nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

C.A. de Concepción bpv Concepción, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece representada por el abogado Álvaro Fuscher Troncoso, doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Chiguayante.

Denuncia como ilegal y arbitrario el hecho de haber sido despedida por el municipio mientras se encontraba bajo licencia médica y la negativa a dar cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría Regional del Biobío que, por dictamen N° E162149, de 25 de septiembre de 2025, ordenó su inmediata reincorporación y el pago de sueldos adeudados, determinación ratificada en dictamen N° E127739/2025, por el que el Contralor rechazó la reposición intentada por la recurrida.

Señala que la recurrente comenzó a trabajar en el Cementerio de Chiguayante el 19 de enero de 2019, bajo el régimen del Código del Trabajo. El 25 de julio de 2025, y mientras la trabajadora se encontraba con licencia médica que abarcaba desde el 18 al 25 de julio de 2025, la municipalidad la despidió argumentando “necesidades de la empresa” (artículo 161 del Código del Trabajo).

Al considerar el despido injustificado por estar con fuero médico, la recurrente reclamó ante la Contraloría General de la República, ente que resolvió en su favor en Dictamen E162149/2025, de 25 de septiembre de 2025, determinando que el despido no se ajustó a derecho y ordenando a la municipalidad reincorporar a la trabajadora y pagarle las remuneraciones por el tiempo que estuvo separada de sus funciones. La municipalidad recurrida presentó un recurso de reposición para dejar sin efecto esta orden, el que fue rechazado por la Contraloría por Dictamen N° E127739/2025, de 26 de noviembre de 2025, confirmando que la notificación del despido ocurrió durante el reposo médico.

Añade que a pesar de los dictámenes favorables y de que la recurrente solicitó insistentemente en diciembre de 2025 que se le indicara cuándo debía retomar sus funciones, la municipalidad no la reintegró. El 20 de enero de 2026, la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio le informó formalmente que no harían efectiva su reincorporación hasta obtener una nueva respuesta de la Contraloría, alegando que habían enviado una nueva solicitud de pronunciamiento jurídico para aclarar “determinados aspectos” previos a la ejecución.

Estima la recurrente que la respuesta del municipio es una mera táctica dilatoria ilegal, un intento de obtener una “tercera revisión” no contemplada en la ley, pretendiendo actuar como un “organismo autónomo y autotutelante” que se niega a acatar una orden obligatoria, desconociendo la fuerza vinculante de las resoluciones de la Contraloría para los funcionarios públicos y la Administración del Estado y las responsabilidades que acarrea desacatarlas, conducta que demuestra un actuar arbitrario e ilegal por parte de la municipalidad.

Denuncia conculcados los derechos garantizados en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, a la integridad física y psíquica, por el menoscabo y el daño psicológico incalculable causado a la actora por la omisión injusta y la privación de su sueldo desde julio de 2025; el de igualdad ante la ley, al ser tratada de forma desigual al no respetarse la ley de su contrato ni resoluciones administrativas obligatorias, y el de propiedad, al ser privada arbitrariamente de su empleo y de sus remuneraciones, bonos y emolumentos que estima en un total de $18.048.940 a la fecha de la acción.

Pide que se acoja este recurso de protección, con costas, declarándose como ilegal y arbitraria la omisión de la Municipalidad de Chiguayante de no reincorporarla, como asimismo el no pago íntegro de sus remuneraciones, cotizaciones y bonos desde el 25 de julio de 2025 hasta la fecha, y que se ordene su reintegro inmediato a sus funciones en el Cementerio Municipal, dentro de un plazo de tres días una vez ejecutoriada la sentencia.

Informó la Municipalidad de Chiguayante, por medio del abogado Pablo Aros Rojas, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por ser extemporáneo, por no ser la vía idónea para reclamar sobre este asunto, por falta de certeza del acto, por carecer la recurrente de un derecho indubitado y por no existir omisión ilegal ni arbitraria.

Dice que es extemporáneo el recurso, pues fue ingresado recién el 19 de febrero de 2026, en circunstancias que la supuesta “omisión” de no reintegrarla, y que da pábulo a este arbitrio constitucional, debería computarse desde que la Contraloría falló a su favor, en septiembre de 2025, o desde que el ente rechazó la reposición del municipio, en noviembre de 2025, por lo que a la fecha de deducir esta acción en febrero pasado, el plazo está ampliamente vencido. Sostiene que yerra la trabajadora al contar el plazo desde un correo electrónico del 20 de enero de 2026.

Añade que el recurso de protección no es una “acción contenciosa administrativa general” para impugnar decisiones u omisiones municipales, pues existe una vía especial establecida en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, conocida como el “Reclamo de Ilegalidad Municipal”. Al existir esta vía específica, esta prevalece y debe preferirse por sobre el recurso de protección.

En tercer lugar, argumenta que no hay claridad sobre qué acto específico se está recurriendo. No se entiende si la queja es contra el correo electrónico del 20 de enero o contra la omisión de reincorporación, lo que desvirtúa la naturaleza clara y urgente del recurso.

Argumenta también que la trabajadora no tiene un derecho indubitado (cierto e indiscutible) a favor. Califica como un “yerro superlativo” y “absurdo” que la recurrente alegue un “derecho de propiedad” sobre su cargo o contrato laboral, recordando que nadie es “dueño” de un cargo público, el cual no es susceptible de apropiación patrimonial.

Después se refiere al contexto fáctico en que ocurrió el despido que la actora pretende revertir y que justificaría, en concepto del informante, la determinación de la municipalidad. El despido ocurrió antes de la licencia médica: La carta de despido por “necesidades de la empresa”, en aplicación al 161 del Código del Trabajo, fue recibida y despachada por Correos de Chile el 18 de julio de 2025 a las 11:17 horas. La trabajadora presentó ese mismo día una licencia médica emitida recién a las 12:42 horas, con inicio el día 21, y otra a las 16:11 horas, con inicio el mismo día 18). Por lo tanto, el municipio actuó legalmente, porque la notificación ocurrió cuando ella no estaba con licencia. Añade que la trabajadora en el fondo realizó maniobras intencionales con el fin de anular licencias para hacer coincidir las fechas. Además, la actora firmó su finiquito y se le pagó lo adeudado.

Asimismo, el informante alega la incompetencia de la Contraloría para pronunciarse sobre la determinación del municipio, desconociendo que la relación de la trabajadora del Cementerio Municipal se rige por el Código del Trabajo. Por lo tanto, la Contraloría carece de competencia para pronunciarse sobre materias de índole netamente laboral, como fue advertido por el municipio en su momento, cuando dio cuenta de la existencia de un juicio laboral paralelo. En efecto, el 7 de octubre de 2025, la trabajadora interpuso paralelamente una demanda de tutela en el Juzgado del Trabajo de Concepción, RIT T-1184-2025. Al haberse judicializado el asunto, el municipio solicitó a la Contraloría que se abstuviera de seguir revisando el caso por ley. El 17 de marzo de 2026, la Contraloría Regional del Biobío acogió esta petición y resolvió oficialmente abstenerse de conocer el reclamo, por medio del Oficio N°OF52058/2026, a la espera de lo que resuelva el juicio laboral y de una respuesta técnica jurídica pendiente que el municipio había ingresado.

Finalmente, dice el informante que no existe ninguna “omisión ilegal y arbitraria” de parte del municipio. Siempre ha actuado dentro del principio de legalidad (juridicidad) y de sus competencias. El hecho de no haber reincorporado a la trabajadora no es un desacato autotutelante, sino el acatamiento de una situación jurídica en suspenso mientras se resuelve el juicio laboral paralelo y regía la petición de abstención por parte del órgano contralor.

Por todo lo anterior, pide rechazar la acción constitucional en todas sus partes, con expresa condena en costas para la recurrente.

A requerimiento de esta Corte, amplió informe, donde reconoce expresamente la existencia de los oficios emanados por la Contraloría Regional del Biobío: el Oficio N° 162149, de 25 de septiembre de 2025, que acogió el reclamo de la trabajadora y ordenó su reincorporación, y el Oficio N° E202167, de 26 de noviembre de 2025, que rechazó la reposición intentada por la municipalidad). Sin embargo, el informante realiza una precisión respecto a la naturaleza de estos documentos. Argumenta que la trabajadora se equivoca al acusar el incumplimiento de “dictámenes”, ya que, según la propia normativa del ente fiscalizador (Resolución N° 1.002 de 2011 y Dictamen N° 68.392 de 2012), la jurisprudencia administrativa recae únicamente en los pronunciamientos firmados por el Contralor General o funcionarios autorizados de la Sede Central. En cambio, los documentos emitidos por las sedes regionales son simplemente “oficios” que aplican criterios previos. Esta distinción es utilizada por el municipio para justificar por qué decidieron elevar una solicitud de pronunciamiento jurídico mayor.

Relativamente a la efectividad de la no reincorporación de la actora a sus funciones, la Municipalidad confirma que no la ha reincorporado y esgrime como razones para mantener en suspenso la reincorporación las circunstancias de estar pendiente una solicitud de un informe aclaratorio, la judicialización paralela del caso y la abstención oficial de la Contraloría.

En efecto, dice, tras los fallos desfavorables, el municipio envió el Ord. N° 640 de 2025 a la Contraloría pidiendo un informe en derecho que indicara cómo proceder exactamente, considerando las particularidades del caso. Como no han recibido respuesta a esta consulta, afirma que las reclamaciones “no se encuentran firmes”.

Asimismo, la propia trabajadora interpuso una demanda en el Juzgado del Trabajo de Concepción, los autos RIT T-1184-2025. Mientras no exista una resolución en ese proceso judicial, reinstalar a la trabajadora genera al municipio una “legítima interrogante” sobre cuál es el proceso correcto apegado a derecho, existiendo el riesgo de generar nuevas acciones judiciales si actúan apresuradamente.

Además, y como tercer factor, argumenta que el municipio solicitó a la Contraloría, mediante Ord. N° 625 de 2025, que dejara de conocer el asunto debido a la existencia del juicio laboral, solicitud que fue acogida formalmente el 17 de marzo de 2026 mediante el Oficio N° OF52058, donde la Contraloría Regional del Biobío decidió abstenerse de seguir conociendo nuevas reclamaciones y de pedir cuenta del supuesto incumplimiento municipal. La abstención se fundamenta en el artículo 6 inciso tercero de la Ley N° 10.336, que prohíbe a la Contraloría intervenir en asuntos sometidos a conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Informó la Contraloría Regional del Biobío, por medio del Contralor Regional Víctor Henríquez González, quien hace un recuento cronológico oficial de su intervención en el caso, confirmando punto por punto los fallos previos que favorecieron a la trabajadora:

El primer oficio fue el N° E162149/2025, que confirma que la trabajadora reclamó el término de su relación laboral (artículo 161 del Código del Trabajo) por encontrarse con licencia médica. La Contraloría concluyó que el actuar del municipio no se ajustó a derecho y no produjo efectos válidos, ordenando expresamente a la Municipalidad de Chiguayante reincorporar a la trabajadora y pagarle las remuneraciones por el tiempo que estuvo indebidamente separada de sus funciones, considerando esto un impedimento por “fuerza mayor” no imputable a ella.

Contra lo resuelto, el municipio interpuso un recurso de reposición, pero la Contraloría lo desestimó mediante Oficio N° E202167/2025, corroborando que la carta de despido fue recepcionada por la trabajadora el 21 de julio, momento en que sí hacía uso de licencias médicas, reafirmando que no se aportaron nuevos antecedentes para alterar la orden original de reincorporación.

Tras estos dictámenes, ambas partes acudieron nuevamente al ente fiscalizador con intereses contrapuestos. Por un lado, la trabajadora nombre reservado solicitó a la Contraloría que se pronunciara exigiendo el cumplimiento de la orden de reincorporación contenida en el Oficio N° E202167/2025. Por otro lado, la Municipalidad de Chiguayante solicitó la abstención de la Contraloría, argumentando que la trabajadora había judicializado el tema al presentar una medida prejudicial en el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, causa RIT T-1184-2025. Además, el municipio pidió instrucciones formales sobre cómo proceder, argumentando que, si se aceptaba la abstención, la trabajadora no podría retomar sus funciones hasta que terminara el litigio laboral.

Explica el Contralor informante que el ente, mediante el Oficio N° OF52058/2026, resolvió abstenerse de emitir los pronunciamientos solicitados por ambas partes, tanto la exigencia de cumplimiento de la actora como las consultas del municipio, fincado en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336. Sin embargo, aclara que el motivo principal de apartarse en esta etapa es que todas las solicitudes de las partes inciden en el cumplimiento de los oficios de reincorporación (números E162149 y E202167), situación que es, precisamente, el objeto de este recurso de protección.

A folio 15 se trajo a la vista la causa rol T-1184-2025 del ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. Consta en esta causa que la demandante (recurrente en estos autos), solicitó exhibir los siguientes documentos: a) Plan de reestructuración interna del Cementerio, afinado y sancionado por Decreto Alcaldicio anterior a la fecha de mi desvinculación; b) Nómina de desvinculados en el Cementerio de Chiguayante 2025, por la I. Municipalidad de Chiguayante; c) Liquidación de remuneraciones de los últimos 6 meses, respecto de la compareciente; d) Comprobante de pagos de cotizaciones previsionales de la suscrita, al momento de la suscripción del finiquito; e) Finiquito original, con la suscripción de las rúbricas respectivas y la reserva de derecho; f) Copia del Reglamento Interno de Orden. Higiene y Seguridad, actualizado con las disposiciones de la ley Karin. La acción que anunció intentará en lo sucesivo, es una denuncia de tutela laboral por discriminación política, afectación a su integridad psíquica, dignidad, dado que no consta que se haya dispuesto la signada medida expulsiva en contra de funcionarios que incurrieron en la misma causal que ella, lo que funda el carácter de afectación a la igualdad ante la Ley.

El 7 de noviembre de 2025, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción tuvo por cumplida la exhibición, ordenando poner en conocimiento a la solicitante, quien dispondrá del plazo de 3 días para formular alegaciones. Transcurrido ese plazo se tendrá por cumplida la diligencia y se ordenará el archivo de los antecedentes.

No consta que se haya presentado otro escrito con posterioridad.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

2.- En lo que respecta a la alegación de extemporaneidad, atendido que el acto recurrido es la omisión de la Municipalidad de reincorporar a la recurrente a sus funciones y pagar sus remuneraciones, desde que así lo ordenó la Contraloría Regional, sigue produciendo efectos en tanto no cumpla con lo ordenado, corresponde rechazar dicha alegación previa. En todo caso, por oficio de 20 de enero de 2026, la Municipalidad reiteró su voluntad de no cumplir con lo ordenado.

3.- Con el mérito de los documentos aportados por las partes, es factible dar por acreditados los siguientes hechos:

a).- Que la recurrente, nombre reservado, se desempeñaba como trabajadora en el Cementerio de Chiguayante, vínculo regido por el Código del Trabajo.

b).- Que, con fecha 18 de julio de 2025, fue despedida por la Municipalidad empleadora aduciendo la causal de necesidades de la empresa, en circunstancias que la trabajadora se encontraba con licencia médica.

c).- En reclamo formulado por la recurrente ante la Contraloría Regional, dicho órgano dispuso su reincorporación y el pago de las remuneraciones adeudadas. Luego, planteada reposición por el municipio, tal recurso fue desestimado por decisión de 26 de noviembre de 2025.

d).- Con fecha 7 de octubre de 2025 la recurrente inició por medida prejudicial probatoria acción de tutela laboral ante el Juzgado del Trabajo de Concepción, rit T-1184-2025, judicialización del conflicto que generó la abstención de Contraloría de emitir nuevos pronunciamientos.

4.- Bajo ese escenario fáctico, resulta indiscutido que el despido de la recurrente se efectuó ilegalmente, ya que a la época de su adopción y comunicación ella se encontraba con licencia médica.

En consecuencia, la municipalidad recurrida debió reincorporar a la recurrente y no lo hizo, sin tener fundamentos atendibles para ello. Incluso, sus alegaciones relativas a las dudas acerca de la forma de proceder con el pago de las remuneraciones por el tiempo de separación no son obstáculo para la debida reincorporación.

5.- La omisión ilegal y arbitraria aludida ha vulnerado los derechos de la recurrente contenidos en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, su integridad psíquica y patrimonio, por lo que se acogerá la acción, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I.- Que se rechaza, sin costas, la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Chiguayante, sólo en cuanto se ordena a ésta la reincorporación inmediata de la recurrente a sus funciones en el Cementerio local.

Regístrese, notifíquese, comuníquese una vez que este fallo quede firme y en su oportunidad archívese.

Redacción del ministro titular Rodrigo Alberto Cerda San Martín.

N° Protección-2626-2026.