nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Y OTRO

C.A. de Concepción Concepción, uno de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece la abogada doña MARIA JOSE CONTRERAS ROJAS, domiciliada en domicilio reservado, a favor de nombre reservado, profesora y nombre reservado, artista visual, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, odontóloga, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, diseñadora, nombre reservado, estudiante universitario, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, químico analista, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, diseñadora de ambientes, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, pastelera y nombre reservado, estudiante, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, psicólogo, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, traductor e interprete, domiciliado en domicilio reservado; MARCELO INOSTROZA APARICIO, abogado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, técnico en enfermería, domiciliado en domicilio reservado; YENY ANDREA VENEGAS PICEROS, abogada y nombre reservado, mecánico, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, médico veterinario, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, trabajador, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, trabajador independiente y nombre reservado, dueña de casa, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, trabajador, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, ingeniera en administración de empresa, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, trabajadora social, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, trabajadora, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, docente, domiciliada en domicilio reservado; HEGLA DEL nombre reservado, trabajadora social y nombre reservado, egresada terapia ocupacional, ambas domiciliadas en domicilio reservado; nombre reservado, docente y nombre reservado, docente, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, jubilado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, pensionada, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, licenciado en comunicación, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, trabajadora independiente, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, ingeniera informática, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, cirujana dentista, y nombre reservado, químico analista, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, bioquímico y nombre reservado, psicólogo, ambos domiciliados en domicilio reservado; MATILDE ÁVILA YEBER, abogado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, ingeniero civil mecánico y nombre reservado, fonoaudióloga, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, estudiante de arquitectura, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, estudiante de ingeniería en construcción, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, profesora universitaria, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, diseñadora, Freire 1755, depto. 501, Edificio Bucalemu; nombre reservado, jubilada y nombre reservado, dueña de casa, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, paradocente, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado ;nombre reservado, empleada y nombre reservado, empleado, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, relacionadora pública, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, dentista y nombre reservado, dentista, ambos domiciliados en domicilio reservado; BOLIVAR nombre reservado, ingeniero civil metalúrgico y nombre reservado, matrona, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, ingeniera civil industrial y nombre reservado, bioquímico, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, profesora y nombre reservado, empresario, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, arquitecta y nombre reservado, profesora, ambas domiciliadas en domicilio reservado; nombre reservado, trabajador independiente, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, química farmacéutica, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, psicóloga, nombre reservado, profesor y nombre reservado, pensionada, todos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, estudiante de medicina y nombre reservado, odontólogo, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, laborista dental, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, fonoaudióloga, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, cirujano dentista, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, secretaria, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, tecnólogo médico, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, ingeniero comercial y nombre reservado, diseñadora industrial, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, comunicador audiovisual, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, ingeniero en prevención de riesgos, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, comunicador audiovisual y nombre reservado, cocinera, ambos domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, terapia ocupacional, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, recepcionista, y nombre reservado, peluquera, ambas domiciliadas en domicilio reservado; nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, arquitecto, y nombre reservado, arquitecta, ambos domiciliados en domicilio reservado; todos de la comuna de Concepción, recurriendo de protección en contra de nombre reservado, arquitecto, en su calidad de Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concepción, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, representada legalmente por su Alcalde don ALVARO ANDRÉS ORTIZ VERA, periodista, con domicilio en domicilio reservado.

Expone, que según se puso en conocimiento de esta Corte, en causa sobre recurso de protección Rol de Ingreso 1242-2021, en los últimos años, los recurrentes han visto seriamente deteriorada su calidad de vida, debido al explosivo aumento de edificaciones de gran altura que se han construido en las inmediaciones de sus viviendas, las que no sobrepasan, en su mayoría, los tres pisos de altura.

Señala que en agosto de 2016, la I. Municipalidad de Concepción, otorgó a la Inmobiliaria Los Leones Maipú Ltda., el Permiso de Edificación N°376, para la construcción de una obra nueva de 18 pisos de altura- en adelante, Edificio Home Maipú, el que mientras se encontraba en construcción, la Inmobiliaria Maipú SpA., obtuvo un permiso de edificación para la construcción de una torre 19 pisos de altura- en adelante, Edificio Vivo Maipú- en el predio vecino, la que finalizó su construcción en octubre de 2019.

Indica, que solo dos meses después de haberse finalizado la construcción del referido Edificio Vivo Maipú, la Inmobiliaria Parque Concepción Oriente SpA., obtuvo un permiso de edificación para la construcción de una obra nueva de 19 pisos de altura- en adelante, Edificio Atelier- la que se encuentra actualmente en construcción.

Detalla que los recurrentes, desde 2016 han debido soportar las graves molestias ocasionadas por las construcciones aledañas, que como es de público conocimiento, provocan intensos ruidos y vibraciones, generan cortes de tránsito, atochamiento vehicular e inclusive cortes de energía eléctrica y agua potable.

Agrega que, además, de estas graves y constantes molestias, la construcción de estos edificios ha afectado la privacidad de los recurrentes y ha disminuido notablemente el asolamiento de sus viviendas, afectándose con ello la salud física y emocional de los recurrentes. Asimismo, estas edificaciones han afectado en forma significativa la identidad del barrio en que los recurrentes viven hace décadas, el que se ha densificado de una manera desequilibrada respecto del resto de la ciudad, afectándose con ello el acceso de las vecinas y vecinos al espacio y equipamiento público.

Expone, que en marzo de 2021, los recurrentes tomaron conocimiento que la Inmobiliaria Maipú SpA., pretendía construir una nueva torre de 21 pisos - en adelante, Edificio Vive Ainavillo- frente a la torre construida por esta misma inmobiliaria en 2016, el denominado Edificio Vivo Maipú, lo que provocó alarma entre las vecina y vecinos, tanto por la altura de la edificación proyectada que amenaza con privarlos aún más del asolamiento de sus viviendas y su privacidad, como por los graves perjuicios que les han causado en el pasado la construcción de las torres aledañas.

Sostiene que el SEREMINVU emitió su informe favorable, lo que permitió la dictación y publicación en el Diario nombre reservado°268, que postergó por 3 meses los permisos de edificación que sobrepasaren la altura propuesta en la modificación al PRCC, que como se indicó corresponde a 7 pisos en el sector que habitan los recurrentes, a partir del 10 de abril de 2021.

Expresa, que respecto a Ias acciones y omisiones arbitrarias e ilegales, el artículo 118 inciso primero de la LGUC establece que la Dirección de Obras Municipales tiene un plazo de 30 días, contados desde la presentación de la solicitud, para pronunciarse sobre los permisos de construcción. A su vez, conforme a lo señalado en el inciso primero del artículo 1.4.9 de la OGUC, dentro de dicho plazo, el Director de Obras Municipales deberá poner en conocimiento del interesado, por escrito y en solo acto, la totalidad de las observaciones que estime deben ser aclaradas o subsanadas antes de concederse el permiso. Finalmente, el inciso tercero de la norma citada establece que, si el interesado no subsana o aclara las observaciones en un plazo de 60 días, contados desde la comunicación formal del Director de Obras Municipales, éste deberá rechazar la solicitud de permiso y devolver todos los antecedentes al interesado, debidamente timbrados. Así, como puede advertirse el procedimiento de otorgamiento de un permiso de edificación es de carácter reglado, y como es evidente estas normas deben aplicarse sin excepción a todas las personas.

Expone que la recurrida en una evidente trasgresión a lo preceptuado en las normas legales citadas ha procedido de una manera distinta, lo que los recurrentes pudieron constatar el día 15 de abril de 2021, oportunidad en que se les entregó información sobre la solicitud de permiso de edificación del Edificio Vive Ainavillo, la que puede resumirse de la siguiente manera: Con fecha 5 de agosto de 2020, la Inmobiliaria Ainavillo SpA- actual propietaria de los inmuebles en que pretende construirse el Edificio Vive Ainavillo- presentó la solicitud de permiso de edificación, a la que se asignó el número 7456. Con fecha 10 de septiembre de 2020, la Dirección de Obras Municipales pronunció el Acta de Observaciones respecto de la mencionada solicitud, otorgando en el mismo acto un plazo de 60 días para subsanar las observaciones, so pena de proceder a la devolución del expediente. Una de las observaciones contenidas en dicha acta exigía al solicitante proceder al perfeccionamiento de la fusión de los roles de las propiedades en que recaía su proyecto (246-26, 246-88 y 246-89) mediante su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Concepción y la obtención de un rol de avalúo único en el Servicio de Impuestos Internos.

Señala que a la fecha, la Inmobiliaria Ainavillo SpA. no ha perfeccionado todas las observaciones comunicadas por la Dirección de Obras. Particularmente, cabe indicar que la inmobiliaria no ha perfeccionado la fusión de roles, según constatamos personalmente en el Conservador de Bienes Raíces de Concepción. En consecuencia, habiendo transcurrido con creces el plazo concedido para subsanar las observaciones y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1.4.9 de la OGUC y el artículo 23 de la Ley 19.880, la Dirección de Obras Municipales debería haber rechazado la solicitud del permiso de edificación, lo que hasta la fecha no ha hecho, lo que constituye una omisión arbitaria e ilegal. Por otra parte, con fecha 09 de abril de 2021, la Dirección de Obras Municipales pronunció una segunda Acta de Observaciones respecto de la misma solicitud de permiso de edificación, lo que es ilegal porque la norma es clara en señalar que todas las observaciones deben hacerse en un mismo acto y dentro del plazo legal para pronunciarse respecto de la solicitud.

Sostiene que, como consecuencia directa e inmediata de la omisión y acciones denunciadas en este recurso, la Inmobiliaria Ainavillo SpA, de manera aparente e ilegal, se encuentra tramitando un permiso de edificación para la construcción del Edificio Vive Ainavillo, por lo que la recurrida le concedió autorización de Obra Preliminar Nº 1-OP del 03-02-21, la cual la faculta, para realizar Instalación de faena, como también excavaciones, entubaciones y socalzado, lo que constituye otra acción arbitraria e ilegal de la recurrida, que amenaza los derechos constitucionales de los recurrentes.

Expresa que el actuar de las recurridas vulneran el derecho a la integridad física y psíquica, de igualdad ante la ley y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los recurrentes, consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y N°8 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se disponga: 1) Ordenar a la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concepción, dictar resolución que ponga término a la tramitación de la solicitud N°7456 de fecha 05 de agosto de 2020, mediante el rechazo de dicho requerimiento, por no haberse subsanado dentro de plazo las observaciones contenidas en el Acta de fecha 10 de septiembre de 2020; 2) Dejar sin efecto el Acta de Observaciones de fecha 09 de abril de 2021, pronunciada por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concepción y el Permiso de Obra Preliminar Nº 1-OP del 03-02-21; 3) En subsidio de lo anterior, ordenar a la I. Municipalidad de Concepción, iniciar un procedimiento para invalidar de oficio todos los actos contrarios a derecho pronunciados durante la tramitación del permiso de edificación solicitado por la Inmobiliaria Ainavillo SpA, con fecha 5 de agosto de 2020, respecto de los inmuebles cuyos roles de avalúo corresponden a los siguientes 246-26, 246-88 y 246-89, incluyéndose el permiso de obra preliminar y el permiso de edificación, en su caso; 4) Otras medidas de protección que US. I. estime del caso adoptar para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, y 5) Todo con expresa condenación en costas.

Informa la abogada VANESSA BARRO QUEIROLO, en representación de la Dirección de Obras Municipales y de la Ilustre Municipalidad de Concepción, solicitando primeramente se declare la inadmisibilidad de la presente acción constitucional por ser extemporánea, por cuanto la recurrente tenía conocimiento del proyecto mucho tiempo antes del plazo que artificialmente pretenden construir mediante actos propios sin tomar en cuenta que se trata de un plazo de carácter objetivo que no puede quedar sujeto a la voluntad de las partes, vulnerando presupuestos básicos de nuestro ordenamiento jurídico como la seguridad jurídica, afectando la ejecución y eficacia de un acto válidamente notificado. Esto, por cuanto expresa que el recurrente tenía pleno conocimiento del proyecto ya desde el año 2019, por cuanto entre dicha fecha y la de presentación de este recurso, ha transcurrido con creces el plazo de 30 días.

Expone, que no hay una claridad de qué es lo que se reprocha o recurre y cuál sería el acto ilegal y/o arbitrario en cuanto a la acción impetrada, por cuanto en algunas partes del recurso se refiere a la solicitud del Permiso de Edificación de fecha 5 de agosto del 2020, en otras al acta de observaciones de fecha 9 de abril de 2021, en otras a la autorización de Obra preliminar Nº1-OP de fecha 3 de febrero de 2021.

Señala, que nuestra Legislación contempla expresamente las acciones específicas y especiales para recurrir este tipo de actos administrativos, uno de los cuales es el Reclamo de Ilegalidad, otros reclamos ante la Contraloría General de la República, y también recurso administrativo o gubernativo de reposición del artículo 152 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en adelante Ley General de Urbanismo y Construcciones sin perjuicio del procedimiento judicial de reclamación del artículo 154 del mismo cuerpo legal, por lo que en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos”, que es lo que precisamente pretende el recurrente, que se le reconozca o declare supuestos derechos que resultan afectados por el actuar de la Municipalidad.

Argumenta que en la propiedad en cuestión, con fecha 18 de julio de 2019 se extendió el permiso de aprobación de anteproyecto de edificación APE -31 para un edificio habitacional en altura, conforme a registro de ingreso de solicitud de obra nueva N º 7456 de fecha 05 de agosto de 2020, con fecha 04 de mayo de 2021, se otorgó el permiso de edificación N º 68, cumpliéndose cabalmente con lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza Local y Plano Regulador de Concepción vigente.

Detalla, que los permisos se concedieron conforme a las normas vigentes, según lo dispuesto en el artículo 116 inciso séptimo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Agrega que en cuanto a la solicitud N° 7456 de fecha 05 de agosto de 2020, el particular subsanó las observaciones que le formuló la Dirección de Obras Municipales con fecha 10 de septiembre de 2020 y 09 de abril de 2021, cumpliendo el proyecto presentado con las normas urbanísticas aplicables como también con el listado de documentos que señala el artículo 5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sobre los permisos de edificación y sus trámites.

Para fundar su postura, cita normativa pertinente, y refiere que la Dirección de Obras Municipales de Concepción con motivo de la pandemia COVID-19 y teniendo como respaldo la aludida DDU, dicta la Resolución DOM Coronavirus 2020 con fecha 6 de abril de 2020 que contiene la suspensión de diversos plazos allí indicados, manteniéndose vigente dicha suspensión hasta que se emita una nueva circular por parte de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Respecto del requisito de existencia de una relación de causa a efecto entre la acción u omisión ilegal o arbitraria y el agravio al derecho fundamental, sostiene que corresponde al recurrente acreditarla ante el tribunal, obligación que no cumple, ya que de la sola lectura del recurso no se aprecia como con el actuar municipal se le produce un agravio ilegítimo al recurrente, siendo que lo que está haciendo la Municipalidad es velar por el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, respecto de las garantías constitucionales vulneradas, señala que no se advierte su conculcación, en efecto, la forma de proceder de la Corporación Edilicia dio cumplimiento cabalmente con lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza Local y Plano Regulador de Concepción vigente.

Por todo lo expuesto, solicita su rechazo con costas.

Informó MARIO GALINDO VILLARROEL, abogado, en representación de INMOBILIARIA AINAVILLO SpA, quien solicita el el rechazo del recurso de protección deducido, por su manifiesta falta de fundamento por los siguientes fundamentos:

a) No existe cuestionamiento de fondo alguno acerca del cumplimiento de la normativa urbanística lo que demuestra que el recurso es una acción meramente formalista. Del simple relato de hechos no controvertidos aparece claro que la DOM procedió conforme le ordena el artículo 116 inciso sexto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

b) La alegación de que se habría incumplido el plazo total de tramitación del procedimiento no es efectiva, pues este se resolvió dentro de plazo y conforme a la normativa excepcional que lo regulaba atendido el estado de emergencia sanitaria y de catástrofe pública derivada de la pandemia del Covid-19;

c) Respecto de la alegación de que se habrían formulado observaciones en dos oportunidades a su representada, ella no importa vicio de procedimiento alguno ni mucho menos incumplimiento a la normativa urbanística aplicable;

d) En cualquier caso, el recurso refleja un mero prurito formalista que presenta pretendidos vicios formales que son absolutamente intrascendentes y carecen de la entidad suficiente como para justificar la anulación de un acto administrativo, desatendiendo las instituciones generales del derecho administrativo respecto de los plazos del procedimiento y los vicios de forma;

e) Finalmente, no existe vulneración alguna a un derecho constitucional de los recurrentes.

Expone que en el contexto de la emergencia sanitaria, la recurrida tuvo que iniciar la tramitación del permiso de edificación que los recurrentes pretenden impugnar en estos autos. Lo cierto es que la DOM debió adaptar su funcionamiento a las restricciones que la pandemia impuso y ello se vio reflejado también en el procedimiento administrativo que dio lugar a la emisión del permiso de edificación Nº68. Es en ese contexto que, el 3 de abril de 2020, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó la Circular N°1744 (“DDU 429”) estableciendo la facultad de las Direcciones de Obras Municipales para suspender los plazos de vigencia de los anteproyectos ya otorgados y de los plazos asociados a la tramitación de permisos de edificación (artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, “OGUC”). La DOM de Concepción implementó dichas suspensiones por medio de la “Resolución DOM Coronavirus-2020”, emitida el 6 de abril del mismo año.

Explica, que su representada contaba –desde diciembre de 2019– con un anteproyecto aprobado por medio de permiso APE-50, de 10 de diciembre de 2019. Atendido lo anterior y encontrándose dicho anteproyecto plenamente vigente, inició el proceso para la obtención de su permiso de edificación, ingresando dicha solicitud el 3 de agosto de 2020 (el cual quedó ingresado bajo SEO- 7456 del 05/08/2020). Que dicho ingreso debió realizarse a través de una casilla de correo electrónico, mecanismo habilitado por la DOM según su “Guía para la continuidad de trámites en emergencia”, considerando que el funcionamiento presencial se encontraba suspendido. En efecto, en menos de un mes del ingreso de la solicitud de permiso de edificación, la comuna de Concepción pasaría de Fase 3 a Fase 1 –es decir, cuarentena total–5.

Expresa que, la remisión de todos los antecedentes ingresados a la arquitecta revisora de la DOM se realizó vía correo electrónico, con toda la documentación en formato digital.

Argumenta que, su representada recibió observaciones formuladas por la arquitecta revisora con fecha 10 de septiembre de 2020. Desde ya, varias de las observaciones formuladas en dicho acto se vinculaban no con deficiencias esenciales en la solicitud de permiso, sino con asuntos formales y divergencias de criterio entre la revisora y el equipo técnico de su representada. Dice que, en cualquier caso, su representada contestó estas observaciones el 23 de marzo de 2021, atendido que se encontraban suspendidos los plazos contemplados en el artículo 1.4.9 de la OGUC, conforme al DDU 429 y a la Resolución DOM Coronavirus-2020.

Sostiene que, en estas condiciones, la arquitecta revisora llevó adelante el examen de la información presentada por esta parte y decidió emitir una nueva acta de observaciones con fecha el 9 de abril de 2021. Consecuentemente, el 16 de abril, su representada ingresó sus respuestas a dichas observaciones, subsanando en forma satisfactoria todos los puntos observados. En concordancia con todo ello, el 4 de mayo de 2021 la DOM emitió finalmente el permiso de edificación Nº68, que autoriza a su representada al desarrollo de las obras de edificación actualmente en curso.

Sostiene que no existió acto ilegal en el otorgamiento del permiso en cuanto a la supuesta “superación” de los plazos contemplados en el art. 1.4.9. de la OGUC, toda vez que los mismos se encontraban suspendidos conforme a derecho.

Refiere que, la emisión de una segunda acta de observaciones no importa ilegalidad alguna en un procedimiento administrativo que debe aplicarse con un sentido finalista y bajo un principio de no formalización.

Por todo lo expuesto, solicita rechazar el recurso con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en la especie, se ha ejercido esta acción cautelar por la parte recurrente, en favor de las personas indicadas en lo expositivo, en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción y el Director de Obras Municipales de ésta, por haber autorizado, desde el año 2016 a la fecha, la edificación de tres edificios, el primero de 18 pisos y los dos últimos de 19 pisos, afectando la privacidad y disminuido notablemente el asolamiento de sus viviendas, lo que repercute en la salud física y emocional de los recurrentes.

En lo puntual, indica, que con fecha 18 de julio de 2019 se extendió por la Dirección de Obras Municipales la aprobación del anteproyecto de edificación APE -31 para un edificio habitacional en altura, conforme al registro de ingreso de solicitud de obra nueva Nº 7456 de fecha 05 de agosto de 2020, y con fecha 04 de mayo de 2021, se otorgó el permiso de edificación N º 68, para la construcción de un edificio de altura, incurriéndose en vicios legales y arbitrarios, que conducen a la nulidad de la referida autorización final.

SEGUNDO: la recurrente funda su acción, señalando, que durante la tramitación del referido permiso de edificación, la Dirección de Obras Municipales le formuló observaciones a la inmobiliaria, con fecha 10 de septiembre de 2020; la que ésta contestó el 23 de marzo de 2021, esto es, fuera del plazo de 60 días que le concede 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que obligaba a rechazarle el permiso solicitado; además, la DOM le emitió una segunda acta de observaciones con fecha el 9 de abril de 2021, actuación que le prohibe la disposición legal antes citada, pues la formulación de las observaciones deben realizarse en un solo acto, por lo que aquí se comete un segundo acto arbitrario e ilegal. Finalmente, el 4 de mayo de 2021 la DOM le otorga el permiso de edificación Nº68, para el desarrollo de las obras de edificación, decisión que estima viciada de nulidad, por los defectos de tramitación antes anotados.

Agrega, que el actuar de las recurridas vulneran el derecho a la integridad física y psíquica, de igualdad ante la ley y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los recurrentes, consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y N°8 de la Constitución Política de la República.

Solicita acoger el recurso y que se disponga: 1) Ordenar a la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concepción, dictar resolución que ponga término a la tramitación de la solicitud N°7456 de fecha 05 de agosto de 2020, mediante el rechazo de dicho requerimiento, por no haberse subsanado dentro de plazo las observaciones contenidas en el Acta de fecha 10 de septiembre de 2020; 2) Dejar sin efecto el Acta de Observaciones de fecha 09 de abril de 2021, pronunciada por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concepción y el Permiso de Obra Preliminar Nº 1-OP del 03-02-21; 3) En subsidio, iniciar un procedimiento para invalidar de oficio todos los actos contrarios a derecho pronunciados durante la tramitación del permiso de edificación solicitado por la Inmobiliaria Ainavillo SpA, con fecha 5 de agosto de 2020, respecto de los inmuebles cuyos roles de avalúo corresponden a los siguientes 246-26, 246-88 y 246-89, incluyéndose el permiso de obra preliminar y el permiso de edificación, en su caso; 4) Otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, y 5) Todo con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que informando los recurridos solicitaron primeramente se declare la inadmisibilidad de la presente acción constitucional, por ser extemporánea, indicando, que los recurrentes tenían pleno conocimiento del proyecto, desde el año 2019, y entre dicha fecha y la de presentación de este recurso, transcurrido con creces el plazo de 30 días que señala el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia.

Seguidamente, señala que el recurso es improcedente, por cuanto existen expresamente las acciones específicas y especiales para conocer de sus pretensiones, como el recurso administrativo o gubernativo de reposición del artículo 152 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el procedimiento judicial de reclamación del artículo 154 del mismo cuerpo legal, el Reclamo de Ilegalidad que contempla los artículos 140 y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 18.695, debiendo desestimarse la acción en estudio.

Posteriomente, indica, que aparte que la recurrente no precisa los actos que estiman arbitrarios o ilegales, asevera que todo el procedimiento se ajustó a las normas vigentes, según lo dispuesto en el artículo 116 inciso sexto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Especifica, que en relación con la solicitud N° 7456 de fecha 05 de agosto de 2020, el particular subsanó las observaciones que le formuló la Dirección de Obras Municipales con fechas 10 de septiembre de 2020 y 09 de abril de 2021, cumpliendo el proyecto presentado con las normas urbanísticas aplicables, como también con el listado de documentos que señala el artículo 5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sobre los permisos de edificación y sus trámites.

Respecto a la objeción de haberse contestado las observaciones fuera de plazo, indica, que la Dirección de Obras Municipales de Concepción, con motivo de la pandemia COVID-19 y teniendo como respaldo la Circular Ordinaria Nº174 - DDU 429 de fecha 3 de abril de 2020 del MINVU, autoriza a las Direcciones de Obras Municipales, en el contexto del virus COVID-19 conforme el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para que dispongan prórrogas y suspensión de plazos, en los procedimientos a través de medios electrónicos, la DOM dictó la Resolución Coronavirus 2020, con fecha 6 de abril de 2020, que suspendió los plazos establecidos en el inciso final del artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, para subsanar las observaciones, ya sea para la aprobación de anteproyectos o del otorgamiento de un permiso, o la aprobación de modificación de un proyecto, por lo que, a su juicio, no habiendo vencido para subsanar los reproches, no existe acto arbitrario o ilegal de su parte, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

CUARTO: Que requerido de informe la inmobiliaria solicitante del permiso de edifcación de obra nueva, respondió el abogado don Mario Galindo Villarroel, manifestando que:

a) No existe cuestionamiento de fondo alguno acerca del cumplimiento de la normativa urbanística y del simple relato de los hechos, los que no estan controvertidos, aparece claro que la DOM procedió conforme le ordena el artículo 116 inciso sexto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

b) La alegación de que se habría incumplido el plazo total de tramitación del procedimiento no es efectiva, pues este se resolvió dentro de plazo y conforme a la normativa excepcional que lo regulaba atendido el estado de emergencia sanitaria y de catástrofe pública derivada de la pandemia del Covid-19;

c) Respecto de la alegación de que se habrían formulado observaciones en dos oportunidades a su representada, ella no importa vicio de procedimiento alguno ni mucho menos incumplimiento a la normativa urbanística aplicable; agrega, que dicha norma esta en beneficio de su parte y no de los recurrentes, por lo que ellos, ninguno perjuicio le acarrea.

d) En cualquier caso, que los pretendidos vicios formales son absolutamente intrascendentes y carecen de la entidad suficiente como para justificar la anulación de un acto administrativo, desatendiendo las instituciones generales del derecho administrativo respecto de los plazos del procedimiento y los vicios de forma;

e) Finalmente, no existe vulneración alguna a un derecho constitucional de los recurrentes.

I.- EN CUANTO A LA EXTEPORANEIDAD DEL RECURSO.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada en autos, es preciso señalar que según el número 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, éste debe interponerse "(...) dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

SEXTO: Que al tenor de la norma citada, corresponde analizar el acto impugnado en estos autos desde la perspectiva de la fecha en que los recurrentes toman conocimiento de los hechos que estiman arbitrarios e ilegales, y este es el 15 de abril de 2021, “oportunidad en que se les entregó información sobre la solicitud de permiso de edificación del Edificio Vive Ainavillo…”, en consecuencia la pretendida ilegalidad sobre la que se funda la acción de la parte recurrente se materializa en la fecha antes indicada, y como la acción fue interpuesta el 12 de mayo de 2021, como consta de la página WEB del Poder Judicial, fluye que la acción se interpuso dentro del plazo que determina el referido cuerpo normativo, razón por la que la alegación de extemporaneidad no puesde prosperar.

II.- EN RELACION A LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO.

SÉPTIMO: Que en en cuanto a la improcedencia de la acción cautelar, por existir otros remedios procesales que serían los apropiados para conocer y resolver el asunto planteado, cabe señalar que, si bien existen los procedimientos señalados por los recurridos, tal alegación no resulta aplicable cuando la acción que se interpone es el recurso de protección.

En efecto, como lo señala la doctrina, “Ello se da, en primer lugar, porque el artículo 20 de la CPR no establece limitación alguna respecto de la interposición de dicha acción de amparo, de modo que, si la Constitución no lo hace, mal podrá una norma de rango inferior impedir que se utilice esta garantía frente a un recurso administrativo. Además, el propio artículo 20 de la Constitución señala que el recurso es procedente “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes” (Jorge Bermúdez Soto. Derecho Administrativo General. Abeledo Perrot. Legal Publishing Chile. Segunda Edición. 2011. Página 189).

Que en relación a la materia en estudio, la Excma. Corte Suprema ha señalado que constituye una cuestión indubitada “que el recurso de protección, resulta totalmente compatible con el ejercicio de cualquier otra acción jurisdiccional y administrativa dirigidas a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario, compatibilidad que por su establecimiento de carácter constitucional prevalece respecto de cualquier intento legislativo que pretenda coartar el ejercicio de esta acción cautelar, porque precisamente ese fue el espíritu del constituyente nítidamente manifestado en la discusión sobre el tema” (Corte Suprema. 29 de diciembre de 2009. Rol 7618-2009).

Lo expuesto resulta suficiente para rechazar la alegación de improcedencia formulada por los recurridos.

III.- EN CUANTO AL FONDO.

OCTAVO: Que en cuanto al fondo de lo discutido, es necesario reiterar que, para que proceda el recurso de protección se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o incurrido en omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho del afectado que se encuentra garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que si bien el recurso se refiere, de manera dispersa, a varios reproches que le formula a los recurridos, bien se puede extraer, que los actos arbitrarios e ilegales que le formula –como ya también se ha indicado-, son los siguientes: a) que la Dirección de Obras Municipales le formuló observaciones a la Inmobiliaria, con fecha 10 de septiembre de 2020 y que fueron constados el 23 de marzo de 2021, esto es, fuera del plazo de 60 días que le concede el artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC); b) que la DOM emitió una segunda Acta de Observaciones con fecha el 9 de abril de 2021, actuación ilegal, porque la citada disposición legal lo obliga a hacerlo en un solo acto; y c) que la DOM no debió aprobar el permiso de edificación, como lo hizo al dictar la Resolución N° 68 de 4 de mayo de 2021, de manera que ésta resulta viciada de nulidad.

DÉCIMO: Que el artículo 116 inciso sexto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, señala que “El Director de Obras Municipales concederá el permiso o la autorización requerida si, de acuerdo con los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las normas urbanísticas, previo pago de los derechos que procedan, sin perjuicio de las facilidades de pago contempladas en el artículo 128” .

A su turno, el artículo 1.4.9. de LA ORDENANZA GENERAL DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES señala: “El Director de Obras Municipales deberá poner en conocimiento del interesado, por escrito, en un solo acto y dentro del plazo máximo para pronunciar que corresponda para la actuación requerida, la totalidad de las observaciones que estime deben ser aclaradas o subsanadas antes de aprobarse un anteproyecto o concederse el permiso. Para tal efecto suscribirá un Acta de Observaciones. Si junto con la solicitud correspondiente se cuenta con informe favorable de Revisor Independiente, copia de dichas observaciones deberá ponerse a disposición de éste con el fin de que dicho profesional emita un informe complementario, indicando los criterios técnicos y jurídicos que aplicó en su revisión y respondiendo cada una de las observaciones formuladas.

Todas las observaciones que contenga dicha Acta deberán indicar con claridad la o las normas supuestamente no cumplidas.

En caso que se cuente con Revisor Indpendendiente, los planos, especificaciones y demás nuevos antecedentes que se suscriban por los proyectos pertinentes, antes de remitirse a la Dirección de Obras Municipales deberán ser suscritos por dicho Revisor, indicando la nueva fecha de estas, reemplazando para todos los efectos legales, los documentos que se modifican.

En el evento que el interesado no subsane o aclare las observaciones en un plazo de 60 días, contados desde la comunicación formal del Director de Obras Municipales, éste deberá rechazar la solicitud de aprobación de anteproyecto o permiso, en su caso, y devolver todos los antecedentes al interesado, debidamente timbrados.”

Sobre la misma materia, existe la Circular Ordinaria Nº1095 - DDU 98 de fecha 27 de diciembre de 2007 de MINVU, la cual señala que “cabe tener en consideración en primer término, que el artículo 1.4.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, establece que los documentos y requisitos exigidos por la LGUC y su OGUC, para la obtención de permisos, recepciones, aprobación de anteproyectos y demás solicitudes ante las DOM constituyen las únicas exigencias que deben cumplirse, sin perjuicio de los requisitos que en forma explícita y para los mismos efectos exijan otras leyes.”

UNDÉCIMO: Que respecto del plazo de 60 días que fija la Ordenanza para subsanar las observaciones formuladas por la DOM, se dictó la Circular Ordinaria Nº174 - DDU 429 de fecha 3 de abril de 2020 de MINVU, con el objeto de unificar criterios en cuanto a los procedimientos de las Direcciones de Obras en el contexto del virus COVID-19, se les facultó para prorrogar o suspender los plazos establecidos en el artículo 4 de la Ordenanza, y en virtud de lo anterior, la Dirección de Obras Municipales de Concepción, dictó la Resolución DOM Coronavirus 2020 con fecha 6 de abril de 2020 que contiene la suspensión de diversos plazos establecidos en el inciso final del artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para subsanar Observaciones, ya sea para la aprobación de anteproyectos o del otorgamiento de un permiso o la aprobación de modificación de un proyecto, manteniéndose vigente dicha suspensión hasta que se emita una nueva circular por parte de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

DUODÉCIMO: Que del análisis razonado y reflexivo de los antecedentes precitados y las normas legales indicadas, fluye que la Dirección de Obras Munipalidades se encontra facultada para suspender los plazos para subsanar las observaciones formuladas, lo que efectivamente hizo, de manera que el solicitante del permiso de edificación, al momento de responder las observaciones, se encontraba suspendido el plazo de los sesenta días que contempla el artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y, por consiguiente, no existe infracción, en este extremo.

DECIMOTERCERO: Que en cuanto a la formulación de observaciones por la DOM en dos oportunidades y no una, como lo establece la ley, de igual manera, cabe concluir que no se trata de un defecto sustancial, que lleve la nulidad de lo obrado, pues, como lo establece el artículo 13, inciso segundo de la Ley N° 19.880, “El vicio de procedimiento o de forma solo afecta la validéz del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado.”.

Así también lo ha resuelto la Contraloría General de la República, mediante Dictamen Nº5531 de fecha 1º de febrero de 2010 sobre el acta de observaciones, al señalar que “…. la sociedad requirente respondió las observaciones formuladas por la Dirección de Obras dentro del plazo máximo de 60 días establecido en el citado artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La referida dependencia municipal se pronunció sobre el particular mediante su oficio N° 1.820/1352, de 6 de septiembre de 2007, haciendo presente que había procedido a emitir una segunda acta de observaciones, en la cual, aparte de requerir su aclaración, agregó otras no contempladas en el acta original, otorgando a los interesados un nuevo plazo de 60 días para subsanarlas, instancia que el referido artículo 1.4.9 no contempla..”

“ Al respecto, la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora ha precisado que la ampliación del plazo de que se trata por parte de la dirección de obras competente, constituye un defecto que no afecta la validez del permiso de edificación, acto del cual forma parte, pues cuando las resoluciones de la Administración sufren defectos menores que no impiden al acto alcanzar su fin, ni originan indefensión, no dan lugar a su anulación, debiendo tenerse en cuenta que, en la especie, los solicitantes cumplieron con aclarar las observaciones cursadas por la aludida oficina municipal dentro del término reglamentario establecido para estos fines (aplica criterio contenido en dictámenes N°s 8.630, de 2007 y 27.854, de 2008, entre otros)”

DECIMOCUARTO: Que, entonces, y miradas las cosas en el ámbito de las materias objeto de denuncia y que se sintetizaron en el considerando noveno de esta sentencia, no se vislumbra hasta ahora ningún acto ilegal y/o arbitrario imputable a los órganos recurridos.

DECIMOQUINTO: Que, sin embargo, y teniendo en consideración el marco normativo amplio y desformalizado en que se desenvuelve la acción constitucional de que se trata, en el que no necesariamente esta Corte se encuentra vinculada –bajo una perspectiva de congruencia procesal- con lo discutido por los litigantes, no pasa inadvertido que en lo referente al actuar del ente municipal de frente a los vecinos del sector donde se emplaza la obra en construcción -entre los que se encuentran las personas a cuyo favor se recurre-, se desprende de los antecedentes (y analizados éstos desde una perspectiva de racionabilidad) que en el caso de la edificación cuyo levantamiento es resistido por aquéllos -y teniendo especialmente en cuenta que efectivamente, como se anota en el recurso, el sector de esta ciudad donde se realiza la obra, como es público y notorio en esta comunidad, se trata de un barrio tradicional y antiguo de Concepción, en que se sitúan casas de uno o dos pisos de antigua data, con calles de acceso unidireccionales y de regulares dimensiones- se hacía necesaria una vinculación más estrecha y efectiva del municipio con los vecinos que dicen ser o se sienten afectados con las obras que se han venido desarrollando, y ello teniendo muy presente, en un plano normativo, la finalidad y funciones que la ley asigna a las municipalidades en la ley orgánica respectiva (Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, de Interior, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades), concretamente en cuanto estas corporaciones autónomas de derecho público están primordialmente destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar la participación de ésta en el progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna (artículo 1° de la recién citada ley); debiendo promover el desarrollo comunitario (artículo 3°); hallándose también facultadas para desarrollar funciones relacionadas con la protección del medio ambiente (artículo 4°); y debiendo, asimismo, fomentar la participación ciudadana y la coordinación con otros servicios públicos en su Plan de Desarrollo Comunal (artículos 6°, 7° y 93), e incluso contando, además, con una unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato (artículo 25).

En este escenario, así las cosas, se echa de menos una conducta más proactiva de la municipalidad recurrida y no asumir una actitud meramente pasiva de frente a los variados reclamos de los vecinos, razón por la cual, y desde esta particular perspectiva, estos sentenciadores estiman que se ha incurrido, a lo menos, en una omisión arbitraria por parte de la I. Municipalidad de Concepción, en cuanto a que, en conjunto con la comunidad respectiva y con otros órganos de la administración con competencia en la materia, se hubiesen realizado actividades concretas de coordinación con la empresa inmobiliaria respectiva y, en general, con la empresa a cargo de las faenas constructivas, para aminorar el impacto que natural y normalmente se produce con la construcción de un edificio de la envergadura del amparado por el permiso de edificación N° 68, de 4 de mayo de 2021, más aún si se consideran las peculiares características del sector donde se levanta la edificación, según ya se dejó asentado.

DECIMOSEXTO: Que, acorde a lo que se viene reflexionando, el recurso habrá de prosperar del modo que se dirá, teniendo presente para ello la normativa a que se ha hecho referencia y, en lo que resulta más relevante, considerando que constitucionalmente el Estado (y sus órganos) se encuentran al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común (artículo 1° de nuestra Carta Fundamental), y, además, que desde un punto de vista de razonabilidad, deviene como necesario en el caso de autos exigir una actividad más eficiente y eficaz al municipio recurrido, que con su omisión afecta, principalmente, el derecho a la integridad física y psíquica de los recurrentes, garantía protegida en el numeral 1° del artículo 19 de la mencionada Carta.

Cabe hacer presente que en un sentido análogo ha sido resuelto por esta Corte en Recurso de Protección Rol 1.307-2021, fallo que fue confirmado por la Excma. Corte Suprema, con fecha 3 de agosto pasado (Rol N° 49.399-2021).

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechazan las alegaciones de extemporaneidad y de improcedencia de la acción cautelar, formuladas por los recurridos.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos en favor de las personas naturales más arriba individualizadas, sólo en cuanto se dispone que la I. Municipalidad de Concepción, deberá adoptar, a la brevedad, todas las medidas de coordinación que fueren pertinentes, con la Junta de Vecinos correspondiente al sector donde se emplaza el edificio en construcción objeto del recurso, como asimismo con los órganos de la administración con competencia sobre la materia, y destinadas a aminorar o atenuar el impacto que han provocado en el vecindario las obras de construcción del edificio amparado por el permiso de edificación N° 68, de 4 de mayo de 2021, emitido por la DOM del aludido municipio.

El señor Alcalde de la referida municipalidad, deberá informar circunstanciadamente a esta Corte, dentro de quince días hábiles de ejecutoriada que sea esta sentencia, acerca de todas las medidas que se hubieren adoptado acorde con lo dispuesto en el párrafo precedente. Ofíciese, en su oportunidad.

III.- Que se rechaza en lo demás el citado recurso.

Se previene que el ministro señor Panés Ramírez, fue de opinión de acoger el recurso, en lo concerniente a la I. Municipalidad recurrida, como en lo tocante al Director de Obras Municipales de dicha municipalidad, y disponer la inmediata paralización de los efectos del permiso de edificación aludido, teniendo presente para ello lo siguiente:

1°.- Que sin perjuicio de las actuaciones municipales que se echan de menos en este caso concreto, y que más arriba fueron indicadas, para quien previene resulta decidor todo el entorno en que se tramitó y obtuvo el aludido permiso de edificación N° 68, en la medida que independientemente de los efectos finales de las irregularidades que fueron constatadas en el proceso administrativo de rigor que se llevó a cabo ante la DOM del municipio local, lo cierto es que tales falencias existieron, desenvolviéndose toda la tramitación administrativa en un período de anormalidad en el funcionamiento de la gran mayoría de los Órganos de la Administración, cuestión que es pública y notoria, y sobre la cual resulta ocioso abundar. Y esto, como es de toda razonabilidad, hubo de afectar no sólo a los interesados directos en el trámite en comento, sino que a la comunidad que, de uno u otro modo, pudiere haberse visto afectada con la misma, y, en lo particular, con la dación del permiso de construcción de una edificación de veintiún pisos de altura en un barrio que, como también se dejó apuntado, es uno de los tradicionales y clásicos de nuestra ciudad (sector de calle Maipú con Ainavillo).

Para nadie es un misterio que, hoy por hoy, la mayoría de las grandes ciudades de nuestro país se ha ido paulatinamente llenando de grandes edificios de departamentos (habitacionales y/o de oficinas), y éstos, como es de toda lógica, afectan la calidad de vida del sector circundante, su tranquilidad, producen congestión (generalmente vehicular), se afecta la privacidad por la visibilidad que naturalmente existe desde las edificaciones de altura, y en fin, producen un impacto al medio ambiente.

Y lo anterior especialmente se evidencia en sectores de las características como donde se construye el denominado edificio “Vive Ainavillo” cuyo levantamiento es cuestionado por los recurrentes.

2°.- Que, en base a lo indicado, para quien previene se produjo aquí una afectación del interés general de la comunidad, en los términos referidos en el literal a) del artículo 48 de la Ley 19.880, ya que tal concepto –que no ha sido definido por el legislador- razonablemente ha de ser entendido en el ámbito de la protección de derechos fundamentales, en términos amplios, esto es, asignando una interpretación pro homine (extensiva) a los alcances de la norma, con lo cual en dicho “interés” queda comprendido el de un sector de la comunidad que se ve afectada por una construcción de gran envergadura –como la de que aquí se trata-, cuyos integrantes tienen indudablemente derecho a conocer plena y cabalmente los alcances del acto administrativo que les afecta en el legítimo ejercicio de sus derechos, y, como consecuencia de ello, al eventual ejercicio de las acciones pertinentes en resguardo de los mismos.

Como un dato anexo, y sólo a título ilustrativo, cabe anotar aquí que en el curso del presente año se modificó la ordenanza municipal, disminuyéndose ostensiblemente la altura permitida en construcciones.

3°.- Que, entonces, y entendiendo la falencia anotada en clave de la norma relativa a la ejecutoriedad de los actos administrativos, prevista en el inciso segundo del artículo 51 de la aludida ley, para quien previene el acto en comento, es decir, el permiso de edificación N° 68, de 4 de mayo del año en curso, no ha podido producir los efectos jurídicos que le son propios, en razón de su falta de publicación en el Diario Oficial.

Y mientras esta publicación no se produzca, como es obvio, la construcción debe ser paralizada.

Cúmplase, oportunamente, con lo dispuesto en el numeral 14 del aludido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular don Carlos Aldana Fuentes. La prevención fue redactada por su autor.

Para la dictación de este fallo, según consta de los antecedentes, se hizo uso de la facultad establecida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

No firma el ministro señor Aldana Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y al acuerdo, en razón de encontrarse con dedicación exclusiva, en su carácter de Ministro en Visita Extraordinaria, al conocimiento de causas penales por violación de derechos humanos.

Rol N° 3273-2021 –Protección.-