nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Concepción, veintidós de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Mauricio Andrés Vera Jeldres y Marcelo Sebastián Ávila Jiménez, en favor de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, con el objeto que esta Corte adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, por cuanto con su actuar la recurrida ha infringido arbitrariamente la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N° 24, en relación al artículo 19 N° 21 de la misma, vale decir, el derecho de propiedad, en relación a la libertad de ejercer cualquier actividad económica que no sea contraria a la Constitución, y además al N° 16 del artículo 19, en cuanto a la libertad de trabajo y su protección.

Explican que con fecha 29 de noviembre de 2022, compareció don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, como vendedor y cedente y como comprador y cesionario, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, singularizando en la cláusula primera de dicho contrato el objeto de la venta. En tal sentido, don nombre reservado declara ser dueño de las siguientes especies usadas: “un cooler, una vitrina, una cortadora de cecinas y estanterías” y en la cláusula segunda, se señala que “Por el presente acto e instrumento, don nombre reservado, viene en ceder, vender y transferir, las especies singularizadas en la cláusula anterior a don nombre reservado, quien las compra y las acepta para sí en el precio y condiciones que pasa a indicarse”.

Agregan que en la cláusula tercera se indicó que el precio de la venta es la suma de $1.800.000, que la parte compradora (recurrente) paga en ese acto y en dinero efectivo, declarándose en la cláusula cuarta que el vendedor declaraba que las especies, que por ese acto se transfería le pertenecían exclusivamente, que no las había vendido con anterioridad a la celebración del contrato, que no tenía deudas, gravámenes ni prohibiciones de ninguna especie, siendo dicha declaración causal determinante de la operación, además las especies son usadas y se encuentran en buen estado de conservación, estando en su poder por más de un año, por lo que no se encontrarían afectas al artículo 8 letra m) de la Ley de IVA.

Señalan también que se dejó constancia que la venta material del contrato incluye la cesión de la patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción, Rol N° 4-1716, folio 0621339, correspondiente al primer semestre del año 2022, la que no tiene prohibiciones, embargos o infracciones y que, según la cláusula quinta, la vendedora cede a la compradora la posesión y dominio que hasta ahora le ha correspondido sobre lo vendido, facultándolo para tomar posesión material de ella, conociendo el estado en que se encuentra y no teniendo reclamo que formular de la parte compradora a la vendedora. En consecuencia, estiman que la patente comercial se adquirió cumpliendo todos los requisitos legales.

Sostienen que con fecha 12 de diciembre de 2022, la Ilustre Municipalidad de Concepción, a través del oficio ORD N° 0691, resolvió lo siguiente: “En atención a su requerimiento de traslado y transferencia de patente Mini mercado, ubicado en domicilio reservado, cumplo con informar que: De acuerdo a la visita efectuada a terreno por funcionarios del departamento de patentes el día 6 de agosto del 2022, se constató que el local en cuestión No Cumple con la norma prevista, contraviniendo lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley 19.925, Ley Sobre Expendio y nombre reservado, que establece que “ningún negocio de expendio de nombre reservado podrá establecerse en los conventillos, cités, y demás edificios análogos de habitantes y tampoco a una distancia menor de veinte metros de los deslindes de ellos, salvo en los locales comerciales que existan en esos grupos habitacionales. Por lo expuesto, no es posible acceder a su requerimiento de traslado y transferencia de patente de alcohol, giro Mini mercado.”.

Aducen que en atención a la solicitud del recurrente sobre el Traslado y Transferencia de patente de Mini mercado Rol N° 4-1716, Folio N° 6663405, ubicado en domicilio reservado, el cual fue rechazado con fecha 12 de diciembre de 2022, y vuelto a rechazar de palabra con fecha 13 de diciembre pasado; que la Ley 19.925, en su artículo 16, señala las excepciones al otorgamiento de dichas patentes, pero que se debe respetar el derecho que su representado tiene como comerciante, ya que su negocio funciona hace más de diez años en calle Bandera, por lo cual, y en virtud del efecto retroactivo de las leyes, alegan que el edificio que supuestamente imposibilita el traslado que se debate, en ningún sentido contravendría lo preceptuado en el artículo 16, recién aludido.

Estiman que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de propiedad del recurrente consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en relación con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, establecido en el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental, no constituyendo lo anterior una interdicción para el legislador en orden a no imponer ningún tipo de carga o gravamen al desarrollo de cualquier actividad económica, sino su deber de hacerlo siempre con el propósito de posibilitar su recto desarrollo en armonía con otros derechos e intereses protegidos por la Constitución. Por lo mismo, alegan que una pretendida regulación de una actividad económica debe tener presente los derechos legítimamente adquiridos por las personas al amparo de la norma vigente al momento de su adquisición.

Afirman que la aplicación del artículo 16 de la Ley 19.925, sobre Expendio y nombre reservado, ha posibilitado la clausura del establecimiento industrial, constituyendo en sí una medida en extremo dañosa, que afecta en su esencia la garantía constitucional de la libertad económica que la Carta Fundamental asegura al requirente, el que no puede continuar con el correcto ejercicio de su actividad, la que se vio por un lado limitada, pues no puede disponer de dichas instalaciones e imposibilita el desarrollo de otras. Por consiguiente, consideran que esta prohibición a desarrollar una actividad económica, no se funda en ninguno de los sustentos que permitirían prohibir el desarrollo de la misma, esto es, la moral, el orden público y la seguridad nacional.

Solicitan tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción, representada legalmente por don nombre reservado, con el objeto que esta Corte adopte de inmediato las providencias que sean necesarias (autorizar la patente) para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que informó Carlos Esteban Pérez Jara, abogado en representación de la Ilustre Municipalidad de Concepción, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, por cuanto el supuesto acto que atentaría contra los derechos constitucionales (derecho de Propiedad, derecho de ejercer libremente una actividad económica y libertad de trabajo) del recurrente, se habría producido por el Oficio Ordinario N° 691, de 12 de diciembre de 2022, emitido por la Dirección de Finanzas de ese municipio, por medio del cual se le informó que no era posible realizar la transferencia y traslado de la patente de alcoholes Rol 4-1716, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley 19.925, esto es, que ningún negocio de expendio de nombre reservado podrá establecerse en los conventillos, cités, y demás edificios análogos de habitantes y tampoco a una distancia menor de veinte metros de los deslindes de ellos, salvo en los locales comerciales que existan en esos grupos habitacionales.

Sostiene que la denegación de la transferencia y traslado de la patente de alcoholes se realizó hace un año desde la fecha de interposición del recurso de autos, el cual fue presentado con fecha 12 de diciembre de 2023, lo que claramente excede el plazo establecido en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que reglamenta el Recurso de Protección.

Expresa que el recurrente alega que el día 13 de los corrientes -sin indicar fecha exacta y certera a fin de computar el plazo- que su representada habría vuelto a rechazar de palabra la solicitud de transferencia y traslado de la patente, lo que claramente no podría ser, pues atentaría contra el Principio de escrituración establecido en el artículo 5° de la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rige el actuar de todos los municipios del país, incluida la Municipalidad de Concepción. Asimismo, hace presente que si se estimara que el día 13 de los presentes, corresponde al mes en donde se presentó el recurso, ello correspondería al 13 de diciembre pasado, es decir, el actor sostiene que su representada dio una respuesta negativa de forma oral a su solicitud, un día después de ingresado el recurso de protección de autos (12 de diciembre de 2023), lo que claramente va contra toda lógica.

En cuanto al fondo del recurso, expresa que el recurrente presentó ante el Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Concepción, con fecha 2 de diciembre de 2022, una solicitud de transferencia y traslado de la patente de alcoholes de Mini mercado, clase H) del artículo 3° de la Ley 19.925, Rol 4-1716, cuyo titular registrado en el municipio es don nombre reservado, la cual debe ser ejercida en domicilio reservado, de la comuna de Concepción.

Explica que dicha solicitud de transferencia y traslado es necesaria cada vez que se realiza una venta de patentes, pues para hacerse dueño de la patente de alcoholes, no solo es necesario la compraventa por escrito, pues el inciso primero del artículo 5° de la Ley N°19.925, establece que las patentes de alcoholes se conceden en la forma que determina aquel texto legal, sin perjuicio de la aplicación de las normas del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales y de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Agrega que el inciso primero del artículo 9° de la mencionada Ley sobre Expendio y nombre reservado, previene que en la patente deberá anotarse el nombre del dueño, número de su cédula de identidad, con indicación del lugar de su otorgamiento y la dirección del negocio. Por su parte, el inciso segundo del citado precepto, dispone que iguales anotaciones se harán respecto del adquirente, en caso de transferencia de la patente, añadiendo que ésta solo puede transferirse previa inscripción en la oficina municipal que corresponda, y a personas que no estén comprendidas en las prohibiciones del artículo 4° del mismo cuerpo legal.

Colige de la normativa citada, que aquella reconoce de manera expresa la posibilidad de que una patente de alcoholes sea transferida y cuya transferencia sólo se perfecciona al inscribirse en el registro municipal respectivo, con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo 9°, vale decir, nunca el recurrente adquirió la patente en estudio cumpliendo con todos los requisitos legales, pues faltaba el trámite de la transferencia y traslado ante el registro municipal, por lo que él comenzó el trámite sabiendo lo necesario de este paso, a fin de adquirir legalmente la patente de Mini mercado con alcoholes, entonces mal puede alegar que sobre la patente existía un derecho de propiedad, pues no se había adquirido, faltando por así decirlo el modo (inscripción en el registro municipal).

Indica que lo anterior no es antojadizo e irracional por parte del legislador, ya que es responsabilidad del municipio verificar que quien ejerce alguna patente de las establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 19.925, no está dentro de las causales de inhabilidad del artículo 4° del mismo cuerpo legal, para lo cual debe llevar un registro de los titulares de dichas patentes, es por ello que a su solicitud el recurrente presentó una serie de certificados de antecedentes, declaraciones juradas, certificados de los Juzgados de Policía local de la comuna, entre otros documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de la ley.

Refiere que igualmente la Ley N° 19.925 en sus artículos 14, 15 y 16, establece una serie de requisitos que debe cumplir el establecimiento en donde se ejercerá la patente, es decir, quien ejerza una patente de alcoholes debe cumplir requisitos respecto de su idoneidad (certificado de antecedentes, declaraciones juradas) y además cumplir con que el local en donde se ejerza el comercio cumpla con las normas de distancia, como por ejemplo, que no sea una casa habitación, lo cual se verifica en terreno y que fue efectuado en el presente caso por parte de los inspectores municipales el día 6 de agosto de 2022, en donde verificaron que a menos de 20 metros del local comercial en donde se pretende ejercer la patente, existe un edificio habitacional, con lo cual no se da cumplimiento al artículo 16 de la Ley N° 19.925.

Destaca que entre los documentos acompañados por el recurrente a su solicitud de transferencia y traslado de la patente 4-1716, el más nuevo es el contrato de compraventa de la misma, el cual es de 29 de noviembre de 2022, es decir, todos los demás documentos, como la declaración jurada, el certificado de antecedentes, los certificados de los Juzgados de Policía Local, son de fechas anteriores, entre los meses de septiembre y octubre de 2022, lo que da cuenta que el recurrente realizó los trámites a cuenta gota, de manera escalonada, por lo que antes del contrato de cesión de patente de alcoholes, sabía que no era posible el traslado de la misma al local de domicilio reservado, en la comuna de Concepción, pues la visita de los inspectores fue el 6 de agosto de 2022, pero aun así realizó la compraventa.

Refuta la afirmación del recurrente en cuanto a que el municipio no habría respetado el derecho adquirido de haber ejercido la actividad de comerciante en dicho local de domicilio reservado hace más de 10 años, toda vez que según los documentos acompañados por él mismo a su solicitud municipal de traslado y transferencia, aquel comenzó a arrendar dicho local comercial hace 9 años, además, de que anteriormente presentaba un giro distinto (venta de alimentos de mascotas) y recién en el año 2022 efectuó un cambio y/o ampliación de giro ante el Servicio de Impuestos Internos (mini mercado), no existiendo un ejercicio de la patente en estudio en la propiedad de domicilio reservado, pues legalmente esa patente de alcoholes de mini mercado clase h) está autorizada para ser ejercida en domicilio reservado, de la comuna de Concepción.

Arguye que el presente recurso de protección tampoco es la vía idónea para atacar el Ordinario N° 691, de la Dirección de Finanzas, pues en la Ley N° 19.880 existe el recurso de reconsideración, apelación o superior jerárquico que pudo ejercer el recurrente ante la negativa que manifestó la administración al denegar su transferencia y traslado.

Afirma que por parte del Municipio de Concepción no existió un actuar arbitrario y/o ilegal que haya vulnerado derechos constitucionalmente protegidos del ciudadano nombre reservado, pues todas las actuaciones realizadas por su representada se enmarcaron en el Estado de Derecho, respetando la legislación vigente sobre esta materia, no debiendo olvidar que la obligación de acreditar el cumplimiento de requisitos para la transferencia o traslado de una patente de alcohol deriva de la ley, por ende, ningún contribuyente podría alegar la falta de conocimiento de los requisitos, ni de su obligación de acreditar los requisitos de que se trata, para excusarse por su falta de cumplimiento o de acreditación. Lo anterior, en virtud de lo expuesto en el artículo 8 del Código Civil, según el cual después que la ley haya entrado en vigencia, nadie podrá alegar su ignorancia; o bien, dicho de otro modo, la ley se presume conocida por todos, siendo dicha presunción de derecho, no admitiendo prueba en contrario.

Hace presente lo previsto en los Dictámenes 54463-2011, 68483-2012, 52317-2013 y 1349-2018, de la Contraloría General de la República y reitera que las patentes de los establecimientos de expendio de nombre reservado serán clasificadas y otorgadas en la forma que determina la Ley N°19.925, que regula el expendio y nombre reservado, sin perjuicio de quedar afectos a la contribución del artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales y en lo respectivo a las transferencias y traslados, destaca que los contribuyentes deben acreditar ante la Municipalidad de que se trata, que cumplen con los requisitos necesarios para ocupar la patente de alcohol. En ese sentido, el procedimiento llevado a cabo por el municipio recurrido para el traslado y transferencia de las patentes de alcoholes, afirma ha sido el correcto.

Considera que aun cuando se estimara que existe un derecho de propiedad sobre las patentes de alcohol, sostiene que el derecho de propiedad no es absoluto, sino que tiene limitaciones, consagradas tanto constitucional como legalmente; así el artículo 19 N°24, inciso segundo de la Constitución Política de la República, establece que la ley puede establecer limitaciones a la propiedad derivadas de su función social, y ésta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas, además de la conservación del patrimonio ambiental. En igual sentido el artículo 582, inciso primero del Código Civil. En consecuencia, sostiene que aun cuando se considerara que existe un derecho de propiedad sobre la patente de alcohol, aquel tiene limitaciones, estando obligado el contribuyente a acreditar que su actividad de expendio de nombre reservado cumple con todos los requisitos que contiene el ordenamiento jurídico.

Pide tener por evacuado el informe requerido, y en definitiva, rechazar el presente recurso de protección en todas sus partes, declarando que no se ha vulnerado por la I. Municipalidad de Concepción, las garantías constitucionales alegadas, ni ninguna otra, condenando expresamente en costas a la parte recurrente, por carecer de motivo plausible para litigar.

Se procedió a la vista de la causa y se decretó una medida para mejor resolver, consistente en que el Alcalde de la I. Municipalidad de Concepción, debía remitir copia del oficio N° 0575, de 22 de noviembre de 2023, expedido por el Director de Finanzas de ese municipio.

Cumplida la citada diligencia, se adoptó el acuerdo respectivo, quedando la presente causa en condiciones de ser dictado el correspondiente fallo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

I.- EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD:

CUARTO: Que la alegación de extemporaneidad promovida por la recurrida, más arriba aludida y sintetizada, habrá de ser desestimada sin mayores dilaciones, teniendo presente para ello que se funda en el hecho que la competencia de esta Corte se encuentra acotada a resolver la presunta ilegalidad y/o arbitrariedad contenida en la dictación del oficio ORD N° 0691, de 12 de diciembre de 2022, por la Ilustre Municipalidad de Concepción, y, lo cierto es que la conjunción de los antecedentes en que se basa el presente exordio conduce a esta Corte a estimar que la acción de que se trata fue presentada dentro de plazo, máxime si se tiene en cuenta que hallándonos enfrentados a una acción constitucional tuteladora de derechos fundamentales, la verdad es que en caso de duda, razonablemente ha de preferirse arribar a decisiones de fondo y en base al mérito de los antecedentes, por sobre respuestas jurisdiccionales de carácter puramente formal, como implicaría cohonestar sin más la salida preclusiva postulada por la recurrida.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

QUINTO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

SEXTO: Que acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N°764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004).

Acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado SÉPTIMO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que el propio recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

OCTAVO: Que, del análisis lógico y reflexivo de lo expuesto tanto en el recurso y en el informe que se agregó, como igualmente de los antecedentes que se allegaron a los autos, ponderados conforme a la sana crítica, puede darse por razonablemente establecido que:

1) El 29 de noviembre de 2022 se celebró un contrato de compraventa entre nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Concepción y nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Concepción. nombre reservado declaró ser dueño de las siguientes especies usadas: “un cooler, una vitrina, una cortadora de cecinas y estanterías” y en la cláusula segunda consta que nombre reservado vendió, cedió y transfirió las citadas especies a nombre reservado, quien las compró y aceptó para sí en el precio de $1.800.000, que la parte compradora (recurrente) pagó en ese acto y en dinero efectivo, declarándose en la cláusula cuarta que el vendedor declaraba que las especies, que por ese acto se transfería le pertenecían exclusivamente, que no las había vendido con anterioridad a la celebración del contrato, que no tenía deudas, gravámenes ni prohibiciones de ninguna especie, siendo dicha declaración causal determinante de la operación, además las especies son usadas y se encuentran en buen estado de conservación, estando en su poder por más de un año, por lo que no se encontrarían afectas al artículo 8 letra m) de la Ley de IVA; .

2) La venta material del citado contrato incluyó la cesión de la patente de la Ilustre Municipalidad de Concepción, Rol N° 4-1716, folio 0621339, correspondiente al primer semestre del año 2022, la que no tendría prohibiciones, embargos o infracciones y que, según la cláusula quinta, la vendedora cedió a la compradora la posesión y dominio que a dicha data le correspondía sobre lo vendido, facultándolo para tomar posesión material de ella, conociendo el estado en que se encuentra y no teniendo reclamo que formular de la parte compradora a la vendedora. En consecuencia, estiman que la patente comercial se adquirió cumpliendo todos los requisitos legales.

3) Con fecha 12 de diciembre de 2022, la Ilustre Municipalidad de Concepción, a través del oficio ORD N° 0691, resolvió que “en atención a su requerimiento de traslado y transferencia de patente Mini mercado, ubicado en domicilio reservado, que de acuerdo a la visita efectuada a terreno por funcionarios del departamento de patentes el día 6 de agosto del 2022, se constató que el local en cuestión No Cumple con la norma prevista, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 19.925, Ley Sobre Expendio y nombre reservado, que establece que “ningún negocio de expendio de nombre reservado podrá establecerse en los conventillos, cités, y demás edificios análogos de habitantes y tampoco a una distancia menor de veinte metros de los deslindes de ellos, salvo en los locales comerciales que existan en esos grupos habitacionales. Por lo expuesto, no es posible acceder a su requerimiento de traslado y transferencia de patente de alcohol, giro Mini mercado.”.

4) que por Oficio 0575 de 22 de noviembre del 2023, el Director de Finanzas de la Municipalidad de Concepción refiere que el local de domicilio reservado no cumple con los requisitos de la Ley 19.925 al contravenir lo dispuesto en el artículo 16 de dicho texto y que respecto de la solicitud ingresada el día 13 de noviembre del año 2023, en donde se indica que el establecimiento ubicado en domicilio reservado de esta ciudad ejerce sus actividades desde hace más de 10 años, no es causal para la aprobación de dicha trasferencia y traslado por cuanto la evaluación de los numerales 8,14,15 y 16 de la Ley 19.925 no se aplica de manera retroactiva.

NOVENO: Que, de esta forma, como se advierte en el motivo anterior, no ha existido acto ilegal -supuesto en que no se atiende a la normativa por la que debe regirse o en que un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley- o arbitrario -carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los mecanismos empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan su actuar- que haya atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente y protegibles por esta vía, en términos que se hubiese privado, perturbado o amenazado el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 de la Carta Fundamental en que hubiere incurrido la recurrida al haber rechazado la solicitud del actor de traslado y transferencia de patente de alcoholes de Mini mercado Rol N° 4-1716, Folio N° 6663405, ubicado en domicilio reservado, al no cumplir con la norma prevista, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 19.925.

DÉCIMO: Que, como consecuencia de lo señalado y al descartar ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad del recurso, formulada por la Ilustre Municipalidad de Concepción.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado por los abogados Mauricio Andrés Vera Jeldres y Marcelo Sebastián Ávila Jiménez, en favor de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el ministro señor Jordán.

Rol 21.314-2023 – Protección.-