Protección contra una o más personas

C.A. de Concepción bpv Concepción, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece Juan Carlos Muñoz Torres, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en su favor, por cuanto se encuentra actualmente privado y perturbado en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, en virtud del incumplimiento flagrante por parte del Ministerio Público de una orden judicial firme y ejecutoriada que dispuso la devolución de sus bienes y dineros incautados.

Explica que el 9 de septiembre de 2025, en causa RIT 5201-2018 RUC 1700725674-4, el Juzgado de Garantía de Talcahuano accedió a la devolución de todas las especies y dineros incautados a favor de nombre reservado; dejar sin efecto las medidas de retención decretadas respecto de Banco Estado y Banco de Crédito e Inversiones y ordenar que el Ministerio Público procediera a la devolución en el plazo de quinto día.

Sostiene que, pese a lo resuelto, y vencido con exceso el plazo judicial, el Ministerio Público no ha dado cumplimiento a la devolución, sino que por el contrario, funcionarios de la Fiscalía han señalado que el proceso se encuentra “en revisión con el equipo jurídico” y pendiente de “gestiones administrativas internas”, negando así la eficacia de una resolución judicial firme. Dicho incumplimiento persiste hasta la fecha, lo que implica una afectación actual e ilegítima del derecho de propiedad de su representado sobre sus bienes y dineros, pese a que el proceso penal respecto de él se encuentra sobreseído definitivamente.

Alega que el acto impugnado -el incumplimiento por parte del Ministerio Público- es ilegal, porque contradice una orden judicial firme, además, de arbitrario, porque carece de justificación razonable, basándose solo en supuestos trámites internos.

Solicita acoger el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, declarando que el acto del Ministerio Público constituye una acción ilegal y arbitraria que priva y perturba el derecho de propiedad de su representado y con su mérito ordenar al Ministerio Público (nombre reservado) que cumpla íntegramente con la devolución de las especies y dineros individualizados en la resolución de 9 de septiembre de 2025, bajo apercibimiento de responsabilidad penal y administrativa y disponer se oficie directamente al Fiscal Regional del Bío-Bío, al nombre reservado nombre reservado y a las instituciones bancarias involucradas para la ejecución inmediata o, en subsidio, adoptar todas las demás medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de su representado.

Informó Enzo Osorio Salvo, Fiscal Adjunto de la nombre reservado, señalando que la investigación RUC 1700725674-4 - RIT 5201-2018 del Juzgado de Garantía de Talcahuano se siguió contra catorce imputados, siendo con fecha 5 de septiembre de 2022, acusados doce de ellos, entre los cuales se encontraba nombre reservado. Y respecto de otros dos imputados se decidió no perseverar.

Refiere que el Servicio de Aduanas también acusó, y lo hizo respecto de trece de los catorce imputados y que los delitos por los que se les acusó fueron asociación ilícita, receptación aduanera con base de contrabando, comercio clandestino, y lavado de activos, los tres últimos reiterados, salvo al imputado nombre reservado a quien no se acusó por lavado de activos.

Expone que durante la audiencia de preparación de juicio oral llevada a cabo el 28 de mayo de 2024, se modificó la acusación fiscal para arribar a un procedimiento abreviado fundado en el artículo 406 y siguientes del Código Procesal Penal, lo mismo que la acusación del Servicio de Aduanas, modificación que buscaba llegar a sendos procedimientos abreviados. Si bien la modificación se hizo eliminando hechos, y con ello delitos en ambos casos, con lo que las acusaciones quedaron limitadas sólo al delito de receptación aduanera, y con los consecuentes ajustes de pena, dicho procedimiento no se materializó con ningún imputado, y por lo mismo, no se dictó sentencia definitiva en el marco de ese procedimiento.

Manifiesta que en la misma audiencia, se plantearon salidas alternativas, un acuerdo reparatorio entre el Servicio de Aduanas y los imputados nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, tras modificar en similares términos su acusación, y una suspensión condicional del procedimiento por el Ministerio Público con otros cuatro imputados, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Indica que el 30 de agosto de 2024, el Servicio de Impuestos Internos pidió la nulidad de todo lo obrado hasta la audiencia de preparación de juicio oral por falta de emplazamiento, y el Juzgado de Garantía de Talcahuano le dio lugar el 05 de noviembre de 2024, dejando sin efecto todo lo obrado, incluyendo las salidas alternativas, lo que derivó en amparos deducidos por seis de los ocho imputados beneficiados, y que culminó con la intervención de la Excma. Corte Suprema, que en causa Rol 59.184, el 11 de diciembre de 2024, acogió tales amparos, porque “mantener un proceso penal abierto en contra de una o más personas, no obstante existir las causales de término ya indicadas respecto de algunos de los delitos que fueron materia del mismo, implica una amenaza a la libertad personal de quien es investigado”.

Expresa que una vez firme el cúmplase de lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, el Ministerio Público pidió citar a todos los imputados a audiencia de preparación de juicio oral, pues entendían, acorde con lo resuelto por el máximo tribunal, que el término generado por las salidas alternativas lo era “de algunos de los delitos” del proceso, en realidad sólo la receptación aduanera, de lo que se seguía que respecto de los demás delitos no había operado dicha causal de término, y por lo mismo, que correspondía citar a audiencia de preparación de juicio oral a todos los imputados, con la salvedad que respecto de aquellos ocho de las salidas alternativas no se podría debatir en torno al delito terminado a través de las salidas alternativas.

Agrega que el 3 de enero de 2025, el Juzgado de Garantía de Talcahuano resolvió no dar lugar a lo pedido por el Ministerio Público, pues sólo citó a los cuatro imputados respecto de quienes no habían operado el abreviado ni las salidas alternativas. Para revertir lo resuelto señala que se dedujo reposición y apelación en subsidio, pero dicho Juzgado de Garantía, por resolución de 08 de enero de 2025, no dio lugar a ninguno de los recursos, porque “en audiencia de 28 de mayo de 2024, en la cual el fiscal del Ministerio Público modificó los términos de la acusación formulada para los efectos de explorar salidas alternativas de acuerdo reparatorio y suspensión condicional del procedimiento con algunos de los imputados, manteniendo únicamente a su respecto la imputación por el delito de receptación aduanera”.

Menciona que al no ser concedida la apelación se recurrió de hecho, recurso que se tramitó bajo el Rol 43-2025, acumulado al Rol 38-2025, de esta Corte, cuya vista tuvo lugar el 8 de abril de 2025, siendo acogido. En consecuencia, se concedió la apelación contra lo resuelto el 03 de enero de 2025, porque, según se lee del considerando sexto: “se colige que el hecho de modificar sus acusaciones, tanto el ministerio público, como el querellante Servicio de Impuestos Internos, lo fue con la única finalidad de arribar a un procedimiento abreviado, oportunidad en la que sólo dejaron subsistentes a tales efectos el delito de receptación aduanera, pero del claro tenor del inciso final del citado precepto legal se advierte que, en caso de no prosperar el procedimiento abreviado, cuyo es el caso, se tiene por no formuladas las modificaciones a las acusaciones, y, en consecuencia, subsisten, además de las acusaciones por el delito de receptación aduanera, aquellas por los delitos de asociación ilícita, comercio clandestino y lavado de activos.”.

Hace presente que contra esta resolución, el imputado nombre reservado dedujo recurso de amparo, que fue conocido inicialmente por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción bajo el Rol 198-2025, y luego por la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán bajo el Rol 96-2025, por incompetencia. Esta Corte el 22 de abril de 2025 rechazó el amparo, y el recurrente apeló a lo resuelto, y la Excma. Corte Suprema confirmó la resolución bajo el Rol 14.516, el 08 de mayo de 2025.

Destaca que todo el debate se redujo a ocho de los doce acusados, y sólo para determinar si el proceso penal había terminado a su respecto con las salidas alternativas, o si había concluido únicamente por el delito materia de ellas, y continuaba por el resto, o sea, asociación ilícita, comercio clandestino, y lavado de activos. Respecto de los demás acusados no hubo ningún debate porque ellos no aceptaron ninguna de las propuestas. En ese contexto, indica que el 8 de agosto de 2025, esta Corte confirmó la resolución de 3 de enero de 2025, del Juzgado de Garantía de Talcahuano y, con ello, dejó fuera de la persecución penal a los ocho acusados ya aludidos, con lo que el Ministerio Público quedó limitado a ejercer la acción penal sólo respecto de los cuatro acusados restantes, pero por los cuatro delitos materia de la acusación original.

Sostiene que, dado que contra lo resuelto no procedían recursos ordinarios ni extraordinarios, acorde al artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales se dedujo recurso de queja, por considerar que la sala que había resuelto el 08 de agosto de 2025 había incurrido en una manifiesta falta de fundamentación, recurso que fue tramitado bajo el Rol 33.003-2025, y rechazado sin ningún pronunciamiento al respecto.

Argumenta que resulta entonces que el Ministerio aún debe sostener la acción respecto de cuatro de los doce imputados acusados, y ese ejercicio se acota a todos los delitos materia de la acusación, es decir, asociación ilícita, contrabando, comercio clandestino y lavado de activos.

Aduce que con arreglo a los términos de la acusación, fue la asociación ilícita la que permitió a todos los acusados, en particular a los cuatro en comento, obtener los bienes y dinero que ostentaban, y que luego les permitió lavar parte del dinero logrado, convirtiéndolo en inmuebles, vehículo y viajes al extranjero, por lo que resulta irrelevante en manos de quien se encontraba ese dinero o especies al momento de sus detenciones: era de la asociación ilícita. A mayor abundamiento, indica que ninguno de estos imputados pudo justificar con sus ingresos declarados a la autoridad su legítima tenencia. En consecuencia, dicho dinero y especies incautados constituyen hoy parte de los medios de prueba para acreditar el delito de asociación ilícita y el de lavado de activos, y en caso de condena pueden ser materia de comiso.

Afirma que el 28 de agosto de 2024, el imputado nombre reservado comprometió “el pago total de una suma de 5 millones de pesos y también la destrucción de las respectivas especies”, lo que consta no sólo del acta y audios del 28 de mayo del 2024, sino que de la transcripción al efecto solicitada por la vía de aclaración del abogado de nombre reservado fechada el 12 de junio de 2024, con lo que no hay duda de lo resuelto respecto del recurrente.

Enfatiza que el 20 de agosto de 2025, el Tribunal de Garantía de Talcahuano, citó a audiencia de preparación de juicio oral para el 2 de octubre de 2025 a los cuatro acusados cuyas situaciones están pendientes, notificándoles la acusación original, no el acta de 28 de mayo de 2024. En otros términos, no en base a la modificación que experimentó para el fallido procedimiento abreviado que había reducido los cargos sólo al delito de receptación aduanera.

Concluye señalando que el 9 de septiembre de 2025, y no obstante la autorización dada por nombre reservado para destruir las especies que se le habían incautado y la citación a audiencia de preparación de juicio oral por todos los delitos respecto de los cuatro acusados aún pendientes, el Tribunal de Garantía resolvió devolver el dinero y bienes inmuebles incautados al recurrente nombre reservado, contrariando con ello lo resuelto previamente, y no sólo eso, sino que por resolución de 29 de septiembre pasado, obligó al Ministerio Público bajo apercibimiento de incurrir en desacato, a devolver perentoriamente dichas especies, dejando al Ministerio Público en una precaria situación para sostener la acción penal, y más aún, haciendo iluso el decomiso de tales dineros y especies.

Informó Alicia Felmer Opitz, Abogada Procurador Fiscal de Concepción del Consejo de Defensa del Estado, haciendo presente que el asunto debatido en autos, ya es objeto de conocimiento jurisdiccional, en a lo menos dos procedimientos, encontrándose sometido al imperio del derecho. En efecto, en causa RIT 5201-2018 RUC 1700725674-4, del Juzgado de Garantía de Talcahuano, a propósito de una investigación penal por diversos delitos de contrabando, asociación ilícita, receptación aduanera, comercio clandestino y lavado de activo, fue formalizado y acusado el actor nombre reservado, junto con otros 13 imputados. A propósito de esa investigación, se incautaron, entre otras, las siguientes especies en manos de nombre reservado: $179.000.000 en dinero efectivo ocultos al interior de una estructura especialmente diseñada dentro de un closet, y posicionada detrás de un televisor que impedía su detección a simple vista en su domicilio y $750.000.000 en un depósito en el Banco BCI, de acuerdo a comprobante que fuera incautado en el domicilio del mismo nombre reservado.

Indica que con motivo de la investigación del delito de lavado de activos, se determinó el origen ilícito de dineros por una suma superior a los $2.500.000.000, distribuidos entre nombre reservado y otros once imputados.

Sostiene que durante la audiencia de preparación de juicio oral, el 28 de mayo del año 2024, se modificó la acusación fiscal para arribar a un procedimiento abreviado, fundado en el artículo 406 y siguientes del Código Procesal Penal, lo que implicó la eliminación de hechos, restando delitos, derivando en que las acusaciones quedaran sólo limitadas al delito de receptación aduanera.

Menciona que la asociación ilícita fue la que permitió a los acusados obtener los bienes y dineros que ostentaban, y que luego les permitió lavar parte del dinero logrado, convirtiéndolo en inmuebles, vehículos y viajes al extranjero. Lo anterior, a su juicio, resulta evidente, pues ninguno de los imputados pudo justificar con sus ingresos declarados a la autoridad la legítima tenencia de los bienes incautados.

Añade que el Ministerio Público pidió al Juzgado de Garantía citar a los imputados a audiencia de preparación de juicio, al entender que el término generado por las salidas alternativas hacía referencia al delito de receptación aduanera, por lo que continuaría respecto a los demás delitos. Sin embargo, tras una extensa tramitación, el 8 de agosto de 2025, esta Corte confirmó la resolución de 3 de enero de 2025, del Juzgado de Garantía de Talcahuano y, con ello, dejó fuera de la persecución penal a ocho de los acusados, por lo que la persecución quedó limitada a cuatro de los acusados, por los delitos de asociación ilícita, contrabando, comercio clandestino, y lavado de activos.

Expresa que con fecha 9 de septiembre de 2025, el tribunal ordenó devolver el dinero al recurrente, reiterando dicha resolución el 29 de septiembre pasado, obligando al Ministerio Público a devolver las especies incautadas, bajo apercibimiento de incurrir en desacato.

Alega que habiendo tomado conocimiento de los antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado interpuso el 30 de septiembre de 2025, la medida prejudicial precautoria de retención de dineros, dirigida en contra del futuro demandado y recurrente en esta causa nombre reservado. En dicha medida, se precisa que don nombre reservado, ostentando el cargo de Fiscal del Ministerio Público, con dolo civil o, en subsidio, culpa grave, intervino en el proceso penal, efectuando una serie de modificaciones a la acusación fiscal descrita, lo que permitió a los imputados, entre ellos el recurrente, optar a un acuerdo reparatorio, consistente en el pago de una suma total de $5.000.000, en beneficio del Servicio Nacional de Aduanas, autorizando la destrucción de los objetos y elementos del delito que fueron incautados en su poder.

Estima que la acción señalada es dolosa o, en subsidio, ejecutada mediante culpa grave por parte del señor nombre reservado, en concomitancia de los demás intervinientes, lo que implicó impedir la dictación de sentencia condenatoria en contra de los imputados y el decreto del comiso de las sumas de dinero incautadas al recurrente, dineros que tienen origen ilícito y que, de no mediar esta actuación del Sr. nombre reservado, habrían ingresado al patrimonio fiscal. En consecuencia, el recurrente nombre reservado, ha obtenido un provecho o beneficio evidente, pues, de no mediar la actuación dolosa, los montos incautados habrían sido decomisados, mismos dineros respecto de los cuales se solicita su devolución.

Menciona que por resolución de 2 de octubre de 2025, el Tercer Juzgado Civil de Concepción, hizo lugar a la medida prejudicial precautoria, ordenando la retención de dineros en poder del Ministerio Público; del Banco BCI, de BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A. y del Banco Estado, por los montos que detalla.

Aclara que los dineros precautoriados son tanto el objeto del juicio que se dirigirá en contra del recurrente y que, a la vez, son el objeto de la presente acción de protección.

Destaca que la medida prejudicial fue notificada personalmente a don nombre reservado, en su calidad de fiscal regional subrogante y que el Ministerio Público señaló la dictación de esta medida en la causa RIT 5201-2018 RUC 1700725674-4, del Juzgado de Garantía de Talcahuano, teniéndola presente el Tribunal el 6 de octubre de 2025.

Explica que la medida precautoria constituye precisamente una limitación temporal y legal al derecho de propiedad, encontrándose esta limitación expresamente contemplada en la legislación y no por su concesión se configura una vulneración susceptible de ser amparada por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política. De esta manera, no existe derecho preexistente e indiscutido que pueda ser tutelado mediante el presente recurso, pues la omisión reprochada, consistente en la negativa a efectuar la devolución de todas las especies y dineros incautados del recurrente, se encuentra amparada en una decisión jurisdiccional, consistente en el otorgamiento de una medida prejudicial precautoria.

Solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condena en costas, atendida su evidente falta de fundamento.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDOS:

1.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

2.- El recurrente tilda de ilegal y arbitraria la negativa del Ministerio Público, nombre reservado, de restituir los dineros y especies incautadas, según fue dispuesto, con fecha 9 de septiembre de 2025, en la causa Rit 5.201-2018 del Juzgado de Garantía de la misma ciudad.

3.- La recurrida informó que en la causa penal ya indicada, en la audiencia de preparación de juicio, de 28 de mayo de 2024, se modificó la acusación fiscal para arribar a un procedimiento abreviado, eliminando hechos y con ello delitos, limitándose al delito de receptación aduanera, sin embargo, dicho procedimiento diverso fracasó. En la misma audiencia, se llegó a un acuerdo reparatorio entre el Servicio de Aduanas y los imputados nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, tras modificar en similares términos su acusación, y a una suspensión condicional del procedimiento por el Ministerio Público con otros cuatro imputados, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Añade que, en el entendido que dichas salidas alternativas sólo incidían en el delito de receptación aduanera, solicitó la continuación de la preparación respecto de los demás delitos (asociación ilícita, contrabando, comercio clandestino y lavado de activos) y ocho de los doce acusados, accediéndose únicamente al ejercicio de la acción penal sólo respecto de cuatro acusados por los cuatro delitos materia de la acusación original. Quedaron citados para la audiencia del día 2 de octubre de 2025.

Argumenta que fue la asociación ilícita la que permitió a todos los acusados obtener los bienes y dinero que ostentaban y que luego les permitió lavar parte del dinero logrado, convirtiéndolo en inmuebles, vehículo y viajes al extranjero, por lo que resulta irrelevante en manos de quién se encontraba al momento de sus detenciones. Concluye que dicho dinero y especies incautados constituyen parte de los medios de prueba para acreditar el delito de asociación ilícita y el de lavado de activos y, en caso de condena, pueden ser materia de comiso.

No obstante lo anterior, el 9 de septiembre de 2025 el Juzgado de Garantía de Talcahuano resolvió devolver el dinero y bienes inmuebles incautados al recurrente nombre reservado, lo que fue reiterado por resolución de 29 de septiembre, bajo apercibimiento de incurrir en desacato.

4.- Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado señaló que interpuso, ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, con fecha 30 de septiembre de 2025, medida prejudicial precautoria de retención de dineros (causa rol 5399-2025), dirigida en contra del futuro demandado nombre reservado, por el provecho obtenido de la actuación dolosa o negligente del Fiscal de la causa, medida que fue acogida, ordenando el tribunal la retención de dineros en poder del Ministerio Público del Banco BCI, de BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A. y del Banco Estado, por los montos que detalla.

5.- De lo consignado resulta patente que la cuestión debatida excede los márgenes de la acción de protección, llamada a tutelar, de forma breve y urgente, derechos constitucionales preexistentes e indiscutidos. Es por ello que la controversia debe seguir siendo conocida y resuelta en sede penal y civil, por los tribunales competentes que ya han intervenido.

6.- Por estimar esta Corte que el recurrido ha pretendido instrumentalizar la acción constitucional de protección para una situación controvertida que ya se encontraba siendo conocida en sede jurisdiccional ordinaria, corresponde que sea condenado al pago de las costas, por no haber tenido motivo plausible para accionar por esta vía.

Por estas consideraciones, normas legales invocadas, y de conformidad, además, con lo que dispone el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, la acción de protección presentada en favor de nombre reservado, en contra del Ministerio Público.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martín.

N°Protección-3842-2025.