nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

Concepción, dos de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Compareció en este proceso Rol 3.488-2025 del Libro Protección de esta Corte de Apelaciones, el abogado Carlos Eduardo Concha Jara, a favor de Isabel Isolina Núñez Chavarría, abogada, e interpuso en nombre de esta última, acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. (en adelante AFP)

Expuso, en síntesis, que el 31 de julio de 2025, su representada ingresó una solicitud de pensión de sobrevivencia, declarando como beneficiarios de la misma a: 1- nombre reservado, en calidad de cónyuge sin hijos con derecho; 2- Al hijo menor de edad de la recurrente nombre reservado, de iniciales EAMN, de cinco años de edad, en calidad de hijo de filiación no matrimonial; y 3- A su persona, Isabel Isolina Núñez Chavarría, en calidad de madre de hijo de filiación no matrimonial con derecho.

Dice que el 11 de agosto de 2025 se ingresó informe social de la recurrente, y el 14 de agosto la actora concurrió a una oficina de la recurrida a consultar por el estado de la solicitud de pensión de sobrevivencia, oportunidad en la cual fue informada que la situación de la referida solicitud, en lo que a ella se refiere, era de: “Beneficiario sin trámite”, entregándole copia simple de un documento denominado: "Beneficiarios no declarados”, mediante la cual la AFP recurrida le comunicó su decisión de rechazar la solicitud de pensión de supervivencia a que tendría derecho la recurrente, en su calidad de madre del hijo de filiación no matrimonial del causante nombre reservado y por haber vivido a sus expensas, fundándose, según la actora, “aparentemente en su estado civil de divorciada”.

Afirma que la actora, encontrándose presente en las oficinas de la recurrida, solicitó fuese reingresada la solicitud a fin de tramitar su solicitud de beneficiaria legal del causante, lo cual le habría sido negado por funcionarios de la recurrida, señalándole que, al ser cónyuge divorciada, no le corresponde pensión. Expresa que, pese a explicarles que la situación no es efectiva ya que la actora nombre reservado no es cónyuge divorciada del causante (lo es respecto de otra persona), se negaron de plano a ingresar esta solicitud, manifestando que no era posible reingresar la solicitud, que ya se había declarado que no tenía derecho al ser divorciada y que la única respuesta formal a su solicitud de pensión consistía en el documento que le fue entregado, denominado “Beneficiarios no declarados” de 14 de agosto de 2025.

Argumenta que entonces la recurrida ha rechazado o se ha negado a cursar su solicitud de incorporación como beneficiaria legal, impidiendo de esta forma que la recurrente pueda realizar el trámite de solicitud de pensión de sobrevivencia a la cual dice tener derecho.

Indica que tal acto es arbitrario e ilegal, debido a que ha establecido diferencias arbitrarias, tratándola de forma discriminatoria, privando a la afectada de un derecho, sólo por tener el estado civil de divorciada, sin que exista en nuestro ordenamiento jurídico razones suficientes que permitan sostener tal distinción entre las “divorciadas” respecto de las “madres solteras o viudas”, lo que se ha traducido en que finalmente se le ha privado de recibir la pensión de sobrevivencia que legalmente le correspondería.

Señala que lo anterior priva a la actora de sus garantías fundamentales del artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que, por una parte, al establecerse una discriminación arbitraria en su contra respecto de las “madres viudas y solteras”, quienes se encuentran en la misma condición jurídica que la recurrente, a la luz de la pensión de supervivencia establecida en el artículo 9° del DL N°3.500, se vulnera la garantía fundamental de la igualdad ante la ley. Por otra parte, al negársele un derecho que le corresponde por ley, se quebranta su derecho fundamental a la propiedad, pues se le priva del legítimo ejercicio de dominio sobre un derecho previsional especialmente establecido por el legislador para madres que se encuentran en su misma situación jurídica.

Añade que la normativa en particular contemplada en el Decreto Ley N°3500, señala: “Artículo 9°.- El padre o la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante tendrán derecho a pensión de sobrevivencia si reúnen los siguientes requisitos, a la fecha del fallecimiento:

a) Ser solteros o viudos; b) vivir a expensas del causante.”

Arguye que la modificación introducida al mencionado artículo por la Ley N°20.255, de 17 de marzo de 2008 se limitó a agregar como posible beneficiario al padre, ya que la norma antes solo contemplaba a la madre. Expresa que la Ley de Matrimonio Civil, “de 17 de mayo de 2004” (sic), recién establece el estado civil de divorciado, por lo que a la fecha de dictación del referido DL 3.500 este no existía, quedando fuera de los potenciales beneficiarios solo la madre casada, explicación que solo es dable consignar a la luz de lo dispuesto en el artículo 321 del Código Civil, que contempla a los cónyuges como beneficiarios en primer orden de pensión de alimentos. Dice que sin perjuicio de ello, las personas divorciadas pierden la calidad de alimentarios respecto de su anterior cónyuge y por ello no resulta lógico la omisión de esta categoría en la disposición de los beneficiarios, en la medida que se acrediten los requisitos legales, esto es, no estar casados y vivir a expensas del afiliado.

Afirma que esta Corte de Apelaciones, en reciente fallo en causa Rol N°10018-2024, acogió un recurso análogo, tras haber formulado requerimiento ante el Excmo. Tribunal Constitucional.

Concluye solicitando que se acoja este recurso y se declare ilegal y arbitraria la decisión de la recurrida, comunicada el 14 de agosto de 2025, por la cual se niega a incorporar a la recurrente como beneficiaria legal de pensión de sobrevivencia en su calidad de madre de hijo de filiación no matrimonial del causante nombre reservado; ordene a la recurrida incorporar a la actora Isabel Isolina Núñez Chavarría como beneficiaria legal de pensión de sobrevivencia establecida en el artículo 9° del D.L. N°3.500, todo lo anterior con costas del recurso.

Informó Paula Catalina Peña Vásquez, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., quien solicitó el rechazo del recurso.

Argumentó, en lo medular de su informe, que conforme a los antecedentes que le fueron presentados, y en concordancia con las normas previsionales que se indicaron, su representada acreditó el estado civil de divorciada de nombre reservado a través de certificado de matrimonio con inscripción de divorcio, obtenido del Servicio de Registro Civil e Identificación, y en atención a lo dispuesto en el artículo 9° letra a) del DL 3.500, verificado su estado civil de divorciada, no cumple con el requisito dispuesto en la ley, por lo cual se procedió a acreditar como beneficiarios de pensión de sobrevivencia sólo a la actual cónyuge sobreviviente y al hijo menor de edad del causante.

Agregó que la falta de idoneidad del recurso impetrado en autos, se fundamenta en que éste excede la finalidad cautelar de la acción de protección, debiendo ser este caso en particular promovido por requerimiento ante el ente administrativo existente para efectos de interpretación de la norma previsional, el cual es la Superintendencia de Pensiones; o bien, de cuestionarse la legalidad del tenor literal de la ley como en el presente caso, existen otras vías idóneas para ello, toda vez que tal como lo señala el recurso, sus pretensiones se basan en una interpretación más allá del tenor de los requisitos establecidos en el artículo 9° letra a) del DL 3.500 para ser beneficiaria de pensión de sobrevivencia.

Añadió que de acuerdo a lo anterior, en primer término, la interpretación de la norma previsional no es de competencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones, sino que es materia interpretable, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 N°3 del DL 3.500 y el DFL 101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en donde se establece que la entidad encargada de fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras, es la Superintendencia de Pensiones. Para confirmar este aserto, el informante transcribe la normativa administrativa y reglamentaria pertinente.

Señaló que lo que en realidad quiere la recurrente, es cuestionar la aplicación de la legislación previsional, en cuanto, y como lo señala en varios párrafos de su recurso, pretende que la recurrida realice una interpretación de la ley más allá de su tenor claro y literal, lo que no le es posible a la AFP, dadas las facultades legales para interpretar otorgadas al recién mencionado ente regulador, más aún en cuanto al alcance de disposiciones cuyo tenor es claro y las cuales no es posible para esa AFP ignorar o cambiar de forma alguna, por lo que el recurso se basa específicamente en la interpretación y alcance de la norma previsional que, en el texto del recurso, el actor considera que no debiera ser aplicada, en base a su particular interpretación, la cual pretende sea la acogida por la recurrida, sin que esta venga del organismo encargado de dicha labor, es decir, de la Superintendencia de Pensiones.

Indicó que aquello que el recurrente cuestiona como “arbitrario e ilegal” y “discriminatorio”, es una distinción que hace la propia ley, norma legal que no puede modificarse por medio de un recurso de protección al existir acciones y vías idóneas para ello, más aún cuando la AFP no tiene facultad para modificarla.

En consecuencia, dice, la recurrente no acreditó cumplir los requisitos que dispone la ley para acceder al beneficio de pensión de sobrevivencia, siendo patente que no existe un derecho indubitado en su caso particular, que permita su incorporación como beneficiaria, además de existir oposición expresa de una de las actuales beneficiarias.

Así, dice, su representada no tiene facultad alguna de interpretación en la aplicación fuera del tenor claro y literal de la ley, por lo que la materia que es objeto de este recurso, implica un cuestionamiento a la ley que la misma recurrente señala conocer en cuanto a sus disposiciones, y sobre la cual la AFP Capital sólo tiene la opción de aplicar sin interpretaciones extensivas, sin poder interpretar o ignorar en cuanto a sus requisitos.

Expresó que la solicitud de pensión de sobrevivencia presentada por la recurrente, sí se ingresó en la AFP Capital, nunca se le negó ingresar dicha solicitud; lo anterior consta en trámite ingresado con fecha 31 de julio de 2025, siendo beneficiarios de pensión de sobrevivencia acreditados, entre todos los potenciales beneficiarios declarados, sólo las siguientes personas: 1) nombre reservado, en calidad de cónyuge; y 2) nombre reservado, en carácter de hijo menor de 18 años.

Concluyó señalando que la ley solo permite que la pensión de sobrevivencia sea solicitada por quien tenga el estado civil de “soltero o viudo”, y no contempla el de “divorciado”, no correspondiendo a la recurrida generar una interpretación más allá del tenor literal de la ley como pide la recurrente, interpretación que, de ser necesaria, se debe realizar por el órgano competente para ello, facultad esta última que es entregada por ley a la Superintendencia de Pensiones.

De esta forma, dice, el motivo por el que AFP Capital rechazó la incorporación de la recurrente como beneficiaria de pensión de sobrevivencia del causante, obedece a una norma legal expresa, respecto de la cual no puede la recurrida realizar cuestionamiento alguno, además de no permitírsele interpretar extensivamente o a su arbitrio disposiciones que no se comprenden más allá de lo señalado en la ley, al contrario de lo que pretende la recurrente respecto a la realización de una labor interpretativa que le favorezca, la cual, como se ha dicho, no es de competencia de la recurrida.

Informó nombre reservado, jefe del Departamento Judicial de la Superintendencia de Pensiones, quien señaló, en primer lugar, que la recurrente no ha formulado reclamo ni presentación alguna ante esa Superintendencia sobre los hechos objeto de su recurso, por lo tanto, no tiene antecedentes que aportar.

Sin perjuicio de ello, refiriéndose a aspectos generales del recurso, luego de transcribir la normativa legal pertinente a este caso, señala, en síntesis, que en mérito de dicha norma legal, la que es de aplicación restringida, cabe concluir que el legislador no consideró como beneficiario de pensión de sobrevivencia al padre o madre de filiación no matrimonial de la o el causante, que tuviere el estado civil de divorciada o divorciado, por lo que, teniendo esa condición, no resulta procedente otorgar el beneficio de pensión solicitado “por la señora nombre reservado” (sic). Por consiguiente, dice, la AFP recurrida ha actuado en conformidad a la ley.

Añade que el citado artículo 9° del D.L. N°3.500, de 1980, establece dos requisitos de carácter copulativo para hacer procedente la pensión de sobrevivencia. El primero, que el padre o madre de hijos de filiación no matrimonial se encuentren “solteros o viudos”, que, según sus propios dichos, no cumple la actora; el segundo, “haber vivido a expensas del causante”, circunstancia que, según la Superintendencia, no parece discutida.

Así las cosas, concluye señalando que la Administradora de Fondo de Pensiones Capital S.A. no podría haber incurrido en la ilegalidad ni en la arbitrariedad que se le atribuye.

Informó, a requerimiento de esta Corte y en virtud de un trámite previo a la vista de la causa, el abogado Alex Arnoldo Ormeño Aburto, en representación de nombre reservado, señalando que ésta fue la cónyuge sobreviviente y hoy viuda de nombre reservado, además de ser actual beneficiaria titular de la pensión de sobrevivencia.

Explica que la resolución administrativa que no consideró a la recurrente como beneficiaria de la pensión, fue debidamente motivada y fundada en los requisitos legales vigentes a la fecha del fallecimiento del causante.

Dice que, así las cosas, la actuación de la recurrida AFP Capital fue realizada conforme a la legalidad y con apego a la normativa vigente para estos efectos; su actuar no tuvo como causa un mero capricho o arbitrariedad, pues lo fue en cumplimiento a la normativa previsional vigente. Explica que esto se desprende del propio relato de la recurrente, pues, ingresó una solitud para trámite y jamás se le negó su ingreso, relato que tiene su asidero en los antecedentes que aportó la recurrida AFP en este proceso cautelar. Afirma que la AFP declaró legítimamente quiénes eran los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, perfectamente acreditados, y de todos los potenciales beneficiarios, y enunció que fueron: 1) nombre reservado, en calidad de cónyuge o viuda; y 2) nombre reservado, en calidad de hijo menor de 18 años.

Afirma que la AFP recurrida explicó las razones o motivaciones que tuvo para excluir a la recurrente como beneficiaria de una pensión de sobrevivencia, concluyendo que esta no reúne los requisitos instituidos en el artículo 9° del DL 3.500, esto es, “El padre o la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante tendrán derecho a pensión de sobrevivencia si reúnen los siguientes requisitos, a la fecha del fallecimiento: a) Ser solteros o viudos, y b) vivir a expensas del causante.”.

Señala que lo que ha dicho la recurrida AFP y la Superintendencia de Pensiones, es que la recurrente no acreditó cumplir los presupuestos que dispone la ley para acceder al beneficio de pensión de sobrevivencia. Dice que esta respuesta ha sido fundada y debidamente motivada, no lo ha ido contra norma expresa ni contra derecho. Afirma que en este orden ideas, se ha explicado que su representada nombre reservado es la beneficiaria legal de esta pensión, por ser la cónyuge sobreviviente y viuda de nombre reservado, condición jurídica que la ley exige para este beneficio, excluyendo con ello a la recurrente nombre reservado.

Expresa que la recurrente, al querer desvirtuar la conducta legal y no arbitraria de la AFP, trajo a colación jurisprudencia no atingente al caso de autos. En efecto, señaló al efecto el fallo de esta Corte, Rol N°10018-2024. Sin embargo, con ello desarrolla desde la órbita jurisprudencial una argumentación no aplicable en la especie, pues dicho fallo fue revocado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en ingreso Rol N°28.403-2025. Por lo demás, dice que los hechos contenidos en esa sentencia, si bien pueden reconocer el legítimo derecho de la divorciada, en dicha acción no existió a la muerte del causante un cónyuge sobreviviente. Cuestión muy diferente al caso de autos, donde nombre reservado es la viuda, al ser la cónyuge sobreviviente del causante, y esa condición legal y jurídica se superpone y excluye a las prestaciones pretendidas por la recurrente.

Añade que como lo han expresado la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. y la Superintendencia de Pensiones, la recurrente no posee la titularidad de un derecho indubitado; carece y es discutible en su titularidad, de modo que su existencia y contenido debe apreciarse necesariamente en un debate probatorio profundo.

Arguye que es imprescindible para que el derecho o garantía vulnerado sea viable ante una acción cautelar, debe tener como inicio un derecho indubitado, que no admita duda, cuestión que en la especie no ocurre. Ello porque, primero, no puede excluir a la cónyuge sobreviviente o viuda, de acuerdo con la norma expresa en el D.L. N°3500. La excepción para una expectativa -de una divorciada-, es que nombre reservado hubiera fallecido antes, cuestión que ya no ocurrió. Finalmente, el presupuesto de “vivir a expensas del causante”, tampoco se da para estos efectos, pues el causante vivió hasta el último día en el hogar común con nombre reservado, quien era la cónyuge y aportaba al hogar, el que estaba compuesto por su cónyuge y tres hijos mayores de edad.

Asevera que la recurrente no vivía “a expensas del causante”, pues ella es abogada y hasta antes de la muerte de nombre reservado, trabajó por años y en forma ininterrumpida en diversos servicios públicos. Expresa que este argumento, viene a cuestionar y poner en duda, desde luego, qué tanta credibilidad aporta el informe socio económico que se acompañó ante la AFP.

Termina señalando que de los términos en que ha sido planteada la discusión, aparece que la cuestión relativa a la determinación de la titularidad de los derechos reclamados por la recurrente, no resultan cuestiones susceptibles de ser determinada por esta vía de urgencia cautelar, la que por su naturaleza y objeto, no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados en esta sede. Entonces, dice, no concurre en la especie, en tanto la acción se asienta sobre antecedentes, que, como se precisó, se encuentran debatidos. Concluye diciendo que todos estos razonamientos conducen indefectiblemente al rechazo del recurso, sin perjuicio de otros derechos que asistan a la recurrente.

También como trámite previo a la vista de la causa, esta Corte procedió designar un curador ad litem al hijo menor de edad de la recurrente, de iniciales EAMN, pues éste pudiera tener intereses contrapuestos con su madre en cuanto al monto de la pensión en comento, recayendo dicha designación en Sebastián Esteban Bustamante Silva, abogado de la Oficina “La Niñez y Adolescencia se Defienden” de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, quien señaló: “Que, el derecho en disputa, es un derecho de carácter de índole patrimonial, asuntos en los que nuestro Servicio no se encuentra llamado a actuar ni ejercer representación. A mayor abundamiento, no estando en discusión su integridad, sus libertades personales o individuales, ni visualizando la necesidad de asegurar su ingreso al sistema de protección integral, este Servicio se abstiene de informar del fondo del asunto en cuestión”.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas;

2°) Que en el caso de que se trata, quien recurre de protección, Isabel Isolina Núñez Chavarría, ha tildado de ilegal y arbitraria la comunicación de la recurrida de 14 de agosto de 2025, que la excluye como beneficiaria de una pensión de sobrevivencia. Solicita que en definitiva se ordene a la recurrida incorporar a Isabel Isolina Núñez Chavarría como beneficiaria legal de la pensión de sobrevivencia del padre de su hijo de filiación no matrimonial de iniciales EAMB, nombre reservado, fallecido con fecha 25 de julio de 2025.

Señala, en síntesis, que el 31 de julio de 2025, la recurrente ingresó en las oficinas de la recurrida una solicitud de pensión de sobrevivencia, declarando como beneficiarios de ésta a: 1. nombre reservado, en calidad de cónyuge sin hijos con derecho, 2- Al hijo menor de edad de la actora, de iniciales EAMN, de cinco años de edad, en calidad de hijo de filiación no matrimonial ;y 3- A la recurrente Isabel Isolina Núñez Chavarría, “en calidad de madre de hijo de filiación no matrimonial con derecho”.

Agregó que el 11 de agosto de 2025, se ingresó informe social de la recurrente y el día 14 del mismo mes y año, concurrió a dependencias de la AFP recurrida a consultar por el estado de la solicitud de dicha pensión, siendo informada que la situación de la solicitud de pensión de sobrevivencia para ella era de: “Beneficiario sin Trámite”, entregando copia simple de un documento denominado: "Beneficiarios no declarados”, mediante la cual la AFP le comunicó la decisión de rechazar la solicitud de pensión de supervivencia a que tendría derecho la recurrente, en su calidad de madre del hijo de filiación no matrimonial del causante nombre reservado y por haber vivido a sus expensas, fundándose para el rechazo en su estado civil de “divorciada”;

3°) Que, por su parte, la recurrida, expresó, en síntesis, que conforme a los antecedentes que le fueron presentados y en concordancia con las normas previsionales que se indicaron en dicha presentación, su representada acreditó el estado civil de divorciada de la actora nombre reservado (respecto de una persona distinta al causante) a través de un certificado de matrimonio con inscripción de divorcio, obtenido del Servicio de Registro Civil e Identificación, y en atención a lo dispuesto en el artículo 9° letra a) del DL 3.500, verificado su estado civil de divorciada respecto de una persona distinta al causante, no cumple con el requisito dispuesto en la ley, por lo cual sólo se procedió a acreditar como beneficiarios de pensión de sobrevivencia a la actual cónyuge sobreviviente del causante y al hijo menor de edad de este último.

Agregó que la falta de idoneidad del recurso impetrado en autos, se fundamenta en que éste excede la finalidad cautelar de la acción de protección, debiendo ser este caso en particular promovido por requerimiento ante el ente administrativo existente para efectos de interpretación de la norma previsional, cual es la Superintendencia de Pensiones; agregando que de cuestionarse la legalidad del tenor literal de la ley como en el presente caso, existen otras vías idóneas para ello, toda vez que tal como lo señala el recurso, sus pretensiones se basan en una interpretación más allá del tenor de los requisitos establecidos en el artículo 9° letra a) del DL 3.500, para poder ser beneficiaria de pensión de sobrevivencia.

A su turno, informó nombre reservado, cónyuge sobreviviente del mencionado causante, a quien le fue requerido informe por esta Corte en un trámite previo a la vista de la causa, quien señaló, en lo medular, que la resolución administrativa que no consideró a la recurrente como beneficiaria de la pensión, fue debidamente motivada y fundada en los requisitos legales vigentes a la fecha del fallecimiento del causante.

Dice que, así las cosas, la actuación de la recurrida AFP Capital fue realizada conforme a la legalidad vigente para estos efectos; su actuar no tuvo como causa un mero capricho o arbitrariedad, pues su actuación fue en cumplimiento a la normativa previsional vigente.

Añadió que lo que ha dicho en autos la recurrida AFP y la Superintendencia de Pensiones, es que la recurrente no acreditó cumplir los presupuestos que dispone la ley para acceder al beneficio de pensión de sobrevivencia. Afirma que esta respuesta ha sido fundada y debidamente motivada, no lo ha sido contra derecho, pues se ha explicado que nombre reservado es la beneficiaria legal de esta pensión, por ser la cónyuge sobreviviente y viuda de nombre reservado, condición jurídica que la ley exige para este beneficio, excluyendo con ello a la recurrente nombre reservado;

4°) Que al informar la Superintendencia de Pensiones, señaló, en primer lugar, que la recurrente no ha formulado reclamo ni efectuado presentación alguna ante esa Superintendencia, sobre los hechos objeto de este recurso, por lo tanto, no tiene antecedentes que aportar.

Sin perjuicio de ello, refiriéndose a aspectos generales del recurso, luego de transcribir la normativa legal pertinente a este caso, señala, en síntesis, que en mérito de dichas normas legales concluyó que el legislador no consideró como beneficiario de pensión de sobrevivencia al padre o madre de filiación no matrimonial de la o el causante, que tuviere el estado civil de “divorciada” o “divorciado”.

Añade que el artículo 9° del D.L. N°3.500, de 1980, establece dos requisitos de carácter copulativo para hacer procedente la pensión de sobrevivencia. El primero, que el padre o madre de hijos de filiación no matrimonial se encuentren solteros o viudos, lo que, según sus propios dichos, no cumple la actora; el segundo, haber vivido a expensas del causante, circunstancia que también aparece discutida por la cónyuge sobreviviente del causante.

Señala que, así las cosas, la Administradora de Fondo de Pensiones Capital S.A., en este caso no podría haber incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

Agregó, a mayor abundamiento, que esa Superintendencia, en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. 3.500, de 1980, en su Libro III, Título I, Letra E, Pensión de Sobrevivencia, Capítulo I., estableció lo siguiente:

“Capítulo I. Causada por un afiliado activo 1. Beneficiarios Serán beneficiarios de pensión de sobrevivencia los componentes del grupo familiar del causante, entendiéndose por tal, él o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos del causante, la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante y los padres del causante que cumplan las condiciones que a continuación se señalan.

Al conocer del fallecimiento del causante, la Administradora deberá realizar las gestiones necesarias ante el Servicio de Registro Civil e Identificación para obtener la información respecto de los potenciales beneficiarios de pensión de sobrevivencia del afiliado fallecido, dejando constancia auditable de dichas gestiones. Las gestiones consistirán, a lo menos, en efectuar cada vez que se informe del fallecimiento de un afiliado, una consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de sus posibles beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Lo anterior, sin perjuicio de las consultas que pueda efectuar en otras bases de datos a que tenga acceso. Además, una vez conocida la identidad de los posibles beneficiarios, deberá contactarlos con el objeto de solicitarles la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos que se señalan en el siguiente número".

2. Requisitos:

a)

El o la cónyuge sobreviviente debe haber contraído matrimonio con el causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o 3 años, si el matrimonio se verificó siendo el causante pensionado por vejez o invalidez. Por su parte, el o la conviviente civil sobreviviente, debe haber suscrito un acuerdo de unión civil que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del causante, a lo menos con un año de anterioridad a la fecha de dicho fallecimiento. Estas limitaciones no se aplicarán si quedaren hijos comunes o en el caso de una cónyuge o conviviente civil que se encontrare embarazada. El cónyuge y el padre de hijos de filiación no matrimonial sólo tendrán derecho a pensión de sobrevivencia en la medida que el fallecimiento ocurra a contar del 1° de octubre de 2008. Tratándose de una afiliada pensionada, además deberá haber obtenido su pensión a contar de dicha fecha.

b) Los hijos deben ser solteros y cumplir uno de los siguientes requisitos:

i. Ser menores de 18 años de edad, o ii. Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes en cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior, en Chile o en el extranjero en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación. La calidad de estudiante debe tenerla a la fecha de fallecimiento del causante a adquirirla antes de los 24 años de edad; y iii.

Ser inválido, cualquiera sea su edad, en los términos establecidos en el artículo 4° del D.L. 3.500.

La invalidez puede producirse después del fallecimiento del causante, pero antes de que cumpla 18 o 24 años de edad, según corresponda. El procedimiento para requerir la calificación de invalidez será el establecido en la Letra D del presente Título.

(…)”

c) Las madres o padres de hijos de filiación no matrimonial del o de la causante deben ser soltera(o)s o viuda(o)s y vivir a expensas del o de la causante, a la fecha de su fallecimiento.

Se entenderá por "vivir a expensas del causante" el hecho que la ayuda económica proporcionada por éste fuere la principal fuente de sustentación, no obstante no tener derecho para exigirle alimentos para sí y aun cuando no haya existido convivencia entre aquellos, antes o a la fecha del fallecimiento del causante. El requisito señalado como “vivir a expensas", se acreditará mediante presentación de un informe social emitido por un(a) asistente social, el cual deberá extenderse y presentarse en la Administradora, en los términos señalados en el número 8 del Anexo N°1.

(…)” (énfasis agregado);

5°) Que el artículo 9° del DL 3.500, dispone: “El padre o la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante tendrán derecho a pensión de sobrevivencia si reúnen los siguientes requisitos, a la fecha del fallecimiento: a) Ser solteros o viudos, y b) vivir a expensas del causante.”.

Esta disposición fue modificada a través de la Ley N°20.255 de 17 de marzo de 2008, que dispuso en su artículo 85; lo siguiente: “a) Reemplazase, en el encabezado de su inciso primero, la frase "Las madres de hijos naturales del causante" por "El padre o la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante" b) Reemplazase la letra a) por la siguiente: "a) Ser solteros o viudos”

Como puede apreciarse, la norma legal, en su redacción actual, establece dos requisitos de carácter copulativo para hacer procedente la pensión de sobrevivencia. El primero, que el padre o madre de hijos de filiación no matrimonial se encuentren “solteros o viudos”, estados civiles que, según el propio recurrente no cumple la actora de autos, lo que vulneraría su garantía de igualdad ante la ley. El segundo, haber vivido a expensas del causante, circunstancia que también ha sido discutida por nombre reservado, cónyuge sobreviviente del causante nombre reservado, pues, según dice, la recurrente no vivía “a expensas del causante”, pues ella es abogada y hasta antes de la muerte de nombre reservado, ella trabajó por años y en forma ininterrumpida en diversos servicios públicos;

6°) Que debe tenerse presente que la norma del artículo 9° del Decreto Ley 3.500 tiene rango legal y la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. no puede desatender su tenor literal, conforme lo dispone el artículo 19 del Código Civil. En efecto, no es competencia de dicha Administradora recurrida (ente privado), ni tampoco de esta Corte, declarar que una ley produce efectos contrarios a la Constitución Política de la República, pues dicho control pertenece en forma exclusiva y excluyente al Excelentísimo Tribunal Constitucional (el cual ya ha tenido pronunciamientos al respecto), conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y demás pertinentes de la Carta Fundamental, operando al respecto la norma de clausura del Derecho Público contemplada en el artículo 7° de la citada Carta Magna;

7°) Que, no concurriendo en la especie al menos clara e indubitadamente, los requisitos copulativos contemplados en el artículo 9° del Decreto Ley 3500, en su redacción establecida por el artículo 85 de la Ley N°20.255, no se advierte ilegalidad en la conducta recurrida, ni tampoco una conculcación arbitraria del derecho de propiedad de la actora, pues la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. ha actuado conforme a la normativa legal y reglamentaria pertinente, ya que la actora Isabel Isolina Núñez Chavarría tiene el estado civil de divorciada (respecto de una persona que no es el causante nombre reservado), incumpliendo con ello el requisito de la letra a) del mencionado artículo y, en consecuencia, no procede otorgarle la pensión de sobrevivencia solicitada, sin perjuicio de otras acciones que pudiera hacer valer la actora.

Es por todo lo anterior que la acción cautelar no podrá prosperar, como se señalará en lo resolutivo de este fallo;

8°) Que, a mayor abundamiento, tal como lo indica AFP Capital S.A. y lo confirma la Superintendencia de Pensiones en su informe, la controversia respecto al alcance del artículo 9° del mencionado D.L. N°3.500 a las personas “divorciadas”, genera distintas interpretaciones, lo que impide concebir el derecho invocado por la recurrente como uno de carácter indubitado, ya que la declaración que formule al respecto el órgano jurisdiccional debe hacerse en un juicio de lato conocimiento, en el cual puedan rendirse probanzas, en especial para acreditar si la recurrente vivía o no expensas del causante ya mencionado, pues esta última circunstancia es controvertida expresamente en este recurso por la cónyuge sobreviviente del difunto, alegando que ella vivió con el causante hasta su fallecimiento, no así la actora, quien no vivía a expensas de esta último, ya que es abogada y ha trabajado como tal en servicios públicos, circunstancias éstas susceptibles de prueba en la sede correspondiente, o al menos ser objeto de un dictamen particular al caso por parte de la Superintendencia de Pensiones;

9°) Que, en consecuencia, no constituyendo la respuesta de la AFP recurrida una vulneración a un derecho fundamental, unido a que el asunto que motiva el recurso versa sobre un derecho dubitado, la acción cautelar deducida debe ser rechazada también por esta razón, resultando innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como vulneradas.

Por estas consideraciones, normas constitucionales, legales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos por el abogado Carlos Eduardo Concha Jara, a favor de Isabel Isolina Núñez Chavarría, abogada, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. , sin perjuicio de otras acciones que pueda hacer valer la recurrente ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

Rol N°3.488-2025. Protección.