nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

C.A. Concepción.

Concepción, seis de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En folio 1 comparece don Juan José Lynch Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, y recurre de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, solicitando que se acoja el recurso ordenando a la recurrida restablecer el imperio del derecho, desistiendo de los descuentos por planilla efectuados sobre la remuneración mensual de su representada, y reintegrar a su patrimonio los realizados, todo con costas.

Expone que el 14 de enero de 2011, obtuvo un crédito por el cual suscribió un pagaré a modo de garantizar dicha obligación, pactando su pago en 36 cuotas de $37.986, los cuales se descontarían por planilla, del pago de la remuneración mensual correspondiente.

Relata que el mes de julio del año 2011 fue despedida de la empresa donde trabajaba -Instituto Asecap Limitada- motivo por el cual no pudo seguir cumpliendo su obligación, desde la cuota correspondiente al día 31 de julio de 2011.

Argumenta que a la fecha, el recurrido no ha ejercido acción ejecutiva ni administrativa alguna tendiente al cobro compulsivo de la obligación insoluta, en consecuencia no agotó los medios legales para obtener su pago, siendo negligente en el cobro del referido crédito, al haber dejado transcurrir más de 10 años sin hacerlo.

En noviembre del 2023, narra, sin previo aviso y de forma arbitraria e ilegal, el recurrente dio aviso a su actual empleador de realizar descuentos de su remuneración para el pago del crédito ya mencionado, lo cual carece de sentido y lógica, toda vez que cualquier acción estaría prescrita y deviene en arbitrario, vulnerando con ello el derecho de propiedad consagrado en el Artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por cuanto los descuentos efectuados en su planilla de remuneración afectan su patrimonio y el derecho de propiedad sobre estas, privándole de beneficios económicos.

Cita jurisprudencia en apoyo de su razonamiento.

A folio 5 informa la abogado Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por cuanto su parte no ha incurrido en acción u omisión ilegal o arbitraria de ninguna índole.

Explica que su representada otorgó a la recurrente la operación de crédito cuyo código es el RUT reservado, por un capital de $916.712, a una tasa de 2.1%, pagadero en un plazo de 36 meses, cuya primera cuota ascendía a $37.956 y su primer vencimiento correspondió al 28.02.2011. Para asegurar su pago, contó con la fianza solidaria de doña nombre reservado.

Expone que la primera cuota fue pagada con fecha 18.03.2011, las segunda a quinta cuota, desde marzo a junio de aquel año -de $28.451 más un interés penal- fueron pagadas con fechas 10.03.2014, 09.05.2014, 14.07.2014 y 10.09.2014, por doña nombre reservado, en su calidad de aval y codeudor solidario. La sexta cuota, correspondiente a julio de 2011, fue pagada por la recurrente con fecha 10.12.2023. Todas las cuotas restantes se encuentran en mora.

Sostiene que, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que establece lo siguiente: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En otro aspecto, razona que el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita se encuentra vigente, ya que dicha prescripción debe ser declarada judicialmente, al no operar de pleno derecho. En consecuencia, la deuda existe y resulta exigible. No siendo, este procedimiento, la instancia para obtener dicho pronunciamiento. Por lo antes dicho, sostiene: “De este modo, esta parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente”.

No obstante lo anterior, luego expone que, sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos en que se funda el presente recurso de protección, la Caja de Compensación Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, de modo tal que el presente arbitrio ha perdido oportunidad y debe ser rechazado, toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y la restitución solicitada. Cita jurisprudencia en apoyo del punto.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, establece que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte de inmediato las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que establezca la ley. En lo concerniente al recurso deducido y conforme a lo expuesto por la recurrente, la Carta Fundamental asegura a todas las personas, en su artículo 19 N°24: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

SEGUNDO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

TERCERO: Que son hechos no controvertidos en autos, los siguientes: a) que la recurrente celebró con la recurrida la operación de crédito código RUT reservado, por un capital de $916.712, a una tasa de 2.1%, pagadero en un plazo de 36 meses, mediante descuento por su empleador; b) que posteriormente, la recurrente quedó sin trabajo, interrumpiéndose en consecuencia los descuentos; c) que, se pagaron sólo seis cuotas; d) que, actualmente, la recurrente ha vuelto a trabajar y la recurrida a través de descuentos de la remuneración de aquélla, ha obtenido el pago de algunas cuotas.

CUARTO: Que la recurrente sin desconocer el hecho de encontrarse en mora en el pago de las cuotas que adeuda, estima arbitrario e ilegal que se descuente por planilla todos los meses, una deuda de hace más de 10 años, dado que el crédito fue contratado el año 2011, sin que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes haya intentado agotar oportunamente los procedimientos legales para obtener su pago.

QUINTO: La recurrida, en tanto y sin controvertir tales hechos, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte, toda vez que dicha obligación no ha sido declarada prescrita y en consecuencia ha procedido como lo autoriza la ley, y luego que ha perdido oportunidad, toda vez que su parte ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Sobre este último argumento, será desde ya rechazado, toda vez que de los documentos rolantes en autos, aun no se ha procedido a suspender los descuentos y efectuar las devoluciones de lo ya pagado.

SEXTO: Sobre el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida en casos similares, ya se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema:“(…) sin que en el tiempo intermedio la recurrida haya ejecutado acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por lo que el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso y carente de razón, privando al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña, derecho que se encuentra amparado en lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental”; (rol 37.889-2017. En el similar sentido rol 23.258-2019, y de esta Corte, el 15.077-2023)

SEPTIMO: Que, por su parte, el artículo 22 de la ley N°18.833, dispone: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora... ". Esta norma tiene por finalidad otorgar a las cajas de compensación una facilidad en el cobro sus créditos, pero bajo ningún respecto las exime de iniciar los procedimientos prescritos en la ley para exigir el cobro de las obligaciones vencidas, tan pronto se den los requisitos para su ejecución.

OCTAVO: Que así las cosas, tratándose de obligaciones respecto de las cuales la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes ha tenido la posibilidad de accionar para exigir el cobro de las mismas, sin que existan antecedentes de que haya ocurrido, y, por otra parte, que habiendo ejercido la facultad de retención contenida en la disposición legal señalada en el motivo anterior, transcurridos más de 10 años después que se hizo exigible su derecho, reviviendo unilateralmente un beneficio contemplado para un cobro oportuno, transforma dicho acto en arbitrario, afectando el derecho de propiedad de la recurrente sobre parte de su remuneración, el que se encuentra protegido por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, si bien el recurrente también ha solicitado la devolución del dinero que fue descontado de su remuneración, no se accederá a ello, pues tal petición al ser declarativa de un derecho exorbita el ámbito de competencias de esta Corte, atendida la naturaleza eminentemente cautelar y de urgencia de la acción deducida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que, se rechaza la falta de oportunidad alegada por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE, SIN COSTAS, el recurso de protección interpuesto por don Juan José Lynch Parra, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solo en cuanto se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales otorgados al actor vía descuentos de sus remuneraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó Felipe Muñoz Levasier, Abogado Integrante.

No firma el abogado integrante señor Felipe Muñoz Levasier, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol Protección 21.473-2023.-