nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

C.A. de Concepción shp Concepción, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen David Vargas Aravena y Andrés Franchi Muñoz, abogados, en favor de don nombre reservado, deducen recurso de protección en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS).

Señalan como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N°00112, de 5 de junio del año 2025, dictada por el Director Regional del IPS Región de Valparaíso, notificada el 16 de junio de los corrientes que señaló “No ha lugar a la solicitud de pensión de vejez y desahucio presentada por don nombre reservado, con fecha 26/05/2022, por la siguiente causal: No acreditar elemento de subordinación y dependencia con su supuesto empleador, de acuerdo al artículo 3° del Código del Trabajo. Se deben anular todas las imposiciones de su historial previsional y devolvérselas al Sr. nombre reservado”.

Estiman que el establecimiento de una relación de trabajo y de sus elementos es una facultad privativa de la judicatura laboral, careciendo la recurrida de prerrogativas legales que le permitan arribar a las conclusiones consignadas en la referida resolución. Al hacerlo, se atribuyó facultades jurisdiccionales de las cuales carece, al concluir que el recurrente no prestó servicios personales remunerados bajo subordinación y dependencia en los términos definidos por el artículo 7 del Código del Trabajo, labor que el ordenamiento jurídico entrega en forma privativa y exclusiva a la judicatura del trabajo.

Afirman que el actuar de la recurrida es ilegal, en cuanto es contrario a lo dispuesto en el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales y artículo 420 letra a) del Código del Trabajo y es arbitrario, en cuanto carece de toda motivación racional, apareciendo motivado por la mera inquina, no existiendo justificación positiva alguna para irrogarse el organismo público recurrido de facultades de las que legalmente carece.

Denuncian que, en la especie, se ha vulnerado la garantía del “Juez Natural” consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Carta Fundamental, al constituirse la recurrida en una “comisión especial” y atribuirse facultades eminentemente jurisdiccionales. Además, se ha conculcado el derecho de propiedad que tiene el recurrente de ser beneficiario de una pensión de vejez y desahucio por parte de la ex Capremer, hoy IPS, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Piden se acoja el presente recurso y se declare que la Resolución Exenta N°00112, de fecha 5 de junio de 2025, es un acto ilegal y arbitrario, dejándolo sin efecto y se ordene a la recurrida decretar que el recurrente es beneficiario de la pensión de vejez y desahucio de la Ex Capremer, o bien se adopten las medidas que esta Corte estime pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Informó Carla Huerta Angulo, abogada, en representación del Instituto de Previsión Social, señalando que el 26 de mayo de 2022 el recurrente ingresó una Solicitud Única de Beneficios Previsionales por la pensión de vejez e indemnización en ex Caja CAPREMER y atendido que el empleador registrado en el Certificado de Imposiciones entre el periodo mayo 1992 hasta abril de 2022 era nombre reservado, RUN RUT reservado, se solicitó a la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, la fiscalización de dicho empleador.

El 14 de mayo de 2024, por medio de Ord. N° 218 de la Inspectora Comunal del Trabajo de Talcahuano, remitió a su representada el informe de Fiscalización N° 0805/2023/471, de fecha 31 de enero de 2024, que concluyó que el recurrente trabajó desde el 01 de marzo de 1978 hasta el 30 de abril de 2022 en la empresa nombre reservado, según finiquito ratificado ante ministro de fe, en el cargo de Jefe de Ventas, cuya función era vender la producción al puerto de Santiago y ser el encargado de realizar las compras para hacer las redes, Sin embargo, no se constató que existió relación de subordinación y dependencia, ya que el recurrente pertenece a la nombre reservado. Por otro lado, no se constató que el recurrente sea un trabajador marítimo, atendida la función que desempeñaba y que por lo demás, la actividad económica de la empresa en el Servicio de Impuestos Internos es Pesca Marítima Industrial, excepto barcos factoría (código 031110) y transporte de carga por carretera (código 492300).

Refiere que una vez recibido el informe, se solicitó la opinión jurídica al abogado del Subdepto Legal del IPS D.R. de Valparaíso quien mediante informe legal, remitido con fecha 4 de junio de 2024, concluyó que, al señalar expresamente que “No se constató que existió relación de subordinación y dependencia, ya que don nombre reservado pertenece a la nombre reservado” se procede a anular las imposiciones que registra el Sr. nombre reservado con aquél empleador, y por el periodo indicado, decisión que fue comunicada el día 29 de julio de 2024 por la Jefa (S) de Subdepartamento Prestaciones Previsionales del IPS, mediante el envío de una carta certificada al recurrente.

Hace presente que el recurrente entabló acción de protección en contra de su representada con idénticos fundamentos sostenidos en estos autos, recurso que fue rechazado el 25 de noviembre de 2024 por esta Corte, decisión que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, se dictó la Resolución Exenta N°00112, de fecha 5 de junio de 2025, que resolvió no ha lugar a la solicitud de pensión de vejez y desahucio presentada por el recurrente con fecha 26 de mayo de 2022, por no acreditar elemento de subordinación y dependencia con su supuesto empleador de conformidad al artículo 3° del Código del Trabajo y ordenó anular todas las imposiciones de su historial previsional para ser devueltas.

Explica que el Instituto de Previsión Social (I.P.S.) fue creado por la Ley N° 20.255, publicada con fecha 17 de marzo de 2008 y es sucesor y continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, por lo tanto es el I.P.S. el encargado por ley de tramitar y conceder los beneficios y pensiones del antiguo sistema de reparto, entre los que se encuentran los de la Ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, CAPREMER, siendo aplicable al caso el artículo 22 del Decreto Supremo N° 606 Ley Orgánica de la Caja de Previsión Social de la Marina Mercante Nacional.

También alega la inexistencia de un derecho indubitado que habilite al recurrente a accionar de protección y que, además, el conflicto que se ventila, en la especie dice relación con el Derecho de Seguridad Social, reconocido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política del Estado, garantía que no está protegida por el recurso de protección, razón por la cual el asunto debe ventilarse en un juicio declarativo, Así, estima que su representada ha actuado de conformidad a la normativa que rige la materia, esto es, la Ley 20.255, DFL N°17, del año 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y no ha vulnerado garantía alguna del recurrente, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

2.- El recurrente tilda de ilegal y arbitraria la Resolución Exenta 00112, de 5 de junio de 2025, que le negó la pensión de vejez solicitada, por no haberse acreditado el elemento de subordinación y dependencia con su supuesto empleador, la nombre reservado, de la cual es heredero. Reclamó ausencia de facultades de la recurrida para determinar la existencia o ausencia de una relación de trabajo y la falta de fundamentación.

3.- La recurrida, por su parte, señaló que ante la solicitud del recurrente de pensión de vejez, con fecha 26 de mayo de 2022, y atendido que el empleador registrado era la nombre reservado, de la cual es heredero, solicitó a la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, la fiscalización de dicho empleador, emitiéndose el informe N°0805/2023/471, de fecha 31 de enero de 2024, que concluyó que las funciones registradas eran vender la producción y realizar las compras para hacer las redes, sin verificar relación de subordinación y dependencia, ni que el recurrente sea un trabajador marítimo, atendidas sus funciones. Adicionalmente, solicitó opinión jurídica del servicio, que concluyó que no se constató relación de subordinación y dependencia, ya que pertenece a la sucesión, supuesta empleadora.

En razón de lo anterior, se negó lugar a la solicitud de pensión de vejez y desahucio presentada por el recurrente y ordenó anular todas las imposiciones de su historial previsional para ser devueltas.

4.- De acuerdo a la Ley N°20.255, DFL N°17, del año 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el I.P.S. es el encargado de tramitar y conceder los beneficios y pensiones del antiguo sistema de reparto, entre los que se encuentran los de la Ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, CAPREMER, siendo aplicable al caso el artículo 22 del Decreto Supremo N° 606 Ley Orgánica de la Caja de Previsión Social de la Marina Mercante Nacional.

En consecuencia, la decisión impugnada, en lo formal fue dictado por el órgano competente, en ejercicio de sus funciones y cuenta con la debida fundamentación. Y en lo que respecta a la indagación de la huella laboral, se obtuvo la información relevante a través de la Inspección del Trabajo.

5.- En cuanto al fondo, esta no es la vía para efectuar las declaraciones que pretende el recurrente, pues existen hechos relevantes discutidos, que ameritan un debate amplio que desborda las posibilidades procesales que otorga la presente acción constitucional, todo lo cual conduce a su desestimación.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martín.

No firma el ministro señor Gonzalo Rojas Monje, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

N°Protección-2857-2025.