Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Concepción rtp Concepción, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, profesora, e interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Bío-Bío, subcomisión Concepción (COMPIN), por la decisión de confirmar el rechazo de las licencias médicas NUM000, NUM001 y NUM002, lo que, a su juicio, vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, N° 1, N° 3 inciso 5°, N° 18 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Relata que es profesora y que en julio de 2021 sufrió un accidente traumático (caída) con graves lesiones físicas y dentales, lo que afectó su salud física y mental, exacerbando un trastorno depresivo recurrente que padece desde el año 2002. Indica que su médico tratante le extendió diversas licencias en el año 2022, incluyendo las tres singularizadas en el recurso, que totalizan 90 días de reposo a contar del 6 de abril de 2022.

Señala que las licencias fueron rechazadas por la COMPIN y posteriormente ratificadas por la SUSESO, tras sucesivos recursos de reposición, mediante la Resolución Exenta NUM003, de fecha 21 de diciembre de 2025. Alega que el acto administrativo es ilegal y arbitrario por carecer de fundamentación técnica, pues las instituciones se habrían limitado a negar el derecho sin realizar peritajes ni considerar los informes médicos acompañados. Solicita se ordene el pago de las licencias o, en subsidio, se efectúen reperitajes de su situación médica.

Informa la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a través de su Presidenta Regional Natalia Melissa nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso. Indica que el rechazo se fundamenta en que se trata de un reposo médico prolongado cuyos antecedentes clínicos son insuficientes para justificar la incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado (5 de abril de 2022).

Sostiene que el recurso es extemporáneo, puesto que la usuaria tuvo conocimiento cierto del rechazo original en el año 2022, habiendo interpuesto su último recurso de reposición ante dicha instancia el 19 de agosto de 2022.

Informa la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), a través de su abogado Tomás Garro Gómez, solicitando el rechazo del recurso, principal y primeramente por extemporaneidad. Detalla que la parte recurrente dejó transcurrir sobradamente el plazo fatal de 30 días corridos, ya que el conocimiento del rechazo de las licencias médicas data del año 2022. Argumenta que instar por una revisión tras otra en el ámbito administrativo no puede crear nuevos plazos para la acción de protección, contraviniendo su naturaleza cautelar. En cuanto al fondo, sostiene que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada, habiendo sido revisada por tres médicos psiquiatras que coincidieron en que el reposo no estaba justificado por la ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad y falta de ajustes farmacológicos acordes a la extensión del reposo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO: 1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. 2°) Que, como cuestión previa, corresponde examinar la oportunidad de la acción. El numeral primero del Auto Acordado que rige la tramitación del recurso de protección establece un plazo fatal de treinta días corridos contado desde la ejecución del acto o desde que se tuvo noticia o conocimiento cierto de éste, según su naturaleza. 3°) Que, para estos efectos, resulta relevante la cronología que se desprende de los propios antecedentes administrativos expuestos por las recurridas. En efecto, consta que la actora reclamó en sede administrativa el rechazo de las licencias del año 2022, mediante una reclamación de fecha 26 de octubre de 2022, que fue rechazada por la Superintendencia mediante Resolución Exenta NUM004, de 23 de enero de 2023. Con posterioridad, dedujo un recurso de reposición de fecha 1 de abril de 2024, resuelto por Resolución Exenta NUM005, de 11 de junio de 2024, y finalmente un segundo recurso de reposición de fecha 23 de octubre de 2025, resuelto por la Resolución Exenta NUM003, de 21 de diciembre de 2025, que es el acto impugnado. El presente recurso se interpuso el 20 de enero de 2026. 4°) Que, de lo anterior se sigue que la resolución de 21 de diciembre de 2025 recae en una solicitud que expresamente pretende reconsiderar lo ya decidido en junio de 2024, manteniendo el rechazo respecto del mismo conjunto de licencias emitidas en 2022, de modo que su contenido, según la propia secuencia administrativa descrita, no introduce una afectación autónoma distinta de aquella que la recurrente conoce y discute desde el año 2022 y, a lo menos, desde el pronunciamiento de enero de 2023, sino que reitera un criterio previamente adoptado. 5°) Que el plazo fatal previsto para esta acción cautelar es objetivo y no puede quedar entregado a la sola voluntad de quien recurre mediante la interposición sucesiva de solicitudes de revisión administrativa, pues admitir que cada nueva reposición o reconsideración renueva el inicio del cómputo del plazo importaría desnaturalizar el carácter urgente del recurso y permitir, por una vía indirecta, mantener indefinidamente abierta una acción cuya oportunidad exige certeza y diligencia. 6°) Que, en consecuencia, si el acto materialmente gravoso denunciado corresponde al rechazo de licencias médicas extendidas en 2022 y a sus confirmaciones administrativas, conocidas por la recurrente desde entonces, la acción deducida recién el 20 de enero de 2026 aparece interpuesta fuera del plazo fatal de treinta días previsto para este arbitrio, razón suficiente para su rechazo. 7°) Que, sin perjuicio de lo anterior, y solo a mayor abundamiento, cabe señalar que tampoco se advierte, con el mérito de los antecedentes expuestos, una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en los términos planteados. 8°) Que la recurrente sostiene, en síntesis, que las recurridas habrían infringido el deber de fundamentación y que, además, habrían omitido diligencias tales como exámenes, interconsultas, visitas u otros requerimientos previstos en el D.S. N° 3 de 1984, afirmando que la decisión se habría limitado a negar un derecho sin considerar los informes acompañados. 9°) Que, empero, de los elementos reseñados en autos se desprende que la decisión impugnada fue adoptada tras un proceso de revisión técnica en diversas instancias, manteniéndose el rechazo por estimar no justificado el reposo, con razonamientos de orden médico relativos a la insuficiencia de antecedentes clínicos para respaldar incapacidad laboral temporal por un período prolongado. En particular, la Superintendencia refiere que el caso fue analizado por profesionales del área (nombre reservado

Rodríguez y nombre reservado), concluyéndose que el reposo no se justificaba por ausencia de elementos de gravedad y por falta de antecedentes terapéuticos acordes con la extensión pretendida, lo que excluye, en principio, una carencia total de motivación o una decisión caprichosa. 10°) Que, en cuanto a la invocada infracción del artículo 21 del D.S. N° 3 de 1984, la alegación descansa en que no se habrían ordenado diligencias complementarias. Con todo, la determinación sobre la necesidad de tales medidas se inserta en una evaluación técnica propia del procedimiento administrativo especializado, y su ausencia no configura, por sí sola, ilegalidad constitucionalmente relevante en esta sede, máxime cuando el motivo del rechazo se ancla en la suficiencia del respaldo clínico aportado y la autoridad ha emitido pronunciamientos sucesivos y expresos sobre esa suficiencia. 11°) Que, respecto de las garantías invocadas, el derecho del artículo 19 N° 18 no se encuentra directamente amparado por el catálogo del artículo 20, de modo que no constituye, por sí, fundamento idóneo para obtener tutela mediante esta acción. En lo que concierne al artículo 19 N° 24, la pretensión de pago se halla controvertida precisamente en su presupuesto habilitante, cual es la autorización del reposo y la procedencia del subsidio, de modo que no se está ante un derecho indubitado de propiedad cuya restitución pueda imponerse en sede cautelar. Por último, en cuanto al artículo 19 N° 1 y al artículo 19 N° 3 inciso quinto, las afirmaciones de afectación psíquica y de vulneración del debido proceso se reconducen, en lo sustancial, a la discrepancia con el mérito de la evaluación técnica y al estándar de fundamentación, materias que, en ausencia de un vicio grosero y manifiesto, exceden el marco propio del recurso de protección, sin perjuicio de las acciones ordinarias que el ordenamiento contempla.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la COMPIN Región del Biobío, Subcomisión Concepción.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Antonella Farfarello Galletti.

N°Protección-251-2026.