FORESTAL BARRIOS SPA con BANCO DE CHILE

C.A. de Concepción CCA/luc Concepción, diez de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece Guillermo Cáceres Yáñez, abogado, en representación de FORESTAL BARRIOS SpA e interpone recurso de protección en contra del BANCO DE CHILE, por los actos que le atribuye y que, dice, ha vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los números 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República Explica que el recurso de protección se funda en la decisión del Banco de Chile en orden a poner término al contrato bilateral, de carácter oneroso, que lo une con su representada, sin expresión de causa ni justificación alguna. Más allá de la infracción contractual que esto implica, arguye, en lo inmediato significa el cierre de los productos financieros con los que trabaja su representada, cuestión que, de producirse, le provocaría un enorme daño económico y en lo medular a las cuentas corrientes y servicios asociados a la misma en un plazo de 15 días desde el envío de la carta.

La decisión fue comunicada por el Banco de Chile mediante carta fechada el día 27 de diciembre de 2022, la cual fue recibida con fecha muy posterior por su representada, por lo que la presente acción constitucional se deduce dentro del plazo, siendo además de efectos permanentes, ya que se trata del cierre de una cuenta corriente que ha tenido consecuencias.

Expone que el recurso de protección se funda en la decisión unilateral del Banco De Chile en orden a poner término al contrato bilateral, de carácter oneroso, que lo une con mi representada, sin expresión de causa ni justificación alguna. Más allá de la evidente infracción contractual que esto implica, en lo inmediato significa el cierre de los productos financieros con los que trabaja mi representada, cuestión que, de producirse, le provocaría un enorme daño económico y en lo medular a las cuentas corrientes y servicios asociados a la misma en un plazo de 15 días desde el envío de la carta.

La decisión fue comunicada por el Banco de Chile mediante carta fechada el día 27 de diciembre de 2022, la cual fue recibida con fecha muy posterior por mi representada, por lo que la presente acción constitucional se deduce dentro del plazo, siendo además de efectos permanentes, ya que se trata del cierre de una cuenta corriente de mi representada, que ha tenido consecuencias.

Expone que en dicha carta se menciona una “supuesta” facultad del banco de Chile para el cierre de la cuenta corriente N° [cuenta reservada]. Sin embargo, dicha facultad supone la previa verificación de determinadas circunstancias fácticas, ninguna de las cuales concurre en la especie; más aún, la carta ni siquiera las menciona.

Por lo demás, plantea, toda terminación anticipada de cualquier producto supone un aviso, que requiere una anticipación determinada. En ese orden de ideas, afirma que el Banco ha adoptado una decisión sin siquiera entregar una razón que la justifique, conducta que viene a hacer el paradigma de lo arbitrario. Adicionalmente, esta conducta arbitraria, es además ilegal, en tanto infringe las normas legales más básicas sobre los contratos y, sobre todo y en lo que ahora nos atañe, inconstitucional, ya que desconoce el derecho de propiedad de su representada. Diciona que esta conducta del banco recurrido es tanto más grave cuando su representada ni siquiera ha sido contactada por el ejecutivo vía correo electrónico o teléfono.

Finalmente, añade que las consecuencias de la decisión del banco recurrido en la actividad económica de su representada, en el hecho de “quitarle la cuenta corriente” significa, en un plazo muy corto, impedirle seguir funcionando. A la fecha de esta presentación, los productos contratados ya fueron cerrados y no se encuentran operativos, causando un perjuicio enorme y de muy difícil reversibilidad para su representada.

Conforme a lo expuesto plantea que el actuar del recurrido constituye un acto ilegal y arbitrario que ha vulnerado el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. Al respecto destacó lo establecido en artículo 583 del Código Civil, cuando señala que “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”. Lo cual, guarda estrecha relación con la idea de los “derechos adquiridos”, que no pueden ser afectados, restringidos o suprimidos por leyes posteriores. En efecto, dice, los contratos generan derechos entre las partes que, precisamente, son adquiridos e ingresados a sus patrimonios, de manera que no pueden ser afectados posteriormente al margen de la ley y en contra de la Constitución.

En otras palabras, expone, un tipo o clase de propiedad se extiende también a los derechos que emanan de un contrato, de modo tal que no es lícito ser privado de esa propiedad por actos unilaterales de uno de los contratantes. Lo que acabamos de señalar guarda estrecha relación con lo establecido en el artículo 1546 del Código Civil, que señala que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

Sostiene que la conducta del Banco de Chile reúne simultáneamente la calidad de ilegal y arbitraria. Primeramente, la ilegalidad de la conducta del banco recurrido emana del hecho de que la terminación unilateral de los contratos no se encuentra reconocida en la ley de cuentas corrientes ni en ninguna otra norma de rango legal, sin perjuicio de lo que puedan establecer normas de carácter meramente administrativo.

A mayor abundamiento, la conducta del Banco De Chile es además arbitraria, ya que incluso estas normas de carácter administrativo exigen una fundamentación de cualquier decisión de esta clase por parte del banco, fundamentación inexistente en la carta de término que se acompaña a ésta presentación.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de cerrar la cuenta corriente N° [cuenta reservada] a nombre de su representada en el Banco de Chile, ordenando a la recurrida poner fin a la arbitrariedad e ilegalidad cometida, disponiendo la reapertura de la cuenta corriente de la recurrente; se restablezca la operatividad de todos los productos financieros asociados a dicho contrato, absteniéndose, además, de cualquier otra conducta que atente contra el derecho de propiedad de mi representada; y, que se condene en costas a la recurrida.

Informó la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de Bayardo Goudeau Gómez, Director General de Supervisión de Conducta de Mercado, indicando que no cuenta -como principio general- con los antecedentes particulares de las operaciones bancarias realizadas entre los bancos -como es el caso del recurrido de autos- y sus clientes. Por otro lado, habiendo buscado en los sistemas de correspondencia de esa Comisión, no se encontraron registros de presentaciones efectuadas por la recurrente de autos que den cuenta de los hechos que motivan su recurso.

Sin perjuicio de lo anterior, puede indicar que ese Organismo ha instruido a las empresas bancarias, mediante el Título II número 10 del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos (titulado Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques), el que se acompaña al presente oficio, que “La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente”. Además, en el Anexo del mismo Capítulo se dispone que “El instrumento con las condiciones generales que rijan para los contratos de cuentas corrientes de los bancos, debería abarcar, a lo menos, los siguientes aspectos: […] - Establecer que el banco se reserva el derecho de poner fin a la cuenta cuando lo estime conveniente”; todo ello en el entendido de ser el contrato de cuenta corriente bancaria un contrato de confianza, conforme a su naturaleza jurídica.

Informó nombre reservado Prat, por el recurrido BANCO DE CHILE, indicando que no son efectivos los antecedentes de hecho en que el recurso se funda, si bien señala que el Banco le informó al recurrente, mediante carta certificada dirigida a su domicilio registrado en el Banco el día 27 de diciembre de 2022, como consta de carta y formulario de envío que se acompaña.

La empresa recurrente FORESTAL BARRIOS SpA, es cliente del Banco desde el mes de enero de 2018, habiendo suscrito contrato unificado de productos y contratos de cuenta corriente, y productos asociados, que se acompañan en el otrosí.

Explicó que conforme al Contrato Unificado de Productos, que contiene el contrato de cuenta corriente, suscrito con el recurrente, se acordó que el Banco podrá cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier tiempo a su solo arbitrio, sin expresión de causa, señalándose, además, una serie de situaciones en las cuales ello también podría realizarse, referidas a hacer mal uso en cualquier forma de su cuenta corriente o si infringe el contrato o cualquier otro contrato u obligación que mantenga con el Banco. En tal caso la cuenta corriente se entenderá cerrada transcurridos diez días corridos desde que se comunique este hecho al Comitente, por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en el Banco, bastando para ello que el Banco acredite el solo envío de la referida carta y el transcurso del plazo indicado.

Añadió que la normativa aplicable dice que “la cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para el efecto debe presentar una solicitud formal en tal sentido. No debe ser impedimento para dar curso al cierre, el que deberá hacerse efectivo a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentada la solicitud, el hecho de que el titular de la cuenta que se cierra mantenga deudas con el banco. En todo caso, será responsabilidad del cliente dejar en la cuenta cuyo cierre se dispone, la necesaria provisión de fondos para la cobertura de los cheques girados que a la fecha del cierre no hubieren sido cobrados, así como para el pago de las eventuales comisiones y gastos que a dicha fecha se adeudaren al Banco, siempre que éste los hubiera comunicado a más tardar en esa oportunidad”.

La facultad unilateral de cerrar la cuenta corriente se encuentra también contemplada como una de las condiciones generales que, según el organismo supervisor de la banca, antes Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero, debe tener todo contrato de cuenta corriente, según se lee del anexo del Capítulo 2.2 de la Recopilación respectiva.- Como se puede observar, arguye, el contrato contempla la facultad concedida al Banco para cerrar unilateralmente la cuenta corriente en cualquier tiempo y a su solo arbitrio, sin que sea necesario expresar la causa. Además, se estipula el procedimiento aplicable para que esa decisión unilateral produzca sus efectos. La cláusula contractual que regula el cierre unilateral de la cuenta corriente, así como también la instrucción expresa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para incluirla en los contratos, deriva de que este contrato es una convención de aquellas que son denominadas “intuito personae”, en que la confianza del Banco en su cliente es fundamental.

Por esta precisa razón el contrato puede terminar en cualquier tiempo, por voluntad unilateral del Banco o de la cuenta correntista, voluntad que en modo alguno puede confundirse con la arbitrariedad. Los conceptos anteriores no son nuestros, sino que tienen su origen en la ley y en la reglamentación administrativa de la cuenta corriente dada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ratificados además en muchas oportunidades por los tribunales de justicia.

El carácter “intuito personae” fluye de la circunstancia de celebrarse el contrato en consideración a la calidad de las partes; especialmente en cuanto a la solvencia y actividad ejecutada por el cuenta correntista, (que los Bancos deben considerar al momento de abrirse una cuenta corriente, de acuerdo a las normas dadas por la Superintendencia), y de los motivos que ley contempla para su término, previstos en el artículo 611 inciso 2º del Código de Comercio, aplicables en la especie por mandato del artículo 9º de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

En virtud de lo anterior, el recurrido se encuentra facultado contractualmente para poner término en forma unilateral a la cuenta corriente, por consiguiente, al haber ejercido esta facultad, no puede existir una ilegalidad.

A lo anterior adiciona que la ley N° 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, exigen un comportamiento activo y previsor a los bancos e instituciones financieras, que los obliga a actuar en forma preventiva, evitando que puedan ocurrir las conductas en ellas referidas y sancionadas.

En este sentido, como directriz de la aplicación de estas leyes, la Superintendencia del ramo, dictó la Circular 3435, que se encuentra en el Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas y que indica que: “los Bancos deben adoptar precauciones para tener un adecuado conocimiento de sus clientes, de las actividades que desarrollan y de las características más relevantes de las operaciones que éstos realizan.

Asimismo, deben interiorizarse sobre los fundamentos en que se apoyan esas operaciones cuando no sean concordantes con el giro o profesión del cliente o, aun siéndolo, parezcan desmedidas o inusuales, sea por su monto, su frecuencia, o sus destinatarios, en el caso de transferencias de fondos.” En este entendido, existe un deber legal, que obliga a los bancos e instituciones financieras a actuar positivamente en la prevención de las conductas referidas en esas leyes, evitando que ellas puedan ejecutarse a través suyo.

Sin perjuicio de lo anterior, los bancos no deben calificar las conductas de sus clientes, pues dicha tarea es exclusiva de los tribunales de justicia y los órganos de administración de la justicia, pero sí deben actuar en forma preventiva, sin necesidad de comprobar las sospechas.

Precisado lo anterior, expone que la razón por la cual el Banco de Chile ha procedido a cerrar la cuenta corriente de la empresa recurrente FORESTAL BARRIOS SpA radica en la existencia de información pública negativa que ha sido profusamente divulgada en distintos medios de comunicación nacional, respecto a su eventual participación en delitos.

Conforme al contrato de cuenta corriente el Banco puede poner término anticipado al contrato de cuenta corriente N° 12 I): “Si el cliente incurriere en conductas que constituyan o puedan constituir ilícitos de carácter penal de acuerdo con la información pública disponible”

En efecto, al momento de revisar fuentes públicas se encontró la siguiente información en los portales web del DIARIO LA TERCERA (www.latercera.cl) y RADIO BIOBIO CHILE (www.biobiochile.cl ):

1.- “Armas, robo de madera y facturas falsas en un “emprendimiento criminal”: los detalles tras detención de emblemático vocero mapuche Mijael Carvones:

Sustraían maderas desde el predio de una forestal y, a través de diferentes sociedades, blanqueaban el origen de la madera, para posteriormente venderla” explicó el fiscal regional de La Araucanía.”.

“Los imputados legalmente tenían acceso a 50 hectáreas en el ex Fundo Alaska, desde ahí no se han explotado más de 45 hectáreas los últimos cinco años, sin embargo, la cantidad de madera que ellos han comercializado supera los 76 mil metros cúbicos, provocando un perjuicio de más de 2.000 millones de pesos a los propietarios y en los delitos tributarios asociados también la cantidad es similar, más de 2.000 millones de pesos de perjuicio al fisco a través de la incorporación y la contabilidad en estas sociedades de facturas que son falsas que les permitían incrementar el crédito fiscal y eludir el pago de los impuestos.

Carvones fue detenido ayer en operativos en los que se aprendió también a los empresarios forestales nombre reservado y nombre reservado y al transportista nombre reservado. Los cuatro serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Loncoche, acusados de asociación ilícita, sustracción de madera y delitos tributarios”. LaTercera.cl.- 2.- “Facturas falsas y fraude de $4 mil millones: así operaba banda liderada por werkén de Temucuicui”: “El Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, entregó detalles de la indagatoria que permitió la detención del vocero de la comunidad de Temucuicui, Mijael Carvones; dos empresarios forestales y un conductor de camión por delitos tributarios, sustracción de madera y asociación ilícita.

Los otros tres detenidos corresponden a nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Según detalló el persecutor, la investigación ha permitido establecer que desde 2020 a la fecha un grupo de personas que conformaban una estructura criminal, un “emprendimiento criminal”, sustraían madera desde un predio forestal, donde “a través de diferentes sociedades blanqueaban el origen de la madera para posteriormente venderla a destinatarios finales”.

También se comprobó que cometían delitos de carácter tributario, destacando el fiscal la colaboración del Servicio de Impuestos Internos”.- Biobiochile.cl.- Planteó que al Banco de Chile no le compete efectuar calificación alguna sobre los hechos que son investigados por la justicia, pero la vinculación de un cliente de su institución a tan graves hechos, y además en forma múltiple, determina a no continuar con la relación comercial, con el objeto de no comprometer la reputación del Banco. El riesgo reputacional de una empresa es un factor muy importante en el mundo actual y se define como la imagen negativa o percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes, accionistas, proveedores o entes reguladores. Los riesgos reputacionales abarcan un gran número de actuaciones y circunstancias, pero podrían considerarse como los que derivan de conductas inapropiadas, irregulares o fraudulentas y provocan alarma, temor o rechazo entre las partes interesadas y se reflejan en la opinión pública en forma muy negativa y perjudicial para la imagen de la empresa o entidad. El riesgo reputacional puede tener un impacto adverso en el capital, los resultados o en la expectativa de desarrollo de los negocios e incluye entre otros, aspectos jurídicos, económicos, financieros, éticos, sociales y ambientales. En la actualidad este riesgo reputacional se ve amplificado por el rol que juegan las redes sociales e internet en cuanto facilitan la difusión de la información.

Estas situaciones publicadas en la prensa, impiden que su representado pueda conocer adecuadamente a su cliente, tal como se lo exige la normativa sectorial, razón por la cual debe actuar con extrema cautela y previniendo cualquier situación irregular, que pueda afectarle, es que debió tomar la decisión de efectuar el cierre de la cuenta corriente del recurrente, tal como lo faculta el contrato, la normativa sectorial y, a mayor abundamiento, lo obligan las normativas antes referidas.

En síntesis, no ha existido una decisión de cierre de cuenta corriente arbitraria como la describe el recurrente, sino que un acto fundado en el contrato y normativa aplicable, debidamente justificado además de acuerdo a lo ya referido. Por otra parte, en la especie, se cumplieron con todas las formalidades previstas en el contrato para que el cierre de la cuenta produjere sus efectos y para que el cuenta correntista adoptare, en el intertanto, las medidas tendientes a evitar posteriores protestos y otros perjuicios.

En efecto, tal como se señala en el recurso, mediante carta certificada el Banco de Chile comunicó al recurrente el cierre de la cuenta corriente, el que se haría efectivo transcurridos 15 días desde su envío.- Copia de carta y comprobante de envío que se acompañan.

El recurrente reconoce estar en conocimiento de la decisión de cierre y no ha alegado que el cierre se haya efectuado antes del plazo fijado.- Asimismo, sostuvo que el recurrente no tiene un derecho de propiedad sobre los derechos que nacen del contrato, más aún si el mismo crea el derecho del Banco de Chile para ponerle término a la cuenta corriente, a su sólo arbitrio y sin expresar causa, por lo que necesariamente debemos concluir que su representado ha ejercido una facultad contractual, en la forma establecida en la normativa sectorial.

Tampoco se ha afectado su derecho de propiedad sobre los fondos que mantenía en la cuenta al momento del cierre de la misma, pues el cierre de las cuentas no impide de modo alguno que retiren todos los montos existentes en ellas.

En definitiva solicitó rechazar en todas sus partes el recurso de protección intentado, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye propiamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, constituye requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, el recurso se sustenta en que el Banco de Chile habría obrado ilegal o arbitrariamente al decidir cerrar la cuenta corriente de la recurrente y los servicios asociados a ella; y, el Banco, por su parte, señaló que tiene dicha facultad tanto por haberse así pactado, cuanto por el tenor de las instrucciones contenidas en el Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas de la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero, así como en cumplimiento de la Ley N° 19.913.

CUARTO: Que, si bien tanto la recurrente como el banco recurrido se refirieron a la existencia de un contrato que los unía, solamente el banco recurrido hizo referencia a los términos estipulados en él, adjuntando, también, una copia del mismo, denominado “Contrato Unificado de Productos de Empresas” suscrito por la recurrente, en el cual, en lo que aquí interesa, en el Capítulo I, A.- respecto de Condiciones Generales Cuenta Corriente, en el numeral 12, se señala:

“Adicionalmente las partes acuerdan que el Banco podrá poner término al presente contrato anticipadamente y en cualquier momento, en el evento que se produjere, por parte del Cliente, uno o más incumplimientos de las obligaciones que por el presente instrumento contrae. Asimismo, el Banco estará facultado para poner término anticipado a este contrato en los siguientes casos: a) si el Cliente incurre en mora o simple retardo en el pago de cualquier suma que adeude al Banco, sea en capital, intereses, gastos u otras, sin necesidad de requerimiento alguno; b) si el Cliente cayera en notoria insolvencia, […] h) si el Cliente no proporcionare al Banco los antecedentes e información para que este último disponga de un adecuado conocimiento de las actividades que desarrolla el Cliente o de sus ingresos; o de la razonabilidad entre esas actividades e ingresos y las operaciones, transacciones o depósitos de cualquier naturaleza que el mismo Cliente efectúe o mantenga en el Banco. Para estos efectos el Banco deberá requerir al Cliente por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días; i) si el Cliente realizare operaciones o transacciones que no se encuentren revestidas de razonabilidad económica o jurídica, o que se aparten del marco de las actividades habituales del mismo Cliente, considerado en todo ello la frecuencia, monto y/o terceros que intervengan en estas operaciones; j) si el Cliente no acreditare el origen de los fondos depositados, entregados o puestos a disposición del Banco por cualquier causa, ante el requerimiento que éste le formule; k) si el Cliente, o sus representantes tratándose de personas jurídicas, desarrollaren acciones o conductas desdorosas, groseras, constitutivas de amenazas o de violencia física o verbal respecto de personal del Banco o de empresas proveedoras de éste; l) si el Cliente, o sus representantes tratándose de personas jurídicas, incurrieren en conductas que constituyan o puedan constituir ilícitos de carácter penal de acuerdo a la información pública disponible; m) si el Cliente, o sus representantes tratándose de personas jurídicas, hubiesen sido formalizados o condenados por delitos económicos o crímenes o simples delitos sancionados con pena aflictiva.

En el evento que el Banco ponga término al presente Contrato conforme a lo indicado precedentemente, deberá comunicar tal decisión al Cliente por escrito con una anticipación no inferior a 15 días.

En el evento que el Banco pusiere término al presente contrato de cuenta corriente por cualquier causa, la comunicación escrita que éste debe enviar al Cliente deberá ser remitida por carta certificada dirigida al último domicilio que el Cliente tenga registrado en el Banco, con la anticipación que corresponda.”.

QUINTO: Que, también es útil tener presente que en la Recopilación Actualizada de Normas de la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero, se encuentra el Capítulo 1-14 acerca de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Entre sus consideraciones generales ella señala: “La debida diligencia en las transacciones y transferencias de fondos que diariamente ejecutan las instituciones bancarias por cuenta de sus clientes hace necesario identificar aquellas que tienen un origen legítimo, de las que se pretenden realizar con la finalidad de encubrir negocios ilícitos.

Con tal propósito, los bancos deben adoptar precauciones para tener un adecuado conocimiento de sus clientes, de las actividades que desarrollan y de las características más relevantes de las operaciones que éstos realizan. Asimismo, deben interiorizarse sobre los fundamentos en que se apoyan esas operaciones cuando no sean concordantes con el giro o profesión del cliente o, aún siéndolo, parezcan desmedidas o inusuales, sea por su monto, su frecuencia, o sus destinatarios, en el caso de transferencias de fondos.”

Para más adelante indicarse:

“Un sistema de prevención de lavado de activos está fundado en el concepto de “conozca a su cliente”… “Es obligación no delegable del banco identificar y conocer a sus clientes. Esto debe abordarse desde una perspectiva prudencial, vale decir, que no sólo sea una herramienta orientada a la prevención, sino que también un mecanismo de gestión eficaz de los riesgos a los cuales está expuesta una entidad.

El conocimiento del cliente comienza desde el momento en que, con motivo de una operación, éste se vincula con la entidad bancaria. Por lo tanto, el banco requiere la elaboración de políticas y procedimientos de aceptación e identificación, los que deberán tener en cuenta, entre otros factores, los antecedentes del cliente; perfiles de actividad; monto y origen de los fondos involucrados; el país de origen de éstos y si dicho país cumple con los estándares mínimos de aceptación exigidos; y sus relaciones societarias u otros indicadores de riesgo.”

SEXTO: Que, por su parte, en la Circular N° 59 de la Unidad de Análisis Financiero, de 24 de mayo de 2019, que modificó la Circular UAF N° 49, de 3 de diciembre de 2012, se dispone que: “Es deber de los sujetos obligados identificar y conocer a sus clientes, con el fin de entender el propósito y carácter que se pretenda dar a la relación legal o contractual, o transacción ocasional, y utilizar esta información para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). […]

3. Revisión Los sujetos obligados deberán tomar medidas razonables para verificar la información y documentación entregada por el cliente, pudiendo siempre solicitar al mismo información y documentación adicional, o recurrir a otras fuentes legales de información para verificar, dentro de sus posibilidades organizacionales y legales, la veracidad y autenticidad de la información y documentación entregada por el cliente.

En el evento que el cliente se niegue a entregar todo o parte de la información y documentación antes indicada, o si se detectare que la información proporcionada es falsa o poco veraz, tales circunstancias deberán ser consideradas como señales de alerta a objeto de analizar el envío de un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UAF.

4. DDC Continua Los sujetos obligados deben desarrollar un análisis continuo del comportamiento de sus clientes, sus actos, operaciones y/o transacciones a lo largo de la relación, a objeto de asegurar que se correspondan con el propósito declarado por el cliente, su giro comercial y perfil de riesgo, incluyendo el origen de los fondos, cuando corresponda.”.

Dichas instrucciones obedecen a lo que preceptúa la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, normativa que contempla un régimen especial de sanciones para las personas naturales y jurídicas que las infrinjan.

SÉPTIMO: Que es en dicho contexto legislativo, reglamentario y contractual que ha de examinarse la conducta de la entidad bancaria recurrida que –acorde a la citada comunicación del 27 de diciembre de 2021- informó a la recurrente que procedería al cierre de la Cuenta Corriente, así como de los servicios asociados a la misma que mantenía con dicha institución de acuerdo con las causales establecidas en el contrato suscrito; también le indicó que podía contactar a un personero que allí se señala para requerir más antecedentes.

OCTAVO: Que, la referida comunicación, de la cual también se acompañó copia de los comprobantes de envío y entrega en el domicilio designado de la recurrida, hallan su explicación fáctica en la información pública a que alude la entidad bancaria recurrida, referida a ciertas imputaciones hechas respecto de personas vinculadas a la recurrente.

NOVENO: Que, conforme a lo expuesto y tal como lo ha establecido la Excelentísima Corte Suprema, en los autos ROL N° 43.591-2020, plenamente aplicable al presente caso, “el actuar de la recurrida no puede ser calificado de ilegal, toda vez que el mismo se sustenta en una facultad reglamentaria y contractual, que le permite poner término unilateral al contrato de cuenta corriente. Por otro lado, tampoco se trata de una decisión arbitraria o caprichosa, puesto que ella está fundada precisamente en aquellas circunstancias que su ente regulador le exige revisar, esto es, la razonabilidad de las operaciones, sus montos y coincidencia con las actividades declaradas, todo lo cual, en concepto de la institución bancaria, exigía la adopción de la medida.”

DÉCIMO: Que, en virtud de todo lo anterior no puede estimarse que exista de parte de la recurrida un acto arbitrario o ilegal que afecte la garantía constitucional enunciada en el libelo de protección, por lo que no es posible acoger la presente acción y por ello será rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Guillermo Cáceres Yáñez, en representación de FORESTAL BARRIOS SpA en contra del BANCO DE CHILE.

Se deja sin efecto la Orden de No Innovar decretada en esta causa.

Se deja constancia que la demora en la dictación de la presente sentencia obedece a que su redactor designado, el abogado integrante señor Sergio Galaz Ramírez dejó de cumplir funciones en esta Corte de Apelaciones y, hasta la fecha, no ha presentado una propuesta del fallo acordado, por lo cual el Ministro Juan Ángel Muñoz López asumió dicha labor a fin de evitar mayores dilaciones y perjuicios a los justiciables.

Redactada por el ministro Juan Ángel Muñoz López Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redactada por el Ministro Juan Ángel Muñoz López.

N°Protección-2342-2023.