nombre reservado con COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TALCAMAVIDA

C.A. de Concepción rtp Concepción, seis de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 21310-2023 comparece deduciendo recurso de protección don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, conductor, domiciliado en la comuna de Hualqui, en contra de Comité se Agua Potable Rural Talcamavida, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso señalando que es dueño de acciones y derechos en una propiedad ubicada en Talcamavida, comuna de Hualqui, con datos registrales que menciona en su recurso. Indica que en aquella propiedad ha construido una vivienda y necesita regularizar la situación solicitando en el Servicio de Impuestos Internos la modificación de destino del bien raíz debido a que se ha producido un cambio en el uso original del terreno. Explica que para realizar el cambio debe cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra la instalación de servicios básicos de electricidad y agua potable.

Refiere que el 21 de agosto de 2023 ingresó a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), una solicitud de factibilidad técnica de Servicio Sanitario Rural, quienes a su vez remitieron dicha solicitud a la Sra. nombre reservado, Presidente del Comité SSR de Talcamávida, los que, a través de don nombre reservado, le informaron de forma verbal, que el medidor de agua potable se instalará al interior de otro inmueble, a una distancia de 139 metros, cuya usuaria es doña nombre reservado, quien no es propietaria de dicho predio y en el que no existe edificación alguna, sin embargo cuenta con el servicio APR instalado.

Continúa señalando que la decisión por parte del Comité de Agua Potable Rural es arbitraria, toda vez que la negativa a instalar el servicio en su propiedad fue fundada en la existencia de un camino vecinal por lo que debía solicitarse autorización a los vecinos, por lo que el recurrente les manifestó que aquella servidumbre se encontraba registrada y es de uso público, además les señaló que en la servidumbre se encontraba una extensión de matriz de PVC hidráulico de propiedad de nombre reservado, quien lo autorizó a conectarse a la red, sin embargo el presidente del Comité le respondió que no se conectará. Añade que ante la respuesta, su desconocimiento de la normativa y la urgencia por concretar los trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, se vio en la obligación de aceptar la instalación del servicio de agua potable en el terreno contiguo.

Expone que el 13 de noviembre de 2023 se firma la autorización para la instalación del medidor de agua potable con doña nombre reservado y ese mismo día realizó los pagos al Comité de Agua Potable Rural, un pago por concepto de derechos de incorporación y por concepto de instalación de arranque. El mismo 13 de noviembre se realizaron los trabajos de instalación de arranque domiciliario y del medidor de agua potable. Hace presente que su desconocimiento en los aspectos técnicos y normativos no permitieron que se percatara de las infracciones cometidas tanto en el proceso de otorgamiento de la factibilidad técnica como en la instalación misma del arranque y el medidor de agua potable, lo que se lo hicieron saber sus vecinos, por lo que reclamó ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Afirma que la acción u omisión ilegal consiste en:

La falta de certificado de factibilidad. La factibilidad es la autorización que efectúa el Comité o Cooperativa encargado de operar el servicio, autorización por la cual asume la obligación de prestar el servicio de agua potable o saneamiento, emitiendo el respectivo certificado de factibilidad, certificado que asegura que los proyectos propuestos para la instalación de sistemas de agua potable cumplan con todas las disposiciones técnicas y legales necesarias para su correcto funcionamiento y sostenibilidad. Expone que dicho certificado no fue emitido por el Comité de APR sino que se informó de manera verbal que se realizaría la conexión, sin justificar criterios técnicos para determinarlo.

Instalación ejecutada por funcionarios incompetentes. El artículo 9 del Decreto 50 que aprueba el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado, señala los profesionales pueden ejecutar los proyectos y construcción de instalaciones domiciliarias, incluyendo arranques, uniones domiciliarias, conexiones y empalmes, profesionales que deben poseer conocimiento técnicos específicos y una adecuada calificación profesional y en el caso que en la ejecución no participan las personas idóneas, no solo se estaría infringiendo la norma, sino también se estaría poniendo en riesgo el correcto funcionamiento del servicios. En la especie, los operarios encargados de ejecutar las obras, don nombre reservado, presidente del APR, nombre reservado y nombre reservado, no cuentan con la calificación profesional o técnica exigida por la norma y tampoco figuran en el listado de instaladores sanitarios no profesionales autorizados.

Incumplimiento de las normas RIDAA en instalación de medidor. El medidor fue instalado a más de 139 metros de la vivienda y al interior del inmueble colindante, perteneciente a otro propietario, contraviniendo lo expresado en el DECRETO 50, que indica que los medidores se instalaran junto a la línea oficial a la entrada del inmueble si es posible. De esa forma se produce una infracción a la norma toda vez que el medidor fue instalado al interior del predio colindante, además se usó un medidor en uso en circunstancias que se debió instalar uno nuevo con identificador a nombre del propietario.

Inexistencia de vivienda en el inmueble donde se instala el MAP. Explica que la normativa señala una serie de requisitos que deben figurar en la solicitud para efectos de determinar la factibilidad, como el número de habitantes por vivienda, habitantes totales a beneficiar y el número de viviendas por inmueble y el inmueble en donde se realizó la instalación del arranque y del medidor de agua potable (MAP), no existe una vivienda.

Sostiene que el Comité de Agua Potable Rural de Talcamavida ha incurrido en un incumplimiento reiterado de sus obligaciones al no respetar en el ejercicio de sus funciones la normativa legal, reglamentaria y administrativa vigente, como lo dispone el artículo 40 letra d) de la Ley 20.998.

Afirma que la actuación arbitraria e ilegal del Comité de Agua Potable Rural de Talcamavida ha vulnerado la garantía consagrada en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho de propiedad. En la especie la amenaza y perturbación a su legítimo ejercicio de este derecho se ha concretado mediante una serie de acciones y omisiones por parte del Comité que se revelan como arbitrarias e ilegales, como la falta de certificado de factibilidad, instalación ejecutada por funcionarios incompetentes, incumplimiento de las normas RIDAA en la instalación del medidor, inexistencia de vivienda en el inmueble donde se instala el MAP e incumplimiento de las obligaciones de los operadores.

Previo a indicar que el recurso se interpuso dentro de plazo pide que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y ordenar que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de la instalación de medidor de agua potable bajo las condiciones relatadas en lo principal de su presentación ordenando la reinstalación inmediata del medidor según la normativa legal vigente, por profesional autorizado, previo proyecto de instalación, y tomar todas las medidas que, en concepto de esta Corte sean conducentes al restablecimiento y la protección de mi derecho, con expresa condena en costas.

Informó nombre reservado, presidente y representante Legal del Comité de Agua Potable Rural de Talcamavida, quien señala que hace un tiempo el recurrente solicitó factibilidad de agua para un terreno ubicado en domicilio reservado de Talcamavida, acompañando la documentación para ello. Agrega que el Comité no está autorizado para hacer extensiones de nuevas matrices, por lo tanto, al Sr. nombre reservado se le dio dos alternativas: Pedir autorización a dos vecinos que están cerca de su terreno poder pasar con sus cañerías de agua, a lo que éstos se negaron y como alternativa, el recurrente solicitó una autorización por escrito a un socio, para que en el terreno de éste se instalara el medidor y desde ahí llevar las cañerías de agua a su domicilio. Indica que constando con la autorización, el Comité el 13 de noviembre de 2023, ingresó al libro de Registro de Socios al Sr. nombre reservado, instalándosele en la propiedad autorizada, su medidor de agua.

Informó nombre reservado, Director de Obras Hidráulicas Región del Bio Bio, quien en primer término se refiere a la normativa aplicable, señala que la Ley N° 20.998 regula los Servicios Sanitarios Rurales y su Reglamento, y en particular, las factibilidades técnicas, se encuentran normadas en el artículo 40 de la ley antes citada, y establece como obligación de los operadores de servicios sanitarios rurales el prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible conforme a lo establecido en la letra b) de ese artículo, obligación que comprende la certificación de la factibilidad de servicio y en caso que existan discrepancias entre el usuario y el operador, la Superintendencia, previa consulta a la Subdirección, resolverá las diferencias.

Expone que el artículo 46 del Decreto MOP N° 50/2019, Reglamento de la Ley N° 20.998, establece los lineamientos para otorgar certificación de factibilidad por parte de los operadores. Explica que lo señalado en la normativa antes mencionada se pormenoriza en el Procedimiento de Factibilidades, emitido por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales el 08 de agosto de 2023 y conforme a ello destaca que las factibilidades, o su rechazo, deben ser otorgadas y/o informadas por la Licenciataria, en este caso el Comité. Transcriben los requisitos que tiene la solicitud de factibilidad conforme al Procedimiento señalado.

Expresa que la Subdirección regional de SSR ha constatado que el Servicio Sanitario Rural de Talcamavida, actualmente cuenta con un total de 986 arranques y de acuerdo al informe de capacidad emitido por la empresa PROAQUA el 30 de mayo de 2022, aquel Comité cuenta con una capacidad limitada de un total de 1020 arranques por derechos de extracción de aguas, así conforme con ello contaría con factibilidad técnica positiva.

Relata que mediante visita realizada por personal de la Subdirección Regional de SSR, el 28 de diciembre de 2023 se constata que no existe certificado de factibilidad emitido por el Comité de APR Talcamavida, certificado que debió ser emitido como constancia de la factibilidad positiva del Comité conforme a la normativa, sin perjuicio de lo anterior, fueron exhibidos documentos que dan cuenta de un acuerdo entre el Comité de APR Talcamavida y don nombre reservado para la incorporación al Comité y un convenio de pago para la incorporación de arranque.

Afirma que es perentorio el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y en caso contrario, es procedente concretar la devolución de los gastos incurridos por el recurrente si es que la factibilidad no se concreta aplicando la normativa señalada.

Indica que conforme a los antecedentes, consta que el medidor se ha instalado en un terreno de otra propietaria, previa autorización de la misma y acuerdo entre las partes y el Comité de Agua Potable Rural y como consta en acta evacuada por funcionario electromecánico de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, la vivienda beneficiaria del servicio de agua potable rural se encuentra al interior de un terreno que no cuenta con servidumbre de tránsito ni acueducto para canalizar redes de agua potable.

Refiere que es relevante construir las redes de agua potable en terrenos públicos o que gocen de servidumbres a favor del respectivo operador, pues esto permite el libre acceso a las redes en caso de inconvenientes, fugas, reparaciones, etc., considerando que se trata de un sistema colectivo de entrega de agua potable.

Informó David Peralta Anabalón, Jefe de Unidad Jurídico Administrativa de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien señala que esa Superintendencia registra dos reclamos por parte del recurrente respecto de la materia, ingresados el 11 y 16 de noviembre del año 2023. Explica que la Ley N° 20.998 que regula los servicios sanitarios que se prestan en la zona rural otorga facultades fiscalizadoras a esa Superintendencia. En el artículo 40 letra a) de la ley antes referida dispone que en caso de existir discrepancias entre el usuario y el operador, la Superintendencia, previa consulta a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, resuelve las discrepancias mediante una resolución fundada.

No obstante lo anterior, aclara que el 14 de diciembre del 2022, con la dictación de la Ley N° 21.520, se modifica la Ley N° 20.998, específicamente su artículo vigésimo transitorio, cuya redacción vigente dispone que la Superintendencia ejercerá sus facultades de fiscalización establecidas en el artículo 85 a partir del 20 de noviembre de 2024, para los operadores clasificados en el segmento mayor, como es el caso de este Comité, por lo que esa facultad se encuentra suspendida hasta dicha fecha.

En cuanto a la factibilidad de servicio, explica que el artículo 40 de la Ley 20.998 establece como obligación al operador en prestar el servicio sanitario en la medida que sea técnica y económicamente factible. En el reglamento se establece que: La factibilidad de servicio, corresponde a la autorización emitida por el Comité, mediante la que se asume la obligación de prestar el servicio de agua potable dentro de su área de servicio; Para que el operador pueda emitir una factibilidad, debe contar con un informe técnico favorable, informe realizado por el Comité, elaborado por un Ingeniero Civil y aprobado por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y el objetivo del informe es asegurar la provisión de agua potable. Para los efectos del informe la Subdirección tiene un plazo de treinta días para pronunciarse y si transcurrido dicho plazo, la Subdirección no se pronunciare, el operador podrá pronunciarse fundándose en los informes y antecedentes técnicos exigidos conforme a lo dispuesto en la norma.

Refiere que los requisitos y condiciones de factibilidad técnica deberán ajustarse a las instrucciones que para tal efecto entregará la Subdirección con consulta a la Superintendencia. A su vez el artículo 39 letra c) del Reglamento establece como obligación del operador "Ejecutar los trabajos de instalaciones de conexiones domiciliarias y reparaciones, debiendo ajustarse a las normas e instrucciones vigentes para la ejecución de obras que impartirá la Subdirección." Relata que esa Superintendencia realizó una visita a terreno el 28 de diciembre 2023 según Acta de Visita 662, y es posible señalar:

1. El Área de Servicio esté actualmente siendo elaborada por la Subdirección, sin embargo según se informó el recurrente estaría dentro de dicha área de servicio.

2. No existe certificado de factibilidad de servicio otorgado por el Comité de Agua Potable Rural Talcamávida al recurrente. No obstante lo anterior, existe un comprobante de pago de incorporación de fecha 13 de noviembre del 2023.

3. El medidor de agua potable del recurrente se encuentra instalado en una propiedad contigua. La instalación cuenta con más de 100 m desde el medidor hasta el predio.

4. Existe una autorización de nombre reservado quien autoriza instalar el medidor de nombre reservado en su terreno Lote Centinela N° 1-L de calle de Valdivia interior.

5. En relación a la aplicación del Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable (RIDAA) al ámbito rural, señala que la ejecución de trabajos de instalaciones de conexiones domiciliarias y sus reparaciones, constituye una obligación del operador rural, que conforme al literal c) del artículo 39 del Reglamento de la Ley 20.998, deben ajustarse a las normas e instrucciones vigentes para la ejecución de obras que impartirá la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, por lo que no corresponde a esa Superintendencia manifestarse al respecto.

6. En relación a la situación de la propiedad de derechos sobre el inmueble del recurrente, esa Superintendencia no tiene las facultades para pronunciarse al respecto, sin perjuicio de señalar que los requisitos de factibilidad establecidos en el inciso sexto del artículo 46 fueron establecidos por el Procedimiento de Factibilidades de la Subdirección SSR.

Concluye que la factibilidad de servicio del recurrente no fue otorgada con arreglo a las disposiciones establecidas en los artículos 46 y siguientes del DS MOP N°50 de 2019, que contiene el Reglamento de la Ley N°20.998. Lo anterior, por cuanto no se otorgó el certificado de factibilidad exigido por la normativa antes citada y se instaló un medidor en un predio distinto al del recurrente, lo que incumple lo establecido en artículo 51 de la Ley 20.998. Finalmente refiere que dicha situación fue advertida al Comité, mediante Oficio SISS NR N° 48-2024 requiriendo el cumplimiento de la normativa vigente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esta misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en el caso el recurrente en síntesis sostiene que solicitó se instalara agua potable rural, en su predio y el Comité le señaló que solo se podía instalar un medidor de agua a 100 metros de su predio, lo que llevaron a cabo miembros de ese Comité y no por personal certificado.

De los antecedentes del recurso, lo expuesto por el recurrente, y de lo informado por el Comité De Agua Potable Rural recurrido, y considerando el mérito de los antecedentes aparejados al recurso, los que se valoran de conformidad a las reglas de la sana crítica según lo autoriza el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, y en especial por la constatación en terreno llevada a cabo por las autoridades, a quienes se le solicitó informe, es posible desprender que la factibilidad de agua potable rural para el recurrente no se llevó a cabo conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente y aplicable al caso, de lo que resulta que la instalación de un medidor de agua potable rural para el recurrente quedó instalada en un predio vecino a una distancia de unos 100 metros del domicilio del recurrente, lo cual contraviene la normativa ante dicha.

De igual modo se constata que en el presente caso no se dio cumplimiento al Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable rural, según el cual, (artículo 40 de la Ley 20.998), establece como obligación del operador el prestar el servicio sanitario en la medida que esto sea técnica y económicamente factible. En su caso en el reglamento determina en el literal c), del artículo 39 del Reglamento de la Ley 20.998, que por la autorización emitida por el Comité, este asume la obligación de prestar el servicio de agua potable dentro de su área de servicio, debiendo ajustar su quehacer a las normas e instrucciones vigentes para la ejecución de obras emitidas por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales Cuarto: Que, de lo que se viene exponiendo resulta indefectiblemente, que la recurrida no dio cumplimiento cabal a la legislación y reglamentación existente sobre la materia, por lo cual resulta que la instalación llevada a cabo en la forma antedicha, precedentemente importa, al menos vulneración de la garantía fundamental de igualdad ante la ley, establecida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En razón de lo explicitado resulta necesario adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho por lo que se procederá a ello en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que: SE ACOGE, sin costas, el presente recurso de protección debiendo el recurrido, Comité de Agua Potable Rural Talcamavida, representada por don nombre reservado, proceder a la instalación de agua potable rural para el recurrente, en el caso que se cumpla con la normativa legal y reglamentaria vigente, otorgando, si procediere, el respectivo certificado de factibilidad, debiendo llevarse a cabo la ejecución de tal instalación por personal certificado para ello.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Dése oportuno cumplimiento con lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido.

Redacción del Ministro Sr. Rafael L. Andrade Díaz.

N°Protección-21310-2023.