COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS ORLANDO HERNANDEZ SALGADO EIRL con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC

C.A. de Concepción.

Concepción, quince de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece Fernando Belmar Jara, abogado, RUN RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en favor y en representación COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MÉDICOS ORLANDO RAÚL HERNÁNDEZ SALGADO E.I.R.L., RUT RUT reservado, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, RUN RUT reservado; todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado y en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, organismo Fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda, RUT: RUT reservado, representado por nombre reservado y para estos efectos representada por su Tesorero Regional nombre reservado, RUN RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por los actos que les atribuye y que, dice, han perturbado las garantías constitucionales que indica.

Expresa que el 16 de abril de 2020, su representada COMERCIALIZADORA DE INSUMOSMÉDICOS ORLANDO RAÚL HERNÁNDEZ SALGADO E.I.R.L, RUT RUT reservado, solicitó ante el Servicio de Impuestos Internos la suma de $10.434.770 por concepto de devolución de la Declaración de Renta correspondiente al año tributario 2020; que el 29 de abril de 2020, la Tesorería emite el cheque Nº [cuenta reservada] por la suma de $10.591.292 (reajustado a la fecha de emisión); que este nunca pudo ser cobrado, debido a que el mismo tenía un defecto formal, por lo cual, caducó; y que el 19 de mayo de 2020 se autoriza por parte del Servicio de Impuestos Internos la devolución solicitada, sin embargo, ese mismo día se deja constancia que supuestamente se detectaron inconsistencias en la declaración, la cual fue revisada y autorizada el 12 de junio de 2020.

Señala que el 26 de septiembre de 2023, vía formulario disponible en la página de la Tesorería, se envía una nueva solicitud para obtener la reemisión del cheque por la suma de $10.591.292, explicándose que la solicitud corresponde al monto de devolución de la declaración de renta correspondiente al año 2020, el cual jamás pudo ser cobrado debido al defecto formal de que adolecía el cheque Nº [cuenta reservada].

Agrega que, sin embargo, el 27 de septiembre del año 2023, la Oficina Virtual de la Tesorería responde: “Tenemos el agrado de confirmar la resolución de su caso N° 863226. Al respecto podemos informar, que en cuanto a su solicitud de reemplazo del CHEQUE N° [cuenta reservada] por $10.591.292, es necesario señalar que, en virtud de lo establecido por el artículo 2.521 del Código Civil, dicha solicitud resulta ser extemporánea. Así, dado que el cheque fue emitido con fecha 29/04/2020 y su requerimiento de reemplazo es de fecha 26-09-2023, el plazo de 3 años establecido en el artículo 2.521 del Código Civil se encuentra vencido. Lo anterior se funda, además, en lo establecido por el artículo 2° del Código Tributario, por los artículos 4° inc. 1° y 5° del Decreto Ley 1263, Orgánico de Administración Financiera del Estado y por la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, de lo que se sigue entonces que no es posible acceder a su solicitud por extemporánea al superar el plazo previsto en el artículo 2.521 del Código Civil, aplicable en la especie, por disposición del artículo 2° del Código Tributario”.

Indica que luego de esa respuesta, el contador de su representada concurre presencialmente ante la Tesorería Regional, en donde los funcionarios le informan que no es posible la reemisión del cheque, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 2521 del Código Civil, la obligación se encuentra prescrita y, en consecuencia, no es actualmente exigible.

Afirma que la situación descrita, es decir, el acto u omisión arbitrario del tesorero, de impedir que obtenga su nuevo cheque para percibir sus dineros de la devolución de impuestos que reclama, es un claro atropello a su derecho de dominio sobre esos dineros, que le pertenecen y no tiene por qué perderlo, a propósito de un capricho ilegal y arbitrario de la recurrida, ya que no es efectivo que el Servicio de Impuestos Internos le haya notificado y menos declarado que su derecho a percibir estas devoluciones se encuentren prescritas, lo que no ha sido declarado judicial ni extrajudicialmente, de manera que no existiendo requerimiento, pronunciamiento administrativo, no procede que le impidan percibir su dinero a través de la emisión del cheque bancario que representan su cobro.

Conforme a lo expuesto plantea que el actuar de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N.° 24 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho de propiedad ya que sostiene ser dueña exclusiva de los dineros consistente en la devolución que reclama a través del giro del correspondiente cheque bancario que se encuentra obligada la recurrida a girar a su favor, y la del número 3 inciso quinto del citado artículo, sobre el derecho al debido proceso, al haber la recurrida aplicado la prescripción sin mediar un proceso previo legalmente tramitado.

En definitiva, solicita que se ordene a la recurrida a emitir el cheque representativo de la devolución de dineros a que tiene derecho, o emitir una orden de egreso, por concepto de devolución de impuesto a la renta del periodo tributario año 2022, por el monto de $10.591.292; con costas.

Informó la abogada María Antonieta Varela Corvalán, por la recurrida, alegando, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso, apoyada en que la recurrida presentó similar recurso al presente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol 16610-2023, el que fue declarado inadmisible por resolución de 7 de diciembre de 2023, por no haberse dado cuenta de un derecho indubitado que pueda ser fundamento de la vulneración a las garantías constitucionales; y, en segundo lugar, la extemporaneidad del arbitrio, dado que la recurrente, en relación al reemplazo del cheque caducado de renta año tributario 2020, N° [cuenta reservada], tomó conocimiento de la negativa del Servicio de Tesorería con fecha 27 de septiembre de 2023, mediante correo electrónico remitido desde la oficina virtual de TGR, y presentó este recurso ante esta Corte el 12 de diciembre de 2023, esto es, ya vencido el plazo para su interposición.

En cuanto al fondo señala, en síntesis, que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de la recurrente toda vez que la Tesorería Regional de Concepción, sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley, pues la solicitud de revalidación del cheque AT. 2020, fue realizada extemporáneamente, transcurridos los plazos establecidos en el artículo 2521 del Código Civil.

Y solicita declarar inadmisible el recurso de autos por no da cuenta de un derecho indubitado que pueda ser fundamento de la vulneración a las garantías constitucionales; en su defecto declararlo extemporáneo ya que se presentó fuera de plazo; y en su defecto rechazarlo en todas sus partes por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva, el recurrente sostiene que la recurrida se niega a realizar el pago correspondiente a la suma de $10.434.770 por concepto de devolución de la Declaración de Renta correspondiente al año tributario 2020.

La recurrida, sin negar lo afirmado por la recurrente, informó en la causa señalando que –en su concepto- por aplicación de las reglas de la prescripción, en particular por lo dispuesto en el artículo 2521 del Código Civil, no correspondía que hiciera el pago solicitado, dada la antigüedad de la acreencia invocada.

TERCERO: Que, fijado el conflicto del modo dicho, existe un hecho preciso e indiscutido, consistente en el no pago de una acreencia de parte de la recurrida que se denuncia, el que se mantiene en el tiempo hasta este momento, supuestos suficientes para afirmar que, de contrario a lo que alega la recurrida en su informe, sí se ha dado cuenta de un derecho indubitado que puede fundamentar una vulneración de garantías constitucionales sostenida en el tiempo, situación fáctica que habilita a atender el presente arbitrio, sin que, por lo mismo, se le pueda considerar inadmisible o extemporáneo como lo propone la recurrida.

CUARTO: Que, la prescripción para que opere en un caso concreto debe ser alegada y declarada judicialmente, lo que en la situación de autos no consta que haya ocurrido, ya que no se acreditó la existencia de una resolución judicial emanada de tribunal competente en ese sentido, no correspondiendo a esta Corte emitir un pronunciamiento sobre la materia en esta sede de protección.

QUINTO: Que, así las cosas, al no existir en la especie declaración alguna de prescripción emanada de tribunal competente que extinga la acción de cobro del recurrente, el argumento de la recurrida para negarle el pago que pretende se torna ilegal y, además, es arbitrario, en atención a que tal decisión no tiene sustento que justifique tal negativa, ya que la sola circunstancia de estar caducado el cheque oportunamente girado al actor no significa que haya operado la prescripción extintiva respecto de su cobro, con lo cual la negativa obedece únicamente al capricho del órgano estatal recurrido.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo que se viene argumentando, resulta evidente que la omisión en que ha incurrido el Servicio de Tesorerías implica que se ha constituido en una comisión especial al resolver por sí y ante sí que la obligación antedicha se encuentra prescrita, e importa desconocer el derecho de propiedad de la actora sobre los dineros que el Fisco debe entregarle por concepto de devolución de impuestos, lo que constituye una vulneración a las garantías que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N°3 inciso quinto y N°24 respectivamente, siendo de este modo procedente acoger el recurso de protección intentado, en la forma como se dirá en lo resolutivo.

Por estos fundamentos, disposición legal citada; lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide que:

SE RECHAZAN las alegaciones de inadmisibilidad y extemporaneidad del recurso opuestas por la recurrida.

SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MÉDICOS ORLANDO RAÚL HERNÁNDEZ SALGADO E.I.R.L., en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGION DEL BIO BIO, debiendo la recurrida, dentro del plazo de quince días de ejecutoriado este fallo, girar en favor de la actora el cheque correspondiente, o emitir una orden de egreso, por concepto de devolución de impuesto a la renta del período tributario 2020 por el monto de $10.591.292.

Dése oportuno cumplimiento al numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del fiscal judicial Hernán Amador Rodríguez Cuevas.

No firma el ministro señor Camilo Álvarez Órdenes, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Rol N°21220-2023-Protección.