nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción Concepción, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Compareció Rodrigo Tobar Toro, abogado, en favor de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado y de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, de nombre reservado y de nombre reservado, todos ellos autodenominados como dirigentes de la “Toma del Fundo Lenga” y domiciliados actualmente en el “Fundo Lenga” de la comuna de Hualpén, por el acto arbitrario e ilegal que –estiman- priva, amenaza y/o perturba el ejercicio de las garantías contenidas en los numerales 3, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución de Chile.

Con fecha 6 de junio de 2022 (folio 7), los actores ampliaron su recurso en el sentido de agregar como recurridos o sujetos agraviantes a las siguientes personas: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Yasha nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Isidora nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, cuyas cédulas de identidad indican; todos ellos domiciliados actualmente en el “Fundo Lenga” de la comuna de Hualpén, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la ocupación ilegal y bloqueo del ingreso al predio denominado “Fundo Lenga”, ubicado en la comuna de Hualpén.

El abogado compareciente expone que sus representados pertenecen a una sucesión hereditaria, siendo propietarios exclusivos del predio denominado “Fundo Lenga”, el que se encuentra ubicado en la comuna de Hualpén. El predio según Certificado de Dominio Vigente del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, sindica expresamente a sus representados recurrentes como propietarios exclusivos del predio, lo anterior en virtud de las siguientes inscripciones que adjunta al recurso:

a.- Inscripción Especial de Herencia de fojas 6399 N°3782 año 2009;

b.- Inscripción Especial de Herencia de fojas 4115 N°2378 año 2010;

c.- Inscripción Especial de Herencia de fojas 1566 N°1519 año 2014;

d.- Inscripción Especial de Herencia de fojas 1571 N°1522 año 2014;

e.- Inscripción Especial de Herencia de fojas 1575 N°1525 año 2014;

f.- Inscripción de cesión de derechos de fojas 1107 N°1049 año 2015; y, g.- Inscripción de cesión de derechos a fojas 2663 N°2582 año 2017, todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano.

Hace presente que en dicho predio no es posible edificar, realizar movimientos de tierra, demarcaciones ni cualquier otro acto de los cuales se encuentra actualmente siendo objeto, en consideración a que el denominado “Fundo Lenga” ha sido declarado como Santuario de la Naturaleza, constando ello en certificado N°37, de la Dirección de Obras Municipales de Hualpén del año 2019, donde se indica que el predio en cuestión, Rol de Avalúo 7020-4 de la comuna de Hualpén se encuentra emplazado en los siguientes sectores del Plan Regulador Comunal de Talcahuano: “ZVN-8 que corresponde a las zonas de valor natural, áreas verdes y zonas protegidas, y aquella que en razón de sus especiales características físicas, de paisaje, vegetación y valor ambiental, debe ser protegida y normada en forma especial; ZAM, esto es, zona de acantilados marinos, sistema metropolitano de áreas verdes y zonas protegidas, correspondiendo a aquellas áreas especiales del borde costero metropolitano que, por sus características geomorfológicas, ecológicas, de riesgos naturales, pendientes fuertes y de biodiversidad, requieren ser resguardadas; ZD, que comprende zonas de drenaje, es decir, terrenos excluidos del desarrollo urbano¸ destinado a proteger el normal escurrimiento de las aguas superficiales, en razón de su carácter de áreas de escurrimiento, absorción y laderas inferiores o quebradas”, todo lo anterior, a su criterio, se condice con las características que presenta el “Fundo Lenga” el que se encuentra emplazado en un sitio característico por ser un reservorio de la naturaleza y del medio ambiente costero.

Sostiene que el 21 de abril de 2022, una de las recurrentes, nombre reservado, fue alertada por vecinos de Hualpén que parte del denominado “Fundo Lenga”, de propiedad de todos los recurrentes, específicamente en la porción ubicada en Caleta de Lenga, habría sido ocupada, sin autorización alguna, por terceros. A raíz de lo anterior y previa solicitud de los recurrentes, aproximadamente a las 14:15 horas del mismo día, se constituyó en el “Fundo Lenga” el Notario Público de Talcahuano, con asiento en Hualpén, don nombre reservado, quien constató la veracidad de los hechos referidos, confeccionando un acta notarial al efecto, la que acompaña y que detalla, en la que se dejó constancia de lo siguiente:

“a.- Que se constituyó en el Fundo Lenga, sector caleta Lenga, Península de Hualpén, específicamente en el final de la caleta mirando desde Sur a Norte.

b.- Que, “al concurrir personalmente, pude advertir y verificar que en la propiedad se habían levantado diversos hitos que demarcaban lotes o loteos en la propiedad, además estos se encontraban emplazados con madera y cuerda que los cerraban, encontrándose además, carpas, toldos y diversas personas ocupando los diferentes lugares visitados, en el lugar también cabe señalar que se encontraban diversos vehículos presumiblemente de las mismas personas que se desplazaban en los lugares y la existencia de banderas chilenas y fogatas puestas por los ocupantes”.

c.- Se hace presente que en dicha acta notarial se contienen distintas imágenes que dan cuenta de lo señalado anteriormente, las que se encargan de demostrar la envergadura de los hechos relatados.

d.- Continuando con el Acta Notarial, señala que: “Finalmente pude observar en el costado Poniente a orilla de la Avenida Lenga, dos carros de comida instalados abiertos al público sin permiso de los propietarios”.

e.- De igual forma, se constata que: “que los ocupantes de los lugares antes singularizados al comenzar los propietarios con resguardo Policial al retiro de los Hitos y demás estructuras instaladas en la propiedad se tornaron agresivos y se acercaron en grupo propinando insultos con elementos contundentes en las manos”.

Añade que a las 15:00 horas el notario público puso término a la diligencia y mientras se desarrollaba la diligencia notarial, concurrió uno de los recurrentes al lugar, nombre reservado, en conjunto con miembros de su familia, quienes, apoyados de personal de Carabineros de Chile de la Cuarta Comisaría de Hualpén, verificaron personalmente la envergadura de la toma ilegal en el sector antes descrito, constatando, al igual que lo señala el acta notarial, que un conjunto amplio de personas había procedido con clara intención de lotear el sector y permanecer en su interior, al levantar estacas y cordeles, instalar estructuras de madera, utilizar plásticos, cintas y otros elementos a fines, todo ello sin la debida autorización de sus legítimos propietarios.

A raíz de la presencia de Carabineros en el lugar, los recurrentes entablaron una conversación con miembros de la toma ilegal, particularmente con los recurridos, quienes se presentaron como representantes/ líderes/ dirigentes de la llamada “toma del Fundo Lenga”. Así las cosas, afirma que las partes involucradas acordaron una reunión que se llevaría a cabo el 22 de abril de 2022, a las 16:00 horas, en dependencias de la sede del Sindicato de Pescadores de Lenga, la que se realizó en la oportunidad acordada, reunión a la que concurrieron I. nombre reservado (Pdta. Junta de Vecinos); II. nombre reservado (Pdte. Deportivo de Lenga); III. nombre reservado (Dirigente Sindicato Pescadores); IV. nombre reservado (Representante “Toma”); V. nombre reservado (Representante “Toma”); VI. nombre reservado (Tesorera Junta de Vecinos); VII. nombre reservado (Secretaria Junta de Vecinos); VIII. nombre reservado (Representante “Toma”); IX. Man Escobar (Representante Asociación de Foodtrucks); X. nombre reservado (Propietaria Fundo Lenga); XI. nombre reservado (en representación de nombre reservado (Propietario Fundo de Lenga); XII. nombre reservado (Propietario Fundo de Lenga); y XIII. nombre reservado (representante de nombre reservado).

En dicha reunión, sostiene que los representantes/líderes/dirigentes de la toma ilegal aludieron como motivo para la ocupación ilegal del terreno, que habrían recibido supuestos audios de extranjeros de nacionalidad venezolana, en los que se indicaba que vendrían en camino un conjunto de personas a ocupar el Fundo Lenga, toda vez que las autoridades no les habrían dado una respuesta a su problemática habitacional, de manera que ante dicha situación decidieron tomarse el Fundo Lenga de manera anticipada, reconociendo que no detentan legítimo título para realizar dicha acción de ocupación, menos aún de lotear y dividir el inmueble como propietarios del Fundo Lenga.

Añade que a pesar que los recurrentes y propietarios concurrieron al predio con el claro objetivo de hacer uso de las facultades que le otorga el dominio sobre el inmueble de su propiedad, y pese a las reuniones que los propietarios sostuvieron con representantes/líderes/dirigentes de la toma ilegal, estos últimos manifestaron la intención de que todas las personas que se encuentran al interior del predio no iban a abandonar el inmueble, motivo por el que nombre reservado, el 23 de abril de 2022, concurrió al Fundo Lenga constatando que dichas personas permanecían aún en el inmueble, levantando construcciones y efectuando demarcaciones en el lugar, con la clara intención de permanecer en dicha propiedad y continuar con las actividades de construcción.

A raíz de todo lo antes señalado los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público, mediante formulario en línea, denuncia que generó el RUC 2200401511-1.- Del mismo modo, se interpuso querella criminal por el delito de usurpación violenta, previsto y sancionado en el artículo 457 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, teniendo todos los recurridos, participación en calidad de autores.

Arguye que los hechos antes descritos constituyen una grave afectación al derecho de propiedad que tienen los recurrentes sobre el “Fundo Lenga”, pero que el accionar de los recurridos no afecta sólo dicho derecho constitucional, sino que a su vez, las acciones de los recurridos constituyen una grave amenaza y afectación al medio ambiente, lo anterior ya que el sector que se encuentra actualmente intervenido por los recurridos ha sido declarado Santuario de la Naturaleza mediante Decreto N°556, particularmente en su artículo 8° letra c).

Finalmente, asevera que si los recurridos reclaman que la toma de los terrenos de sus representados deriva de un conflicto social, ante la imposibilidad de acceder a mejores condiciones de vivienda de las personas que habitan el sector de Lenga (sean nacionales o extranjeros), lo cierto es que éstos no pueden ejercer vías de hecho e ingresar irregularmente a un terreno particular para resolver con sus propias manos un aparente problema habitacional, faltando el respetando con ello los procedimientos que el Estado ha establecido al efecto, a través de la coordinación de distintos actores que van desde la Municipalidad de Hualpén, la Seremi de Salud, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno Regional del Biobío, y Carabineros de Chile, entre otros.

Estima que los hechos denunciados son ilegales, por cuanto desconocen el derecho de propiedad y las facultades de uso, goce y disposición que ello importa para los propietarios; que los recurridos, representantes/líderes/dirigentes de la denominada Toma del Fundo Lenga, mediante violencia y daños, han ingresado al predio de sus representados atribuyéndose potestades que no tienen, al justificar la toma para evitar que con ello el predio sea “tomado por extranjeros”, aduciendo entonces un conflicto social que han decidido resolver con sus propias manos, lo anterior transforma el actuar de los recurridos en caprichoso, carente de razón, y por ende arbitrario.

Adiciona que los actos arbitrarios e ilegales realizados por los recurridos no sólo se encuentran afectando al derecho de propiedad de la parte recurrente sobre el “Fundo Lenga”, lo que de por sí ya constituye un hecho grave, pero a su vez, se encuentran realizando acciones que atentan gravemente contra el ecosistema presente en el Fundo descrito, el que se ha declarado como Santuario de la Naturaleza según se dijo, causando un evidente deterioro sobre el ecosistema presente en el “Fundo Lenga”, que aumentará con el paso del tiempo si los recurridos continúan ocupando ilegalmente el fundo en cuestión, construyendo cercos, casas, contaminando sus aguas, etc. Afirma que resulta de suma urgencia que sus representados obtengan un amparo constitucional efectivo y oportuno, dado que, de no obtenerlo, se verán indefectiblemente privados de los derechos y garantías que le asisten, los cuales se han visto conculcados y que por el hecho de haber interpuesto denuncia por el delito de usurpación violenta contra los mismos recurridos ello no puede ser obstáculo para el acogimiento del presente recurso, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no limita la procedencia de la acción de protección ni la restringe por existir otras vías jurisdiccionales posibles en que pueda resolverse la cuestión planteada.

Pide que se acoja este recurso, declarando que el acto de ocupar ilegalmente el predio de sus representadas y bloquear el acceso al mismo, es ilegal y arbitrario; que los recurridos y todos los demás ocupantes de la denominada Toma del Fundo Lenga deben hacer abandono del predio y de toda instalación existente en el lugar y, en consecuencia, retirar toda obstrucción o limitación de ingreso de la propiedad, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. En especial, respecto de la porción de terreno graficada en la imagen de Google Earth que acompaña. También que se ordene que los recurridos y todos los demás ocupantes de la denominada Toma del Fundo Lenga deben paralizar toda faena de construcción en el predio, restableciendo de esta forma el imperio del derecho al estado en que se encontraba el inmueble antes de su ingreso a él, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario; que los recurridos y todos los demás ocupantes de la denominada Toma del Fundo Lenga se abstengan en el futuro de ejecutar cualquier acto u omisión que implique desconocimiento, privación, perturbación o amenaza de los derechos de sus representados que se acusan como afectados. Lo anterior, sin perjuicio de otras medidas de protección que la Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de los recurridos, con costas.

Informó Fernando Pérez Faúndez, abogado, en representación de los recurridos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, indicando que Caleta Lenga es un barrio gastronómico, así como un activo polo turístico dentro de la Región del Bio Bio; que el crecimiento demográfico en dicha localidad ha ido en aumento exponencialmente y, junto a ello, han surgido serias necesidades habitacionales, problemáticas de hacinamiento y precarias condiciones de vida.

Añade que el 20 de abril del año en curso, a las 23:00 horas, aproximadamente, los vecinos del sector Caleta Lenga recibieron noticias de que el terreno de autos sería tomado por personas extrañas al sector, en su mayoría extranjeros. Ante dicha amenaza, concurrieron al lugar y alertaron al encargado del predio “Fundo Lenga”, y asimismo a Carabineros quienes minutos después sorprendieron a tres camionetas con personas de origen extranjero los que señalaron que se encontraban en el sector debido a que sus empleadores les habían solicitado trabajar en dicho horario, lo que posteriormente fue desmentido, por lo que personal de Carabineros les ordenó retirarse del lugar. Ante tal situación, afirman que el encargado del predio “Fundo Lenga” autorizó a los locatarios para proceder a la ocupación de un retazo del predio, toda vez que eran pobladores de la misma caleta, lo que viene a ser una respuesta a dos problemáticas urgentes, que impiden a los locatarios mantener las más básicas condiciones de vida en Caleta Lenga, a saber: a) En primer término, es de público conocimiento dentro de la localidad de Caleta Lenga, que personas extrañas al lugar y en su mayoría extranjeras perseveraban en sus amenazas de tomar tierras del sector. El hecho de adoptar una actitud defensiva por parte de locatarios resulta del todo lógico para los efectos de resguardar la seguridad de la Caleta, de sus pobladores, sus familias, niños y niñas, debido a que todos los pobladores resultan ser conocidos por sus pares, toda vez que han vivido en dichas tierras por generaciones, por tanto, estimar tal temor como un acto caprichoso carece de todo sentido. b) Lo anterior, sumado a las precarias condiciones habitacionales que padecen cientos de vecinos del sector, quienes viven de allegados en las casas de sus padres y abuelos, con todas las precariedades que junto a ello acarrean, es que decidieron ocupar un retazo del “Fundo Lenga” como respuesta a las urgentes necesidades salubres, higiénicas y habitacionales de las más de 70 familias que deciden ocupar actualmente el sector conocido como “Toma del Fundo Lenga”.

Refiere que entre las familias que hicieron ocupación del lugar, se encuentran padres y madres que perdieron sus empleos producto de la pandemia y que atraviesan por serios problemas económicos que les impide satisfacer las necesidades más básicas de la vida como pagar el arriendo de una vivienda, costear alimentación, pagar gastos comunes, entre otros.

En cuanto a lo que indica el recurrente citando el acta notarial acompañada, en orden a que personal de carabineros, así como los propietarios fueron amedrentados por personas del sector con insultos y elementos contundentes en las manos, niega rotundamente lo expuesto, toda vez que, a su entender fue personal de Carabineros quien de forma agresiva y provocativa procedió a arrebatar las estacas del lugar, pese a que en todo momento se ha mantenido por sus representados el ánimo de conversar y dialogar, tanto así que, para esos efectos, se han nombrado representantes del grupo de familias del sector quienes participaron de una reunión ampliada en dependencias de la sede del Sindicato de Pescadores de Lenga, con fecha 22 de abril a las 16:00 horas y, asimismo, procurar cada instancia posible para fomentar el dialogo, ya que lo que se busca en definitiva es una pronta solución a la crisis habitacional. Asimismo, niega en forma categórica que los recurridos se valieron de violencia y provocaron daños al hacer ingreso al predio, según lo expuesto por la recurrente, sino muy por el contrario, el ingreso fue pacífico, toda vez que el predio no se encontraba demarcado ni delimitado de forma alguna ni había personas en su interior.

Actualmente, afirma, sus representados se encuentran en búsqueda activa de soluciones con las más variadas instituciones públicas que tienen las facultades para responder a las urgentes necesidades, tanto así que, a las tres semanas y media contadas desde la ocupación del predio sin lograr contacto con distintas autoridades, sus representados se acercaron a la Municipalidad de Hualpén con la finalidad de exponer su situación, instancia en la que se reunieron con el Alcalde, Miguel Rivera, quien les ofreció mesas de trabajo, las cuales no se celebraron. El 3 de abril se dirigieron al SERVIU BIO BIO con la misma finalidad, sin lograr reunión alguna.

Estima que lo anterior, da cuenta de una real necesidad y urgente arribo a soluciones para los distintos locatarios de Caleta Lenga, quienes enfrentan una crisis habitacional y así las cosas, dice que jamás han incurrido en un actuar caprichoso, carente de todo fundamento u arbitrario. Por ello pide el rechazo del presente recurso, con costas.

A Folios 34 y 55 nuevamente compareció el abogado Fernando Pérez Faúndez y señaló que ahora lo hace en representación de los recurridos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Sindia nombre reservado y también de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y de nombre reservado.

Amplió su informe negando los antecedentes expuestos en el recurso, así como el hecho que la toma ha ido en aumento y expone que las personas en situación de vulnerabilidad y víctimas de la crisis habitacional han formado parte de esta ocupación de tierras desde un principio, las que estuvieron desocupadas en todo momento, sirviendo de estacionamiento de turistas el cual era administrado por un cuidador del sector.

Negó que hayan realizado actos de amedrentamiento o siquiera insultos; reiterando que en todo momento se ha mantenido el ánimo de conversar y dialogar, tanto así que, para esos efectos, se han nombrado representantes del grupo de familias del sector quienes participaron de una reunión ampliada en dependencias de la sede del Sindicato de Pescadores de Lenga con fecha 22 de abril. En lo demás reprodujo lo ya informado.

Informó la Cuarta Comisaria de Carabineros Hualpén, a través del Comisario nombre reservado, expresando que el 23 de junio último personal de su unidad entrevistó a nombre reservado, quien manifestó que en el fundo se encuentran 60 personas habitando y que se han construido 14 viviendas; añadió que en el listado de ocupantes hay 34 personas no conocidas por ella.

Agrega el informe que de la totalidad de los ocupantes incorporados en la ampliación del recurso de protección, se notificó a un total de 49 personas, conforme a las actas de notificación que adjunta, faltando otras 11 que no se encontraban en el lugar.

Añade que se procedió a tomar fotografías de distintos ángulos del lugar, en el cual se aprecian 14 construcciones de viviendas realizadas por los pobladores, las que se detallan y finalmente refiere que se confirmó la toma del referido predio, así como la identidad y número de los actuales ocupantes.

Posteriormente, mediante informes de 20 de julio y 24 de agosto, ambos de 2022, indicó que personal a su cargo notificó a los once ocupantes del predio que faltaba notificar, cuyas actas adjunta.

Informó Luis Eduardo Paredes Mansilla, abogado, en representación del Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Biobío, indicando que la ocupación denunciada a través de la acción constitucional de autos, compuesta por un indeterminado número de familias, debido a su reciente conformación, no forma parte del Catastro Nacional de Campamentos, cuya última actualización data de marzo del presente año, de acuerdo a lo informado mediante Oficio N° 119 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, de fecha 09 de marzo de 2022.

Que el referido catastro cuenta con el apoyo de municipalidades, fundaciones y organizaciones territoriales para el levantamiento de la información de los nuevos asentamientos, los que luego son atendidos por medio de líneas ministeriales específicas a través del Programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo equipo regional está radicado en el SERVIU.

Que para las ocupaciones irregulares consideradas “nombre reservado” de terreno, que no forman parte del antedicho catastro, el lineamiento de orientación que se les sugiere es su conformación como Comité de Vivienda y derivar su atención al Departamento de Operaciones Habitacionales del servicio para su ingreso como beneficiarios “regulares” mediante el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, establecido y regulado en el D.S. N° 49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo anterior, sin perjuicio de que, atendido el particular dinamismo de la realidad de estos asentamientos irregulares, puedan alterarse estas directrices.

Informó Lorena Uribe Aguilera, abogada, en representación de la Municipalidad de Hualpén, señalando que, con fecha 21 de abril de 2022, se recibió una denuncia ciudadana en relación a las intervenciones y construcciones menores en las inmediaciones de Caleta Lenga, en la comuna de Hualpén, Región del Biobío, frente a lo cual, con fecha 23 de abril de 2022 se realizó una visita al lugar de los hechos relatados por el recurso, por parte de los fiscalizadores del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Hualpén, nombre reservado y doña nombre reservado, que trajo como resultado la elaboración de un informe en terreno donde se verificó la existencia de 40 terrenos de 10x10 que se encontraban a menos de 20 metros de distancia del cuerpo de agua del Humedal Lenga, acompañándose una figura georeferenciada donde se aprecian tanto las tomas descritas, como el polígono del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén, determinando como resultado de dicho informe afectaciones a la flora y fauna, indicando diversas especies intervenidas con ocasión de las actividades señaladas, las cuales se encuentran descritas en el informe elaborado y acompañado.

Como consecuencia de lo anterior, afirma que se derivó el informe previamente individualizado y acompañado mediante el Oficio N° 525, de fecha 16 de mayo de 2022, a don nombre reservado, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, exponiendo los hechos antes descritos y señalando que las conductas anteriormente señaladas se tipifican en el artículo 476 y 477 del Código Penal e indicando, además, las potestades de dicho Consejo -tal como lo señala el recurso- La Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288, solicitando al efecto a dicha entidad que dentro de sus facultades denuncie ante las entidades fiscalizadores y sancionatorias correspondientes.

Hace presente que según lo informado por la Dirección de Obras Municipales, mediante su Oficio N° 114 de 05 de septiembre de 2022, dicha unidad no ha autorizado ningún tipo de construcción ni ha emitido algún permiso de edificación en el terreno denominado Fundo Lenga, ubicado en camino Lenga S/N, sector Caleta Lenga, Rol 7020-4 comuna de Hualpén.

En relación a los usos de suelo que afectan al predio, informó que el Instrumento de Planificación vigente en el sector es el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, el cual considera las siguientes zonas de usos de suelo:

• Zona de Valor Natural (ZVN-8) correspondiente a marismas y humedales, ubicada al sur de Caleta Lenga la cual no permite el uso de suelo habitacional. Sólo se permiten actividades de protección y recuperación del medio ambiente.

• Zona Turística de Borde Costero (ZTBC-11): ubicada hacia el sector oriente de Caleta Lenga, permite el uso de suelo habitacional y equipamiento, pero con una superficie predial mínima de 600 m2 y una ocupación de suelo del 30%.

• Zona de Interés Silvoagropecuario • Zona de Drenaje • Zona de Acantilado Marino • Zona de Playa Asimismo, agrega el Director de Obras, que el terreno denominado “Fundo Hualpén” se encuentra ubicado dentro de la Península de Hualpén la cual fue declarada “Santuario de Naturaleza” mediante el Decreto N°556 de fecha 10 de junio de 1976, por lo cual cualquier obra que se ejecute debe ingresar en forma previa al Sistema de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 10 letra p) de la Ley 19.300 Bases de Medio Ambiente.

Por su parte, la Directora de Desarrollo Comunitario, mediante su Oficio 1196, de fecha 05 de septiembre de 2022, indicó que la Municipalidad, a través de la dirección a su cargo, ha participado en mesa de trabajo, en calidad de mediador o intermediario entre los vecinos y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, orientando al comité de vecinos en su conformación, reevaluando los datos en el sistema de estratificación social para postulación a subsidios habitacionales, precisando, además, que no existen terrenos disponibles en Hualpén para el desarrollo de proyectos de solución definitiva de viviendas.

Finalmente refiere que, según da cuenta el certificado emitido por el Secretario Municipal, con fecha 19 de mayo de 2022, se depositó por parte del Comité de Vivienda Nueva Esperanza Lenguina, los estatutos de constitución de la organización comunitaria conforme lo dispuesto en la Ley N° 19.418, adquiriendo la respectiva personalidad jurídica.

Informó nombre reservado, Secretario Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, expresando que la Península de Hualpén, comuna de Hualpén, Región del Biobío, fue declarada Santuario de la Naturaleza, mediante el Decreto Supremo N° 556, de 10 de junio de 1976, del Ministerio de Educación, y comprende una superficie de 2.662 hás, correspondiendo a una de las seis categorías de protección patrimonial establecidas por la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales.

Añadió que conforme a lo dispuesto en los artículos 1°y 2° de la Ley N°17.288, es el Consejo de Monumentos Nacionales, como organismo técnico, quien ejerce a nombre del Estado de Chile la tuición y protección sobre los Monumentos Nacionales, siendo la misma Ley N° 17.288 y sus reglamentos los que determinan la forma de ejercer dichas potestades.

En el caso particular, el Monumento Nacional en cuestión es Santuario de la Naturaleza, cuya categoría de protección se encuentra regulada en el Título VII de la Ley N° 17.288 “De los Santuarios de la naturaleza e investigaciones científicas “y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31° de dicha normativa, en su inciso número 1, pueden pertenecer a la categoría de Santuario de la Naturaleza: “todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones sea de interés para la ciencia o para el Estado”, añadiendo que conforme a lo dispuesto en los incisos número 2,3 y 4 del mismo artículo citado en el punto anterior: “los sitios que fueren declarados santuarios de la naturaleza quedarán bajo la custodia del Ministerio del Medio Ambiente, el cual se hará asesorar para los efectos por especialistas en ciencias naturales.

No se podrá, sin la autorización previa del Servicio, iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra que pudiera alterar su estado natural.

Si estos sitios estuvieran situados en terrenos particulares, sus dueños deberán velar por su debida protección, denunciando ante el Servicio los daños que por causas ajenas a su voluntad se hubieren producido en ellos”..

Que con la promulgación de la Ley N° 20.417 -publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010- que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, de conformidad a las atribuciones del Consejo de Monumentos Nacionales, respecto de los Santuarios de la Naturaleza, y lo dispuesto en el Dictamen N° 26.190 de 07 de mayo de 2012, de la Contraloría General de la República, la potestad para autorizar las obras o actividades que se efectúan al interior de éstos, se mantiene en el Consejo hasta la creación del Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas, debiendo el Consejo dar continuidad de la función pública con relación a la tuición y protección de los santuarios, autorización que debe ser previa a la realización de actividades en su interior. Por tanto, corresponde al Consejo de Monumentos Nacionales, la observancia del cumplimiento de la Ley N° 17.288, en cuanto a otorgar las autorizaciones previas, en caso de que se solicite iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, o desarrollar actividades de pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que pudiera afectar el estado natural del área; y, en los artículos 38 y 38 bis de la Ley N°17.288 están establecidos los delitos de daño y apropiación de los Monumentos Nacionales.

En cuanto al caso en particular, sostiene que la zona intervenida se encuentra al interior de un área protegida con la categoría de Santuario de la Naturaleza, declarado mediante DS Nº556 de 1976, del Ministerio de Educación, cuya categoría de protección se encuentra regulada en el Título VII de la Ley N° 17.288, por lo que mediante correo electrónico de 02 de mayo de 2022, el abogado Ignacio Rodríguez, puso a disposición del Consejo de Monumentos Nacionales un Formulario de denuncia digital de fecha 29 de abril de 2022 (en el marco del proceso RUC 2210020758-7 de la Fiscalía Local de Talcahuano) y antecedentes que darían cuenta de hechos delictivos que se perpetrarían en el Fundo Lenga, de propiedad de la Familia Price en el sector de Caleta Lenga al interior del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén (Ingreso CMN N°2796 del 02.05.2022).

A su vez, por Oficio N°1361 del 29 de abril de 2022, Antonia Flores Rubilar, Juez de Garantía de Talcahuano, puso en conocimiento del Consejo aludido, antecedentes presentados en querella por delito de usurpación violenta en Fundo Lenga, a fin de poner en conocimiento de los hechos (Ingreso CMN N°2818 del 02.05.2022) y por Oficio N°525 del 16 de mayo de 2022, Miguel Rivera Morales, Alcalde de Hualpén, informó de visita a terreno y remitió los antecedentes al Consejo de Monumentos Nacionales en relación a la existencia de un asentamiento irregular al interior de la Península de Hualpén, solicitando además, en función de las competencias propias del Consejo, que se denuncie ante las entidades fiscalizadores y sancionatorias correspondientes, con el fin de impedir que el asentamiento continúe su avance y cause mayor afectación o daño al lugar (Ingreso CMN N°3362 del 26.05.2022).

En razón de las denuncias anteriores, el 09 de junio de 2022, funcionarios de la Secretaría Técnica del Consejo efectuaron una visita a terreno a la Península de Hualpén con el propósito de realizar un levantamiento fotogramétrico para apreciar la toma de terrenos denunciada en el sector Lenga y recabar datos en relación a la eventual alteración del estado natural del sitio, producto del asentamiento irregular (toma), cuyo informe de terreno adjunta. Luego por Ordinario N°120-2022 del 23 de junio de 2022, Juan Pablo Granzow, Jefe Oficina Regional del Biobío de la Superintendencia del Medio Ambiente, realizó derivación total de materias para su gestión al Consejo, entre otros organismos, puesto que explica que dicho servicio carece de instrumento de gestión ambiental aplicable a la materia denunciada, toda vez que los hechos denunciados no se refieren a un proyecto, obra u actividad formal en los términos que regula el D.S N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ingreso CMN N°4012 del 28.06.2022).

Por último, indica que por correo electrónico de nombre reservado, Comisario BIDEMA Temuco PDI, dice que se solicitó que el Consejo aporte cualquier antecedente relevante a la investigación RUC N°2210020758-7 por usurpación e infracción al artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales (Ingreso CMN N°4813 del 01.08.2022).

Precisa que a la fecha no existe ninguna solicitud formal ante el Consejo, por parte del propietario del Fundo Lenga ni por ninguna otra persona, natural o jurídica, para realizar intervenciones o construcción alguna al interior del lugar y consecuencialmente, no ha otorgado autorización alguna referente al área individualizada.

Finalmente, en cuanto a las consecuencias por intervenciones no autorizadas al interior del Santuario de la Naturaleza, en virtud del informe en terreno, se precisó:

a. El Humedal de Lenga es un cuerpo de agua y un ecosistema altamente susceptible de afectación, tanto por los periodos de sequía que atraviesa la región actualmente, como también por la carga antrópica de construcciones.

b. Se constata la afectación del humedal y alteración del estado natural del Santuario de la Naturaleza, a causa de las intervenciones realizadas con motivo del asentamiento irregular por pobladores que se han tomado los terrenos al norte de la caleta. En dicho sector se observa: corta y remoción de cobertura vegetal, quemas de pastizales, construcción y excavaciones para la fundación de viviendas, escarpe de suelo y nivelación de terrenos, además de la existencia de residuos domiciliarios, basura y escombros.

c. Los efectos de los hechos denunciados, se relacionan con la afectación del estado natural del área intervenida y se resumen en: alteración paisajística y pérdida de biodiversidad, debido a la disminución de la calidad escénica en el área intervenida, pérdida de espacios de hábitats, posibles modificaciones del comportamiento de la avifauna presente, además de la alteración de procesos ecológicos migratorios por el aumento de ruido y flujo de visitantes.

d. Los terrenos no cuentan con servicios básicos de agua potable y alcantarillado, por lo que los residuos domiciliarios y residuos sanitarios tienen una alta probabilidad de ser dirigidos al humedal. Lo anterior se ve reforzado por la pendiente del terreno utilizado, que tiene su punto menor de cota en ese sector; con el consiguiente efecto en la avifauna debido a la pérdida de sitios de ribera para que estás arriben, se refugien, nidifiquen y alimenten.

En función de lo anterior, considerando las facultades de tuición y protección del lugar y lo acordado en sesión ordinaria de fecha 10 de agosto de 2022, a su entender los hechos descritos y antecedentes disponibles, permiten concluir que existe una afectación al estado natural del Santuario de la Península de Hualpén provocada por la alteración paisajística y pérdida de biodiversidad, situación que podría constituir los delitos de daño y usurpación de Monumento Nacional, tipificados en los artículos 31, 38, 38 bis y 40 de la Ley N°17.288, que legisla sobre Monumentos Nacionales.

Por lo tanto, con fecha 09 de septiembre de 2022, se ofició al Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Talcahuano solicitando iniciar una investigación por los eventuales delitos e infracción a la Ley N°17.288; así como, al Abogado Procurador Fiscal de Concepción del Consejo de Defensa del Estado, solicitando evaluar el ejercicio de las acciones judiciales que resulten pertinentes e mediante los Oficios CMN N°3600 y N°3602, respectivamente.

Informó nombre reservado, Superintendente Del Medio Ambiente (S), indicando que con fecha 05 de mayo de 2022, nombre reservado ingresó a su representada una denuncia ciudadana, indicando que desde el 21 de abril de 2022, en el sector de la Caleta Lenga, se emplazaron diversas edificaciones de un número de aproximadamente 99 personas para fines habitacionales y comerciales, las cuales no cuentan con servicios básicos ni permisos ni planificación, por lo que los desechos humanos terminan confluyendo en el humedal de Lenga. Adicionalmente, precisó que se han quemado y cortado flora nativa y han afectado la vida de los animales en el santuario de la naturaleza de la península de Hualpén. Dicha denuncia fue individualizada bajo la ID 171-VIII-2022.

Con fecha 22 de junio de 2022, fiscalizadores de la Oficina Regional del Biobío de su representada, procedieron a realizar una actividad de inspección ambiental, con la finalidad de fiscalizar una posible hipótesis de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y/o posible afectación a los componentes del área protegida; y, a través del Ordinario N°120, de fecha 23 de junio de 2022, se le indicó al denunciante que la Superintendencia carece de instrumento de gestión ambiental respecto a la materia denunciada, toda vez que los hechos denunciados no se refieren a un proyecto, obra u actividad formal en los términos que busca perseguir el D.S N 40/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “Reglamento SEIA”), sino que se refieren a un problema de carencia de viviendas por un grupo particular de personas, específicamente una toma de terreno, lo que constituye un problema multidisciplinario que debe ser abordado por las instituciones del Estado facultadas para estas materias.

Por lo anterior, mediante el Ordinario N°120/2022, manifiesta que se procedió a derivar totalmente la denuncia a la Municipalidad de Hualpén, Servicio de Vivienda y Urbanismo, Consejo de Monumentos Nacionales y a la Seremi de Salud, para su respectiva gestión conforme a las competencias de cada servicio.

Finalmente, asegura que en el caso que se determine regularizar esta toma de terrenos por parte de la Municipalidad u otro órgano del Estado, en el sector donde actualmente se encuentra emplazada la toma u en otro terreno inserto dentro del polígono del Santuario, dicho proyecto de urbanización y/o construcción de viviendas sociales, deberá ingresar obligatoriamente al SEIA bajo la letra p) del artículo 3 del Reglamento SEIA, previo a su ejecución, y evaluar su ingreso con observancia al literal h) del mismo cuerpo reglamentario, dependiendo de las características del proyecto habitacional.

Informó DENISSE MAKARENA MORALES PARRA, Fiscal Adjunto (S) de la Fiscalía Local de Talcahuano, precisando que los antecedentes referidos en el recurso de protección de que se trata están relacionados con la causa RUC 2200401511-1 de la Fiscalía donde se desempeña; que esta causa se inició por denuncia realizada por nombre reservado, con fecha 23 de abril de 2022, cuyos hechos detalla. Que con fecha 25 de abril del presente año dicha denuncia ingresó a la Fiscalía y con fecha 29 de septiembre y se decidió agrupar la misma a causa RUC 2210020758-7, por versar sobre los mismos hechos denunciados. Agregó que ésta última investigación se inició por querella presentada por el delito de usurpación no violenta, a través del abogado, Mario Cesar Hurtado Henríquez, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en que tienen la calidad de imputados las mismas personas que figuran como recurridos en el presente recurso de protección.

Añade que con fecha 19 de mayo de 2022, se despachó orden de investigar ante la Brigada de delitos Medios Ambientales de Temuco (Bidema) de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo resultado fue recibido el 16 de agosto del presente año, que concluye: “con los antecedentes testimoniales, periciales y documentales, recabados, se constató la existencia del delito investigado, verificándose la ocupación por parte de los imputados del terreno propiedad de los querellantes, ubicado en la Península de Hualpén, declarado Santuario de la Naturaleza en virtud de lo siguiente:

Entrevistados las víctimas nombre reservado y nombre reservado, ratificaron les hechos denunciados, aportando diversa documentación que da cuenta de sus dichos.

Se concurrió al sitio del suceso, ubicado en Fundo Lenga, sector Caleta Lenga, Península de Hualpén, comuna de Hualpén, donde previa coordinación con el Laboratorio de Criminalística Regional Concepción, profesionales peritos de la sección dibujo y Planimetría de dicha repartición, practicaron las diligencias propias de su especialidad, en particular la fijación planimétrica del lugar, pericias que dan cuenta de la efectividad de los hechos denunciados.

- De la misma forma, profesionales peritos de la Sección Fotográfica del Laboratorio de Criminalística Regional Concepción, practicaron las diligencias propias de su especialidad en particular el registro fotográfico del sector ocupado por los imputados, situado en caleta Lenga, dando cuenta dichas pericias de la efectividad del delito investigado - En el Sitio del suceso, se entrevistó en calidad de imputados a cinco ocupantes del predio afectado propiedad de las víctimas, quiénes informados detalladamente de los hechos que se les imputa y los derechos que te asisten conforme a la legislación vigente, prestaron declaración policial voluntaria, quiénes manifestaron haber ocupado la propiedad, debido al problema habitacional que los afecta.

- Igualmente en el sitio del suceso, fue posible individualizar a 19 imputados, ocupantes del predio en cuestión, los que accedieron voluntariamente a firmar acta de apercibimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Procesal Penal”.

En cuanto a las declaraciones aludidas, afirma que la única recurrida que declaró fue nombre reservado.

Informó nombre reservado, Seremi de Salud Región del Biobío, señalando que de acuerdo con la información aportada por la Unidad de Saneamiento Básico y Gestión Ambiental de su repartición pública, no se registran fiscalizaciones, ni sumarios sanitarios iniciados por él, relativos a la materia objeto de esta acción de protección.

A folio 70 se prescindió del informe de los recurridos señalados en la resolución de 28 de noviembre de 2022.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, la cuestión sometida a la decisión de esta Corte concierne a la petición de amparo constitucional que han formulado los actores con motivo de la ocupación material, no autorizada, por parte de los recurridos, de una parte de un predio que les pertenece, predio denominado “Fundo Lenga”, el cual además ha sido declarado Santuario de la Naturaleza, en razón de sus especiales características físicas, de paisaje, vegetación y valor ambiental, predio ubicado en la Caleta de Lenga, de la comuna de Hualpén.

TERCERO: Que, conforme aparece del informe evacuado por los recurridos, ellos no controvierten que efectivamente ingresaron al referido predio, careciendo de un título o antecedente jurídico que justifique dicho ingreso; asimismo, expresamente señalaron que persisten en la ocupación, invocando razones socioeconómicas que les afectan y que les llevan a buscar una solución a sus problemas de vivienda que por otra vía no han podido resolver.

CUARTO: Que, de los antecedentes documentales allegados al recurso también se desprende que los recurrentes forman parte de una comunidad hereditaria, siendo ellos titulares de inscripciones de dominio que se encuentran vigentes, según consta del respectivo Certificado de Dominio Vigente del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano que presentaron en autos, referido al predio denominado “Fundo Lenga”.

Por otra parte, se encuentra justificado que el denominado “Fundo Lenga” se encuentra ubicado en la Península de Hualpén, la cual fue declarada como Santuario de la Naturaleza, de acuerdo al Decreto N° 556, de 10 de junio de 1976, del Ministerio de Educación y comprende una superficie de 2.662 hectáreas; asimismo, conforme al Certificado N°37 de la Dirección de Obras Municipales de Hualpén, de 11 de septiembre del año 2019, el predio en cuestión, cuyo Rol de Avalúo es el 7020-4 de la citada comuna, se encuentra emplazado –entre otros- en los siguientes sectores del Plan Regulador Comunal de Talcahuano: ZVN-8 que corresponde a las zonas de valor natural, áreas verdes y zonas protegidas, y aquella que en razón de sus especiales características físicas, de paisaje, vegetación y valor ambiental, debe ser protegida y normada en forma especial; ZAM, esto es, zona de acantilados marinos, sistema metropolitano de áreas verdes y zonas protegidas, correspondiendo a aquellas áreas especiales del borde costero metropolitano que, por sus características geomorfológicas, ecológicas, de riesgos naturales, pendientes fuertes y de biodiversidad, requieren ser resguardadas; ZD, que comprende zonas de drenaje, es decir, terrenos excluidos del desarrollo urbano¸ destinado a proteger el normal escurrimiento de las aguas superficiales, en razón de su carácter de áreas de escurrimiento, absorción y laderas inferiores o quebradas; y Zona de Interés Silvoagropecuario y Zona de Playa.

Consta, además, según informó el Consejo de Monumentos Nacionales, que la zona intervenida se encuentra al interior de un área protegida con la categoría de Santuario de la Naturaleza; que en ella existe un asentamiento irregular (toma); que el citado Consejo de Monumentos no ha otorgado autorización alguna referente al área individualizada para realizar intervenciones o construcciones en el sector en denuncia.

QUINTO: Que, es del caso tener presente que –en lo que aquí interesa- el artículo 31 de la Ley N° 17.288, Sobre Monumentos Nacionales, establece que:

“Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones sea de interés para la ciencia o para el Estado.

Los sitios mencionados que fueren declarados santuarios de la naturaleza quedarán bajo la custodia del Ministerio del Medio Ambiente, el cual se hará asesorar para los efectos por especialistas en ciencias naturales.

No se podrá, sin la autorización previa del Servicio, iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que pudiera alterar su estado natural.

Si estos sitios estuvieren situados en terrenos particulares, sus dueños deberán velar por su debida protección, denunciando ante el Servicio los daños que por causas ajenas a su voluntad se hubieren producido en ellos.”.

Dicha ley también sanciona penalmente al que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo su integridad, según se ve en su artículo 38; y, también a quien incurra en la apropiación de un monumento nacional, constitutiva de los delitos de usurpación, hurto, robo con fuerza en las cosas, o robo con violencia o intimidación en las personas, así como su receptación, tal como se aprecia del artículo 38 bis de dicho texto legal.

SEXTO: Que, sin perjuicio del derecho de dominio que los recurrentes han señalado como afectado por la ocupación no autorizada que denuncian, cuya existencia no fue controvertida y también está documentada con el mérito del Acta Notarial adjunta al recurso interpuesto y con el informe emitido por Carabineros de Chile, cuyos funcionarios constataron que el 23 de junio se encuentran 60 personas habitando en el lugar y que se han construido 14 viviendas; especial preocupación despierta en esta Corte el hecho que la referida ocupación irregular cause daño al patrimonio medioambiental, pues ella afecta una zona que ha sido declarada Santuario de la Naturaleza.

Particularmente se ha de tener presente lo señalado en el Informe emitido en autos por el Consejo de Monumentos Nacionales, respecto de esta ocupación irregular. Allí se indica, en cuanto a las consecuencias al interior del Santuario de la Naturaleza, por intervenciones no autorizadas, que en virtud del informe evacuado por funcionarios de su dependencia, con motivo de una visita a terreno, realizada el 9 de junio de 2022, se estableció lo siguiente:

“a. El Humedal de Lenga es un cuerpo de agua y un ecosistema altamente susceptible de afectación, tanto por los periodos de sequía que atraviesa la región actualmente, como también por la carga antrópica de construcciones.

b. Se constata la afectación del humedal y alteración del estado natural del Santuario de la Naturaleza, a causa de las intervenciones realizadas con motivo del asentamiento irregular por pobladores que se han tomado los terrenos al norte de la caleta. En dicho sector se observa: corta y remoción de cobertura vegetal, quemas de pastizales, construcción y excavaciones para la fundación de viviendas, escarpe de suelo y nivelación de terrenos, además de la existencia de residuos domiciliarios, basura y escombros.

c. Los efectos de los hechos denunciados, se relacionan con la afectación del estado natural del área intervenida y se resumen en: alteración paisajística y pérdida de biodiversidad, debido a la disminución de la calidad escénica en el área intervenida, pérdida de espacios de hábitats, posibles modificaciones del comportamiento de la avifauna presente, además de la alteración de procesos ecológicos migratorios por el aumento de ruido y flujo de visitantes.

d. Los terrenos no cuentan con servicios básicos de agua potable y alcantarillado, por lo que los residuos domiciliarios y residuos sanitarios tienen una alta probabilidad de ser dirigidos al humedal. Lo anterior se ve reforzado por la pendiente del terreno utilizado, que tiene su punto menor de cota en ese sector; con el consiguiente efecto en la avifauna debido a la pérdida de sitios de ribera para que estás arriben, se refugien, nidifiquen y alimenten.”.

Ha de tenerse presente que dicho informe da cuenta de la situación existente hace seis meses atrás, por lo que razonablemente se puede concluir que tales efectos dañosos en el ecosistema protegido bien pueden haber aumentado, agravando el daño, por lo que se torna urgente adoptar medidas orientadas a evitar un mayor perjuicio a dicho Santuario de la Naturaleza.

SÉPTIMO: Que, si bien los ocupantes irregulares –recurridos en autos- han planteado como justificación del ingreso al lugar y ocupación del mismo, sus necesidades habitacionales, las cuales esta Corte entiende son apremiantes y ameritan una acción de parte de los pertinentes organismos del Estado en pos de buscar soluciones a ellas, no por ello puede aceptarse la referida conducta de los recurridos, particularmente por su efectiva dañosidad al medio ambiente y a una zona que ha sido declarada objeto de especial cuidado como es el Santuario de la Naturaleza del que aquí se trata.

Tal ocupación es ilegal y esto queda en evidencia desde que los recurridos reconocen el dominio ajeno y no invocan ningún título o antecedente jurídico que los ampare para desarrollar la ocupación que es materia de la presente acción constitucional.

OCTAVO: Que, por otra parte los recurridos en su informe han argumentado que el recurso de protección tiene un carácter extraordinario por lo que este no procede frente a situaciones que se encuentran bajo el amparo del derecho, como en el caso de autos, donde existe un procedimiento judicial en curso, a saber, una querella criminal presentada por los recurrentes alegando la comisión de un supuesto delito de usurpación violenta, causa RIT 1039-2022, radicada en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, cuya existencia fue corroborada con el respectivo informe emitido en autos por la fiscalía del Ministerio Público.

NOVENO: Que, respecto de este tópico es del caso traer a colación lo señalado recientemente por la Excelentísima Corte Suprema, que en un asunto similar al presente dijo:

“Que otro elemento al que se le debe prestar atención – ante la ausencia de acciones concretas de la autoridad política y administrativa – es falta de celeridad en la tramitación de las distintas acciones legales previstas en nuestro ordenamiento jurídico para obtener la restitución de un bien inmueble ocupado de manera irregular por personas con precariedad, pues, aun cuando existen diferentes vías para tal cometido, sea mediante el ejercicio de acciones civiles o penales, no es menos cierto que los derechos de uso y goce del titular de la propiedad se verán en gran medida mermados a causa de la prolongada tramitación de tales procedimientos por diferentes razones derivadas de la imposibilidad de identificación de los ocupantes, su compleja notificación y otras circunstancias que dificultan la singularización de los requeridos, a lo cual también se une que, en el ámbito penal, se ha omitido toda política de persecución efectiva de las conductas criminales que es posible investigar ante tales sucesos y, en su caso también políticas sociales efectivas. Determinaciones que se tornarían menos complejas al adecuarse a los parámetros del Derecho Internacional cuando se trata de desalojos de un gran número de personas o grupos de personas bajo distintas condiciones de vulnerabilidad, puesto que tal fenómeno no es exclusivo de nuestra realidad.

Lo anterior, en ningún caso hace suponer que la presente acción constitucional sea considerada como un sustituto procesal de las diversas acciones civiles y penales previstas en la normativa legal para obtener la restitución de un inmueble ocupado de manera irregular, puesto que, aun cuando son evidentes las ventajas de la acción cautelar en estudio, en vista de ser un medio rápido y eficaz frente a actos u omisiones considerados ilegales o arbitrarios, que priven, perturben o amenacen el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, permitiendo, a un mismo tiempo, satisfacer los parámetros del Derecho Internacional en esta materia, así como los principios generales de la razón y la proporcionalidad, atendiendo a la fenomenología social existente, es claro que no resulta posible soslayar la naturaleza de esta clase de acción, en tanto su procedencia queda subordinada a la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger.” (Sentencia en causa Rol N°40.135-2022, de 25 de noviembre de 2022, considerando Sexto).

DÉCIMO: Que, así las cosas, se encuentra justificado entonces que nos encontramos ante un asentamiento irregular por parte de un grupo de personas que han ocupado un terreno de propiedad de los recurrentes, quienes se han visto privados del mismo a causa de la ocupación efectuada de un modo irregular, por cuanto dicho asentamiento no solo se encuentra desprovisto de un título jurídico que le sirva de justificación, sino que, además, fue realizado contra o sin el consentimiento de sus dueños, razón por la que, sin duda, los recurrentes han visto amagado su derecho de dominio y de igualdad ante la ley.

Este comportamiento ilegal –según antes ya se explicó- agrava su antijuridicidad al comprometer la integridad de un terreno que ha sido declarado Santuario de la Naturaleza, cuya preservación interesa a la comunidad toda, por lo cual goza de un estatuto especial de protección que también ha sido atropellado, existiendo evidencia de daño al Humedal de Lenga y a su entorno protegido, el cual no cabe sino tratar de evitar y subsanar.

La conducta de los recurridos, quienes se hayan debidamente determinados e individualizados en el libelo presentado por los actores y en su ampliación, también conculca y perturba el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, garantía constitucional reconocida en el numeral 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente protegible al tenor del inciso final del artículo 20 de tal carta fundamental.

UNDÉCIMO: Que, de todo lo expuesto se desprende que es imperiosa la necesidad de adoptar a la brevedad medidas conducentes a evitar la prolongación de la ocupación de la heredad de propiedad de los recurrentes, a causa del asentamiento irregular por parte de terceros ajenos en riesgo social que buscan una solución a sus problemas de vivienda, en especial si se hallan transgredidas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, y particularmente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, dada la afectación que al referido Santuario de la Naturaleza provoca dicho asentamiento irregular, razón por la cual el presente recurso deberá ser acogido en los términos que se dispondrá en lo resolutivo de esta sentencia.

DUODÉCIMO: Que, constatada la afectación de derechos constituciones de los actores y estimándose procedente disponer que se haga abandono del predio ocupado, corresponde adoptar resguardos para evitar que las medidas que se dispongan al efecto sean vulneratorias de derechos de los recurridos, tal como lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema en situaciones análogas, según se ve en las sentencias dictadas por ella en los autos Rol N° 40.135-2022 y 17.064-2022.

Al efecto, esta Corte comparte que “parece importante regular estrictamente las condiciones de la puesta en marcha del desalojo, teniendo especialmente en consideración la comunicación y difusión oportuna de la decisión a los afectados, el otorgamiento de un plazo razonable y suficiente para que puedan hacer abandono voluntario de la heredad ocupada, además de materializar el desalojo en presencia de funcionarios gubernamentales o de representantes en su lugar, a fin de garantizar el uso razonable y proporcional de la fuerza pública en caso de ser necesario y el respeto irrestricto de la dignidad e integridad de las personas a quienes atañe la medida.

Del mismo modo, resulta primordial procurar la conservación de los bienes de propiedad del recurrente como las de los ocupantes ilegales, evitando su destrucción deliberada a consecuencia del desalojo, además de proporcionar un alojamiento alternativo suficiente donde las personas que deben abandonar la propiedad, sean albergadas o cobijadas de manera transitoria, bajo condiciones dignas y suficientes que eviten los riesgos de toda clase que –en estas condiciones irregulares- pueden afectarles.

Por supuesto, todo ello con especial atención en el cuidado y cautela de adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres jefas de hogar, migrantes y personas en situación de discapacidad o especialmente sometidas a condiciones de grave vulnerabilidad social, con la finalidad de prevenir o al menos reducir en gran medida el impacto social o las consecuencias adversas que son inherentes a un proceso como el de la especie.”.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección y sus modificaciones, SE ACOGE, sin costas, el deducido en estos autos, por el abogado Rodrigo Tobar Toro, en favor de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado y de nombre reservado, solo en cuanto se disponen las siguientes medidas:

I. La totalidad de los ocupantes del “Fundo Lenga” de la comuna de Hualpén, deberán hacer abandono del inmueble, disponiendo de un plazo máximo de treinta días corridos desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres además de las construcciones realizadas en el asentamiento.

II. La presente sentencia constituye suficiente apercibimiento, en orden a que la totalidad de los ocupantes de la heredad deberán hacer abandono de la misma en el plazo de treinta días corridos antes indicado, pues de lo contrario se dispone, desde luego, el desalojo inmediato, con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.

III. La decisión en los términos señalados será puesta en conocimiento en conjunto de todos los ocupantes del inmueble, a fin que tomen cabal entendimiento de la misma, lo cual se materializará a través de la notificación por cédula de la presente sentencia, por receptor de turno, la cual será fijada en, al menos, tres sectores visibles de la propiedad.

IV. En caso de ser necesario el desalojo de los ocupantes, el municipio respectivo en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo y de nombre reservado, deberán implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento.

V. Ofíciese al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, con la finalidad de velar que el desalojo, en caso de ser necesario, sea ejecutado bajo las condiciones anotadas en el fundamento Duodécimo del presente fallo.

VI. La presente sentencia, en copia autorizada y con constancia de su ejecutoriedad, servirá de suficiente título con el objeto que sea debidamente cumplida por Carabineros de Chile dentro del plazo máximo de diez días corridos, transcurrido el término de treinta días corridos que se establece en este fallo, para cuyo efecto se presentará a la Prefectura de Carabineros competente.

Redacción del ministro Juan Ángel Muñoz López.

Regístrese y comuníquese.

Rol N° 31.925-2022 Protección.