nombre reservado con FISCALÍA REGIONAL DEL BIOBÍO Y FSCALÍA LOCAL DE LOS ÁNGELES

Concepción, veintiocho de junio de dos mil veintidós VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, RUT RUT reservado, abogado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, y en representación de nombre reservado, chileno, casado, agricultor, cédula nacional de identidad número cuatro millones trescientos setenta mil novecientos cincuenta y cinco guion cero, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, agricultora, soltera, cédula nacional de identidad número once millones diecisiete mil trescientos setenta y ocho guion cuatro, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, agricultora, cédula nacional de identidad número diez millones seiscientos nueve mil setecientos ochenta y siete guion nueve, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula nacional de identidad número dos millones ciento nueve mil seiscientos noventa y nueve guion siete, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, viudo, pensionado, cédula nacional de identidad número seis millones ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y ocho guion seis, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, agricultor, cédula nacional de identidad número siete millones seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco guion nueve, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, labores de casa, cédula nacional de identidad número cinco millones novecientos treinta y cuatro mil doscientos quince guion cero, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad número siete millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos cuarenta y nueve guion cinco, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, viuda, labores de casa, cédula nacional de identidad número seis millones trescientos veinticuatro mil quinientos sesenta y seis guion seis, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, agricultor, cédula nacional de identidad número once millones cuatrocientos cuarenta mil trescientos catorce guion ocho, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, agricultor, cédula nacional de identidad número seis millones seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos quince guion tres, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula nacional de identidad número once millones trescientos un mil seiscientos ochenta y ocho guion cuatro, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, agricultora, cédula nacional de identidad número trece millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos veintisiete guion dos, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, agricultor, soltero, cédula nacional de identidad número siete millones trescientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y dos guion K, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, dueña de casa, cédula nacional de identidad número doce millones ciento ochenta y nueve mil doscientos seis guion cinco, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, labores de casa, cédula nacional de identidad número once millones noventa y seis mil trescientos cincuenta y nueve guion nueve, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, labores de casa, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuatro guion seis, domiciliada en domicilio reservado, Pasaje nombre reservado número mil trescientos veintidós, Comuna de Nacimiento; nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula nacional de identidad número siete millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro guión ocho, domiciliado en domicilio reservado, casa ciento seis, La Rinconada San José de Dollinco, Comuna de Nacimiento; nombre reservado, chilena, casada, dueña de casa, cédula nacional de identidad número once millones quinientos ochenta y un mil ciento veinticuatro guion K, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, soldador, cédula nacional de identidad número trece millones ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos diecinueve guion tres, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, empleado, cédula nacional de identidad número siete millones doscientos treinta y tres mil cinco guion seis, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, labores de casa, cédula nacional de identidad número siete millones quinientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y nueve guion cero, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, labores de casa, cédula nacional de identidad número doce millones trescientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y dos guión ocho, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, viuda, labores de casa, cédula nacional de identidad número cinco millones seiscientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis guion uno, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula nacional de identidad número ocho millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y siete guion cuatro, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, labores de casa, cédula nacional de identidad número catorce millones cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos cuatro guion tres, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, viuda, labores de casa, cédula nacional de identidad número cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y uno guion cero, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula nacional de identidad número nueve millones sesenta mil novecientos cuatro guion uno, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, divorciado, agricultor, cédula nacional de identidad número once millones doscientos noventa y cinco mil setecientos cincuenta y siete guion K, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, contratista, cédula nacional de identidad número siete millones veinte mil seiscientos catorce guion cinco, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, guardia de seguridad, cédula nacional de identidad número diez millones quinientos siete mil setecientos veinte guion tres, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, labores de hogar, cédula nacional de identidad número once millones ciento ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco guion siete, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula nacional de identidad número nueve millones doscientos cuarenta mil quinientos noventa y siete guion cuatro, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, temporero, cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve guion dos, domiciliado en domicilio reservado, número doscientos nueve, sector Millapoa, Comuna de Nacimiento; nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula nacional de identidad número, ocho millones cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos veinticuatro guion cinco, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, técnico mecánico, cédula nacional de identidad número nueve millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos guion siete, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, agricultora, cédula nacional de identidad número nueve millones doscientos sesenta y un mil ciento noventa y dos guion dos, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, viuda, pensionada, cédula nacional de identidad número cuatro millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos cuatro guion tres, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, labores de casa, cédula nacional de identidad número once millones noventa y seis mil trescientos treinta y cuatro guion tres, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, pensionada, cédula nacional de identidad número seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa y cinco guión cuatro, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, comerciante, cédula nacional de identidad número diez millones cincuenta y cinco mil quinientos noventa y cinco guion seis, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, casado, contador auditor, cédula nacional de identidad número seis millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y dos, guion cero, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, viudo, pensionado, cédula nacional de identidad número siete millones ciento cincuenta y nueve mil seis guion dos, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula nacional de identidad número trece millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y uno guion uno, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, orientador familiar, cédula nacional de identidad número once millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres guion ocho, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, soltera, labores de casa, cédula nacional de identidad número nueve millones doscientos ochenta y dos mil quinientos diez guion ocho, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, casada, labores de casa, cédula nacional de identidad número once millones setecientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro guion cinco, domiciliada en domicilio reservado, lado Escuela Coigüe, Comuna de Negrete; nombre reservado, chileno, casado, montaje industrial, cédula nacional de identidad número trece millones seiscientos veintiséis mil seiscientos noventa guion K, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, soltero, comerciante, cédula nacional de identidad número once millones setecientos setenta y nueve mil cuarenta guion uno, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, chileno, divorciado, instructor, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, chilena, soltera, secretaria, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, domiciliado en Millapoa, La Rinconada, Nacimiento; don nombre reservado, chileno, soltero, obrero, domiciliado en domicilio reservado y doña nombre reservado, chilena, casada, contador, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, don nombre reservado, faenero y bombero, domiciliado en domicilio reservado, don nombre reservado, caldero y bombero, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, técnico en automatización y bombero, domiciliado en domicilio reservado y don nombre reservado, mecánico de maquinaria pesada y bombero, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Fiscalía Local de Los Ángeles y la Fiscalía Regional del Biobio, por grave vulneración de las garantías constitucionales establecidas en el Artículo 19 Número 2, 19 Número 3 inciso 4, 19 Número 8, y 19 Número 24 todos de la Constitución Política de la República.

Indica que con fecha 14 de febrero de 2019, se produjo en la comuna de Nacimiento un incendio forestal que duró 7 días y consumió casi 3 mil hectáreas, abarcó un largo de casi 8 kilómetros y un ancho de casi 2 kilómetros. En este mega incendio los recurrentes perdieron sus casas completas, bodegas, galpones, herramientas de trabajo, forraje, sistemas de agua y riegos, plantaciones forestales y agrícolas, cierres, cercos, corrales, animales domésticos y ganado, criaderos de abejas, el trabajo y esfuerzo de toda una vida fue totalmente consumido por el fuego.

Señala que el devastador incendio se produjo por corte de cable eléctrico de FRONTEL, GRUPO SAESA, por caída de rama de árbol, ante la falta de mantenimiento de la faja de seguridad (espacio físico que debe estar libre de vegetación conforme a la normativa eléctrica) del tendido eléctrico.

Añade que en su carácter de abogada vecina del sector presentó denuncia y posteriormente querella por sí y en representación de todos los vecinos afectados, salvo Forestal Mininco, en contra del gerente general del GRUPO SAESA, don nombre reservado, por el delito del artículo 22 ter de la Ley de Bosques.

Realiza un extenso resumen de los antecedentes que obran en la carpeta investigativa.

Luego detalla cuales son los hechos que motivan el recurso refiriendo que la investigación del citado incendio lleva más de tres años, periodo en el que además parte de las mismas víctimas fueron nuevamente afectadas por un segundo incendio, por la misma causa, en el mismo lugar, atendido el actuar doloso de FRONTEL, GRUPO SAESA, de no hacer las limpiezas de fajas, que por ley están obligados a hacer y que no solo provocaron estos dos incendios, sino 5 incendios más solo en la Comuna de Nacimiento y 560 incendios en los últimos cinco años, a nivel general, en donde SAESA tiene concesión del servicio eléctrico, esto conforme a los peritajes que, de oficio, realiza el Departamento de Incendios de CONAF.

Arguye que el fiscal a cargo de la causa les informó en marzo del año 2021 que iba a formalizar y solicitó a la recurrente una serie de antecedentes. Que una vez acompañados los antecedentes, FONTEL dedujo querella en contra de CONAF por falsificación de instrumento público. Que en dicho contexto se solicitó al fiscal una reconstitución de escena, diligencia que fue negada. Agrega que en octubre de 2021 el fiscal le habría indicado que no se sentía capacitado para ir a juicio, que la causa debía ser vista por la fiscalía de alta complejidad. Que le habría mostrado el correo electrónico mediante el cual pidió cambio de fiscal, y que luego de eso, la causa estuvo meses sin movimiento. Que desde entonces el fiscal niega sin causa alguna las audiencias, no responde solicitudes de investigación, no responde por escrito cuales son las diligencias pendientes. Adiciona que “lo más grave, y que motiva derechamente la interposición del recurso es que, los testigos, que han solicitados por esta parte, por la contraria y por el propio fiscal, se encuentran en riesgo de muerte y con graves complicaciones de salud, y negó la solicitud de prueba anticipada con fecha 5 de abril de 2022. En un trato absolutamente desigual frente a FRONTEL, a quienes mantiene absolutamente informados de todo y acepta todo tipo de diligencias, por dilatorias que estas sean.

Fundamenta que el artículo 83 de la Constitución señala que “al Ministerio Público le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos” y que además el Ministerio Público se encuentra obligado a garantizar conforme a la ley la vigencia de los derechos de las víctimas durante el procedimiento. En esa misma dirección cita los artículos 6 y 78 del Código Procesal Penal.

Sostiene que se han vulnerado las garantías constitucionales del Artículo Número 2 de la Constitución en tanto “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, la del Artículo 19 Número 3 inciso 4 en cuanto “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho”, la del Artículo 19 Número 8, “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y la del Artículo 19 Número 24, “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio…”

Finaliza indicando que el Ministerio Público ha tenido un trato arbitrariamente desigual entre FRONTEL y las víctimas del incendio. Y solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Fiscalía Regional del Bio Bio representada por su fiscal regional doña Marcela Cartagena Ramos y contra la Fiscalía Local de Los Ángeles, representada por su fiscal jefe doña María Gemita Rojas Ravanal, acogerlo y que se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos de las víctimas, especialmente el de tomar declaración anticipada ante el juzgado competente a las víctimas/testigos con inminente riesgo de muerte.

Informa doña nombre reservado, fiscal regional del Bio Bio quien señala en primer término que efectivamente existe en la Fiscalía Local de Los Ángeles la investigación RUC 1910029821-2, iniciada el año 2019 por el delito de Incendio de Bosques, a cargo del sr. Fiscal Adjunto de esa ciudad Rodrigo García Maldonado. Investigación que además se encuentra judicializada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Nacimiento bajo el RIT 225-2019, sin que este formalizada. En dicha investigación la abogado recurrente ostenta la calidad de abogado querellante por el delito previsto y contemplado en el artículo 22 ter del decreto Nº 4363 (Ley de Bosques), en contra de nombre reservado, gerente general de la Sociedad Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (FRONTEL), del grupo SAESA, como también en contra de todos quienes resulten responsables durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, existe otra querella criminal, por los delitos de daños e incendio, previstos y sancionado, respectivamente, en los artículos 484, 476, 477 y 481 del Código Penal y/o en el artículo 22 ter de la Ley de Bosques (sic) y su ampliación por los delitos de falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso y obstrucción a la investigación interpuesta por la referida Sociedad Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.

Añade que se han realizado un sinnúmero de diligencias y que la controversia de autos estaría dada por el hecho que el fiscal a cargo aún no haya decidido formalizar la investigación y no haya dado lugar a una diligencia de recepción de prueba anticipada que supone, normativamente, la formalización previa. La ausencia de formalización adiciona, no lo ha sido por razones arbitrarias o ilegales, sino que por la naturaleza de los hechos denunciados y la realidad y materialidad de la pesquisa. Trae a colación, además, que en el caso concreto no se está frente a alguno de aquellos delitos en que es posible atribuir responsabilidad delictual a las personas jurídicas de acuerdo con lo dispuesto en le ley nº 20.393.

En cuanto a la solicitud de la recurrente, respecto que se practique por parte del Ministerio Público una diligencia de prueba anticipada respecto de algunos testigos frente al juez de garantía, sostiene que conforme al artículo 230 inciso 2º del Código Procesal Penal, cuando el fiscal debiere requerir la intervención judicial para la recepción anticipada de prueba, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiere realizado previamente. Luego, la diligencia solicitada exige, de manera previa y por expreso mandato del legislador, la formalización de la investigación. La formalización de la investigación agrega, es una atribución de los fiscales del Ministerio Público por mandato constitucional y legal. Conforme al artículo 230 del Código Procesal Penal, el fiscal podrá formalizar la investigación cuando considere oportuno, la ley lo faculta expresamente para decidir el momento oportuno. Destaca, además, que la formalización no solo tiene un límite en la oportunidad y necesidad procesales, sino además en la arbitrariedad del modo que lo regula el inciso 3º del artículo 232 del mismo cuerpo legal. Finaliza indicando que el propio ordenamiento procesal penal contempla un mecanismo de control judicial anterior a la formalización contenido en el artículo 186 del código del ramo.

Respecto de la actuación de la propia Fiscal Regional en la tramitación de la investigación RUC 1910029821-2, sostiene que dice relación con la resolución de una reclamación formulada por la recurrente, con fecha 21 de enero de 2022, en contra del Fiscal Adjunto Sr. Rodrigo García Maldonado, que, en síntesis se fundamentaba en a) excesivo tiempo de investigación; b) Que el persecutor informó a las víctimas que formalizaría la investigación en marzo del año 2021, sin que ello haya ocurrido y negativa a sostener entrevista por videoconferencia con estas; c) Haber informado la existencia de diligencias pendientes, que a juicio de la recurrente o están cumplidas o resultan inconducentes al esclarecimiento de los hechos y que han obstado a la formalización de la investigación; y d) Que no se haya decidido agrupar la investigación a otras de similares características. Solicita, concretamente, que la Fiscal Regional intervenga en la cuas y ordene formalizar la investigación en contra de nombre reservado, gerente general de FRONTEL y Grupo SAESA y la agrupación del caso a otros, nombrando a nuevo fiscal.

Informa que a la reclamación se dio respuesta a través de oficio FR Nº 146-2022 de fecha 04 de febrero de 2022, en la que resolvió no hacer lugar a la misma fundado en tres razones que detalla en su informe.

Agrega que la abogada recurrente concurrió nuevamente con fecha 17 de marzo de 2022 a estampar una nueva reclamación, ahora verbal, reiterando la solicitud de cambio de Fiscal a cargo. En la oportunidad se le atendió en persona por abogado asesor, quien transmitió a la Fiscal Regional los antecedentes y petición y respecto de la cual se le comunico la decisión de no hacer lugar a la petición de entrevista tanto como al cambio de Fiscal Adjunto.

Concluye indicando que no existe ningún acto arbitrario o ilegal en que haya incurrido la Fiscal Regional que informa, solicitando que se rechace la acción constitucional en todas sus partes.

Informa doña María Gemita Rojas Ravanal, Fiscal Adjunto de Los Ángeles, señalando que con fecha 19 de febrero de 2019 se recepcionó denuncia formulada por diversos vecinos de sector rural de la comuna de Nacimiento afectados por incendio, a la cual se le asignó el número de RUC 1910029821-2, investigación actualmente desformalizada y en tramitación, a cargo del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles don Rodrigo García Maldonado. Que la ausencia de formalización no lo ha sido por razones arbitrarias o ilegales. Sino que obedece a la naturaleza de los hechos denunciados y la realidad y materialidad de la pesquisa. Relaciona que aun cuando la recurrente atribuya responsabilidad penal a la empresa FRONTEL del grupo SAESA, el ilícito no es de aquellos en que es posible atribuir responsabilidad delictual a las personas jurídicas, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 20.393, por lo que en el caso solo resulta aplicable el artículo 58 del Código Procesal Penal. Que en la investigación se han realizado un sinnúmero de diligencias tendientes a establecer la existencia del ilícito, el origen -en este caso- del incendio y la existencia o no de responsabilidades penales. Que en cuanto a la negativa a dar lugar a diligencias, el Fiscal a cargo de la investigación le ha informado que en general se ha accedido a las que se estiman pertinentes y en cambio, otras, han sido rechazadas, todo en apego al deber de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio público. Que la diferencia arbitraria y desigual en el trato, que imputa la recurrente, es inexistente, ya que lo que ha habido son decisiones fundadas y respecto de las cuales tiene derecho a reclamar ante las autoridades del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Código Procesal Penal.

En cuanto a la solicitud de la recurrente, en orden a que se practique por parte del Ministerio Público una diligencia de prueba anticipada respecto de algunos testigos frente al juez de garantía, de la manera que indica en su libelo, es necesario hacer presente: - Conforme al artículo 230 inciso 2º del Código Procesal Penal, cuando se requiera intervención judicial para la recepción de prueba anticipada, estará obligado a formalizar la investigación; - La formalización de la investigación es una atribución de los fiscales del Ministerio Público por mandato constitucional y legal; - La ley de manera expresa faculta al fiscal para decidir el momento oportuno para llevar a efecto la formalización de la investigación; - La formalización no solo tiene como límite la oportunidad y necesidad procesales, sino otro límite en la arbitrariedad; El propio ordenamiento procesal penal contempla un mecanismo de control judicial anterior a la formalización contenido en el artículo 186 del código del ramo.

Agrega que de la lectura de la acción de protección enderezada en su contra es posible concluir que de acceder a la petición de la diligencia de recepción de prueba anticipada que propone la recurrente, a través de esta acción constitucional se obligaría al Ministerio Público a recibir la prueba testimonial de manera anticipada y así de manera oblicua se lograría la formalización. Aquello violentaría la autonomía e independencia funcional del Ministerio Público.

Concluye indicando que no existe ningún acto arbitrario o ilegal en la investigación RUC 1910029821-2, sea de parte de la Fiscal Adjunta Jefe recurrida ni de ningún otro Fiscal de la Fiscalía Local de Los Ángeles, solicitando que se rechace la acción constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la república, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Por consiguiente, resulta indispensable para la acción de protección la existencia de una acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, es decir, producto de la mera voluntad capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta esencial para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto en estos autos.

SEGUNDO: Que, conforme a lo anotado en la parte expositiva precedente, se puede concluir que el acto que la recurrente estima ilegal y arbitrario consiste en el trato arbitrariamente desigual que ha tenido el Ministerio Público entre FRONTEL y las víctimas del incendio, en particular “lo más grave y que motiva derechamente el presente recurso es que, los testigos, que han sido solicitados por esta parte, por la contraria y por el propio fiscal, se encuentran en riesgo de muerte y con graves complicaciones de salud, y negó la solicitud de prueba anticipada con fecha 5 de abril de 2022. En un trato absolutamente desigual frente a FRONTEL, a quienes mantiene absolutamente informados y acepta todo tipo de diligencias, por dilatorias que estas sean.”

Estima vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 Números 1, 3 inciso 4, 8 y 24 de la Constitución Política de la República y solicita se acoja a tramitación el recurso y se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos de las víctimas, especialmente el de tomar declaración anticipada ante el juzgado competente a las víctimas/testigos con inminente riesgo de muerte.

TERCERO: Que la Fiscal Regional del Bio Bio en su carácter de recurrida, informando su recurso, insta por su rechazo, sosteniendo que respecto de lo que ella concretamente ha actuado en la tramitación de la investigación RUC 1910029821-2, dice relación con la resolución de una reclamación escrita de fecha 21 de enero de 2022 y otra reclamación verbal de 17 de marzo del presente año, que ambas fueron resueltas fundadamente y de acuerdo con los normas legales lo que obsta a cualquier tipo de arbitrariedad o ilegalidad.

Solicita, en consecuencia, rechazar, en todas sus partes la acción constitucional deducida en contra de la Fiscalía Regional del Biobío.

CUARTO: Que doña María Gemita Rojas Ravanal, Fiscal Adjunta Jefe de la Fiscalía Local de Los Ángeles, en su carácter de recurrida informando el recurso de protección , sostiene que “de la lectura de la acción de protección enderezada en su contra es posible concluir que, más que una reclamación constitucional por la negativa del Fiscal a cargo del caso, de acceder a petición de diligencia de recepción de prueba anticipada propuesta por la abogada recurrente, de fecha 01 de abril de 2022 -negativa que, dicho sea de paso, no fue objeto de la reclamación jerárquica a que se refiere el artículo 183 inciso 2º del C.P.P – lo que pretende la parte recurrente de protección (como se desprende de la parte petitoria del libelo) es que, a través de su acción constitucional, se obligue al Ministerio Público a recibir la prueba testimonial que indica, de manera anticipadamente; para poder así, de manera oblicua, lograr la formalización que ha reclamado durante la etapa investigativa y que ha sido negada fundada y justificadamente por las razones expuestas”.

Estima que no existen actos arbitrarios o ilegales en la investigación RUC 1910029821—2, sea de parte de la Fiscal Adjunta Jefe recurrida ni de ningún otro Fiscal de la Fiscalía Local de Los Ángeles y pide, en definitiva, el rechazo del recurso de protección.

QUINTO: Que son hechos no discutidos por los intervinientes que con fecha 14 de febrero de 2021 se produjo un incendio en el sector rural de la comuna de Nacimiento, lo cual dio origen a la investigación RUC 1910029821-2. En dicha investigación se han deducido querellas por parte de la abogada recurrente y la empresa FRONTEL, grupo SAESA. Dicha investigación se encuentra aún en fase desformalizada y está a cargo del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles don Rodrigo García Maldonado.

SEXTO: Que, en el libelo de la recurrente, bajo el título “DEL ACTO ILEGAL O ARBITRARIO”, se indica:

“Que en efecto, el Ministerio Público ha tenido un trato arbitrariamente desigual entre FRONTEL y las víctimas del incendio, es así como todas las diligencias solicitadas por Frontel se ordenan de inmediato, se les informa permanentemente y el fiscal me indicó personalmente, en agosto del año 2022, que hablaba todos los días por teléfono con los abogados de FRONTEL.

Lo que no ocurre con las víctimas a quienes ha negado audiencias, ha negado información de sus decisiones, ha derechamente mentido, no ha hecho nada por intentar reparar el daño, pone problemas para tomarles declaración a los testigos, aún no resuelve la solicitud de hace más de un mes de tomar declaración a los propietarios y vecinos directos del predio donde partió el incendio y niega tomar prueba anticipada ante el juez competente a testigos esenciales, con riesgo de muerte.

Que en relación al derecho a un juicio justo, garantía establecida en todos los tratados internacionales de derechos humanos, y dentro de un plazo razonable, el fiscal se niega a permitirle a los testigos a declarar en juicio ante el tribunal competente, conforme al artículo 19 Número 3 de la Constitución, frente a un riesgo inminente de muerte, conforme a los antecedentes médicos que en un otrosí adjunto, en una decisión meramente arbitraria.

Que el actuar negligente y arbitrario del Ministerio Público ha generado como resultado que no exista un mega incendio provocado por GRUPO SAESA, sino 560 incendios, afectando gravemente, la salud, la vida, el medio ambiente y la propiedad privada de todas las víctimas de autos, que, reitero, fueron víctimas de 2 mega incendios, uno el 2019, el de autos y otro el 2020, además de un número indeterminado de otras víctimas, por los otros incendios.”

Sin embargo, en el mismo documento, bajo el título de “LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE RECURSO”, explícitamente refiere que: “lo más grave y que motiva derechamente el presente recurso es que, los testigos, que han sido solicitados por esta parte, por la contraria y por el propio fiscal, se encuentran en riesgo de muerte y con graves complicaciones de salud, y negó la solicitud de prueba anticipada con fecha 5 de abril de 2022. En un trato absolutamente desigual frente a FRONTEL, a quienes mantiene absolutamente informados de todo y acepta todo tipo de diligencias, por dilatorias que estas sean.”

En consecuencia, puede colegirse que el acto ilegal o arbitrario que da lugar a la interposición de la acción constitucional de marras corresponde a la negativa a la solicitud de prueba anticipada presentada por la recurrente con fecha 5 de abril de 2022 al Fiscal Adjunto a cargo de la investigación.

SÉPTIMO: Que, debe recordarse que la diligencia de prueba anticipada se encuentra regulada en los artículos 191 y 280 del Código Procesal Penal y como su nombre lo indica corresponde a una actuación del procedimiento penal, que, como su nombre indica, no es una mera actividad investigativa, sino la rendición de un medio probatorio que será con posterioridad valorado por el o los juzgadores al momento de dictar su sentencia.

En mérito de lo anterior, el artículo 230 inciso segundo del Código Procesal Penal dispone expresamente que “Cuando el fiscal debiere requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias de la investigación, la recepción anticipada de prueba o la resolución sobre medidas cautelares, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiere realizado previamente. Exceptúanse los casos expresamente señalados por la ley”.

Resulta evidente, entonces, que en la etapa procesal en que se encuentra la investigación por el delito de incendio que da origen al recurso de autos, la negativa dada por el fiscal a la solicitud de prueba anticipada se encuentra plenamente ajustada a derecho, siendo absolutamente legal, ya que se atiene al tenor de la normativa vigente sobre la materia, no siendo posible ejecutar la mentada diligencia si no se ha procedido previamente a la formalización de la investigación.

Ahora bien, realizando un análisis más exhaustivo en torno a la legalidad o arbitrariedad del hecho, conviene revisar si alguna de estas adjetivaciones es posible imputarla a la falta de formalización en la investigación RUC 1910029821—2. Debe al efecto tenerse presente que la formalización corresponde a la “comunicación que el fiscal efectúa al imputado, con presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados.” La decisión de formalizar es una atribución exclusiva del Ministerio Público, y definida por la doctrina como una decisión estratégica. En este contexto, se ha establecido que la decisión del Fiscal de formalizar la investigación tiene 3 limites fundamentales: a) la necesidad; b) la oportunidad; y c) la arbitrariedad, los cuales han de ser considerados por el persecutor previo a decidir si formalizar o no. En el caso que nos convoca, dicha decisión de formalizar recae en el Fiscal Adjunto a cargo de la investigación, quien no tiene el carácter de recurrido, motivo por el cual no ha podido en autos informar sobre las razones que fundamenten su decisión de no formalizar.

Por parte de las recurridas se ha sostenido el absoluto apego a la ley y completa falta de arbitrariedad en la decisión del fiscal de mantener la investigación en el carácter de desformalizada. Arguyen que la determinación obedece a la alta complejidad de los hechos investigados, y que, aun cuando los hechos se encuentran establecidos, aún existen definiciones en torno a quien será imputado por el delito. Que, no obstante, el tiempo transcurrido, más de tres años desde el incendio, debe considerarse que tanto el estallido social como la pandemia han ralentizado las investigaciones penales. Que, por consiguiente, la decisión del Fiscal Adjunto no es ni ilegal ni arbitraria.

No puede soslayarse, que la decisión del Fiscal no ha sido objeto de reclamación jerárquica en los términos del artículo 183 inciso segundo del Código Procesal Penal, de modo que el acto impugnado no ha sido ni de la Fiscal Regional del Biobio ni de la Fiscal Adjunta Jefe de la Fiscalía Local de Los Ángeles, sino del fiscal a cargo de la investigación.

Que, de la forma antedicha, debe descartarse la hipótesis de arbitrariedad en la decisión del sr. nombre reservado de no formalizar la investigación, toda vez que lo normal es que dicha definición obedezca a motivos fundados propios de las particularidades del caso y apegados a los criterios de oportunidad, necesariedad y no arbitrariedad que el legislador le fija en este punto. Lo contrario debió ser acreditado en autos.

OCTAVO: Que, así las cosas, puede claramente apreciarse, que aquello que fue señalado como el acto arbitrario o ilegal que motivó la interposición del presente recurso, corresponde a una decisión del Ministerio Público que aparece como plenamente ajustada a derecho y debidamente fundada.

NOVENO: Que, de lo dicho en el considerando precedente, es dable concluir que ningún acto u omisión arbitrario o ilegal ha sido cometido por la Fiscalía Regional del Biobio ni por la Fiscalía Local de Los Ángeles. Malamente podría atribuírseles responsabilidad en la conducta del Fiscal Adjunto toda vez que como expresamente prescribe el artículo 2 inciso segundo de la Ley número 19.640, “Los fiscales, en los casos que tengan a su cargo, dirigirán la investigación y ejercerán la acción penal pública con el grado de independencia, autonomía y responsabilidad que establece esta ley.” Y que, conviene reiterar, no se provocó la intervención de las autoridades del Ministerio Público por la vía de la reclamación jerárquica del artículo 183 inciso segundo del Código Procesal Penal.

DÉCIMO: Que, en tales circunstancias, el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Fiscalía Regional del Biobío y la Fiscalía Local de Los Ángeles.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y en su oportunidad archívese Redacción de la abogado integrante María José Menchaca Weinert Protección Rol N° 26218 – 2022.