GUSTAVO TOMAS BAERISWYL PADILLA POR LA I. MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO EN CONTRA DE LA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIOBIO

Foja: 167 nombre reservado y Siete Concepción, quince de octubre de dos mil catorce.

Vistos:

Que el presente recurso de protección fue interpuesto por el abogado Gustavo Baeriswyl Padilla, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la I. Municipalidad de Portezuelo, en contra de la Contraloría Regional del Bio Bio, representada por nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Funda su recurso, en síntesis, en el hecho que el ente contralor mencionado, ha insistido desde hace ya más de 6 meses, en que su representada debe pagar a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todas ex docentes de dicho Municipio, quienes se acogieron a retiro voluntario, en las oportunidades que se señalan, por cumplir con los requisitos establecidos en la ley 19.070, artículo 2o transitorio, (denominado Estatuto Docente. En dicha oportunidad tales docentes en virtud de lo dispuesto en dicha ley, cesaron en sus servicios el día que recibieron el pago a que tenían derecho y que esa ley establecía, por lo tanto, terminaron sus labores el día que recibieron aquellos valores, fechas que en cada caso se señalan en el recurso. Con posterioridad a ello, se dictó la Ley 20.158, publicada en el diario oficial el día 29 de diciembre del año 2006, que reprodujo el mismo beneficio para otro grupo de profesores. Dicho beneficio consistía, en la práctica, en repetir los beneficios establecidos en la Ley 19.070, ya citada. Dice que ambas leyes en sus respectivos incisos 2o transitorio, establecían el pago de una bonificación, que era el incentivo para el retiro de la docencia de los profesores que cumplían con los otros requisitos establecidos en la ley. Durante mucho tiempo después de la dictación de la segunda ley, se efectuaron por muchos docentes que se habían acogido al retiro contemplado en la primera de éstas leyes, consultas al ente contralor, para que este último estableciera si las indemnizaciones contempladas en los respectivos artículos 2o transitorio de ambas leyes, eran compatibles o no, a lo cual, por un largo período se estableció por la Contraloría General de la República que eran incompatibles ambos beneficios, es decir que los beneficios otorgados por la Ley 19.070 en su artículo 2o transitorio, no podían ser duplicados por lo establecido en el artículo 2o transitorio de la Ley 20.158. Pero posteriormente, un dictamen de 25 de agosto de 2008, estableció que tales beneficios podrán ser percibidos conjuntamente, dejando así, abierta la posibilidad de que los eventuales favorecidos puedan percibir ambos beneficios conjuntamente. Requerida la Contraloría Regional del Bio Bio por los profesores mencionados, el ente contralor comenzó a requerir del municipio requerido información al respecto, informes jurídicos y justificaciones de la Municipalidad por el no pago del beneficio establecido en el artículo 2o transitorio de la Ley N° 20.158, con la finalidad de aclarar tal situación. Ante ello, el municipio recurrente demandó a los tribunales ordinarios de justicia la declaración de prescripción de los derechos de los docentes mencionados. Así, en el Juzgado de Letras de Quirihue, se encuentran radicadas las causas I. Municipalidad de Portezuelo con nombre reservado, Rol N° C- 46-2014; I. Municipalidad de Portezuelo con nombre reservado, Rol C-48-2014; I. Municipalidad de Portezuelo con nombre reservado Flor Ivette e I. Municipalidad de Portezuelo con nombre reservado, Rol N° C-1314-2014, en todas las cuales se encuentra finalizado el período de discusión, esperando el trámite de la conciliación, para posteriormente solicitar la prueba. En todas ellas además, el municipio recurrente solicitó al Tribunal que se declare la prescripción de las pretensiones de los demandados, por encontrarse prescrito el derecho que estos docentes tienen en contra del Municipio, de requerir o perseguir el pago de las sumas mencionadas en dichas demandas, que se materializan en la petición de obtener por parte de estos docentes las prestaciones indemnizatorias contenidas en dichas leyes, por las razones que en dichas demandas se mencionan, fundamentalmente, porque el Código del Trabajo en su Artículo 510 Inciso 2o, establece “En todo caso, las acciones proveniente de los actos y contratos a que se refiere este Código, prescribirán en 6 meses, contados desde la terminación de los servicios”, expresando en dicho libelo la recurrente que dicho plazo comenzó a correr, tal como lo establecía la Ley 19.070, al término de los servicios de cada una de las interesadas. Así, los 6 meses se habrían cumplido respecto de nombre reservado el 31 de abril del año 2008, respecto de nombre reservado, el 30 de noviembre del año 2008, respecto de nombre reservado el 30 de abril del año 2008 y respecto de nombre reservado, el 30 de abril del año 2008. También se menciona en dicha demanda, que si no se considera el plazo de 6 meses, porque las acciones no provienen de los actos y contratos a que se refiere el Código del Trabajo, al señalar que si éstos no son considerados obligaciones contenidas en dicho Código, de acuerdo a la misma disposición citada, estos habrían prescrito en 2 años, desde que se hicieron exigibles, por lo tanto prescribieron en Octubre del año 2009. A entender del recurrente y con aquellos plazos de prescripción cumplidos con creces, lo que las reclamantes o docentes tienen en su patrimonio es una obligación meramente natural, de aquellas contempladas en el Artículo 1470 del Código Civil, es decir, aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas, así lo contemplaría el artículo mencionado, en su número 2, cuales son, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. El acto ilegal de la recurrida es el hecho que por medio de los Oficios números 8979, 8977,8975 y 8973, despachados con fecha 2 de junio del presente año y recibidos en el Municipio el día 16 del mismo mes, conmina a que el Municipio proceda a pagar las sumas que los docentes mencionados requieren del municipio, haciendo caso omiso a los informes emitidos por el municipio y por el abogado recurrente, en cuanto a que dicha decisión y pago se encuentra sometido al fallo y decisión de un tribunal de justicia, habiéndole remitido a la Contralora Regional en múltiples oportunidades copias de las demandas, roles y tribunales de las causas, sosteniendo el órgano contralor que es intrascendente y carente de validez jurídica el hecho de que las pretensiones de los docentes mencionados estén sometidas a la decisión de un tribunal, por cuanto su pago y decisión ya fue ordenado por la Contraloría, y que ello constituye el uso propio de la facultad fiscalizadora de dicha entidad, señalando en este sentido, tal como se indicó en los pronunciamientos citados precedentemente, debiera tenerse en cuenta que darle al antedicho artículo 6o inciso tercero, una interpretación que no sea concordante con la normativa constitucional y legal en la que se encuentra inmerso, permitiría sustraer a los organismos integrantes de la Administración del Estado, entre ellos a las Municipalidades, del régimen de control que les ha impuesto el ordenamiento jurídico vigente. En concordancia y siguiendo el criterio contenido en los dictámenes N° 18.887 y 24.245, ambos de 2014, no existiendo antecedente alguno del que se desprenda que las acciones judiciales que el municipio decidió ejercer, afectarán el cumplimiento de los Oficios N° 16.958 de 2013 y 3038 de 2014, de este origen, no cabría sino concluir que deberán ser acatados. Al entender del recurrente, la decisión de la Contraloría, es ilegal y arbitraria y se encuentra fuera de los márgenes jurídicos, a los cuales dicho ente contralor puede acceder de acuerdo a sus facultades. Así, en opinión del recurrente, la Contraloría se está atribuyendo facultades jurisdiccionales propias de los tribunales de justicia, lo que le está vedado por su concepción y naturaleza jurídica y, además, por disposiciones expresas de su Ley Orgánica Constitucional N° 10.336, específicamente el Artículo 6o Inciso 3o parte final, en que señala que la Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce dicha Ley al Contralor. Así las cosas, estima el recurrente que con el actuar del organismo contralor mencionado, se está vulnerando el artículo 19 número 3, inciso 4 de la Constitución Política de la República y el artículo 7° de la misma. Asimismo, el Artículo 73 de la Carta Fundamental establece que la facultad privativa de los Tribunales de Justicia, para conocer y resolver las causas civiles y criminales, pertenece exclusivamente a ellos.

Agrega que los dictámenes impugnados, al resolver como lo hacen, constituyen actos administrativos que producen efectos jurídicos precisos, obligando a la Municipalidad, y no emitiendo solamente una opinión sobre el alcance o interpretación que debe darse a un precepto legal. “Que, en todo caso, la Contraloría General de la República en su actuación debe respetar la Constitución y la Ley y se encuentra sometida al principio de legalidad, correspondiendo a los tribunales de justicia verificar y ejercer el control jurisdiccional de sus actos a través de las acciones contencioso administrativas que se interpongan” (causa rol número 5984-2012, Excelentísima Corte Suprema, proceso caratulado “Municipalidad de Santiago, Macul, Providencia, La Granja y Asociación de Municipalidades con Contraloría General de la República”). Dice que una interpretación contraria pondría en contradicción la norma señalada del artículo sexto de la Ley Orgánica de la Contraloría con gran parte de las facultades que la misma Ley le entrega, lo que carecería de toda lógica y de la necesaria interpretación armónica de sus preceptos. (Excma. Corte Suprema causa Rol número 5984-2012). Por otro lado, dice que con su actitud el organismo contralor amenaza seriamente la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, cual es proteger, el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, agregando que con el actuar ilegal el organismo contralor, está disponiendo del patrimonio municipal.

Termina solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Contralora de la Región del Bio Bio, Gladys Briones Neira, por haber trasgredido las normas legales y constitucionales al dictar las Resoluciones N° 8973, 8975. 8977 y 8979, todas de 2 de junio de 2014, en las cuales se ordena al municipio recurrido pagar las prestaciones económicas a los profesores que se han mencionado, solicitando que se deje sin efecto dichas resoluciones, por ejercer en esos actos la Contraloría Regional del Bio Bio, actos jurisdiccionales, que invaden la esfera de competencia de los Tribunales de Justicia, y por haber sido dictada además en trasgresión al artículo 6 inciso 3 o de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 10.336. En subsidio, solicita que se acoja el presente recurso, además, por trasgredir dichas órdenes y resoluciones, el Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del la República.

A fojas 88 informa la recurrida pidiendo el rechazo del recurso por no haber incurrido en las conductas ilegales o arbitrarias que se le imputan. Señala, en síntesis, que la acción cautelar de autos ha sido deducida por la emisión de los Oficios números 8.973, 8.975, 8.977 y 8.979, todos de 2014, por los cuales, resolviendo las presentaciones realizadas por las profesionales de la educación señoras nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, ex funcionarías de esa entidad edilicia, señaló que se debe dar cumplimiento a los Oficios números 16.958, 17.016 y 17.038, todos de 2013, y 5, de 2014, los que, a su vez, concluyeron que las interesadas tienen derecho a percibir la indemnización por años de servicios a que alude el artículo 2o transitorio de la ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, ordenando el pago del citado beneficio, independientemente de las acciones judiciales que ese municipio haya decidido ejercer.

Relata que las personas recién mencionadas, quienes percibieron la bonificación por retiro voluntario dispuesta por el artículo 2o transitorio de la Ley N° 20.158, solicitaron a la recurrida que ordenara a la Municipalidad de Portezuelo el pago de la indemnización del artículo 2o transitorio de la ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, ya que no obstante haber requerido su pago a la entidad edilicia en su oportunidad, esta no había accedido a su petición.

Que las profesionales mencionadas hicieron presentaciones ante la recurrida, acompañando antecedentes que acreditaban que el 21 de octubre de 2008, requirieron la referida indemnización pecuniaria al municipio de Portezuelo, en razón de lo cual se emitieron los Oficios números16.958, 17.016, 17.038, todos de 2013 y N° 5, de 2014, que concluyeron que a las mencionadas docentes les asistía el derecho a percibir el beneficio demandado.

Enseguida, ante la negativa de esa entidad edilicia a ejecutar los referidos oficios, las afectadas solicitaron a la recurrida su cumplimiento, lo que devino en la emisión de los Oficios números 3.030, 3.036 y 3.038, todos de 2014, en los que, junto con confirmar la procedencia de la indemnización de que se trata, se recordó a la Municipalidad de Portezuelo la obligatoriedad de los dictámenes emanados del Organismo de Control.

Como ese municipio se negó a disponer el pago de la aludida indemnización, las afectadas pidieron nuevamente a la recurrida hacer efectivos los referidos pronunciamientos, indicando que sobre dicha materia el municipio ejercería acciones judiciales tendientes a evitar el cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría Regional del Bio Bio en el caso específico.

Así entonces, en virtud de estos últimos requerimientos de las interesadas, se emitieron los Oficios recurridos números 8.973, 8.975, 8.977 y 8.979, todos de 2 de junio de 2014, los que nuevamente concluyen, como se ha precisado anteriormente, que las ex funcionarias tienen derecho a percibir la indemnización por años de servicios a que alude el artículo 2o transitorio de la Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, ordenando el pago del citado beneficio, independientemente de las acciones judiciales que ese municipio haya decidido ejercer.

Añade que el recurrente dirige la acción cautelar en contra de los Oficios números 8.973, 8.975, 8.977 y 8.979, todos de 2 de junio de 2014, señalando que dichos documentos fueron notificados a esa entidad el día 16 de junio del presente año.

Sin embargo, cabe indicar que lo resuelto en los citados pronunciamientos, se dispuso por primera vez mediante los Oficios números 16.958, de 29 de octubre de 2013; 17.016 y 17.038, ambos de 30 de octubre de 2013, y N° 5, de 2 de enero de 2014, y reiterados por Oficios números 3.030; 3.036 y 3.038, todos de 14 de febrero del año en curso, por lo que las alegaciones que plantea el referido municipio debieron realizarse en su debida oportunidad, no después de transcurridos varios meses desde que tomó conocimiento del asunto de fondo, como acontece en la especie.

En este orden de ideas, se debe señalar que para analizar si el recurso de autos fue interpuesto dentro de plazo, debe considerarse la fecha en que el recurrente tomó conocimiento del hecho que lo afecta, esto es, en la situación en análisis, al menos desde que recibió una copia de los aludidos oficios números 16.958, 17.016 y 17.038, todos de 2013, y N° 5, de 2014, los que acogieron por primera vez los reclamos de las afectadas. Explica que el recurrente no puede alegar desconocimiento de los anteriores pronunciamientos, por cuanto respecto de cada una de las presentaciones formuladas por las ex funcionarías, se pidió informe a la Municipalidad de Portezuelo, antes de resolver la consulta. A mayor abundamiento, precisa que si se estimara que ha existido una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho garantizado por la Constitución Política, por un acto u omisión arbitrario o ilegal, este no derivaría de los oficios recurridos, sino de los aludidos Oficios números 16.958, 17.016 y 17.038, todos de 2013, y N° 5, de 2014, por lo que al haberse interpuesto el recurso de autos el 14 de julio del presente año, el plazo de treinta días establecido para tal efecto se encuentra vencido.

Asimismo y sin perjuicio de la extemporaneidad alegada, la recurrida alega la falta de legitimación activa del municipio recurrente, argumentando que como las municipalidades son servicios fiscalizados por Contraloría, ellas se encuentran en el deber de someter su actuación a las normas y jurisprudencia administrativa emanada de dicho órgano de control, lo que las priva de legitimación activa para interponer la acción de protección con el objeto de sustraerse del cumplimiento de los pronunciamientos del ente contralor, ya que a éste le corresponde ejercer el control de legalidad de los actos de los órganos de la Administración, de manera que cuando adolecen de alguna ilegalidad, debe manifestarlo mediante la emisión de pronunciamientos, los cuales son obligatorios para los servicios que la integran, carácter imperativo que encuentra su fundamento en los artículos 98 de la Constitución Política de la República y 1o, 5o, 6o, 9o, 16 y 19 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General.

Agrega la informante que esta situación ya ha sido ponderada y resuelta por la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago y por la Excma. Corte Suprema de Justicia, en fallos de 22 de enero de 1998 y 26 de febrero del mismo año, respectivamente, recaídos en el recurso de protección Rol N° 4856, de 1997, que interpusiera la Municipalidad de Cerro Navia en contra del organismo fiscalizador, recurrido, en el que se declaró, en su considerando octavo, que "...no puede aceptarse que un organismo o repartición sujeto a fiscalización de la Contraloría recurra de protección contra un dictamen de esta, que es obligatorio, pues ello desquiciaría todo el sistema de la Administración del Estado, afectándose la autonomía y las facultades del Organismo Contralor".

En el mismo sentido, la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago, mediante sentencia de 10 de mayo de 2010, recaída en la causa Rol N° 97, de 2010, acción interpuesta por la Municipalidad de La Florida en contra del ente contralor, en su considerando séptimo, señaló "Que, conforme a lo razonado, debe concluirse que el recurso de protección no puede ser utilizado para impugnar un dictamen de la Contraloría General de la República sobre materias respecto de las cuales tiene atribuciones exclusivas".

Agrega que también corresponde desestimar el presente recurso, habida cuenta que el recurrente impugna un pronunciamiento emanado de Contraloría en el cumplimiento de funciones que le son propias, lo que constituye una materia absolutamente ajena a la finalidad de la presente acción cautelar, pues ésta fue establecida como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz, frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos básicos, y que pretende el amparo o restablecimiento de un derecho constitucionalmente garantizado. En este sentido habría decidido la lltma. Corte de Apelaciones de Valdivia en el considerando 3o de la sentencia dictada en la causa Rol N° 174, de 2010, confirmada por la Excma. Corte Suprema de Justicia bajo el Rol N° 3.630 de ese mismo año, en orden a que “el ámbito de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental comprende solamente situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, por lo que no es posible pretender que se hagan declaraciones de derechos y obligaciones que para su adecuado reconocimiento deben ser objeto de una controversia de lato conocimiento”.

Precisa que no se advierte de qué manera los pronunciamientos contenidos en los oficios recurridos, puedan causar el perjuicio que el actor señala en su acción, ya que el Organismo de Control, se limitó a ejercer las atribuciones que le han sido asignadas por la Constitución y las leyes, pues el artículo 98 de la Carta Fundamental, encomienda a la Contraloría General de la República, como órgano autónomo, entre otras atribuciones, la de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades y de las demás entidades y servicios que determinen las leyes, y desempeñar las demás funciones que le otorga la ley N° 10.336, lo que también se encuentra reconocido explícitamente en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, específicamente en sus artículos 51 y 52.

Sobre este aspecto, hace presente lo expresado por la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de fecha 29 de abril de 2010, en causa Rol N° 1.189, de 2009, confirmado por la Excma. Corte Suprema en el proceso rol N° 3.592, de 2010, cuyo considerando 8o señala: “Que la finalidad del recurso de protección, como reiteradamente se ha expresado por la doctrina y jurisprudencia, es la de adoptar las medidas urgentes necesarias para proteger los derechos esenciales de las personas, afectados por una actuación anormal, ilegal o arbitraria de otro, restableciendo el imperio del derecho, y en ningún caso puede ser empleado para impugnar las funciones que el ordenamiento jurídico ha entregado a una determinada autoridad pública, legítimamente ejercidas por ésta, ni para discutir aspectos de interpretación jurídica”.

En cuanto al fondo de lo debatido, expresa que los oficios impugnados no implican ejercer facultades jurisdiccionales, ni intervenir en asuntos que por su naturaleza sean de carácter litigioso, sino que se limitan a ordenar el cumplimiento de lo resuelto oportunamente. Dice que la recurrente expone que no le habría correspondido a Contraloría pronunciarse acerca de la materia que se indica, atendido que a la fecha de emisión de los citados oficios números 8.973, 8.975, 8.977 y 8.979, todos de 2014, existían demandas pendientes ante el Juzgado de Letras de Quirihue, transgrediendo con ello lo señalado el artículo 6o de la ley N° 10.336. Sin embargo, los oficios impugnados se limitan a ordenar el cumplimiento de lo señalado con anterioridad en los oficios números 16.958, de 29 de octubre de 2013; 17.016 y 17.038, ambos de 30 de octubre de 2013; y N° 5, de 2 de enero de 2014, mediante los cuales se le ordenó a la autoridad alcaldicia pagar a las ex funcionarías ya individualizadas, la indemnización del artículo 2o transitorio de la ley N° 19.070, por concluirse que tenían derecho a ella. Posteriormente, a raíz de la disconformidad con el pronunciamiento jurídico que sobre el particular ha emitido este Órgano Contralor, el municipio recurrente interpuso, los días 17 y 19 de marzo de 2014, esto es, con posterioridad a los oficios señalados en el párrafo precedente, las demandas civiles que se indican en el libelo, para obtener que los tribunales ordinarios de justicia declaren la prescripción extintiva del derecho al beneficio en referencia. Agrega la informante que resulta útil señalar que Contraloría, entre otros, en los oficios N° 33.790, de 2000; 11.752, de 2003; y, 41.974, de 2013, ha manifestado que la sola existencia de acciones judiciales, de modo alguno enervan el ejercicio de las facultades del ente contralor, contempladas en los artículos 98 de la Constitución Política; 1o y 9o, ambos de la ley N° 10.336; 51 y 52, de la ley N° 18.695, toda vez que la prohibición del artículo 6o inciso tercero, de la anotada Ley N° 10.336, únicamente concierne a la atribución para emitir dictámenes en los asuntos o materias a que él se refiere, pero de ninguna manera le impide cumplir las restantes funciones y potestades que el ordenamiento jurídico le ha conferido, como ocurre con aquellas relativas a verificar el cumplimiento de lo ordenado por la propia recurrida.

En consecuencia, insiste en que en ningún caso puede sostenerse que la recurrida se haya arrogado atribuciones que son propias de los tribunales porque, por una parte, los pronunciamientos que originalmente reconocen el derecho a la indemnización reclamada por las interesadas se emitieron con anterioridad a las acciones judiciales interpuestas por ese municipio y, por otra, Contraloría se ha limitado a ejercer sus facultades de control de legalidad y vigilancia del cumplimiento de las normas reguladoras de los servicios públicos y desempeño funcionario.

Posteriormente la recurrida entra al análisis de las normas de prescripción previstas en el artículo 510 del Código del Trabajo, señalando, en síntesis, que dicha norma legal se aplica supletoriamente a los profesionales de la educación regidos por la ley N° 19.070, en virtud de lo dispuesto en su artículo 71, dado que esta no contempla disposiciones acerca de la prescripción de acciones y derechos de esos servidores. Luego entra en otras explicaciones que dicen relación con lo discutido en sede jurisdiccional, las que se dan por reproducidas.

Finalmente señala que sin perjuicio que los actos impugnados no son arbitrarios ni ilegales, tampoco se vulneraron las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, por lo que el presente recurso de protección debe ser rechazado.

A fojas 111 informa Gorky Díaz Medina, abogado, en representación de nombre reservado, quien expresa, en síntesis, que por mandato constitucional ( artículo 98) a la Contraloría le corresponde ejercer el control de legalidad de los actos de los órganos de administración y en la medida que constata que un acto adolece de alguna ilegalidad, lo manifiesta por la vía de un pronunciamiento, los cuales son obligatorios para el servicio que lo integra, cuyo es el caso de la I. Municipalidad recurrente. Este carácter imperativo se fundamenta en los artículos 1o, 5o, 6o, 9o, 16 y 19 de la Ley 10.336 sobre Atribuciones de la Contraloría General.

También alega la extemporaneidad del presente recurso, fundado en los mismos argumentos señalados en su informe por la Contraloría Regional del Bio Bio; sin perjuicio de ello, alega que ésta actuó en el marco de sus atribuciones, basándose también en las alegaciones efectuadas por el ente contralor.

A fojas 164 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio;

2°) Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, planteada por la recurrida, ésta debe ser rechazada, por cuanto lo recurrido son los últimos oficios remitidos a las profesionales de la educación ya mencionadas (Oficios números 8.973, 8.975, 8.977 y 8.979, todos de 2 de junio de 2014), pues éstos son las que ordenan al cumplimiento efectivo de lo señalado en los oficios anteriores (Oficios números 16.958, de 29 de octubre de 2013; 17.016 y 17.038, ambos de 30 de octubre de 2013, y N° 5, de 2 de enero de 2014, y reiterados por Oficios números 3.030; 3.036 y 3.038, todos de 14 de febrero del año en curso), que fueron los que establecían la procedencia del pago solicitado.

3º) Que la naturaleza propia de la acción recién aludida y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a la existencia, declaración o extinción de derechos o, en este caso, procedencia del pago de indemnizaciones de carácter laboral, que es, en el fondo, la situación de la especie, materias todas propias de un juicio de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de probanzas rendidas por las partes, más aún cuando la subsistencia del derecho reclamado, se encuentra actualmente discutido en sede jurisdiccional (fotocopias de expedientes del Juzgado de Letras de Quirihue tenidos a la vista) pretendiéndose por la aquí recurrida, la prescripción de los derechos que supuestamente tendrían las profesionales de la educación ya individualizadas;

4°) Que por lo ya expuesto y dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha establecido que su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso y en los hechos sobre los cuales se invocan no son controvertidos con fundamentos plausibles. Por consiguiente, este recurso no ha sido creado por el constituyente como medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, rendir sus pruebas y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare que tiene la razón y el derecho que reclama;

5°) Que a la luz de lo reflexionado precedentemente, la protección constitucional se erige como una acción cuyo objeto es poner urgente remedio a la vulneración actual o potencial de un derecho fundamental. Este carácter quedó establecido en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, cuyo presidente, don nombre reservado, expresaba “(el recurso)” Es un procedimiento de emergencia, por decirlo así, que tiene por objeto lisa y llanamente, mientras se discute ante la justicia ordinaria en forma lata el problema planteado, restablecer el imperio del derecho que ha sido afectado”, y continuaba señalando: (el recurso) “permite la solución rápida, eficaz, de un atropello que se está produciendo y que afecta el ejercicio de una de esas libertades, garantías y derechos constitucionales” (Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión N° 214);

6°) Que atendido lo reflexionado en los dos motivos precedentes, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas y, por lo mismo, a la ponderación de los documentos acompañados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida.

II.- Que se rechaza, sin costas, el interpuesto a fojas 78 de estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

No firma la Ministra Suplente Sra. Silvia Mutizábal Mabán, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado su suplencia.

Rol Nº 2.752-2014.- Recurso de Protección.

Sr. nombre reservado

Sra. nombre reservado por los Ministros de la QUINTA SALA Sr. Claudio Gutiérrez Garrido, Sra. nombre reservado y Suplente Sra. Silvia Mutizábal Mabán.

nombre reservado

Secretario Subrogante En Concepción a quince de octubre de dos mil catorce, notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente.

nombre reservado

Secretario Subrogante