nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES

Concepción, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO:

En folio 1 de estos autos Rol Corte N°Protección-23350-2024 comparece patrocinada por el abogado Nicolás Yáñez Inostroza, con domicilio en domicilio reservado, doña nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, representada legalmente por su alcalde don José Arriagada Pérez, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en Los Ángeles.

Los actos que denuncia ilegales y arbitrarios como fundamento del recurso son el Decreto Alcaldicio Nº 5035, de fecha 29 de octubre de 2024, que declara la salud incompatible con el cargo que desempeña (de enfermera en el Departamento de Salud Municipal de Los Ángeles), y el Decreto Alcaldicio N°5538, de 25 de noviembre de 2024, que declara la vacancia del cargo, después que la actora hiciera uso de 206 días de licencia médica dentro de dos años calendario por causa de acoso laboral.

En cuanto a los hechos que fundan el recurso, dijo que desde el 1 de octubre del año 2022 hasta el 5 de diciembre de 2024 se encontraba contratada por la Municipalidad de Los Ángeles como funcionaria del Departamento de Salud Municipal, desempeñándose como enfermera, nivel 10, con 44 horas semanales en el Centro de Salud Familiar de Nororiente, con contrato indefinido en términos de la Ley N°19.378. Allí tuvo una relación difícil, de acoso, con la directora del Cesfam, la señora nombre reservado. Hizo uso de más de 180 días de licencia médica dentro de dos años calendario, por causa del acoso que padeció, cuyas extensiones describe, licencias por problemas visuales, por enfermedad común, por duelo familiar, por estrés laboral y también siquiátricas desde enero de 2022. Durante el último periodo ha recibido el tratamiento médico necesario y ha seguido todas las indicaciones de los profesionales de salud, que van desde el reposo laboral como el tratamiento farmacológico y terapéutico, mejorando notablemente. Así lo demuestran las evaluaciones y exámenes de sus médicos tratantes, al igual que la resolución de COMPIN, quienes en la justificación indican que por mantenerse actualmente trabajando su salud se considera recuperable. Los informes médicos consignaron que la paciente, por temas laborales, ha estado sometida a un estrés constante por largo tiempo, desde que regresó de su post operatorio, lo cual ha influido en muchos problemas de salud, física y mental.

Aclara que la recurrente antes de la última labor, trabajó en el servicio de atención Primaria de Salud Municipal alrededor de 16 años, donde nunca tuvo que recurrir a licencias médicas por la cantidad de días antes señalados, siendo calificada en ese tiempo con 100%, en lista de distinción. El uso de licencias que ahora hizo fue por motivos que escapan de sus manos. Y ahora tuvo una recaída en atención al impacto de la noticia de su despido repentino e inesperado.

Explica que el 5 de noviembre de 2024 la llamaron del Departamento de Gestión de Personas para notificación de iniciar una declaración de salud irrecuperable y hacerla llegar a oficina de partes de la municipalidad, frente a la directora nombre reservado y otra funcionaria perteneciente a la Dirección Comunal de Salud, señalándole que debía realizar los descargos respectivos en el plazo de cinco días y que de no hacerlo su cargo quedaría vacante. Hizo los descargos, describiendo la situación de acoso laboral vivenciado sistemáticamente desde el año 2022 en adelante, descargos que no fueron tomados en cuenta, derivando finalmente en su desvinculación el de diciembre de 2024, cuando fue notificada del rechazo de la reposición interpuesta.

Agrega que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en su resolución de fecha 14 de octubre de 2024 resuelve que el estado de salud de la recurrente es recuperable; de igual manera COMPIN en la resolución de evaluación de salud incompatible de Funcionario Público- Subcomisión Biobío de fecha 14 de octubre de 2024, en respuesta de la solicitud N°32470239, decide que debe ser reintegrada a sus funciones puesto su estado de salud es recuperable.

Solicita que se deje sin efecto lo señalado por el Decreto Alcaldicio N°5538, pues es improcedente aplicar el cese de funciones por la causal de “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su cargo”, puesto que en este caso en particular no existe tal; todo lo contrario, siempre se ha destacado por ser una funcionaria diligente respecto a su salud, toma asistencia médica y demuestra interés en volver a su vida laboral, tan importante para la dignidad de la persona. El decreto estaría desprovisto de fundamentación como exigen los artículos 11 inciso segundo, 41 y 52 de la Ley N°19.880.

Cita jurisprudencia.

Denuncia conculcadas las garantías de los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja este recurso de protección, con costas, y se adopten las providencias que se juzguen necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección.

Acompañó copias de 1. Decreto Alcaldicio N°5538 de fecha 25 de noviembre de 2024, notificado a esta parte con fecha 05 de diciembre de 2024; 2. Informe médico de fecha 10 de diciembre de 2024 firmado por la doctora nombre reservado; 3. Certificado médico de fecha 09 de diciembre de 2024 formado por la doctora nombre reservado.

En folio 10 informó la Municipalidad de Los Ángeles, por medio del abogado Rodrigo Henríquez Carrera, solicitando el rechazo del recurso, comoquiera que el actuar de la autoridad edilicia se ha ajustado a derecho.

Dijo que 30 de noviembre de 2022, la recurrente fue contratada a plazo indefinido mediante concurso interno de la Dirección Comunal de Salud en la dotación de Atención Primaria de Salud del municipio, en el CESFAM Nororiente, con el cargo de Enfermera, categoría funcionaria B, nivel 11, con jornada de trabajo de 44 horas semanales. Siendo funcionaria, y en atención a la cantidad de 206 días de licencias debidamente autorizadas por la COMPIN, la Dirección Comunal de Salud de la Municipalidad de Los Ángeles generó una solicitud de evaluación de salud irrecuperable de la recurrente nombre reservado. Así entonces, la Comisión Médica, con fecha 14 de octubre de 2024 dicta la Resolución N° 18036685, por la cual declara que doña nombre reservado cuenta con salud recuperable.

Señala que el 29 de octubre de 2024, la Administración, mediante Decreto Alcaldicio N° 5035, declaró la salud incompatible de doña nombre reservado, fundada precisamente en su listado de licencias médicas, resultando evidente que ha hecho uso de licencia médica por un lapso de tiempo superior a seis meses en los últimos dos años, específicamente, de 206 días. En dicho documento, la Administración declara que de la sola lectura de la Resolución Exenta N°18036685 del 14/10/2024 de la COMPIN se desprende que, respecto de la recurrente, no ha mediado declaración de salud irrecuperable. Así las cosas, concurren respecto de la funcionaria nombre reservado, los presupuestos fácticos que hacen procedente que el Alcalde haga uso de la facultad legal que le concede el artículo 148 de la Ley Nº 18.883. Notificada del referido acto administrativo, nombre reservado según sostiene en su libelo, presenta sus descargos, detallando las razones que le llevaron a tener que recurrir a las licencias médicas. Tras todo ello, se dicta el Decreto Alcaldicio Nº 5.538 de fecha 25 de noviembre de 2024.

Estima el informante que ni el Decreto Alcaldicio Nº 5035 de 29 de octubre de 2024, que declara la salud incompatible con el cargo, ni el Decreto Alcaldicio N°5538 de 25 de noviembre de 2024, que declara la vacancia del cargo, son actos ilegales ni arbitrarios, primero que todo porque los alcaldes tienen la facultad legal de declarar la vacancia por “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”, según dispone el artículo 147, letra a) de la ley N° 18.883. Para el caso de que la salud del funcionario sea declarada irrecuperable, el legislador ha establecido una regla especial de retiro y otra de pago de remuneraciones en el artículo 149.

De las normas relacionadas, dice, se evidencia que la intención del legislador ha sido la distinción entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa). la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario. En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años. En igual sentido la Contraloría General de la República ha resuelto en Dictamen N°E188441, de 24 de abril de 2022, que ratifica el criterio expuesto en el dictamen N°17.351, de 2018, que concluyó que las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.050 no derogaron la causal de vacancia en el cargo por salud incompatible, la que puede declararse, en el evento de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- estime que la salud del funcionario es recuperable, si se configura la causal objetiva de haberse hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años, al tenor de lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley N°18.834 y 148 de la Ley N°18.883.

Por último, señala que en virtud del principio de servicialidad, es también deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, de manera que dicho cargo sea proveído en forma y oportunamente para cumplir con la función pública encomendada.

Acompañó al informe copias de 1.- Decreto SIAPER N°19018 de doña nombre reservado, de fecha 30 de noviembre de 2022; 2.- Hoja de vida del funcionario de doña nombre reservado; 3.- Decreto Alcaldicio Nº 5035 que declara salud incompatible de doña nombre reservado, de fecha 29 de octubre del 2024; 4.- Decreto Alcaldicio Nº 5538 que rechaza el recurso de reposición interpuesto por doña nombre reservado y declara la vacancia del cargo, de fecha 25 de noviembre del 2024; 5.- Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de doña nombre reservado.

En folio 13 informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Biobío, por medio de nombre reservado, su presidente subrogante.

Dijo que por medio del oficio Nro. 0453, de 28 de mayo de 2024, de la Municipalidad de Los Ángeles, por medio de la Directora Comunal de Salud, se solicitó la resolución de la Comisión Médica competente y actuar en conformidad con las normas legales que rigen su institución, es decir, declarar recuperabilidad o irrecuperabilidad laboral de ciento treinta y dos (132) funcionarios/as, entre ella la recurrente ya individualizada. Al efecto, la recurrente fue evaluada por la Subcomisión médica de COMPIN Provincia Biobío, dentro de las esferas de sus competencias, a fin de establecer la irrecuperalibilidad laboral por solicitud de evaluación realizada por el empleador mediante plataforma https://compin.cerofilas.aob.cl/, lo cual quedó registrado bajo ID Nro. 32470239.

Añade que son la Ley 18.834, Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos y municipales, y la Ley 18.883, que aprueba ese Estatuto Administrativo, las que regulan expresamente la expiración de funciones por causa de salud incompatible, disponiendo las condiciones que se deben cumplir para que opere la causal, así como los requisitos de legalidad, formalidad y comunicación al afectado.

Respecto a la declaración de “salud incompatible”, el artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal dispone que “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”. El inciso segundo de esa norma previene que “No se considerará para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de ese estatuto -esto es, por accidente del trabajo y enfermedad profesional-, y el Título 11, del Libro II, del Código del Trabajo”, es decir, aquellos reposos vinculados con la maternidad. A su turno, el artículo 63 de la ley 21.050 agregó un inciso tercero al artículo antes transcrito, el que dispone que “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Debido a lo anterior, la COMPIN procedió a evaluar los antecedentes de la actora, así como historial de licencias médicas e informes aportados por el empleador, determinándose por la Comisión Médica a través de Resolución Folio 18036685, la recuperabilidad laboral del paciente, conforme a la normativa legal. Dicha Resolución fue notificada al empleador y recurrida conforme a los procedimientos legales y administrativos establecidos en estas materias. La resolución de evaluación que realice la COMPIN constituye para el empleador que lo solicita: un antecedente sobre la recuperabilidad y no del estado de salud del servidor/a público, respecto de la compatibilidad y cumplimiento de las funciones laborales designadas.

Finalmente, hace presente que el Dictamen N°17.351, de 17 de julio de 2018, de la Contraloría General de la República, concluye que en el evento que el informe de la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y en caso contrario, esto es, si esa institución informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad, pues en tal caso correspondería que la comisión médica pertinente conozca del asunto, a fin de que esta última entidad pondere declarar la salud irrecuperable de dicho trabajador, como ha ocurrido en el caso de marras.

Acompañó al informe copia de antecedentes de la actora.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

2°) Que, en al caso de que se trata, la recurrente tilda de ilegales y arbitrarios el Decreto Alcaldicio N°5035 de 29 de octubre de 2024 que declara la salud de la funcionaria municipal nombre reservado incompatible con el cargo, y el Decreto Alcaldicio N°5538 de 25 de Noviembre de 2024 que declaró vacante el cargo que servía la misma funcionaria, por la causal de salud incompatible con el cargo; se alega por quien recurre que dichos actos administrativos se dictaron pese a que la COMPIN declaró que la salud de la funcionaria era recuperable y que en ellos sólo se consideró el tiempo por el cual se prolongaron las licencias médicas, por lo que carecen de motivación infringiendo con ello el artículo 11 de la Ley 19880.

3°) Que, por su parte, la Municipalidad recurrida ha informado que tanto el Decreto Alcaldicio que declara la salud incompatible con el cargo, como el que declaró la vacancia del mismo, se ajustan a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 18.883 puesto que la vacancia de un cargo por salud irrecuperable solo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca y que habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez, lo que le permite una vez notificada la declaración de irrecuperabilidad, se paguen al funcionario su remuneraciones durante seis meses sin desempeñar sus funciones lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario; y la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable.

Esta última, es la situación de la recurrente de autos, pues cualquiera sea la enfermedad que padece, y a pesar de ser recuperable su enfermedad, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses, dentro de un lapso de dos años.

4°) Que son circunstancias fácticas no discutidas, las siguientes:

a.- La Sra. nombre reservado, desde el 1 de octubre del año 2022 hasta el 5 de diciembre de 2024 se encontraba contratada por la Municipalidad de Los Ángeles como funcionaria del Departamento de Salud Municipal, desempeñándose como enfermera, nivel 10, con 44 horas semanales en el Centro de Salud Familiar de Nororiente.

b.- La Sra. nombre reservado hizo uso de 206 días de licencia por enfermedad o accidente común en los últimos dos años.

c.- A través del Decreto Alcaldicio Nº5035 de 29 de octubre de 2024, se declaró su salud incompatible con el cargo que desempeña y por Decreto N°5538 de 25 de noviembre de 2024, se puso término a la relación funcionaria al declararse la vacancia del cargo como consecuencia de la declaración anterior.

d.- La Comisión de Medicina Preventiva evaluó a la actora y declaró la recuperabilidad laboral de la recurrente.

5°) Que, la norma del artículo 148 de la Ley N° 18.883 ordena: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

“No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo”.

“El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

6°) Que, la disposición legal antes reproducida, autoriza al alcalde de una Municipalidad a resolver que la salud de un funcionario determinado es incompatible con el desempeño de su cargo, si éste ha presentado licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años; la única exigencia que le impone la norma es que el señalado funcionario sea evaluado previamente por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto de la irrecuperabilidad de su salud.

7°) Que, en el caso de marras, se cumplió con la exigencia antedicha, la COMPIN informó que procedió a evaluar los antecedentes de la usuaria, así como el historial de licencias médicas e informes aportados por el empleador, determinándose por la Comisión Médica a través de la Resolución Folio 18036685 la recuperabilidad laboral de la paciente.

Asimismo, estableció que las enfermedades que motivaron la presentación de las licencias médicas no fueron a consecuencia de un accidente laboral, o enfermedad profesional, así como tampoco están relacionadas con la maternidad.

8°) Que, por consiguiente, el proceder de la recurrida no puede ser calificado de ilegal ni arbitrario, pues obedece a la cantidad de licencias médicas presentadas por la funcionaria, tal como se admite expresamente en el recurso, en el que se indica expresamente que en su totalidad suman 206 días, entre el 28 de agosto de 2022 al 15 de julio de 2024; las que no tuvieron su origen ni en un accidente laboral ni en una enfermedad profesional como tampoco se relacionaron con la maternidad. Y, por otra parte, se cumplió con oír a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto de la irrecuperabilidad de su salud, la que determinó que ésta es recuperable.

En tal sentido se resolvió por la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 14.423 -2024 en sentencia dictada el 3 de enero de 2025.

9°) Que, en abono a lo anterior cabe tener presente el Dictamen de la Contraloría General de la República, N°E188441, de 2022, que ratifica el criterio expuesto en el dictamen N°17.351, de 2018, que concluyó que, en el evento de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de este por esa causal, al tenor de lo dispuesto en los incisos terceros de los artículos 151 de la Ley N°18.834 y 148 de la Ley N°18.883.

Criterio que se sustenta en que la facultad de declarar incompatible la salud con el cargo habría sido suprimida por el legislador al establecer el mecanismo por el cual proteger a los funcionarios de una declaración de salud irrecuperable que no cause la respectiva pensión, mediante el informe previo de la Compin, lo que no se ha hecho, pues subsisten en el texto legal ambas causales diferenciadas.

Razonamiento que se aviene con el principio de servicialidad, en virtud del cual es deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, de manera que dicho cargo sea proveído en forma y oportunamente para cumplir con la función pública encomendada.

10°) Que, a mayor abundamiento, en el caso de autos, tampoco figuran elementos que permitan calificar el ejercicio de la facultad que la ley entrega a al Edil Municipal, como arbitrario, esto es desprovisto de antecedentes, motivado por el mero capricho de quien actúa, un abuso del derecho o la desviación del poder de la recurrida, pues el uso de dicha potestad legal por parte del Alcalde se encuentra debidamente fundada, más cuando la causal de salud incompatible dice relación con requisitos de carácter objetivo, de manera que para su establecimiento resulta suficiente sumar los tiempos de licencias concedidas al funcionario.

11°) Que, así las cosas, descartada la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida y, por consiguiente, la posible afectación de las garantías invocadas en el arbitrio constitucional, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema; se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Nicolás Yáñez Inostroza en representación de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Los Ángeles.

Acordada con el voto en contra de la ministra(s) Antonella Farfarello Galletti, quien estuvo por acoger la acción constitucional de protección en base a las siguientes consideraciones:

1°) Que la normativa que resulta aplicable al caso de que se trata, se encuentra esencialmente contenida en la Ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Salud Primaria de Atención Municipal, en cuyo artículo 13, se señala, en lo pertinente, que: “Para ingresar a una dotación será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 3.- Tener una salud compatible con el desempeño del cargo.”. Y en su artículo 48, letra g), se prevé que: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883”.

A su turno, la Ley N° 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a cuyos preceptos reenvía la normativa arriba mencionada, estatuye en su artículo 147 “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la municipalidad, y c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.”

Y en el artículo 148 “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Y no está demás hacer notar que, en términos prácticamente análogos, el Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, contempla, en su Título VI, reglas acerca de la cesación de funciones por declaración de vacancia (artículos 146, 150, 151 y 152).

2°) Que, como se observa, el referido artículo 147, literal a) de la Ley N° 18.883, consagra como causal de vacancia la situación de “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”, lo que, en principio, importaría una distinción y separación entre ambas condiciones (irrecuperabilidad e incompatibilidad); sin embargo, una comprensión razonable y lógica de dichos factores conduce a estimarlos como intrínsecamente vinculados, en la medida que ambos atienden y se relacionan directamente con la salud concreta del funcionario y para servir el cargo específico para el cual se encuentra contratado.

En consecuencia, en concepto de esta disidente no es que aquí pueda ser entendida la facultad de la autoridad administrativa -como lo aduce la recurrida- en una forma totalmente desligada del dictamen técnico de la COMPIN, sino que ambos deben leerse en una razonable sintonía, salvo que la jefatura respectiva fundamente de tal modo su acto (acto con efectos desvinculatorios) que explique por sí mismo porqué un funcionario con “salud recuperable” -cuyo es el caso de la recurrente- paralelamente tenga, según su superioridad del servicio, una “salud incompatible” con su cargo, máxime que, por lo general, tal jefatura no cuenta con los conocimientos ni experticia necesarias para discernir acerca de la concurrencia de factores de salud inadecuados (presencia de determinadas patologías, por ejemplo) que imposibiliten el desarrollo de una determinada labor.

Y es precisamente en este aspecto, según lo entiende quien disiente, donde también flaquea el acto administrativo cuestionado, dado que se echa de menos una explicación suficiente y satisfactoria -que no sea el sólo transcurso del plazo de las licencias-, que justifique racionalmente la conclusión en cuanto a que la funcionaria municipal recurrente no cuenta con una “salud compatible” para prestar sus servicios contratados.

3°) Que en relación con lo que se viene expresando, se hace atingente traer a colación lo que en casos similares ha resuelto la Excma. Corte Suprema (entre otras, sentencias recaídas en recursos de protección roles N°s 39.585-2020, 58.191-2021, 3.806-2022 y más recientemente en el 11.531-2024), pudiendo destacarse al efecto lo que se razonó en el caso del rol 3.806-2022, donde literalmente se señaló que: “Quinto: Que, como lo ha señalado esta Corte con anterioridad, existe la debida correspondencia y armonía entre las Leyes N° 18.834 (refundida por DFL 29 del Ministerio de Hacienda), N° 18.883, N° 19.070 (refundida por DFL 1 del Ministerio de Educación) y N° 19.378 en lo que atañe al procedimiento y a las causales de cesación en el cargo, en aquellos casos en que un empleado público ha hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; circunstancia que no solo obedece a la necesaria unidad, consistencia y plenitud a la que debe aspirar todo sistema jurídico, sino que evidencia una intención del legislador -plasmada en las Leyes N° 21.050 y N° 21.093- en orden a resguardar debidamente a los funcionarios públicos y a los profesionales de la Educación que desempeñan una función pública, regidos por el Estatuto Docente. Sexto: Que el mensaje presidencial que inició la tramitación del proyecto que se convertiría en la Ley Nº 21.050, expresa que uno de sus propósitos es “contribuir al fortalecimiento de la función pública, mejorando las condiciones de empleo y comprometiéndose con un Estado al servicio de los ciudadanos y del interés general del país” (https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7243/HLD_7243_749a0d2dec7072ac83d52ebf0f2ff393.pdf). Antes de la Ley N° 21.050, uno de los reproches a la legislación vigente a esa fecha radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el Jefe Superior del Servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. En efecto, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012). Del mismo modo, expresó que “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006-16-INA, de 29 de septiembre de 2016). Por este motivo, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N° 18.834 y el artículo 148 de la Ley N° 18.883, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales. En conformidad a lo señalado, en el texto final quedó consignado que el pronunciamiento incluirá “la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. Séptimo: Que de lo expuesto fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compín, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Octavo: Que, en efecto, la anterior es la única interpretación que, por un lado, materializa la intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la dictación de la Ley N° 21.050, puesto que de otra forma aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario. Noveno: Que, por otro lado, no escapa a la atención de estos sentenciadores que las disposiciones relativas a la salud incompatible como causal de declaración de vacancia del cargo, difieren de los criterios adoptados en otros cuerpos normativos en relación con la autorización de las licencias médicas de los trabajadores y la eventual declaración de invalidez. Así, por ejemplo, el artículo 30 de Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, dispone que “completadas cincuenta y dos semanas continuadas de licencia o reposo, corresponderá a la Compin autorizar una ampliación de hasta seis meses más, previo su pronunciamiento acerca de la recuperabilidad del trabajador”. Agrega la norma que “cumplidas setenta y ocho semanas de licencia, la Compin podrá autorizar nuevas licencias médicas, en el caso de enfermedades que tengan un curso prolongado y requieran una recuperación de más largo plazo”. Es decir, mientras el Estatuto Administrativo habilita a un jefe de servicio, no necesariamente experto en la ciencia médica, para declarar la salud incompatible con el cargo por el uso de licencias médicas, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, otras normas del ordenamiento posibilitan que existan licencias continuas hasta por un año, al cabo del cual, previo pronunciamiento sobre la recuperabilidad por un órgano experto, pueden extenderse por un tiempo mayor. Décimo: Que, además, el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.”. “ Es en este contexto que, a juicio de esta Corte, más allá que efectivamente la supuesta incompatibilidad con las labores debe fundarse en antecedentes técnicos, que determinan que necesariamente la Compin debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al alcalde para declarar la vacancia del cargo”.

4°) Que, acorde con lo dicho, el sólo transcurso del tiempo no es motivo suficiente para fundamentar la vacancia establecida en el mencionado artículo 147, y no es que quien discrepa esté dejando de aplicar la ley mediante herramientas derogatorias por vías de “controles difusos”, sino de lo que se trata es controlar efectivamente que la administración cumpla con su deber legal de fundamentación exigida principalmente en los artículos 11, inciso segundo, y 41 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado, normativa plenamente aplicable al órgano recurrido.

Y en lo concerniente a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (entre otras, causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente. ”. Y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que -no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”.

5°) Que, en conclusión, de frente a un acto administrativo que contiene más bien una “fundamentación aparente”, resulta que, según lo más arriba anotado, dicha actuación se aparta de la legalidad y, de paso, deviene en arbitraria, pues fluye como una decisión rayana en lo caprichosa, vulnerándose así los derechos fundamentales de la actora, contemplados en los ordinales 2° y 24° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, infracciones que, de frente a lo más arriba expuesto, se explican por sí solas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministra suplente Jimena Cecilia Troncoso Sáez, y la disidencia su autora.

N°Protección-23350-2024.