nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAJA

C.A. de Concepción Concepción, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece don Claudio Vigueras Falcón, abogado, en representación de doña nombre reservado, profesora, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Laja, representada por su Alcalde, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región del Biobío, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el decreto alcaldicio que declaró su salud incompatible con el cargo y puso término a su relación estatutaria, invocando el artículo 148 de la Ley N° 18.883, con vulneración de las garantías del artículo 19 N° 1, 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, durante los años 2023‑2025, la recurrente hizo uso de diversas licencias médicas, en parte vinculadas a protección de maternidad y en parte por enfermedad común, dentro de cuyo período el empleador solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación de salud irrecuperable. La Subcomisión Médica Bío‑Bío resolvió, mediante dictamen ejecutoriado de 30 de mayo de 2025, que la funcionaria presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido “para los fines estatutarios correspondientes”. Con posterioridad, y pese a que en el informe de licencias consta que la actora registra 0 días de licencias autorizadas por enfermedad común dentro de los dos últimos años a la fecha de la solicitud de evaluación de salud irrecuperable, el municipio dictó decreto de salud incompatible, fundado genéricamente en el uso prolongado de licencias y en un memorándum del Jefe de Personal que invoca el “resguardo del buen uso de recursos municipales”.

Sostiene que dicho decreto es ilegal, por indebida aplicación del artículo 148 de la Ley N° 18.883, por cuanto: (i) no se cumple estrictamente el presupuesto objetivo de haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses en los últimos dos años, descontadas las licencias de maternidad y las excluidas por la propia norma; (ii) desatiende el carácter vinculante del informe COMPIN que declaró expresamente su salud recuperable; y (iii) carece de motivación concreta sobre la incompatibilidad actual de su condición con el desempeño del cargo, limitándose a fórmulas genéricas. Califica el acto, además, de arbitrario, por fundarse en apreciaciones generales sobre la “afectación del buen servicio” sin individualizar efectos específicos atribuibles a su caso. Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto el decreto de salud incompatible y se ordene su inmediata reincorporación, con pago de remuneraciones y demás derechos.

Informa la Ilustre Municipalidad de Laja, solicitando el rechazo de la acción, alegando que el acto se ajusta a la facultad contenida en el artículo 148 de la Ley N° 18.883, en cuanto la recurrente habría hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, lo que afectaría gravemente la continuidad del servicio educacional y la planificación de reemplazos, como se desprendería del memorándum del Jefe de Personal y otros antecedentes internos. Añade que la evaluación de salud irrecuperable de COMPIN no impediría ejercer la potestad discrecional de declarar salud incompatible con el cargo cuando, aun siendo la condición recuperable, resulta objetivamente inconciliable con las funciones propias del puesto.

Se trajeron los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que la acción de protección, regulada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando, por acto u omisión arbitrario o ilegal, se le prive, perturbe o amenace en el legítimo ejercicio de las garantías que dicho precepto enumera. Para su procedencia se requiere, entonces, la concurrencia de: (a) un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —producto de una voluntad no gobernada por la razón—, y (b) que dicho acto u omisión provoque privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos fundamentales invocados.

Segundo: Que, el conflicto se circunscribe a determinar si el decreto alcaldicio que declaró incompatible la salud de la recurrente con el desempeño del cargo y dispuso su cese, invocando el artículo 148 de la Ley N° 18.883, se ajusta a la normativa estatutaria aplicable y respeta los límites constitucionales de razonabilidad, motivación y proporcionalidad que rigen el ejercicio de esta potestad. Para ello es necesario examinar, en primer término, el marco legal pertinente.

Tercero: Que el artículo 148 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo”. Agrega que el alcalde, para ejercer la facultad señalada, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud.

Cuarto: Que, de lo anterior se desprende que la declaración de salud incompatible con el cargo constituye una potestad discrecional, pero reglada, sometida a presupuestos de hecho estrictos: (i) uso de licencias médicas superior a seis meses dentro de un lapso de dos años; (ii) exclusión del cómputo de las licencias vinculadas a maternidad y otras expresamente exceptuadas; y (iii) evaluación previa de COMPIN acerca de la irrecuperabilidad de la salud del funcionario. La jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema ha destacado que, aun tratándose de un estado de salud recuperable, el ejercicio de la facultad debe fundarse en antecedentes objetivos, actuales y suficientes que permitan concluir que dicha condición - en los hechos -, resulta incompatible con el adecuado desempeño del cargo, no bastando la mera constatación aritmética de licencias pasadas.

Quinto: Que, de los antecedentes incorporados consta en autos:

a) Que la Municipalidad de Laja, a través de su Departamento de Educación Municipal, solicitó a la Subcomisión Médica Bío‑Bío la evaluación de salud irrecuperable de la recurrente, en los cuales se individualiza a doña nombre reservado, como funcionaria afectada.

b) Que la COMPIN, mediante resolución de evaluación de fecha 30 de mayo de 2025, dictamen ejecutoriado, resolvió expresamente que la funcionaria “presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”.

c) Que, de acuerdo con el informe de licencias médicas emitido por el propio Departamento de Personal del DAEM, en el período comprendido entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de mayo de 2025 la recurrente registra licencias por embarazo y postnatal, y diversas licencias por enfermedad común, totalizando 385 días, sin que se diferencie, en dicho cómputo, cuáles de ellas deben excluirse para efectos del artículo 148 de la Ley N° 18.883.

d) Que, paralelamente, la municipalidad acompañó memorándums internos del Jefe de Personal y otros funcionarios, en los que se alude a problemas de continuidad del servicio educativo y a eventuales perjuicios para docentes reemplazantes, solicitando “gestionar la aplicación del artículo 148 de la Ley 18.883, salud incompatible con el cargo, como medida de resguardo del buen uso de los recursos municipales”.

Sobre esa base, el alcalde dictó el acto impugnado, declarando salud incompatible y disponiendo el término de la relación funcionaria de la actora.

Sexto: Que, la sola circunstancia de que la funcionaria haya hecho uso de licencias médicas en el período señalado, aun cuando su número y extensión pudieran superar los seis meses, no basta para legitimar, por sí sola, el ejercicio de la potestad del artículo 148 del Estatuto Municipal. En efecto, la propia norma exige excluir del cómputo las licencias vinculadas a la protección de la maternidad y otras hipótesis específicas, así como recabar la evaluación de COMPIN sobre la irrecuperabilidad de la salud, precisamente para evitar que el uso legítimo de licencias - incluidas aquellas que obedecen a procesos de embarazo, parto y postnatal - se convierta en un elemento sancionatorio encubierto.

Séptimo: Que, el dictamen de COMPIN es categórico al establecer que la salud de la recurrente es recuperable. Ello, si bien no impide absolutamente la aplicación del artículo 148 - que expresamente alude a la ausencia de declaración de salud irrecuperable -, sí delimita el alcance de la potestad alcaldicia, imponiendo un estándar reforzado de motivación: la autoridad debe demostrar, con antecedentes específicos y actuales, que la condición de salud, aun recuperable, se traduce en una incompatibilidad efectiva y persistente con el desempeño del cargo, lo que exige considerar el estado funcional al momento de la decisión y no sólo el historial pasado de licencias.

Octavo: Que, revisado el acto impugnado y sus antecedentes, no se aprecia una motivación suficiente en tal sentido. En efecto, el decreto se limita a enumerar genéricamente las licencias utilizadas, a invocar el artículo 148 de la Ley N° 18.883 y a remitir a memorándums internos que, a su vez, contienen consideraciones generales sobre inconvenientes administrativos y la necesidad de resguardar el “buen uso de los recursos municipales”, sin individualizar de qué manera, en la actualidad, la salud de la recurrente la impediría ejercer adecuadamente sus funciones, ni analizar su desempeño en el período inmediatamente anterior a la decisión.

Noveno: Que, por el contrario, de los antecedentes incorporados se desprende que, a la fecha en que se dicta el decreto de salud incompatible, la actora se encontraba desempeñando sus funciones y que el propio informe COMPIN, de fecha anterior, daba cuenta de un estado de salud recuperable. La Municipalidad no ha acreditado que, luego de dicha evaluación, se hayan presentado nuevas licencias o eventos médicos que permitan concluir una incompatibilidad sobreviniente, ni ha explicitado por qué, pese al carácter recuperable de la condición, resulta necesario y proporcionado poner término al vínculo estatutario, en lugar de adoptar medidas de apoyo, adecuación o redistribución de funciones.

Décimo: Que, esta falta de motivación concreta y actual sobre la incompatibilidad del estado de salud de la recurrente con el desempeño efectivo de su cargo, unida a la utilización de antecedentes pretéritos ya evaluados por la autoridad sanitaria, conduce a calificar el acto como arbitrario, por cuanto se funda en consideraciones genéricas, no verificables y desconectadas del diagnóstico médico vigente, antes que en un razonamiento racional y suficiente sobre la situación particular de la funcionaria.

Undécimo: Que, además, el uso de licencias médicas constituye el ejercicio legítimo de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, sujeto a controles y validaciones por los órganos competentes, de manera que su utilización dentro de los márgenes legales no puede ser considerada, en sí misma, como un comportamiento reprochable o sancionable. Transformar ese ejercicio en fundamento principal de la extinción del vínculo estatutario, sin ponderar el dictamen de salud recuperable ni la situación funcional actual, importa desconocer el deber de fundamentación del acto administrativo y el de protección de la función pública, afectando la seguridad en el empleo estatutario y el derecho de propiedad de la recurrente sobre su cargo y sus emolumentos, amparados por el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

Duodécimo: Que, de este modo, el decreto alcaldicio impugnado configura un acto ilegal y arbitrario que ha privado a la recurrente del legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, particularmente su derecho a la integridad psíquica (artículo 19 N° 1), a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2) y a la propiedad sobre los derechos derivados de su relación estatutaria (artículo 19 N° 24), sin que se advierta una justificación suficiente ni proporcional para la medida adoptada; por lo anterior, la acción constitucional intentada será acogida y se adoptarán las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 6, 7, 19 y 20 de la Constitución Política de la República; en los artículos 1, 114, 147 y 148 de la Ley N° 18.883; y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Laja, y se deja sin efecto el Decreto SIAPER N° 406 de 27 de enero de 2026, debiendo reincorporarla en sus funciones y pagar todas sus remuneraciones que debió percibir desde la separación de las mismas Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Rodrigo Arnoldo Cortés Gutiérrez.

Rol Corte Nº 3861 - 2026 Protección.