nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

C.A. de Concepción Concepción, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece Makarena García Dinamarca, abogada, y deduce recurso de Protección en favor nombre reservado, administrativa, domiciliada en Talcahuano, en contra del Servicio De Registro Civil e Identificación, representado por su Director nombre reservado, por su actuar ilegal y arbitrario que vulnera el artículo 19 numerales 1º, 2°y 24º de la Constitución Política de la República.

Relata, en síntesis, que reclama en contra de la dictación de la Resolución TRA N° 252/10/2025 de fecha 09 de junio de 2025, tomada de razón y notificada por carta certificada con fecha 03 de julio de 2025, que declara vacante el cargo por salud incompatible de la recurrente, resolución que califica como ilegal y arbitraria.

Añade que cumplía labores administrativas en la oficina de Concepción y que, a la fecha de su desvinculación, tenía 9 años en la institución en calidad de contrata. Indica que en el año 2023 comenzó con rigidez en sus manos, pies, rodillas y hombros, diagnosticándosele Artritis Reumatoide, con indicación de tratamiento farmacológico y licencia médica; sin embargo, no lograba recuperarse. Añade que, ante ello, su médico tratante la postula a la Ley Ricarte Soto, con diagnóstico de Artritis Reumatoide Severa Refractaria, empezando con tratamiento Biológico, sin resultados positivos, hasta el presente año, cuando el cuarto tratamiento biológico arrojó resultados positivos, controlando la enfermedad y siendo dada de alta, con reintegro a sus labores, a contar del 14 de julio del presente.

Sostiene que las licencias médicas presentadas, obedecían a una situación puntual que la afectaron gravemente y que el acto administrativo que declara la vacancia del cargo, resulta infundado, debido a que únicamente cita normas legales que facultan su emisión, mas no motiva el porqué de la desvinculación, basando la declaración de salud incompatible únicamente, en una suma matemática del uso de licencias médicas, sin valorar por qué la salud de la funcionaria es incompatible con sus funciones.

Pide a esta Corte ordenar dejar sin efecto la declaración de vacancia por salud incompatible, aplicada por Resolución TRA N° 252/10/2025 y ordenar la reincorporación de la funcionaria, efectuando el pago de las remuneraciones no percibidas hasta su efectiva reincorporación, con costas. Cita Jurisprudencia.

Informa el recurrido Servicio de Registro Civil e Identificación, informado que el acto impugnado, que determinó la declaración de vacancia por salud incompatible, fue adoptado por el Jefe Superior del Servicio, en virtud de los artículos 150, letra a) y 151 de la Ley N° 18.834, luego de superar el umbral objetivo de licencias médicas en el bienio de control y, previa consulta a la COMPIN, quién informó acerca de la salud recuperable de la recurrente.

Transcribe dicha resolución y reitera que fue dictada por autoridad competente, debidamente motivada conforme a la Ley N°19.880 y enmarcada en la facultad del jefe superior del servicio y en donde se cumplieron parámetros objetivos para resolver el asunto. Sostiene que no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna, así como tampoco, una falta de fundamentación en el acto administrativo impugnado, pues argumenta, que se verificó la existencia de licencias médicas que, superaban con creces, el lapso de seis meses continuos en dos años, tal como exige la ley para la declaración de vacancia.

Alega, además, que esta acción cautelar no es la vía para conocer de estas materias, siendo propias de una reclamación ante Contraloría General de la República, o bien, de un procedimiento contencioso administrativo. Cita Jurisprudencia Judicial y Administrativa.

Concluye solicitando el rechazo del presente recurso, con costas, reiterando la ausencia de vulneraciones a los derechos constitucionales de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, con lo relacionado en la parte expositiva de esta sentencia, el presente asunto se circunscribe a determinar la legalidad y razonabilidad de la decisión de la recurrida de declarar incompatible la salud de la recurrente, con el trabajo que desempeña, de acuerdo a los artículos 150 y 151 del D.F.L. N°20 sobre Estatuto administrativo, por haber hecho uso ésta de licencias médicas por un periodo continuo o discontinuo superior a seis meses, en los últimos dos años.

Tercero: Así, conviene precisar que con el mérito de los documentos aportados y valorados conforme a las reglas de la sana crítica, se pueden tener por acreditados los siguientes hechos: a) Que la COMPIN Concepción Región del Bío-Bío, mediante Resolución Exenta N° 18708518 del 8 de abril de 2025, determinó que la actora presenta un estado de salud recuperable y b) Que mediante Resolución TRA N° 252/10/2025 de fecha 09 de junio de 2025 se declaró vacante el cargo de la recurrente, por salud incompatible, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años.

Cuarto: Que, para resolver esta materia resulta ineludible tener presente que, el artículo 63 de la ley N°21.050, modificó las condiciones de extinción de vínculos funcionariales por declaración de vacancia del cargo, agregando al artículo 151 del Estatuto Administrativo un inciso tercero, del siguiente tenor: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por su parte, el artículo 64 del mismo texto legal incorporó un inciso tercero nuevo al artículo 148 de la ley N°18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, del siguiente tenor: “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. En el mismo sentido, aparece el artículo 72 bis de la ley N°19.070, que contiene el Estatuto Docente, norma que fue introducida por la ley N°21.093, publicada el 23 de mayo de 2018; así como el artículo 48 letra g) de la ley N°19.378 que establece el Estatuto de Salud Primaria de Atención Municipal.

Por su parte, la Excma. Corte Suprema, en las sentencias dictadas en causas Roles Números 122.198-2020; 122.199-2020; 76.761-2020; 104.498-2020, 28.666-2021, 10.523-2022, 154.393-2023, 10.663-2024, entre otras, ha sostenido que, existe la debida correspondencia y armonía entre las leyes N°18.834, N°18.883, N°19.070 y N°19.378, en lo que atañe al procedimiento y a las causales de cesación en el cargo por vacancia, en aquellos casos en que un empleado público ha hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Quinto: Que, conforme lo señalado precedentemente y siguiendo la línea argumentativa del Máximo Tribunal, contenido en los fallos citados en el motivo precedente, es claro que, la intención legislativa al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar, si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que resulta vinculante para el servicio público. Consecuentemente, de declararse que la salud es recuperable, no corresponde aplicar la causal.

En tal sentido, esta Corte comparte que esta “es la única interpretación que, por un lado, materializa la intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la ley N°21.050, puesto que -de otra forma-, aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada, resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo efecto útil el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario” (Corte Suprema Rol N°20.050-2024).

Sexto: Que, por otro lado, y como lo ha sostenido la Corte Suprema “ha de tenerse presente que las disposiciones relativas a la salud incompatible como causal de declaración de vacancia del cargo, difieren de los criterios adoptados en otros cuerpos normativos en relación con la autorización de las licencias médicas de los trabajadores y la eventual declaración de invalidez. Así, por ejemplo, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, dispone que “[…]completadas cincuenta y dos semanas continuadas de licencia o reposo, corresponderá a la COMPIN autorizar una ampliación de hasta seis meses más, previo su pronunciamiento acerca de la recuperabilidad del trabajador […]”. Agrega el precepto que “[…]cumplidas setenta y ocho semanas de licencia, la COMPIN podrá autorizar nuevas licencias médicas, en el caso de enfermedades que tengan un curso prolongado y requieran una recuperación de más largo plazo[…]”. Es decir, mientras el Estatuto Administrativo habilita a un jefe de servicio, no necesariamente experto en la ciencia médica, para declarar la salud incompatible con el cargo por el uso de licencias médicas, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, otras normas del ordenamiento posibilitan que existan licencias continuas hasta por un año, al cabo del cual, previo pronunciamiento sobre la recuperabilidad por un órgano experto, pueden extenderse por un tiempo mayor” (Rol N°10.523-2022).

Séptimo: Que, de esta forma se entiende que, la sola declaración de recuperabilidad de la salud, sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, impide al Jefe de Servicio ejercer su facultad para declarar la vacancia del cargo, especialmente cuando la modificación introducida por el la Ley 21.050, exigió del organismo técnico, no solo un pronunciamiento respecto de la irrecuperabilidad de la salud, sino que también, una evaluación en el sentido que la afectación a la salud “no le permite desempeñar el cargo”.

En este sentido el máximo tribunal ha sostenido “…que aun cuando el Jefe de Servicio tiene la facultad de apartarse de lo expresado en el informe de la COMPIN, el que no tiene un valor vinculante, sino que solo tiene valor ilustrativo u orientativo, la autoridad debe justificar suficientemente (en la motivación del acto) las razones por las que concluye que el funcionario tiene una salud incompatible con el cargo, pese a que la COMPIN refirió que su salud es recuperable” y a continuación ha dicho “Que la modificación normativa operada por la Ley N°21.050, que incorporó un inciso tercero al artículo 151 del Estatuto Administrativo, y que estableció como trámite previo a la declaración de salud irrecuperable o salud incompatible con el cargo, que el jefe superior del servicio deba requerir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario, respecto a la irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, da cuenta de la necesidad de ilustrar mejor las apreciaciones de la autoridad en esta materia, vale decir, de proporcionarle elementos de juicio que iluminen el ejercicio de sus facultades privativas. Necesariamente, el espíritu de esta reforma se traduce en un mejoramiento de la justificación de ese tipo de decisiones, que debe reflejarse en su motivación” (Corte Suprema, Rol N° 29-2025).

Octavo: En este particular caso, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez declaró que la salud de la actora es recuperable, sin que al respecto hiciera mención alguna en cuanto a que, la afectación a la salud que padece no le permita desempeñar el cargo que servía, de lo cual se revela la ilegalidad de la actuación del recurrido, puesto que, se declaró terminado el vínculo estatutario sin contar con una evaluación técnica de incompatibilidad en el cargo, privando de esa manera al acto administrativo de razones que lo fundamenten adecuadamente, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la recurrente contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Refuerza lo anterior, la circunstancia que, todas las licencias presentadas por la recurrente fueron debidamente autorizadas por el ente competente, sin cuestionamiento de ninguna índole, lo que da cuenta de una verdadera dolencia o afectación de su salud durante el periodo de ausencia laboral, situación de la cual se encuentra actualmente recuperada, cumpliendo la licencia médica, su rol terapéutico en este caso particular.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio De Registro Civil e Identificación, por lo que se deja sin efecto la Resolución TRA N° 252/10/2025 de 09 de junio de 2025, que declara vacante el cargo, disponiéndose que la recurrida debe reincorporar a la actora a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Dese oportuno cumplimiento a lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Marta Araneda Fraile.

No firma la ministra señora Viviana Iza Miranda, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa por encontrarse ausente y haciendo uso de permiso.

Rol N° 3180-2025. Protección.-