que es la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley, o arbitrario, sin fundamento, sino que producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado.

Finalmente, también es arbitrario que luego de pronunciarse la resolución de “Concede Beneficios”, que expresamente señala: “Que este Servicio Nacional ha validado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la postulación de la empresa...”, entre ellos los contratos y sus pagos a los adultos mayores, ahora se solicite reintegrar todos los fondos, porque verificar las funciones en el puesto de trabajo debe ocurrir cuando el programa se está ejecutando y no cuando el programa terminó y los trabajadores se encuentran finiquitados legalmente. Sancionar porque “se detectó la irregularidad de no hallarse presente los trabajadores” como dice la REX 915, y ordenar el reintegro por ello, priva del derecho de propiedad a la empresa de sus propios bienes y no de los fondos del programa, ya que estos últimos fueron entregados en las remuneraciones a los empleados, los que era imposible que “fueran habidos” en sus puestos de trabajo cuando ya han sido finiquitados. La orden de reintegro de recursos pagados es arbitraria e ilegal, y lo que se ha hecho posteriormente es sólo buscar resquicios para aplicar mañosamente una sanción gravísima, cuando el Sence antes había decretado como cumplidos todos los requisitos mediante resolución.

b) también es amenazado el art. 19 N°21 que garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, pues una medida tan gravosa como la impuesta pone en riesgo la continuidad económica de la empresa, la que se ha visto amenazada por la decisión del servicio de ordenar reintegrar todos los recursos del programa sin considerar que estos fueron adecuadamente ejecutados, sin reparos por el Sence, y que ya no están en poder de la empresa porque eran fondos pagados a un tercero por un curso de capacitación y bonificaciones a las remuneraciones de los adultos mayores. El resultado es que estas medidas desincentivan también la finalidad del programa Experiencia Mayor, optando por no realizar nuevamente el programa que beneficia a adultos mayores ante medidas que perturban la actividad económica de la empresa y ponen en serio riesgo su desarrollo económico y subsistencia posterior.

c) el Art. 19 N° 2. sobre igualdad ante la ley, también se vulnera debido a que el Sence impone una medida gravosa y punitiva, sin sujetarse a las normas legales de aplicación general y supletorias que lo rigen, contenidas en la Ley N°19.518 que FIJA NUEVO ESTATUTO DE CAPACITACION Y EMPLEO y su Reglamento General que le entregan la facultad de aplicar multas administrativamente y sin forma de juicio, que fluctúan entre 3 y 50 unidades tributarias mensuales, según se indica en el Art. 75, siendo este esquema de sanciones el que emplea habitualmente en sus programas de capacitación y empleo. Por ejemplo, existen normas similares que facultan la aplicación de multas en el instructivo para la ejecución de los “planes de aprendizaje” del año 2022, que complementa a Experiencia Mayor y en todas las bases de otras líneas de capacitación y subsidios. Por el contrario, en este caso Sence aplica sin fundamento una medida de “ultima ratio” que es la facultad del reintegro total de fondos establecida por el Artículo 77 contenido en la Ley N° 21.306: “Que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales”, y que establece esta sanción exclusivamente para el “evento de constatación de pagos en exceso o indebidos”, lo que no ha ocurrido en este caso, ya que no hay prueba ni alusión alguna a dicha situación en la resolución recurrida.

El reintegro fue la primera y única medida coercitiva aplicada, vulnerando el principio de aplicación general e igualdad ante la ley que prevalece en otros programas del Sence, donde se aplica la norma general de la aplicación de multas ante faltas administrativas que no involucran pérdida de recursos. Si no hay constatación de pagos en exceso o indebidos, se ha incurrido en una diferencia arbitraria, contraria al principio de la igualdad jurídica, por carecer esta sanción de un fundamento racional, que obedece sólo al capricho de la autoridad que la ha dictado.

d) el Art. 19 N° 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, también se ve vulnerado, ya que en suma, no hay "debido proceso" si el imputado no tiene posibilidad de defenderse adecuadamente, lo que no ocurrió desde un principio, ya que la fiscalización ocurrida el día 20 de enero donde se “detectó la irregularidad de no hallarse presentes los trabajadores”, tiene defectos de forma. No es posible defenderse de la imputación anterior, porque la fiscalización se realiza cuando era imposible que los trabajadores estuvieran, ya que habían sido finiquitados, lo que Sence sabía, y por ello a lo imposible nadie está obligado. Tampoco se entregó un acta de dicha fiscalización y sólo se conoce de estas imputaciones formuladas a la empresa meses después, cuando el objeto de las medidas de fiscalización que era comunicarse con los trabajadores ya no tenía ningún sentido, porque el programa estaba terminado, aprobado, pagado y validado por el mismo servicio. Por todo lo anterior SENCE comete una arbitrariedad al no acoger el recurso de reposición en su REX N° 915 y mantener una gravísima sanción económica a la empresa fundada en un proceso sancionatorio viciado y arbitrario, que se inicia extemporáneamente, que vulnera abiertamente la racionalidad y justicia de todo procedimiento investigativo, provocando un claro perjuicio y afectación al recurrente.

Finalmente, también es arbitrario el rechazo del recurso jerárquico interpuesto en subsidio y que la resolución N°915 desecha de plano en el considerando 8: “por estimarse que la Resolución exenta N°824 de 10 de agosto de 2023, ha sido dictada por el propio Director Nacional del Servicio”, porque la resolución que se identifica en el considerando no es, ni nunca ha sido, objeto de la reposición ni del recurso jerárquico interpuesto, es más no se sabe cuál es dicha resolución que el Sence menciona. La REX que es objeto de reposición y de un recurso superior jerárquico es la N°666 de 21 de agosto de 2023, por ende rechazar de plano el recurso también es arbitrario porque se basa en una resolución que es desconocida. Lo que nuevamente demuestra la arbitrariedad de la REX N°915.

Por todo lo anterior es que se solicita de la Corte que, acogiéndose el recurso de protección intentado, se deje sin efecto la orden de reintegro de la totalidad de los recursos del programa Experiencia Mayor ordenada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a la empresa nombre reservado y se acoja la reposición presentada o en su defecto se reemplace por una multa administrativa que corresponda.

Informa Gabriela Macaya de Moras, en representación del SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE), solicitando el rechazo del recurso intentado, por los motivos que indica.

En primer término, señala el marco legal en que se desenvuelve el SENCE, refiriéndose a la Ley N°19.518, de fecha 10 de septiembre de 1997, que Fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, en su artículo 1° señala que el sistema de capacitación y empleo tiene por objeto promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de los procesos y productos.

A su vez el artículo 2° de la misma norma en su letra b) indica que, en materia de capacitación, el sistema contempla acciones encaminadas a fomentar y promover la calidad de los servicios que prestan las instituciones intermedias y ejecutoras que contempla esa ley, así como las acciones que organizan o ejecutan. Asimismo, en la letra c) del citado artículo se indica que se contemplan acciones encaminadas a estimular y supervigilar las acciones y programas de capacitación que desarrollen las empresas, de acuerdo con las disposiciones contempladas en la ley.

La misma normativa indica que corresponde al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo la aplicación de las acciones que se contemplan en el Sistema de Capacitación y Empleo, bajo la supervigilancia del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a cuya aprobación deberá someter los programas correspondientes. Por otra parte, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, es definido como un organismo técnico del Estado, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica de derecho público, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Explica que la Ley N°21.395, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2022, contempla la Partida 15, Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 090, destinada a financiar el Programa de Formación en el Puesto de Trabajo. Que, el párrafo primero de la glosa 01 de la referida asignación presupuestaria dispone que, los componentes y líneas de acción comprendidas en este Programa y los demás procedimientos, modalidades y mecanismos de control a que estará afecto su desarrollo, serán los establecidos en el Decreto N°28, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones.

El Decreto N°28, de 2011 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que “Establece Componentes, Líneas de Acción, Procedimientos, Modalidades y Mecanismos de Control del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo”, dispone en su artículo segundo, letra a), lo siguiente: “(...) a) Personas desempleadas o que buscan trabajo por primera vez, de 25 años o más. Se entenderá que buscan trabajo por primera vez, aquellas personas que no se encuentran afiliadas a ninguna administradora de fondo de pensiones o régimen antiguo, y desempleados a quienes, estando afiliados, no registren cotizaciones al momento de postulación al programa (...y La Resolución Exenta N°82, de fecha 10 de enero de 2022, que APRUEBA INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO, “LÍNEA FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO”, TAMBIÉN DENOMINADA, “EXPERIENCIA MAYOR”, AÑO 2022, que delega facultades que indica en los Directores Regionales o sus subrogantes, en caso de ausencia o impedimento de éstos, dentro del ámbito de competencia de sus respectivas regiones.

La Resolución Exenta N°916, de fecha 28 de septiembre de 2022, de la Dirección Regional del SENCE, Región Biobío, que concedió el beneficio del Programa “Experiencia Mayor 2022”, a la empresa, “nombre reservado” RUT N°RUT reservado”, domiciliada en domicilio reservado, Región del Biobío. Asimismo, mediante Resolución Exenta N°666, de fecha 21 de agosto de 2023, la dirección regional de Biobío SENCE, revocó el beneficio otorgado a la empresa, en el marco de la fiscalización del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo regulada mediante el Decreto N°28, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y su Instructivo, contenido en la Resolución Exenta N°82, de fecha 10 de enero de 2022.

De esta forma, el Decreto N°28, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que el Programa antes señalado, mantiene como uno de sus objetivos el generar acciones para facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas, mediante el desarrollo de iniciativas de capacitación y/o de entrega de beneficios a empleadores o trabajadores, según sea el caso; encomendando su gestión al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE.

Luego, el artículo tercero en su letra a) regula la Línea de Formación en el Puesto de Trabajo, en virtud de la cual se podrá otorgar a los empleadores que contraten a los beneficiarios que se indican en el artículo segundo del citado decreto, una bonificación mensual correspondiente hasta un 60% de un ingreso mínimo mensual por trabajador, hasta los primeros 6 meses de vigencia del contrato de trabajo, beneficio que podrá renovarse hasta por 6 meses adicionales, en cuyo caso la bonificación mensual corresponderá a un 20% del ingreso mínimo mensual. No obstante, si el contrato terminase anticipadamente, las bonificaciones sólo se devengarán por el periodo correspondiente.

Asimismo, los empleadores podrán acceder, además, a una contribución por el costo de capacitación (bonificación por capacitación), por cada persona contratada por un monto de hasta $400.000, (cuatrocientos mil pesos), que se reembolsarán directamente a la empresa, una vez que se haya acreditado haber realizado y pagado la actividad de capacitación, ya sea a través de un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) o mediante la modalidad de curso interno, efectuada por la misma empresa a través de personal calificado (maestro guía).

Ahora bien, actualmente, el SENCE, se encuentra implementando iniciativas orientadas a mejorar la empleabilidad de las personas en función de los requerimientos del mercado del trabajo; así, una de las orientaciones del trabajo dice relación con la incorporación de nuevas poblaciones objetivo en cada uno de sus Programas, es por ello por lo que se ha estimado necesario dirigir la mencionada línea de formación en adultos mayores, esto es, personas de 60 años o más que se encuentren desempleados.

A su vez, cabe señalar que las empresas sólo podrán postular a trabajadores que cuenten con contratos de trabajo fidedignos ya suscritos, regulados a través del Código del Trabajo, los que, además, deberán tener como fecha de inicio de las labores hasta 20 (veinte) días hábiles anteriores a la fecha de postulación al programa, independiente de la fecha de suscripción del instrumento. Dichos contratos deberán mantener una vigencia mínima de 3 (tres) meses.

Por su parte, la Resolución Exenta N°82, de fecha 10 de enero de 2022, que APRUEBA INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO, “LÍNEA FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO”, TAMBIÉN DENOMINADA, “EXPERIENCIA MAYOR”, AÑO 2022, en su NUMERAL 7.- (COMUNICACIÓN CON EL TRABAJADOR), consagra que: “(...) El SENCE podrá tomar contacto directo con el trabajador y representante de la empresa para el cumplimiento de los fines del Programa. Para efectos de lo anterior, la empresa completará, en el Formulario de Postulación, todos los datos fidedignos que respecto de ellos se solicitan (...)”

Ahora bien, en el caso de autos, el actor recurre por supuestos actos y omisiones ilegales y arbitrarios, contenidos en la Resolución Exenta N°915, notificada el día 11 de diciembre de 2023, los cuales han amenazado, privado y perturbado los derechos y garantías constitucionales, consagrados en los artículos 19 N°24 en cuanto al derecho a la propiedad; 19 N°21 que garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; 19 N°2 sobre igualdad ante la ley; y 19 N°3 inciso quinto, en cuanto a la vulneración del debido proceso, racional y justo.

Al respecto, indica la recurrida, cabe señalar lo siguiente:

a) Se califica de arbitrario el proceder del servicio en un proceso de fiscalización supuestamente irregular y extemporáneo:

La medida es arbitraria porque aparece claramente en el considerando 2° de la REX N°915, que “mediante fiscalización realizadla en el domicilio informado por la empresa se detectó la irregularidad de no hallarse presente los trabajadores”, es decir, esta situación es la consideración para iniciar el proceso y determinar el reintegro de los recursos y luego para rechazar el recurso de reposición.

Al respecto cabe señalar que no se formularon cargos por esta supuesta irregularidad, por lo que no puede considerarse como fundamento de la revocación del beneficio.

No obstante, corresponde señalar que la Resolución Exenta N°82, de fecha 10 de enero de 2022, en su numeral 8 (MECANISMOS DE CONTROL) sostiene que: “(...) De conformidad a lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto N°28, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el SENCE realizará las fiscalizaciones pertinentes, para verificar el cumplimiento de la normativa señalada en el presente decreto y en las instrucciones que el Director Nacional del SENCE dicte al efecto, de acuerdo con el Plan Anual de Fiscalización del SENCE. Los Organismos Técnicos de Capacitación y las empresas deberán adoptar las medidas conducentes a permitir el libre acceso de los auditores y fiscalizadores del SENCE sin restricciones, prestando la colaboración que se requiera en este sentido (.../’, de manera que el recurrente se encuentra en conocimiento de la potestad y obligación de fiscalización que recae sobre mi representada.

b) El recurrente señala como arbitrariedad del servicio tanto la sanción como la formulación de cargos, por cuanto el servicio habría revisado y validado los contratos de trabajo presentados por su parte: “es arbitrario que luego de pronunciarse la resolución de “Concede Beneficios”, que expresamente señala: “Que este Servicio Nacional ha validado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la postulación de la empresa.”, entre ellos los contratos y sus pagos a los adultos mayores, ahora se solicite reintegrar todos los fondos, porque verificar las funciones en el puesto de trabajo debe ocurrir cuando el programa se está ejecutando y no cuando el programa terminó y los trabajadores se encuentran finiquitadlos legalmente”.

El recurrente señala además que la comunicación con los trabajadores nunca fue obstaculizada durante el desarrollo del programa, pues los trabajadores fueron capacitados, se encontraban en sus puestos de trabajo y desempeñaron sus funciones regularmente durante la realización del programa.

Asimismo, se indica que, si el SENCE cuestiona no haber logrado tomar contacto directo con los trabajadores, y por eso ordena el reintegro de todos los recursos, la decisión es arbitraria, en razón que la fiscalización se efectuó una vez finalizado el programa, sin trabajadores que contactar, ya sea personalmente o por otro medio, argumento que reitera de varias maneras distintas a lo largo de su presentación.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el recurrente reconoció implícitamente la irregularidad, según se desprende de los considerandos 6 y 7 de la resolución N°666, de fecha 21 de agosto de 2023, que revoca el beneficio y se transcriben a continuación:

“(...) 6.-Que, la empresa en cuestión, presenta escrito de descargos con fecha de recepción 27 de marzo de 2023, suscrito por su representante legal don nombre reservado, quien expone lo siguiente: “(...) principalmente el error se generó al tener varias planillas Excel en el cual se borraron datos sin percatarnos de lo sucedido, quedando la información incompleta e intercambiada de otros trabajadores anteriores, lo cual se evidenció recién en esta fiscalización documental...Para subsanar este error y en virtud a la solicitud,, adjunto planilla actualizada con los datos de las/os trabajadoras/es indicando Domicilio y Números de celulares (...)” (sic).

Ante el hecho irregular descrito en el Considerando Quinto (5), la empresa en cuestión no logra subsanar la irregularidad señalada, a mayor abundamiento existe un reconocimiento del hecho irregular imputado. La Resolución Exenta N°82 del 10 enero de 2022 que “Aprueba Instructivo del Programa Formación en el Puesto de Trabajo, También denominada, Experiencia Mayor, Año 2022”, establece que la postulación la efectúa la empresa en el sistema o plataforma informática, donde en su Título 9. COMUNICACIÓN CON EL TRABAJADOR, señala “El SENCE podrá tomar contacto directo con el trabajador y representante de la empresa para el cumplimiento de los fines del Programa. Para efectos de lo anterior, la empresa completará, en el Formulario de Postulación, todos los datos fidedignos que respecto de ellos se solicitan”. A su vez, no se logra establecer que efectivamente los/as trabajadores/as prestan labores en la empresa, incumpliendo lo establecido por el Decreto N°28, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, menciona que el Programa tiene como uno de sus objetivos el generar acciones para facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas, a través del desarrollo de iniciativas de capacitación y/o de entrega de beneficios a empleadores o trabajadores, según sea el caso (…)

c) Señala que “también es arbitrario el rechazo del recurso jerárquico interpuesto en subsidio y que la resolución N°915 desecha de plano en el considerando 8: “por estimarse que la Resolución exenta N°824 de 10 de agosto de 2023, ha sido dictada por el propio Director Nacional del Servicio”. Lo anterior, se expone argumentando que la resolución que se identifica en el considerando no es, ni nunca ha sido, objeto de la reposición ni del recurso jerárquico interpuesto, es más no se sabe cuál es dicha resolución que el Sence menciona. La Resolución Exenta que es objeto de reposición y de un recurso superior jerárquico es la N°666 de 21 de agosto de 2023, por ende, rechazar de plano el recurso también es arbitrario porque se basa en una resolución que es desconocida, lo que nuevamente demuestra la arbitrariedad de la resolución exenta recurrida.

Al respecto cabe señalar que claramente se trata de un error de tipeo, por cuanto la resolución sancionatoria, la N°666 de 21 de agosto de 2023, fue objeto de recurso jerárquico, y su rechazo se aplica en razón de los argumentos expuestos en el considerando 8 de marras, esto es: “Que, habiéndose rechazadlo el recurso de reposición interpuesto, corresponde pronunciarse respecto al recurso jerárquico, toda vez que este último fue interpuesto en subsidio del primero, de forma que cabe señalar que la Resolución Exenta N°666, de fecha 21 de agosto de 2023, que revoca el beneficio otorgado a la empresa, en el marco de la fiscalización del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo regulada mediante el Decreto N°28, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y su Instructivo, contenido en la Resolución Exenta N°82, de fecha 10 de enero de 2022, dictada por el Director Regional Subrogante de la región del Biobío, de este Servicio Nacional, actuando de conformidad a las facultades delegadas del Director Nacional, de este Servicio, mediante la Resolución Exenta N°1.290, de fecha 04 de abril del año 2019, que delegó facultades que indica, en los/as Directores/as Regionales. Por consiguiente, para todos los efectos legales, debe entenderse que la Resolución Exenta N°666, de fecha 21 de agosto de 2023, ha sido dictada por el propio Director Nacional de este Servicio, de manera que en conformidad al artículo 59, inciso 4° de la Ley N°19.880, ya citada, que consagra que: “No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los alcald.es y los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa”, el recurso jerárquico debe ser rechazado de plano, toda vez que, en los presentes autos, no es procedente tal recurso”

Señala la recurrida que el recurso debe ser desestimado por no existir acto ilegal o arbitrario alguno que le sea imputable.

Primeramente, corresponde señalar que la acción de protección no contiene requisitos formales, y requiere en su esencia la existencia de un derecho indubitado. De este modo, el recurrente evita referirse directamente a si mantenía derecho o no al beneficio, centrando la discusión en el hecho de no haberse encontrado a los trabajadores durante la fiscalización realizada. Recordemos que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, dicho motivo no se consideró como irregularidad, de manera que no se formularon cargos frente a la situación observada.

En relación con lo que sí se formuló cargos, o sea, la no entrega de información fidedigna y real para el contacto con los trabajadores, la recurrente sólo señala que en los contratos presentados a SENCE ya tenían esta información, o falta de la misma, por lo tanto, no correspondería revocar el beneficio.

Por otra parte, cabe señalar que no existe un límite de tiempo para que este Servicio Nacional corrobore los antecedentes entregados o se contacte con los beneficiarios, a fin de determinar si efectivamente realizaron funciones en la empresa o si se efectuó la capacitación, entre otros elementos.

En este contexto, se indica el artículo 77 de la ley N°21.306, del Ministerio de Hacienda que se refiere a constatación de pagos en exceso o indebidos, lo que necesariamente requiere un análisis post ejecución, que Otorga Reajuste de Remuneraciones a los Trabajadores del Sector Público, Concede Aguinaldos que señala, concede otros Beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales”, dispone que: “En el evento de que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo constate pagos en exceso o indebidos de las bonificaciones o subsidios que le corresponda administrar, incluyendo aquellos contemplados en programas de capacitación, intermediación laboral y de empleo, entre otros, que las respectivas Leyes de Presupuestos del Sector Público le entreguen a dicho Servicio Nacional, dispondrá el reintegro de los fondos, debidamente reajustados, de acuerdo con la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha del pago y la fecha del reintegro. La orden de reintegro de los fondos deberá constar en una resolución que otorgará un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para reintegrar los recursos recibidos o interponer un recurso de reposición.”.

Claramente el artículo citado en el párrafo anterior permite modificar o revocar un beneficio mal otorgado, lo que acontece en el caso de autos. De esta manera, llama poderosamente la atención el énfasis en el hecho de no haber encontrado a los ex trabajadores, ya que, como ya se ha señalado, no se formularon cargos al respecto. A su vez, los hechos que sí fundamentan la revocación del beneficio no son objeto del mismo énfasis. El recurrente señala y se válida en que no podría existir reproche alguno, por cuanto los contratos y los datos reportados habrían sido validados por SENCE.

La recurrente denuncia como infringida la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto supuestamente priva, perturba o amenaza al derecho a la propiedad de la empresa recurrente nombre reservado, por cuanto la sanción de reintegro de los fondos lo que hace es obligarla a restar de su patrimonio una importante suma de dinero para restituir fondos que nunca ha mantenido dentro de su propiedad, ya que no le fue otorgado el dominio de los mismos, sino que eran una bonificación que sería traspasada en su totalidad a remuneraciones para la contratación de adultos mayores beneficiarios de un programa de capacitación y empleo exitosamente realizado y validado en todas sus etapas.

En lo relativo a lo señalado, corresponde indicar que no figura atentado alguno contra el derecho de propiedad por parte de este Servicio, pues la normativa del programa antes señalado, contempla la facultad de solicitar el reintegro, en cuanto no se cumplan las condiciones pactadas, lo que fue conocido y aceptado por el Sr. nombre reservado en el momento de su postulación en el Programa de Formación en el Puesto de Trabajo regulada mediante el Decreto N°28, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y su Instructivo, contenido en la Resolución Exenta N°82, de fecha 10 de enero de 2022.

A su vez, el recurrente añade que se ve amenazado el artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República que garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, pues una medida tan gravosa como la impuesta pone en riesgo la continuidad económica de la empresa, la que se ha visto amenazada por la decisión del servicio de ordenar reintegrar todos los recursos del programa sin considerar que se ejecutaron adecuadamente, sin reparos por el Sence, y que ya no se encuentran en poder de la empresa, con motivo de tratarse de fondos pagados hacia un tercero por un curso de capacitación y bonificaciones a las remuneraciones de los adultos mayores. Corresponde aclarar que este derecho y garantía constitucional protege la facultad de las personas para el ejercicio y desempeño de una actividad económica, no el resultado económico de su ejercicio.

En la acción de protección de autos, el recurrente alega verse vulnerada la garantía constitucional consagrada en el Artículo 19 N° 2. de la Constitución Política de la República, sobre igualdad ante la ley, en cuanto se vulneraría debido a que el Sence impone una medida gravosa y punitiva, sin sujetarse a las normas legales de aplicación general y supletorias que lo rigen, contenidas en la Ley N°19.518 que FIJA NUEVO ESTATUTO DE CAPACITACION Y EMPLEO y su Reglamento General.

En lo relativo a lo señalado, corresponde precisar que las sanciones aplicadas por el SENCE se validan mediante el Decreto Supremo N°98, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba Reglamento General del Estatuto de Capacitación y Empleo, que consagra que sobre la recurrida recae la obligación de fiscalizar las acciones de capacitación, de manera que ante irregularidades o infracciones, se aplicará los estipulado en el Decreto N°98, antes citado, en el cual el TITULO V (de las infracciones, su fiscalización y las sanciones), el artículo 72, consagra que: “(...) Para efectos de la aplicación de las multas reguladas en el artículo 75 del Estatuto, se establecen los siguientes tramos, dependiendo de la gravedad de la infracción: Tramo Uno: 31 a 50 UTM; Tramo Dos: 16 a 30 UTM; Tramo Tres: 3 a 15 UTM(..J De este modo, a esta Entidad se encuentra facultada para aplicar multas administrativamente y sin forma de juicio, que fluctúan entre 3 y 50 unidades tributarias mensuales, según se indica en el Artículo 75 antes señalado, siendo este esquema de sanciones el que emplea habitualmente en sus programas de capacitación y empleo.

El recurrente expresa que el reintegro constituye la primera y única medida coercitiva aplicada, vulnerando el principio de aplicación general e igualdad ante la ley, que prevalece en otros programas del Sence, donde se aplica la norma general de la aplicación de multas ante faltas administrativas que no involucran pérdida de recursos. Por ende, si no hay constatación de pagos en exceso o indebidos, se ha incurrido en una diferencia arbitraria, contraria al principio de la igualdad jurídica, por carecer esta sanción de un fundamento racional, que obedece sólo al capricho de la autoridad que la ha dictado. Este derecho protege el trato igualitario a personas en una misma situación, si cambia la normativa aplicable, no es posible argumentar violación a este principio, ya que se estaría analizando situaciones distintas.

Para el caso de autos, resulta posible reafirmar que no existe discriminación ni violación de la igualdad ante la ley alguna, y que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, no infringió el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto, para poder determinar si hay igualdad o discriminación arbitraria en un acto o norma, se procede al ejercicio denominado del “agrupamiento de los iguales”. Así, se dispondrá de forma similar para aquellos que se encuentren en las mismas circunstancias, y en forma diferente para aquellos que no lo estén. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia causa rol 2.113, considerando 10, ha construido un concepto para el efecto que señala lo siguiente: “De esta manera, la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley a cada paso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma situación” A su vez la Excelentísima Corte Suprema (fallo publicado en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXVIII, N° 2, 1991, Sección V, página 178) ha resuelto este tema, aplicando constantemente un concepto análogo, que incluye en definitiva los mismos elementos sustantivos, señalando: “Por discriminación arbitraria ha de entenderse toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otro término, que no tenga justificación racional o razonable, lo que equivale a decir que el legislador no puede por ejemplo dictar una ley que imponga distintos requisitos u obligaciones a personas distintas en iguales circunstancias”.

En la especie, no figura violación de la igualdad ante la ley ni discriminación arbitraria del recurrente, porque no existe otra entidad en la misma situación de aquella, a quien se le hubiera aplicado un tratamiento distinto. Por tanto, mal podría haberse ejecutado un acto ilegal, si se efectúa una igual aplicación de la norma a todos aquellos que se encuentran en igual situación que el recurrente.

Así no se vislumbra acto arbitrario alguno en atención a que no existe diferencia de aplicación de la norma que sea irracional, injusta, ilógica y sin fundamento sustentable, ante el trato dispensado al recurrente, que no ha recibido un trato diferente y desmejorado, respecto de quienes puedan encontrarse en su misma situación.

El artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, también se ve vulnerado, ya que, en suma, no figura lo que se denomina como el "debido proceso" si el imputado no tiene posibilidad de defenderse adecuadamente, lo que no ocurrió desde un principio, ya que la fiscalización ocurrida el día 20 de enero de 2023, en la que se “detectó la irregularidad de no hallarse presentes los trabajadores”, contiene defectos de forma. Conforme a lo señalado anteriormente, se reitera que no habiéndose formulado cargos por no hallarse presentes los trabajadores, no existe derecho a defensa respecto a ese punto, por lo que pasa a ser un mero antecedente del proceso.

Como es posible apreciar en la presentación de protección, nada de lo que plantea el recurrente se relaciona en lo más mínimo con la vulneración de las garantías fundamental que estiman conculcadas y por lo tanto deberá derivar en su rechazo, toda vez que la recurrida ejerció una facultad legal prevista por la ley que es su facultad de aplicar sanciones debido a un procedimiento de fiscalización en el que se observaron irregularidades. Por ende, la decisión y voluntad del Servicio se materializó en un acto administrativo emitido conforme a la ley y fundado, y por consiguiente, simplemente no se entiende el motivo por el que se estima afectadas las garantías fundamental, antes citadas.

Agrega la recurrida en su informe que no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria alguna.

Es importante señalar que la postulación a beneficios estatales exige el conocimiento de los requisitos y exclusiones establecidas en la normativa de este. A su vez, también se desprende que la intención de esta acción de protección es determinar si corresponde o no que el recurrente reciba un beneficio estatal, lo que debe ser resuelto en un proceso de lato conocimiento y no en esta acción breve y sumaria.

De este modo, no existiendo un derecho indubitado del recurrente al beneficio del Programa Formación en el Puesto de Trabajo, “Línea Formación en el Puesto de Trabajo”, también denominada, “EXPERIENCIA MAYOR”, año 2022, teniendo en cuenta especialmente que el recurrente ha reconocido implícitamente haber presentado datos parciales, este recurso de protección debe ser desestimado en su totalidad.

De todo lo señalado se desprende que no puede considerarse que este Servicio haya actuado arbitraria o ilegalmente ni que se haya vulnerado el Derecho de Propiedad, ni ha existido discriminación alguna, por tal motivo el actuar de este Servicio Nacional no ha sido arbitrario o ilegal y deberá rechazarse el recurso de protección en su totalidad.

Corresponde recordar que la acción de protección es de naturaleza cautelar y excepcional, que recae únicamente sobre sobre un acto u omisión arbitrario o ilegal, que causa privación, perturbación o amenaza, en el ejercicio de los derechos y garantías taxativas señaladas en la Constitución Política de la Republica. De esta manera S.S Iltma, debe considerarse que la presentación del recurrente, en orden a que se deje sin efecto la resolución exenta que aplica la medida cuestionada, se extra limita del ámbito de aplicación de la acción de protección, como aquella acción que constituye una vía de protección de derechos legítimos que tienen el carácter de indubitados y preexistente como se contempla en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En el caso de autos, el recurrente mantiene la pretensión de dejar sin efecto una medida aplicada por la recurrida en el marco de sus atribuciones, contrario amparar un derecho preexistente, de manera que la situación de autos recae sobre una materia propia de un reclamo judicial y no sobre una acción de protección.

Como podrá apreciar S.S. Iltma., mi representada se encontraba plenamente facultada para aplicar la sanción administrativa en contra del recurrente, mediante la Resolución Exenta N° 666, de fecha 21 de agosto de 2023, de manera que resulta extraño que el recurrente, reconociendo propiamente su infracción y en conocimiento de la normativa que regula las obligaciones en el ámbito del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo, regulada mediante el Decreto N°28, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y su Instructivo, contenido en la Resolución Exenta N°82, de fecha 10 de enero de 2022, sostenga que la medida aplicada resulta improcedente.

En este contexto, es que la Resolución Exenta antes citada, se encuentra debidamente motivada, en la cual se aprecian los argumentos de hecho y de derecho, en base al cual la autoridad determinó y decidió aplicar la medida adoptada y que aquella fue dictada en virtud de un procedimiento previamente dispuesto en la ley en la cual se entregan las razones fundadas sobre el por qué se ha tomado la decisión de aplicar la medida de revocar el beneficio otorgado y solicitar su reintegro. En consecuencia, en el presente caso resulta más que claro que la resolución impugnada no puede ser calificada como arbitraria, toda vez que esta fue válidamente notificada al recurrente, en ella se exponen los fundamentos que motivan la decisión, y finalmente esta decisión se materializa en un acto administrativo que produce el efecto de aplicar una medida administrativa con ocasión de la infracción cometida por el recurrente, de forma que el presente recurso de protección debiera ser rechazado por manifiesta falta de fundamentos.

Como queda de manifiesto de acuerdo con lo expuesto en lo párrafos anteriores, este Servicio Nacional ha actuado dentro de sus facultades y conforme a la legislación vigente. Cabe hacer presente que la presente acción de protección, en atención a su especial naturaleza cautelar, no resulta ser un medio idóneo o procedente para el reclamo y conocimiento de la materia de autos, en cuanto no es posible determinar la existencia de un derecho preexistente o indubitado, que deba ampararse por el ejercicio de esta protección.

Por consecuencia, la acción de protección no tiene por finalidad revisar o determinar si procede o no la medida aplicada, pues tal determinación se realiza en conformidad a la leyes especiales y actos administrativos que regulan las actividades propias del ejercicio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, amparando para el caso que sea pertinente, el ejercicio de acciones de carácter administrativas como judiciales para el reclamo de medidas administrativas impuestas y adoptadas por mi representada.

Corresponde aclarar que el referido Servicio no ha vulnerado o violentado derecho o garantía alguna respecto del recurrente, en cuanto recae sobre la recurrida el deber de fiscalizar la ejecución de las acciones de capacitación y el uso correcto de fondos públicos otorgados para dicha ejecución, y las obligaciones que emanan de los actos administrativos que regulan la relación con los beneficiarios de la línea programática que recae, precisamente en el Servicio. Cabe recordar que la acción de protección es de naturaleza cautelar y excepcional, que recae únicamente sobre sobre un acto u omisión arbitrario o ilegal, que causa privación, perturbación o amenaza, en el ejercicio de los derechos y garantías taxativas señaladas en la Constitución Política de la Republica.

Como es posible apreciar en la presentación de protección, nada de lo que plantea el recurrente se relaciona en lo más mínimo garantías fundamentales que pudiesen considerarse conculcadas y por lo tanto deberá derivar en su rechazo, toda vez que la recurrida ha ejercido una facultad legal prevista por las Bases Administrativa del Programa que rigen a las acciones de capacitación ejercidas por el recurrente.

En la presentación de protección, no resulta posible observar un planteamiento adecuado y relacionado con garantías fundamentales que pudiesen considerarse conculcadas, y por lo tanto deberá derivar en su rechazo, toda vez que la recurrida ejerció una facultad legal prevista por la ley que es su facultad de aplicar medidas en razón de infracciones cometidas en el ejercicio de las acciones de capacitaciones, de forma que la voluntad del Servicio se materializó en un acto administrativo emitido conforme a la ley y fundado. En definitiva, resulta claro que el recurso de protección en estos autos deberá ser rechazado a la luz de lo informado a S.S. Iltma. en esta presentación, y por lo tanto se solicita que sea rechazado y con una ejemplar condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito sine qua non para que pueda prosperar la acción cautelar, a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección requerida.

SEGUNDO: Que, la recurrente, nombre reservado, por intermedio de su abogado, Remberto Valdés Hueche, ha deducido el presente recurso de protección, en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), por el actuar ilegal y arbitrario de este, al dictar la Resolución Exenta N°915, notificada a la recurrente el día 11 de diciembre de 2023, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición y recurso superior jerárquico, en subsidio, deducido en contra de la Resolución Exenta N°666 de 21 de agosto de 2023, que determino la revocación del beneficio otorgado a la empresa con más de 20 años de presencia en el mercado, nombre reservado, en el marco del programa Experiencia Mayor 2022, obligándole al reintegro de todos los recursos asignados por ese programa, incluyendo incentivos para la contratación entregados a los trabajadores y subsidios para capacitación, lo que asciende a una suma de $26.656.000.

La recurrida, SENCE, a su turno hace presente al informar que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte y que la resolución impugnada, que rechaza los recursos de reposición y, en subsidio el jerárquico, ha sido dictada en uso de las facultades legales y reglamentarias, encontrándose debidamente fundamentada, al igual que la resolución atacada por tales recursos administrativos.

TERCERO: Que, conforme dan cuenta los antecedentes que obran en autos, resulta incuestionable que la actuación aquí objetada, es la Resolución Exenta N°915, que rechazo los recursos de reposición y jerárquico, interpuestos en contra de la Resolución Exenta N°666, manteniendo en consecuencia la sanción aplicada a la recurrente, en el marco de un proceso de fiscalización del programa Experiencia Mayor 2022, obligando al recurrente al reintegro de todos los recursos asignados por ese programa, incluyendo incentivos para la contratación entregados a los trabajadores y subsidios para capacitación, lo que asciende a una suma de $26.656.000.

Es un hecho igualmente incuestionable que la empresa, de propiedad del recurrente, postulo a la obtención de los beneficios del referido programa, Experiencia Mayor 2022, acompañando los antecedentes requeridos, los que fueron debidamente visados por el SENCE, para luego ser seleccionada entre los beneficiarios de los beneficios que el programa conllevaba, esto es la entrega de subsidio a la contratación de trabajadores del grupo etario asignado, así como subsidio a la capacitación para tales trabajadores. Asimismo, que la empresa beneficiaria ejecutó el programa, recibiendo los subsidios correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior y concluido el periodo que comprendía la contratación del personal comprometido en el programa, hasta diciembre de 2022, en el mes de enero de 2023 se verificó por el Sence una fiscalización que pretendía verificar los antecedentes de los trabajadores contratados por la empresa y que motivaron los subsidios a la contratación y capacitación.

Es innegable que el SENCE posee las facultades legales para hacer la fiscalización, siendo además su deber hacerlo, para salvaguardar la utilización correcta de los recursos fiscales, tal cual lo señala en su informe la recurrida y que, por lo demás, no es discutido por la recurrente.

Lo que cuestiona la recurrente es si podía el SENCE hacer tal fiscalización concluido ya el periodo de contratación laboral comprendido en el programa.

CUARTO: Que, desde luego no existe en la normativa legal o reglamentaria a que se sujeta el SENCE, ninguna limitación a la fiscalización que debe realizar, lo que resulta perfectamente compatible con la adecuada utilización de recursos fiscales que dicho Servicio compromete en sus programas.

Además, en el caso de autos, la fiscalización, la posterior formulación de cargos y la correspondiente sanción, no se aplicó porque no se encontrara a los trabajadores en el lugar en que debían cumplir sus labores, no solo porque las podían cumplir en modalidad no presencial, lo que era parte de las estipulaciones del programa, sino porque el periodo de contratación ya había concluido. Lo que se cuestionó a la empresa de propiedad del recurrente es que proporcionó antecedentes no fidedignos de sus trabajadores adscritos al programa en cuestión, lo que fue implícitamente reconocido por la misma empresa al contestar la formulación de cargos, argumentando que los datos se habían confundido entre las diferentes planillas del programa computacional en que se almacenaban, lo que por cierto no fue acreditado.

Es efectivo como se dijo, que el SENCE reviso y viso los antecedentes proporcionados al postular al programa la empresa cuestionada, lo que permitió que fuera seleccionada y se le proporcionaran los fondos correspondientes a los subsidios comprometidos, sin embargo, con posterioridad, al fiscalizar la manera en que se utilizaron los fondos comprometidos y entregados, se percata que los datos ingresados de los trabajadores no se podían contrastar, por falta de antecedentes fidedignos y ese es un hecho indesmentible a la luz de los antecedentes acompañados, lo que valida la fiscalización, formulación de cargos y la correspondiente sanción.

QUINTO: Que, de lo que se viene diciendo aparece que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la recurrida al dictar la Resolución Exenta N°666 y, de igual manera tampoco la hay al rechazar los recursos de reposición y jerárquico, este último deducido en subsidio, en contra de la antedicha Resolución, lo que se concreta en la Resolución Exenta N°915, que es la reclamada en este recurso.

La recurrente no aportó, en su reposición, antecedentes suficientes que le permitieran al SENCE modificar lo resuelto, lo que lo hace saber en la resolución ahora recurrida de protección.

Por otro lado, en lo que dice relación con el recurso jerárquico, es claro que la resolución atacada por esa vía, fue dictad por el Director Regional, por delegación de facultades del Director Nacional y, por lo mismo y en atención a la normativa legal aplicable, no resulta procedente el recurso jerárquico (artículo 59, inciso 4° de la Ley N°19.880, dispone: “No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa”).

SEXTO: Que, en virtud de todo lo razonado el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por lo expuesto, y visto además, lo dispuesto por en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Remberto Valdés Hueche, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Oportunamente dese cumplimiento al numeral 14 del referido Auto Acordado, comunicándose la sentencia a las partes.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

N°Protección-397-2024.