nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ Y OTRO

C.A. de Concepción rtp Concepción, siete de abril de dos mil veinticinco.

VISTO.

nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (en adelante COMPIN), domiciliada en domicilio reservado, y en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES (en adelante CCAF).

Recurre en contra de las resoluciones -que no individualiza en su recurso- que rechazan el pago del subsidio correspondiente a las licencias médicas Nº3-105531953, 3-108298107, 3-107548965 y 4-1963474, y el no pago por parte de la CCAF de la licencia 3-106054375 ya debidamente autorizada.

Relata que la recurrente nombre reservado, fue diagnosticada con depresión mayor moderada y trastorno de ansiedad paroxistico con reacción al estrés agudo, de acuerdo a la evaluación realizada por su médico tratante nombre reservado, obteniendo las licencias médicas Nº3-105531953, 3-108298107, 3-107548965, 3-106054375 y 4-19634745. Recalca que dichas patologías le impiden ejercer funciones cotidianas y laborales con la debida diligencia, presentando ansiedad, anhedonia, irritabilidad, psicomotricidad disminuida, labilidad emocional, entre otros síntomas.

Afirma que a la fecha, la COMPIN sólo ha aprobado una licencia de las debidamente emitidas, a saber, la folio 3-106054375, que aunque autorizada, no ha sido pagada por la CAAF, y ha rechazado las licencias médicas Nº3-105531953, 3-108298107, 3-107548965 y 4-1963474, sin argumentos médicos que puedan fundamentar un diagnóstico errado o justificar la ausencia de los síntomas padecidos y su relevancia, lo cual resulta en una decisión arbitraria al carecer de fundamentación, dado que el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas exige, en su artículo 16°, que en caso de rechazo se deben indicar los fundamentos que se tuvieron a la vista para tomar tal decisión.

Sostiene que lo ocurrido, conculca el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica establecido en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, habida cuenta que el no pago de las licencias médicas le ha generado inestabilidad emocional, frustración, estrés y desánimo. También alega infringida la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2, esto es la igualdad ante la ley, al recibir un trato desigual y discriminatorio en comparación con la mayoría de las personas a quienes sí se les autoriza el pago de sus licencias.

Por último, alega conculcado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Magna, ya que la privan de la retribución monetaria contemplada por la ley, precisamente en los casos de encontrarse imposibilitada de trabajar por enfermedad.

Termina pidiendo, en lo pertinente, lo siguiente:

“1.- Que se declare respecto a la recurrida COMPIN que ha cometido un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales de la recurrente debido a rechazos infundamentados.

2.- 1.- Que se declare respecto a la recurrida CCAF que ha cometido un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales de la recurrente debido a no otorgar el pago de la licencia 3-106054375.

3.- Que la recurrida COMPIN deberá aprobar las licencias médicas actualmente rechazadas y autorizar el pago del subsidio por incapacidad laboral de todas ellas, presentadas por la recurrente, por un diagnóstico médico fundado y manteniendo una relación laboral vigente.

4.- Que las recurridas deberán pagar las costas de la causa, por haber sido mi representada compelida a litigar”.

A folio 6, evacúa informe nombre reservado, presidente regional COMPIN Provincial Concepción, indicando que las resoluciones emitidas sobre las licencias médicas recurridas han sido realizadas por COMPIN Región de O'Higgins, por lo cual no cuenta con antecedentes.

A folio 8 informa nombre reservado, presidente COMPIN Región Del Libertador General Bernardo O’Higgins, quien informa que el año 2024 la usuaria presentó 14 licencias médicas, 10 de ellas autorizadas con un total de 134 días de reposo, las 4 licencias restantes, se encuentran rechazadas por R-104 (Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo). Sostiene que se solicitó antecedentes médicos a la usuaria que justifiquen el reposo otorgado, sin embargo, al ser estudiados, no lograron establecer incapacidad laboral temporal, no informan GAF evolutivo, no detallan cantidad de sesiones de psicoterapia, ni tiempo de intervención, resultando insuficiente, y no logran justificar el reposo reclamado más allá del ya autorizado.

En folio 12, informa INES RIQUELME ARAO, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, señalando que, a dicha entidad, en el marco del derecho a la seguridad social, le corresponde la administración de las prestaciones de seguridad social, para lo cual se regirán por la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil. Estando, además, sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades que le pudieren corresponder a la Contraloría General de la República.

Continúa exponiendo que, la Superintendencia de Seguridad Social, en uso de las atribuciones que le confieren las Leyes N°16.395 y 18.833, impartió instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar mediante Oficio N°7.249 de 2019, en el cual se estableció un nuevo modelo de gestión, basado en la estimación de los déficits que se generen mensualmente con motivo del pago de los subsidios por incapacidad laboral y sus correspondientes cotizaciones previsionales derivados de licencias médicas de origen común.

En concreto, indica que, para el pago de las licencias médicas, se rigen por lo indicado en el DFL N°44, artículos 4° y 6°, que establecen los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para tener derecho al pago del Subsidio por Incapacidad Laboral, a saber, poseer seis meses de afiliación a un régimen previsional, reunir en ese mismo lapso a lo menos tres meses de cotizaciones y poseer una licencia médica autorizada por la COMPIN.

Pues bien, afirma que recibió y dispuso los procedimientos administrativos habituales para la tramitación de las licencias médicas N°3-105531953, 3-108298107, 3-107548965, 3-106054375 y 4-19634745, por el periodo que va desde el 30 de julio hasta el 04 de noviembre de 2024. Una vez autorizadas, las licencias médicas N°3-105531953 y 3-106054375, por la referida COMPIN, procedió a generar los subsidios respectivos, los que fueron pagados mediante transferencia bancaria.

Respecto de las licencias médicas N°3-107548965, 3-108298107 y 4-19634745, no fueron solventadas dado que la COMPIN determinó su rechazo por reposo injustificado. Por ello, es que termina pidiendo el rechazo del recurso al no existir acto ilegal o arbitrario alguno que reprochar a su respecto.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO. Que, el recurso de protección es un instituto constitucional de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

Requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto u omisión viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, y finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado que se vea amagado o perturbado por la eventual acción u omisión ilegal o arbitraria.

SEGUNDO. Como cuestión previa, se debe consignar que las licencias médicas N°3-105531953, 3-106054375 ya fueron pagadas por la recurrida CCFA, por ende, lo discutido, se centra en la eventual ilegalidad o arbitrariedad de no solucionar las licencias médicas N°3-107548965, 3-108298107 y 4-19634745.

TERCERO. Que, en segundo lugar, se debe tener presente que la COMPIN, es una unidad técnico administrativa -bajo dependencia de la Seremi de Salud- encargada de evaluar, constatar, declarar y certificar el estado de salud de los trabajadores y beneficiarios, con el objetivo de determinar la recuperabilidad de sus estados patológicos para la obtención de beneficios previsionales, asistenciales y/o estatutarios. Encontrándose regulada la autorización de licencia médicas en el Decreto Supremo 3 del Ministerio de Salud, la cual señala en su artículo primero, lo que entiende por licencia médica: “El derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, “COMPIN”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, “SEREMI”, que corresponda o ISAPRE según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

De conformidad al procedimiento de autorización de licencias médicas regulado en el referido Decreto Supremo N°3, específicamente en su artículo 16°, es que le corresponde a las COMPIN, en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud.

CUARTO. Pues bien, al alero de la referida normativa, es que la COMPIN procedió a rechazar las licencias N°3-107548965, 3-108298107 y 4-19634745, fundado en que los antecedentes médicos aportados no justifican el reposo, dado que estos no lograron establecer incapacidad laboral temporal, no informan GAF evolutivo, no detallan cantidad de sesiones de psicoterapia, ni tiempo de intervención, resultando insuficiente, y no logran justificar el reposo reclamado más allá del ya autorizado. Al respecto la Cartola Medica reza, en lo pertinente, lo siguiente: “Se recibe por expediente web solo informe de psicóloga emitido el 18/10/2024, desde el 17/07/2024 en psicoterapia, no hay GAF evolutivo, no se detalla las sesiones realizadas ni pendientes, tampoco el tipo específico de intervención. Lo aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el que, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral.

Antecedentes insuficientes que no logran justificar el rol terapéutico asociado al reposo que permita justificar su prórroga. Se mantiene rechazo Imed 107077710 - 107548965 – 108298107 Medipass 19634745 por R104. Sugiero apelar a SUSESO.- CM61”.

QUINTO. De lo antes expuesto, se observa que la actuación de la COMPIN no resulta ni ilegal ni arbitraria, habida cuenta que se encuentra amparada por la normativa antes referida, ni tampoco resulta arbitraria, al estar debidamente justificada en los antecedentes fácticos existentes en autos. Sin que los medios de prueba presentados por el recurrente hagan variar lo decidido.

SEXTO. Como consecuencia de lo anterior, es que el actuar de la recurrida CCAF respecto de las tres licencias no pagadas, tampoco resulta ni ilegal ni arbitrario, dado que las licencias fueron previamente rechazadas por la entidad competente para autorizar su pago, a saber, la COMPIN. al amparo del lo ordenado en el artículo 14° del Decreto Supremo N°3, que ordena: “Es competencia privativa la Unidad de Licencias Médicas de la Compin o de la ISAPRE en su caso, ejercer el control técnico de las licencias médicas”.

SÉPTIMO. En otro aspecto, no se puede soslayar que las resoluciones que negaron las referidas licencias médicas, son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la COMPIN, quien debe resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas. A su vez, en contra de la resolución que ésta emita, se puede pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, en contra de ésta última reclamar ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien, de conformidad a la Ley N°16.395, ostenta la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, al amparo del artículo 39°, inciso primero, que dice: “La Superintendencia de Seguridad Social tendrá competencia para investigar, examinar, revisar y pronunciarse sobre todos los actos de las gestiones administrativas y técnicas de las instituciones fiscalizadas, en las materias de su competencia, y en el otorgamiento de los beneficios a sus asegurados; establecerá si se han cumplido las leyes vigentes referentes a inversiones y otorgamiento de beneficios y, en especial, conocerá los gastos e inversiones de las entidades sometidas integralmente a su supervigilancia”, lo cual el recurrente no realizó, no agotando la vía administrativa existente y es por ello, que los actos recurridos no ostentan la calidad de actos de término, razón que también lleva a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado, en favor de nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ y en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado Felipe Muñoz Levasier, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en sus funciones como abogado integrante.

No firma la ministra interina señora Claudia Vilches Toro, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, en razón de haber cesado en su interinato y retornado a su tribunal de origen.

N°Protección-23224-2024.