nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉ

Concepción, lunes quince de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

nombre reservado, asistente social, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Tomé, representada por su Alcaldesa, Gloría Ivonne Rivas Ortiz, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el actuar arbitrario e ilegal que le ha privado ilegítimamente del pago de sus honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre del año 2023, a fin que esta Corte ordene a la recurrida dejar sin efecto dicha determinación y se disponga el pago de dichos emolumentos, cautelando con ello los derechos o garantías constitucionales amparados en los numerales 3° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que en virtud de “Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios”, celebrado entre ella y la recurrida, con fecha 30.12.2022 y aprobado por Decreto Alcaldicio de 10-02-2023, se desempeñó en su calidad de Asistente Social como prestadora de servicios en un programa municipal denominado Centro Diurno Comunitario de Adultos Mayores “nombre reservado” de Tomé, debiendo desempeñar las funciones establecidas en la cláusula tercera de dicho contrato, sin obligación de cumplimiento de jornada de trabajo y, por tanto, sin obligación de marca o firma.

Sostiene que dicha forma de contratación fue reafirmada por un pronunciamiento jurídico del municipio, de 17 de julio de 2023, suscrito por el abogado Claudio Vargas Chávez, en conjunto con el Ordinario N° 190/2023, dirigido desde la Dirección Jurídica del Municipio a la Dirección de Administración y Finanzas; además del Ord. 1291, de 21 de agosto de 2023, dirigido por la Alcaldesa a la actora.

Indica que el aludido pronunciamiento declara expresamente que: “... la contratación de la prestadora de servicios ya individualizada, se realiza teniendo especialmente presente que se trata de prestaciones de servicios en programas comunitarios, que comprenden la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios para la prestación de servicios ocasionales o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia con cargo al subtítulo 21, ítem 04 asignación 004, del Decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que determina clasificaciones presupuestarias...

... lo cierto es que conforme la extensa documentación que se detalló previamente, puede constatarse que la naturaleza jurídica de la relación contractual que mantuvo y que mantiene (nombre reservado) con la I. Municipalidad de Tomé, lo es en calidad de servidora a honorarios y los beneficios a que tienen derecho las personas contratadas bajo dicho vínculo, tan solo son aquellas que las partes hayan convenido en el respectivo contrato de prestación de servicios, por lo que no es correcto señalar que la I. Municipalidad de Tomé seguiría siendo su empleadora, por cuando no existe entre ambos una relación de subordinación o dependencia, sino tal como se indicó previamente, tan solo una relación de prestación de servicios a honorarios”.

Añade, que durante el mes de noviembre se vio imposibilitada de concurrir a las dependencias del Centro Diurno del Adulto Mayor, desempeñando sus funciones desde su domicilio, dado que no tiene la obligación de asistencia y marca o firma en libro de control. Lo anterior, debido principalmente a problemas de salud que afirma haber acreditado, a fin de no ausentarse injustificadamente y continuar desempeñando sus labores.

Destaca que con anterioridad, ya se habían producido situaciones similares, específicamente durante los meses de septiembre y octubre de 2023, en que por problemas de salud se le autorizó, a veces expresa y otras tácitamente, el cumplimiento de labores desde su domicilio, sin que existieran descuentos o negativas al pago de sus honorarios. Es más, menciona a que los demás profesionales que laboran en el mismo centro, usualmente se les brinda la posibilidad de ausentarse físicamente del lugar en que funciona aquel, por los mismos motivos, debiendo acreditar, para los efectos del pago de sus honorarios, el cumplimiento de las actividades y objetivos de su contrato.

Expone que en principio su estado de salud se vio afectado por una degradación de la mácula del globo ocular izquierdo, en razón de lo que tuvo que someterse a un tratamiento con un medicamento cuya aplicación en el ojo era por medio de una inyección y que generalmente, y de manera ambulatoria, se efectuó en día sábado, a fin de no afectar su desempeño y labores en el trabajo. Sin embargo, lamentablemente, y producto de una serie de situaciones de maltrato laboral y deslegitimación de su rol ante el equipo de trabajo, efectuadas verbalmente y por escrito por parte de la Directora de Desarrollo Comunitario del municipio, nombre reservado -respecto de quien se inició protocolo interno de denuncia-, sufrió una descompensación psicológica. Que ante tal descompensación, su médico tratante el CESFAM Penco, le sugirió reposo, pero sin extenderle una licencia médica, ya que el objetivo perseguido por él era que se alejara de las situaciones de maltrato o estresantes, sin que dejara de desempeñar sus funciones, toda vez que su calidad contractual lo permitía, por cuanto no tiene obligación de asistencia, ni cumplimiento de horario, ni de jornada laboral. No obstante ello, indica que jamás imaginó que tal situación tendría como represalia la retención completa de sus honorarios.

Que con fecha 27 de noviembre pasado, efectuó labores de manera presencial en las dependencias del centro, elaborando su informe de actividades y emitiendo la boleta de honorarios electrónica respectiva, con fecha 1 de diciembre de 2023, la que envió a la Dirección de Desarrollo Comunitario para que fuera visada por el Director (S) y enviada a la Dirección de Administración y Finanzas, a fin que se procediera al pago de los honorarios correspondientes; que, sin embargo, estando toda la documentación visada, la Directora de Desarrollo Comunitario titular, nombre reservado, efectuó una simple, pero determinante llamada telefónica al Director de Administración y Finanzas, nombre reservado, para que detuvieran el pago de sus honorarios. En consecuencia, desde el día 30 de noviembre de 2023, se encuentra sin pago de honorarios, estando aquellos retenidos en el municipio.

Refiere que la forma de dilucidar si efectivamente se dejó de prestar las funciones correspondientes o los hechos que posibilitan que la Directora diera la orden de detener el pago de sus honorarios, o efectuar el descuento correspondiente, es mediante la instrucción de algún procedimiento investigativo al interior del municipio, investigación sumaria o sumario administrativo, garantías tendientes a evitar arbitrariedades, concediendo a los afectados el derecho a presentar descargos y pruebas para acreditar o desacreditar hechos o imputaciones dirigidas en su contra, pero en este caso la sanción que le fue impuesta por nombre reservado y nombre reservado, en representación del órgano recurrido, atenta gravemente contra el principio del debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3º de la Carta Fundamental.

Asimismo, estima que el acto ilegal y arbitrario denunciado le causa un daño patrimonial inmediato e irreparable, toda vez que la priva arbitrariamente de su sustento, por lo que debe concluirse que la conducta de la autoridad recurrida no solo no se ajusta al texto vigente o normativo, sino que, además, su acción carece de razonabilidad, lo que vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, y en este caso el bien privado es de naturaleza incorporal, correspondiente a una cosa mueble.

Hace presente que contractualmente, sus honorarios ya estaban devengados en su favor, pues el informe de actividades visado por el nombre reservado, había iniciado su tramitación, debiendo concluirse con la transferencia de un monto total de $900.000, menos la retención de impuestos correspondiente; suma que fue arbitraria e ilegalmente retenida por la recurrida, actuando por medio de los directores aludidos anteriormente.

Termina solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Tomé, declarando que la retención de sus remuneraciones, efectuado por la recurrida con fecha 30 de noviembre pasado, es ilegal y arbitraria, ordenándole dejar sin efecto dicha actuación, reintegrando las cantidades retenidas o no pagadas, cautelando así el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nºs. 3° y 24 de la Constitución Política de la República, o bien que esta Corte adopte las medidas que estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho; con costas.

Informó Claudio Andrés Vargas Chávez, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Tomé, solicitando el total rechazo del presente recurso, con costas.

Señala que efectivamente doña nombre reservado, suscribió un contrato de prestación de servicios a honorarios con su representada, el cual tuvo una vigencia desde el día 1 de enero de 2023 hasta el pasado 31 de diciembre de 2023, enmarcándose dicho convenio dentro de uno suscrito entre la Municipalidad de Tomé y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para el financiamiento de un proyecto itinerante ubicado en la comuna de Tomé, del programa Centros Diurnos, de 28 de julio de 2022.- Explica que el convenio mencionado se rige por la Ley N° 19.828, de Presupuestos del Sector Público, el Decreto Supremo N° 15/2013, del Ministerio de Desarrollo Social, Decreto Supremo N° 93, de 2003 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por las Bases Administrativas, técnicas y sus anexos, aprobados por Resolución Exenta N° 856, de 31 de mayo de 2022, y la Guía de Operaciones de Centros Diurnos Comunitarios, que señalan estándares necesarios para la ejecución del citado Programa, ambas del Servicio Nacional del Adulto Mayor, siendo el objetivo de dicho convenio el financiamiento del proyecto itinerante denominado Centro Diurno del Adulto Mayor nombre reservado, en la comuna de Tomé, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores vulnerables, a través de la mantención y/o mejoramiento de sus funcionalidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales.

Alega que la recurrente efectivamente dejó de prestar servicios durante el mes de noviembre de 2023, no concurriendo al CEDIAM, lugar en que prestaba apoyo y que pasados 5 días sin tener noticias de ella, doña nombre reservado, Directora de Desarrollo Comunitario, intentó comunicarse telefónicamente con la actora sin obtener resultados. En razón de lo anterior, la Directora en reunión con don nombre reservado, Administrador Municipal, realizaron una reunión con el equipo de trabajo -en ausencia de la recurrente- en donde se determinó que don nombre reservado, kinesiólogo del programa, desarrollara sus funciones por el mes de noviembre. Sumado a ello, indica que a finales del mes de noviembre de 2023, apareció la Sra. nombre reservado, tal como ella misma relata, extendiendo la boleta por el monto total de honorarios por las funciones que habría desempeñado en ese mes de noviembre.

Reconoce que es efectivo que la recurrente para el desempeño de sus servicios no requería marcar asistencia, ni tenía una jornada determinada, lo cual sostiene es consecuencia de la naturaleza civil de su contrato. No obstante lo anterior, expresa que, dado el estado de salud de la recurrente, según ella relata, sus prestaciones el mes de noviembre de 2023, las realizó don nombre reservado, motivo por el cual no procede el pago de honorarios, o no al menos en forma íntegra. En tal sentido, menciona que acompaña documentación que da cuenta que la actora se mantuvo con reposo médico hasta el día 7 de diciembre de 2023.

Afirma que su representada no ha vulnerado normas del debido proceso, por cuanto el contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes constituye una ley para las mismas, y en él se contempla además de las formalidades requeridas para el pago del respectivo honorario, que se presten efectivamente los servicios contratados y en el caso de la recurrente, sus servicios fueron ejecutados por otro funcionario durante el mes de noviembre de 2023. Asimismo, refuta que la actora haya sido víctima de una supuesta “sanción”, que se traduciría en el no pago de la integridad de sus honorarios correspondientes a noviembre pasado o que hayan existido actos de maltrato o acoso en su contra, ni menos se está en presencia de una represalia.

De igual forma, niega que se haya vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, toda vez que los servicios que aquella debía prestar en el mes de noviembre de 2023, fueron ejecutados por nombre reservado, por lo que malamente en dicho mes correspondería un pago de honorarios por servicios no prestados. Que de la lectura del informe de gestión que se acompaña al recurso, se desprende que se trata de una simple transcripción de las obligaciones estipuladas en el contrato de honorarios, sin que se detalle respecto de dicho mes, algún grado de avance o meta en el programa que estaba finalizando, cuantos usuarios se atendieron, etc., para lo cual basta con cotejar ambos documentos.

Argumenta que en esta causa se han esgrimido alegaciones que requieren la necesidad de un procedimiento de lato conocimiento, en el cual se tenga la oportunidad de acreditar y desmentir una serie de graves afirmaciones planteadas en el recurso de autos.

Pide el rechazo recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, ahora bien, miradas las cosas desde una perspectiva de normalidad, ha de considerarse que, en un plano estrictamente normativo, el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, establece, en lo pertinente, que la devolución de los estipendios indebidamente recibidos por el beneficiario de una licencia médica rechazada es obligatoria, debiendo el empleador adoptar las providencias conducentes al inmediato reintegro de las mismas. Relativamente a esta cuestión, la Contraloría General de la República ha establecido de una manera jurídicamente vinculante para los Órganos de la Administración del Estado –Dictámenes N°s 2713-2009, 7021-2008, 38.785-2008, 56.059-2016 y 87.375¬2016-, que los Alcaldes se encuentran facultados para descontar directamente de las remuneraciones de los funcionarios de su dependencia, las sumas que hayan percibido indebidamente por el tiempo que no trabajaron amparados en licencias médicas que posteriormente fueron rechazadas por la institución de salud previsional respectiva, sin afectar la justa remuneración, facultad que deberá ser ejercida con pleno respeto al principio de juridicidad, el que lleva implícito la racionalidad y la proporcionalidad en el actuar, evitando todo abuso o exceso, esto es, sin superar el 50% de la remuneración del funcionario.

En este mismo plano, dicho órgano se ha pronunciado en relación a la oportunidad del descuento, teniendo a la vista que, en el caso de rechazos de licencias por ISAPRE, el inciso primero del artículo 39 del citado Decreto Supremo N° 3, de 1984, contempla la posibilidad para recurrir ante la COMPIN en el plazo de quince días hábiles, la que conocerá del reclamo en única instancia y su resolución será obligatoria para las partes. Por lo que, a fin de velar por la certeza de las relaciones jurídicas y la racionalidad de las actuaciones de la autoridad, la existencia de un procedimiento de revisión del rechazo o modificación de licencias médicas, supone la obligatoriedad de atender a la resolución del organismo competente para pronunciarse sobre la impugnación o esperar el término del plazo otorgado para la presentación del recurso o reclamación, antes de hacer efectivo el descuento de remuneraciones por las sumas indebidamente percibidas, es decir, se hace necesario contar con un acto definitivo adoptado por la COMPIN. En consecuencia, el descuento de remuneraciones originado por una licencia médica rechazada o reducida, solo puede efectuarse una vez que esa decisión sea ratificada por el COMPIN respectivo, o luego de transcurrido el pertinente plazo de reclamo.

Advierte que, en lo que dice relación con el reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, éste no se encuentra previsto en el citado reglamento de licencias médicas, por lo que la interposición de dicha impugnación no puede producir el efecto de privar a los servicios de la facultad de efectuar los aludidos descuentos, una vez que se ha pronunciado el organismo competente en la materia, esto es, la COMPIN. Añade que la intervención de dicha superintendencia en este ámbito, se enmarca en su calidad de autoridad técnica de control de las entidades de salud como las COMPIN, las que están sujetas a las instrucciones y decisiones que aquella adopte en uso de sus atribuciones, por lo que no forma parte del procedimiento de impugnación señalado precedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que los funcionarios tienen el derecho previsto en el artículo 67 de la Ley N° 10.336, esto es, solicitar la condonación o facilidades de pago de las sumas que han recibido indebidamente.

A su vez, el artículo 95 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, señala que queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes, salvo aquellas a que concurra voluntariamente el funcionario.

CUARTO: Que, sin embargo, todo lo que se acaba de decir resulta ser aplicable a los funcionarios municipales dependientes y que perciben remuneraciones de parte de la municipalidad empleadora y que, además, hacen uso de licencia médica, cuya no es, bajo ningún respecto, la situación de la recurrente, comoquiera que se trata de un hecho indiscutido en autos que ésta fue contratada como trabajadora a honorarios para el municipio recurrido (en los términos que fueron expuestos en la sección expositiva de este fallo), razón por la cual la normativa que en su caso debe fundamentalmente aplicarse, resulta ser la ley del contrato.

Pues bien, revisada la contratación respectiva, nada se regula acerca de situaciones específicas de licencias médicas y/o reposos médicos de que haga uso el prestador del servicio, ni tampoco –vale desde luego destacarlo- en lo concerniente al lugar donde deben prestarse los servicios.

Por otro lado, según se señaló en la audiencia de la vista del recurso, y fluye igualmente del documento añadido a los autos por la recurrente, con fecha 2 de enero en curso, se comunicó a ésta la no renovación de su contrato a honorarios, acorde al con el Decreto Alcaldicio previamente dictado.

QUINTO: Que, ahora, teniendo presente el escenario predicho, cobra relevancia para la solución de este caso la información que arroja el correo electrónico (acompañado al proceso en soporte material), que figura remitido en forma masiva, con data 22 de noviembre del año pasado, por nombre reservado, Asesor Profesional del Departamento de Personal, Sección Honorarios, de la municipalidad recurrida, referente al pago por servicios a honorarios del mes de noviembre de 2023, que, conforme a los términos en que aparece redactado, es una visación de los trabajos prestados por los respectivos prestadores y que, consecuencialmente, da derecho a impetrar el correspondiente pago por concepto de servicios efectuados.

Entre otros destinarios de este correo masivo, figura la dirección de correo electrónico correo reservado, que correspondería precisamente a una dirección de la actora, tal como fuere aclarado durante la vista del recurso.

SEXTO: Que, entonces, de frente al acto de un funcionario de la misma municipalidad reclamada, donde se reconoce la realización de los servicios prestados, entre otros, por la actora, durante el pasado mes de noviembre, deviene como un lógico y necesario correlato, el surgimiento de la obligación del pago de los honorarios convenidos con ésta, tal como por lo demás aconteció durante todo el desarrollo de la actividad prestada por ella, razón por la cual resulta ser que fue el ente municipal quien rompió el stutos quo vigente, sin que pueda ser atendida la alegación concerniente a la hipotética no prestación de los servicios, porque no se agregó antecedente de convicción alguno en este sentido, sumado a ello que, como ya se dijo (y aun asumiendo la hipótesis que los servicios habrían sido prestados en un lugar diferente a las instalaciones propias de la municipalidad), no se pactó contractualmente la realización de los mismos en un lugar o dependencias determinadas y no aparece la expedición de alguna licencia médica que haya impedido que la actora hubiere desarrollado los servicios pactados durante el referido mes de noviembre.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, la actitud de facto asumida por la recurrida vulnera, que duda cabe, el derecho de propiedad de la actora, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental; acto que es ilegal, en la medida que importa una infracción a las obligaciones correlativas de la contratación de prestación de servicios y, además, arbitrario, dado que revela una actuación rayana en el mero capricho y carente de toda justificación fáctica y jurídica.

La protección, entonces, habrá de ser acogida sin mayores dilaciones y en los términos que se pasarán enseguida a decir.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en estos autos en representación de doña nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Tomé, en cuanto se ordena que este órgano administrativo deberá enterar a la actora el monto de sus honorarios, correspondiente al mes de noviembre de 2023, con las deducciones legales pertinentes, dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos de ejecutoriada que sea esta sentencia.

La Sra. Alcaldesa de la I. Municipalidad de Tomé, deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente.

No se condena a costas a la municipalidad recurrida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para oponerse al acogimiento del recurso.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

Rol N° 21.388-2023 – Protección.-