JAVAMP INGENIERIA SPA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

C.A. de Concepción Concepción, quince de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece nombre reservado, en nombre de “Javamp Ingeniería SpA”, recurriendo de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción, representada por su alcalde Álvaro Ortiz Vera, por cuanto la Dirección de Rentas ha incurrido en un acto ILEGAL y ARBITRARIO, al cobrarles Derechos de Aseo Municipal, por el Período comprendido entre Segundo Semestre 2020 y Segundo Semestre 2023, al contribuyente Javamp Ingeniería Spa, quien es cliente del servicio de Oficina Virtual, ubicada en Barros Arana N°492 Oficina 78, comuna de Concepción, en circunstancias que dicho cobro debe ser soportado y pagado (de hecho así ocurre) únicamente por la propia oficina virtual “Yarquen Soluciones SpA”.

Señala que por la realidad dinámica de los negocios y las nuevas tecnologías, ha proliferado en Chile un tipo de servicio comercial denominado “oficinas virtuales”. Éstas se refieren a la industria del arriendo de domicilios o espacios virtuales, en los que se llevan a cabo actividades parecidas a las de una oficina convencional pero sin la necesidad de hacer uso de la oficina física, sino a través de un servicio virtual, o web, o compartido, o colaborativo, delegándose todas las tareas administrativas, legales y secretariales a la misma oficina virtual. En la práctica, estamos hablando de una empresa, llamada “OFICINA VIRTUAL”, que pone un domicilio a disposición para que los clientes que están iniciando sus empresas cuenten con un Domicilio Comercial y Tributario, una Secretaria virtual, un teléfono de contacto y las tareas administrativas virtuales que puedan ser necesarias para abaratar sus costos.

Que, en una oficina virtual, o sea, en un mismo domicilio o dirección, pueden existir muchas empresas (en promedio entre 100 y hasta 1.000 empresas formalizadas con RUT), con una misma dirección comercial, dirección tributaria y patente comercial, pero sin desarrollar actividades físicas y materiales en aquella dirección, sino virtuales. Este rubro, innovador y acorde a la realidad económica del siglo XXI, es reconocido por el Servicio de Impuestos Internos, que si bien aún no adapta su normativa a esta realidad actual, sí ha establecido criterios para definir cuando una actividad económica puede o no puede desarrollarse en una oficina virtual. Por ejemplo “una industria de confección de zapatos” no podría, mientras un “desarrollador de soluciones tecnológicas” sí podría. Por ejemplo una empresa tipo “Savory” o “McDonalds” no podrían, pero sí un incipiente “Linkedin”, “AliExpress” o “Glovo” sí podrían, mientras desarrollen actividades on-line. Estas actividades son llamadas hoy en día como “e-commerce”.

Detalla que también es reconocida esta actividad por el Ministerio de Economía Fomento y Turismo, quienes aparte de darle validez al nacimiento de una Asociación Gremial dedicada al tema llamada Asociación Chilena de Oficinas Virtuales - ACOV A.G, han invitado además las Oficinas Virtuales en capacitaciones y charlas sobre la “Digitalización del Estado” y principalmente el programa “ESCRITORIO EMPRESA” que busca simplificar los trámites de creación empresas: Desde su constitución, ya sea a través de “TuEmpresa En Un Día” o el mismo sistema tradicional de creación de empresas ligando al Conservador de Bienes; ya sea con los permisos Municipales y ya sea con los permisos, etc. En ese sentido, las Oficinas Virtuales también han sido reconocidas tanto por la Asociación de Emprendedores de Chile – ASECH, como por el Ministerio de Economía, por haber colaborado en la formalización de emprendimientos precarios (aquellos no formalizados, sin inicio de actividades), que a través de la asesoría de éstas oficinas han podido iniciar sus emprendimientos, crear empresa, dar inicio de actividades y consolidar la fase inicial de sus negocios. Esto es un importante apoyo en disminuir las asimetrías legales que afectan al emprendimiento, las que significan en cifras Chilenas y Latinoamericanas que 7 de cada 10 emprendimientos mueran los primeros 3 años, según el informe realizado por la Unidad de Defensa del Emprendedor en 2016 apoyada por CORFO. Finalmente la Jurisprudencia ha reconocido a estas Oficinas Virtuales y su importancia para el emprendimiento, nos referimos al emblemático fallo de la Corte Suprema en causa Rol N° 15.116-2018; señalando se trata de un arriendo de servicio por concepto de “domicilio tributario” y “domicilio comercial” para que pequeños empresarios puedan tener la dirección registrable ante el Servicio de Impuestos Internos y ante la Municipalidad, además de otros servicios en los que se comprenden.

Manifiesta que, muchos emprendedores que están formando su empresa, en su mayoría empresas de servicios, de comercio electrónico (“e-commerce”), servicios no tangibles o servicios de tecnologías de la información; al momento de iniciar sus emprendimientos tienen las siguientes alternativas para comenzar su negocio: La primera alternativa, es la más tradicional, que significa arrendar o comprar un lugar físico, la cual además de ser costosa, es cada vez más complicada ante la alta demanda de espacios de oficinas. Una segunda alternativa, más actual e innovadora, que es traída desde los modelos norteamericanos de Sillicon Valley, son instalarse en un “CO-WORK”. Estos sitios son espacios colaborativos de trabajo en donde funcionan muchas empresas incipientes, pero ya con trabajadores físicos, instalados en piso conjunto. Y la otra alternativa es contratar una Oficina Virtual, la cual significa abaratar costos de secretaría, espacio físico, logística, entre otros. Pero a su vez, darle dirección comercial y tributaria a sus actividades que en su gran mayoría se desarrollan en la web, en la nube o en el llamado “e-commerce”. Que, todas estas empresas están formalizadas, tributan legalmente y pagan sus patentes comerciales. Pero considera que no les corresponde pagar aranceles o tasas por contraprestaciones que no reciben, como por ejemplo “Derecho de Aseo”. Que, precisamente, en cuanto al presente recurso de protección, el suscrito lo interpone en beneficio del emprendedor “Javamp Ingeniería SpA”, el cual se encuentra domiciliado en domicilio reservado, como cliente de “Yarquen Soluciones SpA”.

Dice que, la mencionada empresa se dedica desde hace un tiempo al servicio de oficina virtual, que se trata simplemente de un arriendo de servicio por concepto de “domicilio tributario” y “domicilio comercial” para que pequeños empresarios puedan tener dirección registrable ante el Servicio de Impuestos Internos y ante la Municipalidad, además de otros servicios en los que se comprenden. En ese sentido Yarquen Soluciones SpA cuenta con sucursales en la comuna de Santiago, Las Condes, Providencia, Viña del Mar y Concepción. Además, Yarquen Soluciones SpA es miembro de la Asociación Chilena de Oficinas Virtuales - ACOV A.G. y Asociación de emprendedores de Chile – ASECH.

Expone que, el mal llamado “DERECHO MUNICIPAL DE ASEO” (pues jurídicamente es una “Tasa” o “Arancel”) está regulado en el Decreto Ley N°3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, específicamente en el Título III de la misma, donde se señala expresamente en el Art. 6° y Art. 7° inciso 1°, por lo que se está en presencia de un “Arancel” o “Tasa”, no un derecho propiamente tal, el que se genera según la misma ley, por una contraprestación ante el retiro de la basura o residuos domiciliarios (ya sea la misma municipalidad o a través de terceros). Que, no es “el cliente de oficina virtual” quien debe pagar el Derecho de Aseo sino el “dueño o arrendatario de la oficina y que ofrece el servicio de oficina virtual”.

Expresa que, para entender esta situación, primero es importante hacer una distinción conceptual entre “Tasa o Arancel”, entre “Impuesto” y entre “Contribución”, para efectos de determinar cuál es la naturaleza jurídica de este cobro por Aseo que realizan las Municipalidades. Impuesto, ontológicamente, está concebido como una carga que tiene el contribuyente por desarrollar una actividad lucrativa determinada o por tener un patrimonio determinado. Y este pago que realiza el contribuyente, su fin es el de aportar al bien común del Estado. Por lo tanto, frente al pago del impuesto, no hay una contraprestación del Estado. Por su parte, la contribución, es un aporte ya sea con un fin benéfico o en relación a su patrimonio (ej. Impuesto Territorial). Y finalmente la tasa o también llamada arancel, es el precio que paga el ciudadano por un servicio que le presta el estado, en sus distintas reparticiones. Ya sea Registro Civil Aduanas y por sobre todo, las Municipalidades.

Detalla que, el mal llamado “Derecho de Aseo” es un Arancel o Tasa que el ciudadano (propietario o contribuyente) debe pagar por la contraprestación de obtener el retiro de la basura o los residuos, que genera el ciudadano o contribuyente – que se encuentra físicamente en el domicilio o dirección comercial gravado con dicho arancel. Que, cuanto a las Oficinas Virtuales: deben pagar Derecho de Aseo, pues ellos sí están físicamente, de hecho “Yarquen Soluciones”, así lo ha hecho durante el año 2018 hasta la fecha. Luego, los Cliente de Oficinas Virtuales NO deben pagar Derecho de Aseo, por no existir una actividad comercial material en el domicilio, no existe por tanto residuos que deban asearse. Y si los hay, estos no son generados por ellos sino por el dueño de la oficina quien ya pagó ese Derecho de Aseo. Por lo tanto, la tasa o arancel no puede aplicarse o cobrarse sino sólo una vez, así lo han entendido también otros Municipios que los han exceptuado de estos pagos, y jurídicamente así corresponde tal como lo explicaremos más adelante.

Señala que la recurrida Municipalidad ha procedido a efectuar un cobro por “Derechos de Aseo” a todas las patentes comerciales de la comuna, sin distinguir si están domiciliadas en domicilio reservado de la Tercera Sala de la Corte Suprema que acogió el Recurso de Protección presentado por la Asociación Gremial Chilena de Oficinas Virtuales – ACOV A.G en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago; resolviendo dejar sin efecto el cobro realizado por la Municipalidad al tratarse de un proceder ilegal y arbitrario.

Considera este recurrente, que el cobro realizado por la Ilustre Municipalidad de Concepción, es un acto arbitrario que priva y perturba a los usuarios clientes de oficina virtual del legítimo ejercicio de los derechos de propiedad, libertad económica e igualdad ante la ley.

Detalla que se amenaza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, la igualdad ante la ley. Por lo que solicita acoger el recurso y ordenar se adopte de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y deje sin efecto el cobro por Derecho de Aseo del período 2020 al 2023 que se inició en el 2° semestre del 2020 a la fecha (2° semestre del 2023), devolviendo el monto ya pagado, y se deje sin efecto también el de los futuros períodos; o lo que se determine prudente; todo ello con expresa condena en costas para la recurrida, en caso de oponerse.

Informó la abogada Vianett Cortés Mora, en representación de la I. Municipalidad de Concepción y de su Alcalde, quien expone que los recurrentes yerran el camino jurisdiccional para ejercer sus supuestos derechos, y lo hace intencionadamente pensando que a través de esta Acción Constitucional podrá obtener ventajas que no le corresponden ni en derecho, ni en justicia. Que, el legislador al regular expresamente las acciones o mecanismos que un particular puede utilizar para reclamar de las decisiones de la autoridad, lo ha señalado expresamente, de modo que estima que deberá acudirse a dichos recursos para impugnar decisiones de la autoridad. Que nuestra Legislación contempla expresamente las acciones específicas y especiales para recurrir este tipo de actos administrativos, uno de los cuales es el Reclamo de Ilegalidad, otros reclamos ante la Contraloría General de la República, y también recurso administrativo o gubernativo de reposición. Que, el recurso de protección en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos, que es lo que precisamente pretende el recurrente, que se le reconozca o declare supuestos derechos que resultan afectados por el actuar de la Municipalidad, como sería la de declarar ilegal un acto administrativo que no adolece de vicio alguno.

Dice que, se controvierten todas las alegaciones señaladas por la contraria salvo aquellas que son expresamente reconocidas en esta presentación, quedando así, que en forma alguna existe la arbitrariedad y supuesta ilegalidad aducida por la contraria. Que, asimismo, verificada en su consulta tributaria de terceros, del Servicio de Impuestos Internos, constan diversas actividades, dentro de las cuales no se ve que la demandante tenga el giro correspondiente al Código 681011 por Alquiler de Bienes Inmuebles Amoblados o con Equipos o Maquinarias, según la actividad descrita en su acción. Que, así las cosas, el recurso omite, así como sus antecedentes lo ratifican, el hecho de que, si realiza y presta servicios distintos a aquellos intangibles, y que además se puede suponer no se encuentran regularizados, toda vez que no aparecen declarados entre sus actividades aquellas distintas a los servicios inmateriales que dice prestar exclusivamente.

Expresa que, en el Ordinario 3294 de 29 de diciembre de 2015 del director de la Subdirección Normativa del Servicio de Impuestos Internos, nombre reservado, relativo al “Uso de Oficinas Virtuales como domicilio de contribuyentes para fines tributarios”, este señala que “el único domicilio válido para obtener Rut y/o para presentar una declaración de inicio de actividades, es aquel lugar donde el contribuyente efectivamente realice la actividad principal del negocio o giro”. En este mismo sentido, indica que esto se encuentra conforme a lo dispuesto en la Circular Nº 31 de 2007.

Detalla que, así las cosas, además resulta que la declaración del recurrente, en cuanto sus clientes no desarrollarían actividades físicas y materiales en sus dependencias, y sólo virtuales, dan cuenta de una infracción de todos ellos, particularmente por aplicación del artículo 66 y 68 inciso 4° y 5° del Código Tributario, sobre domicilio tributario, cuya sanción se contempla en el artículo 97 Nº 23 del mismo cuerpo legal. Que así, deberá acreditarse mediante información tributaria, listado completo de sus clientes, y solicitarse informe al Servicio de Impuestos Internos, a efectos de determinar si la actividad desarrollada se encuentra conforme las normas señaladas, y lo dispuesto en la referida circular y ordinario. Pues de lo contrario, deberán dichos clientes, y el recurrente, señalar donde se realiza efectivamente la actividad, y donde según se teoría del caso, deberían pagar derechos de aseo. Que, del modo que se indica, y atendiendo a la buena de los contribuyentes, estos al declarar como domicilio al iniciar actividades, aquel correspondiente al “domicilio virtual”, mediante declaración jurada, declaran realizar su actividad o giro en el referido domicilio, por lo que necesariamente supondrán, el uso de este, y consecuencialmente, serán usuarios que deben pagar el derecho de aseo municipal, o como indica la contraria, una tasa por dicho servicio, y que se presta efectivamente en toda la comuna de Concepción.

Señala que, según indica la contraria, si los recurrentes y los interesados en el resultado de esta protección, no prestan servicios o desarrollan su giro o negocio en sus dependencias, esta estaría declarando abiertamente la existencia de sucursales o casas matrices no declaradas, y que por lo tanto, vienen en infringir lo dispuesto en el artículo 2°, 3°, 9° 10°, y 13° del Reglamento para le aplicación de los artículo 23° y siguientes del D.L. 3.063 de 1979, sobre rentas municipales, así como lo establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Rentas Municipales, D.L. 2385. Que lo señalado por el recurrente, y en atención a las normas referidas, pugna con lo dispuesto en la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, citada por la contraria, Rol 15.116-2018, toda vez que aquella establece que”…la circunstancia de contar los recurrentes con patente comercial permite asumir que ejercen una actividad comercial efectiva en el lugar, lo que los hace beneficiarios del servicio de aseo y, por ende, obligados a solventarlo, a no ser que demuestren lo contrario.”, y luego en su considerando noveno señala que “…la circunstancia de estar enrolado en el pago de una patente comercial no necesariamente ha de implicar la obligación de pagar derechos de aseo. Ello porque puede acontecer que quien detenta la patente no reúna, sin embargo, alguna de las calidades que obligan al pago de derechos de aseo.”, por lo que para su determinación habrá que estar a lo que el recurrente como sus clientes, declararon ante el servicio de impuestos internos, y que, en caso de no ser efectivo, como indica el recurrente, podría dar lugar a una serie de infracciones tributarias.

Dice que, atendido el párrafo anterior, no es efectivo que no deban pagarse derechos de aseo, sino que habrá que estarse a circunstancias fácticas, que, en el caso en cuestión, dan pie al cobro de referido derecho de aseo, porque según los mismos contribuyentes declararon al Servicio de Impuestos Internos, estos realizan su giro o negocio en dicho lugar, lo contrario es derechamente aceptar la existencia de un fraude o infracción de ley. Que, por lo anterior, no es efectivo que exista un acto arbitrario o ilegal, al fundarse su cobro precisamente en la declaración que el recurrente y los contribuyentes con domicilio en sus dependencias, hicieren al momento de iniciar sus actividades ante impuestos internos, y sino fuere así, deberán acreditar los supuestos de donde ejercen sus actividades aquellos, en contradicción a lo declarado por ellos mismos. Que, por ende, tampoco es discutido, que tanto el recurrente como quienes desarrollan su actividad en sus oficinas, realicen actividades económicas, y tengan actividades en impuestos internos, lo que habrá que discernir, a través de los antecedentes que aporte el recurrente.

Expone que, en primer lugar, es pertinente recordar que patrimonio de las Municipalidades está constituido, entre otros, por los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen, según el artículo 13 letra d) de la Ley 18.695, Ley Orgánica de Municipalidades. A su vez, los Derechos Municipales están definidos en el artículo 40 de la Ley de Rentas. Que lo señalado, se funda en lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 9° del D.L. 2385, “Que Fija Texto Refundido y Sistematizado del Decreto Ley Número 3.063 de 1979, Sobre Rentas Municipales”, normas en virtud de las cuales se permite, que el cobro se realiza en forma diferenciada y por cada usuario, vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosco, o sitio eriazo. Que, en términos generales no existiría acto arbitrario e ilegal, en cuanto la recurrente y los demás contribuyentes habrían indicado mediante declaración jurada que en las oficinas objeto de este recurso, ejercen su giro o negocio, siendo así posible que se gire más de un cobro por derechos de aseo, atendido a que debe estarse a los usuarios, y a cada uno de ellos. De este modo, según consta en el Sistema de Patentes Municipales, distintos usuarios en referido domicilio, haciendo uso efectivo de su negocio o giro. Que, por lo indicado por el recurrente, es un hecho reconocido, que, en el inmueble antes enunciado, ejercen su profesión y oficio distintas empresas, las cuales son distintas una de la otra, debiendo cada una de ellas, tener su patente municipal propia, es decir se trata de usuarios diferentes que realizan actividades lucrativas según el artículo 23 de la Ley de Rentas. Que, por su parte, el artículo 12 del Decreto Ley Nº 484, ya referido, indica los requisitos que debe contener la solicitud de patente municipal de cada uno de ellos. Que, del mismo modo, el artículo 13 del Decreto Ley N.° 484, sobre aplicación del artículo 23 y 24 de la Ley de Rentas Municipales, establece que la misma obligación señalada en el artículo 66 y 68 del Código Tributario, toda vez que exige al solicitar Patente Municipal, la verificación de determinados requisitos sectoriales, constatando en relación a lo dispuesto en el referido artículo 12. Que así, en cuanto al giro del derecho de aseo propiamente tal, además de ser obligación de los recurrentes declarar el domicilio donde desarrollan su actividad, sea esta casa matriz o sucursal, corresponde su pago por cada uno de los usuarios del inmueble, así lo ha entendido la Contraloría General de la República.

Manifiesta que, a este respecto, el artículo 9 inciso 5° de la Ley N.º 10.336, que “Fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república”, establece que los informes evacuados por Contraloría General de la República son obligatorios, para las instituciones sobre las cuales ejercen control, por lo que en sus Dictámenes, se aprecian las reglas de interpretación y aplicación de las normas en virtud de las cuales se puede desenvolver por ejemplo el actuar municipal. Que, no se encuentra discutido en los recursos de la contraria, que las actividades realizadas tengan por objeto el lucro, ni obtener rentas, lo que tiene relevancia en cuanto al giro del derecho de aseo, y la prueba de los supuestos de sus cobro, toda vez que procede la aplicación del artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales. Que, asimismo, el artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, D.L. 2385, establece la obligación de informar donde los contribuyentes ejercen su actividad. Que, a su vez, el artículo 25, indica que en caso de sucursales u oficinas deberá el contribuyente aportar la siguiente información, según dispone en su inciso 2°, el cual indica que “Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar, dentro del mes de mayo de cada año, en la municipalidad en que se encuentre ubicada su casa matriz, una declaración en que se incluya el número total de trabajadores que laboran en cada una de las sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial”. Que por otro lado, el artículo 24, ya señalado, al referirse al Servicio de Impuestos Internos, se remite directamente al domicilio señalado ante el referido servicio, esto es, aquel que exige el artículo 66 del Código Tributario. Lo señalado, debe interpretarse en armonía con el artículo 68 incisos 4° y 5°, que regulan la declaración jurada de inicio de actividades, junto las modificaciones de dichos antecedentes. Que la sanción a las normas indicadas, se contiene en el artículo 97 Nº 23 del Código Tributario Expresa que las normas reseñadas dan cuenta de que la obligación de indicar el domicilio donde se ejerce la actividad debe ser proporcionada ante el Servicio de Impuestos Internos, y que si bien siendo obligaciones relativas al giro de la patente comercial, dan cuenta de declaraciones juradas, que señalan que los usuarios de dicha dependencia, ejercen su actividad en el lugar de las oficinas donde se ubica Virtual Pyme SPA, siendo ese el hecho generador de la obligación, además del uso de sus oficinas, estacionamientos, y especies muebles e inmuebles en dicho lugar, lo que viene en contradecir las alegaciones de la recurrente que indica sólo serían servicios virtuales. Lo contrario implicaría una acusación de mala fe a sus clientes, y, además, de las existencias de infracciones a lo exigido por el Código Tributario, por lo anterior, no existe acto arbitrario e ilegal, sino que todo lo contrario el cumplimiento de la ley, y en virtud de declaraciones juradas, actos propios, y responsabilidades legales, tanto del recurrente, como de sus contribuyentes, debiendo rechazarse el recurso interpuesto.

Seguidamente señala que el recurso es del todo impreciso, ambiguo y no cumple con los requisitos mínimos para que sea acogido. De una lectura simple del recurso se constata, que todos los argumentos son forzados y desapegados del mérito de los antecedentes fundantes de lo obrado por el municipio, desarrollando su base argumental respecto a que se ha visto afectada, sin explicar cuál sería la acción u omisión ilegal, qué hizo el municipio o dejó de hacer, a que estuviera legalmente obligado o porqué su conducta sería arbitraria. Que en lo concerniente a las Garantías éstas no se mencionan, ni se explica en qué forma alguna garantía constitucional sufre privación perturbación o amenaza, lo que dificulta el desarrollo de este acápite del informe, pero constituye un fundamento para que éste sea rechazado. Que esto ocurre, porque tal como se indica, no se ha limitado en forma alguna el Derecho de Libertad de Empresa y No Discriminación, del recurrente, contenido en el artículo 19 N.º 21, de la Constitución Política del Estado, por cuanto el mismo numeral del artículo 19, regula y limita el ejercicio de la actividad económica; particularmente en el sentido de que ningún Estado de Derecho permite el ejercicio de actividades que contravengan las normas que la regulan y que ya fueron enunciadas, y que se aplican en forma general para todos los contribuyentes de la comuna.

Detalla que, no es efectiva ninguna vulneración a las garantías señaladas, del artículo 19 Nº 2°, 21°, 22° y 24°, toda vez que el derecho se cobra y calcula en forma de general aplicación por cada usuario, en forma fundada, y según los domicilios declarados en donde efectivamente desarrollan su giro o negocio, en el mismo tenor de las normas tributarias ya referidas. Si existe discriminación, se ruega sea acreditado, porque de lo contrario es una acusación infundada y arbitraria. Por otra parte, y con respecto a los otros requisitos de procedencia del Recurso de Protección estima que tampoco concurren.

Dice que el pago de derecho de aseo, por todos los contribuyentes que tengan oficinas en un mismo domicilio, apunta a que mientras más personas empleen un establecimiento, oficina o local, mayor cantidad de desechos deberán extraerse, según el número de usuarios, y tal como indica el recurrente, y como aparece en su sitio web, estos ocupan oficinas, reciben encomiendas, estacionan vehículos, etc., y no sólo requieren prestaciones de aquellas llamadas virtuales. Que, no existe ningún hecho expresado en el apartado denominado “Garantías Vulneradas”, en que señale el actuar que se les imputa como ilegal o arbitrario, de modo que no existe una vulneración de garantías vulneradas, por cuanto no es efectivo que se retire la basura sólo a algunas personas, al referirse al artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, sobre igualdad ante la ley, sostener lo contrario, como intenta la recurrente, pues esto llevaría a sostener que al momento de retirar la basura esto sólo se hace respecto de quienes pagaron, lo que es falso. Mas lo cierto, es que el servicio se realiza en forma general en toda la comuna, de lo contrario se acumularía en todas las esquinas la basura, por aquellos contribuyentes que no estuviesen al día, cosa distinta, es que se puedan dirigir acciones de cobro contra quienes se encuentren morosos de su pago. Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

2.- La recurrente sostiene que la municipalidad recurrida ha actuado ilegal y arbitrariamente al proceder al cobro de los derechos (tasa o arancel) de aseo, por la circunstancia de tener patente comercial con domicilio señalado en un sistema de arriendo de oficina virtual, que no ocupa materialmente, habiendo la empresa arrendadora pagado la tasa respectiva por ese concepto.

La recurrida informó sosteniendo la legalidad de su actuar, ya que la empresa recurrida tiene patente comercial declarando ese domicilio para el ejercicio de su giro, de modo que debe pagar la tasa en cuestión, sin que la presente acción constitucional sea la vía para declarar su pago indebido, pretensión que requiere la acreditación del uso efectivo o no que se hace de ese domicilio y, luego, la interpretación jurídica respectiva.

3.- La presente acción constitucional es un procedimiento especial, breve y de urgencia, destinado a otorgar protección de ciertas garantías constitucionales y requiere la existencia de una situación de hecho indubitada, que amerite la tutela solicitada, condición que no se da en la especie, pues en la controversia planteada es preciso establecer, en un procedimiento adversarial, con potencialidad de un debate probatorio y argumental acabado, la exacta forma en que se desenvuelve el arriendo de la oficina virtual de que se trata, toda vez que de existir un uso efectivo de ese espacio, de alguna manera, procedería cobrar la tasa de aseo domiciliario.

4.- Así las cosas, con los antecedentes aportados, la decisión del municipio de cobrar los derechos de aseo desde el segundo semestre de 2020 al segundo semestre de 2023, no parece ser ilegal ni arbitrario, se encuentra dentro de sus competencias específicas y tuvo motivos para actuar de ese modo, lo que permite descartar, a su vez, la amenaza o vulneración de alguna garantía constitucional. Todo ello conduce a la desestimación de la presente acción.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección interpuesto por Javamp Ingeniería SpA, en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martín.

Rol N°21.837-2023 - Protección.