nombre reservado con COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE CONCEPCION Y OTRO

C.A. de Concepción rtp Concepción, doce de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 21210-2023 comparece deduciendo recurso de protección la abogada Paulina Peralta De La Fuente, en favor de don nombre reservado, con domicilio en Concepción, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez- Subcomisión Concepción-Talcahuano, rol único tributario N° 61.RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, rol único tributario número 61.509.000-K, representada legalmente por don nombre reservado, rut RUT reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala en primer término que este recurso de protección ha sido interpuesto dentro del plazo señalado en el Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección por cuanto los actos ilegales y arbitrarios en contra los cuales se reclama acaecieron desde el rechazo de la licencia médica, tomado conocimiento de manera presencial en las dependencias de las recurridas el 07 de Noviembre de 2023.

Continúa señalando que se recurre en contra de la resolución R-178959-2023, que rechaza la licencia médica número RUT reservado que otorgaba 30 días de reposo a contar del 07 de septiembre de 2023 y que expresa periodo de reposo no justificado de acuerdo a los antecedentes disponibles.

Refiere que la causal de rechazo en la especie se transforma en una causa genérica aplicada sin un estudio completo y personal del caso, y es aplicada por la SUSESO sin realizar un análisis más detallado sobre su estado de salud y rechazando un tratamiento médico prescrito por una profesional de la salud y quien estima relevante conforme a su criterio médico, que incluye el reposo absoluto. Afirma que el rechazo de la licencia médica afecta los derechos fundamentales del artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que la decisión es injustificada, arbitraria, imprudente y negligente, ya que carece de un estudio profundo del caso clínico y de un peritaje médico que venga a desacreditar lo determinado por la médico tratante del recurrente. Agrega que los cuerpos médicos que rechazaron la licencia no citaron al recurrente.

Sostiene que el acto recurrido es ilegal ya que infringe los artículos 3 y 30 de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos y artículos 16 y 21 del Decreto Supremo n° 3/1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico, sin expresar las razones médicas en que sustenta el rechazo, y sin señalar los hechos en que se basa tal decisión denegatoria.

Reitera que el actuar de las recurridas infringe la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, toda vez que el pago de subsidio que va aparejado con la licencia médica suple la remuneración del trabajador y que, en definitiva, su rechazo implica que el dependiente que ha hecho uso de la licencia médica no contará con los medios económicos para hacer frente a sus necesidades diarias. Agrega que el actuar de las recurridas vulnera además la garantía del número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que mantener el rechazo de la licencia médica, constituye una privación de la remuneración monetaria a la cual tiene el derecho el trabajador.

Solicita que se acoja el recurso de protección declarando que los actos de las recurridas importan la violación de las garantías constitucionales señaladas, y que disponga:

1. Que las recurridas informen a la brevedad sobre esta situación legal anómala;

2. Que se proceda a pagar la licencia médica rechazadas por el COMPIN y SUSESO, por el excesivo tiempo transcurrido por la cual no se han pagado la licencia médica individualizadas.

3. Que se condene a las recurridas expresamente con las costas de estos autos.

Informó el abogado Francisco Ortega Bello, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien alega en primer lugar la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, fundándose para ello en que el objeto de esta litis dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el Nº18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, por lo que solicita que se declare la improcedencia de la acción, con expresa condenación en costas.

Respecto del fondo, indica que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Explica que la perdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, puede ser permanente o transitoria, para el caso de las temporales existe el beneficio denominado licencia médica regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud la que de cumplirse con los requisitos legales puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral o al pago de la remuneración en el caso de trabajadores afectos a estatutos especiales. Agrega que el derecho a la licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud. Agrega que la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas.

Respecto de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez.

Refiere que el recurrente reclamó mediante presentación de 23 de octubre de 2023, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región del Bío Bío, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 07 de septiembre de 2023, por reposo no justificado y, en razón de lo anterior esa Superintendencia, previo estudio de los antecedentes, concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado, conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 90 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral.

En cuanto al informe médico aportado por la parte interesada, afirma que resulta insuficiente por cuanto no permite desprender utilidad terapéutica asociado a reposo prolongado. No acredita derivación o ingreso al programa de Garantías Explícitas en Salud ni acredita atención por psiquiatra inscrito en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, tampoco acompaña informe de psicólogo que acredite atención psicoterapéutica, lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-146981-2023, de 07 de noviembre de 2023.

Destaca que en atención al reclamo presentado por el Sr. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia, ese Organismo, consignó en la cartola médica de la paciente: “(05/10/2023) … RR LM 15906555. se mantiene rechazo, antecedentes aportados insuficientes, sin evaluación por especialista ni acreditación de psicoterapia…”.

A su vez, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no permite desprender utilidad terapéutica asociado a reposo prolongado. No acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario, ni acredita atención por psiquiatra inscrito en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Tampoco acompaña informe de psicólogo (a), que acredite atención psicoterapéutica…”.

Expone que analizados los antecedentes, los profesionales de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito. Hace presente que el recurrente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 19.880, pudo interponer recurso de reposición ante esa Superintendencia, cuestión que no ocurrió.

Sostiene que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado.

Afirma que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, organismo que le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Luego de citar la normativa que regula el funcionamiento y facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, señala que la pretensión del recurrente en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral fuera de no tener fundamento legal, desborda los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y en el caso del recurrente su derecho a licencia médica y consecuencialmente el subsidio por incapacidad laboral no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por último, hace presente que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de esa Superintendencia tampoco existe vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de nuestra Constitución Política. Agrega que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, sino que para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir, según lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con: una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) y Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral.

Por lo expuesto, dice que no existe, como pretende el recurrente, derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que como se ha señalado no media en la especie.

Solicita que el recurso sea desestimando en todas sus partes.

Informó nombre reservado, Presidenta COMPIN Región del Bio Bio, quien señala que esa COMPIN sustenta el rechazo de la licencia médica recurrida, en base a los criterios de evaluación, así como cada uno de los antecedentes acompañados para la justificación de los periodos de reposos otorgados al recurrente.

Expresa que el paciente inicia reposo médico continuo por patologías psiquiátricas en los siguientes periodos:

- 19.01.2023 al 02.02.2023 - 18.03.2023 al 16.04.2023 - 19.04.2023 al 18.05.2023 - 06.08.2023 al 04.09.2023 - 07.09.2023 al 06.10.2023 Expone que en relación con licencia médica N° RUT reservado (07.09.2023 al 06.10.2023); se rechaza por no justificar la extensión del reposo medico prolongado; sin antecedentes clínicos que acrediten la extensión más allá del periodo previamente autorizado; además, no acredita psicoterapia que dé cuenta del número de sesiones efectuadas y/o detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar, plan de tratamiento y/o prescripción farmacológica.

Agrega que el usuario presenta Recurso de reposición el 28 de septiembre de 2023 por rechazo de licencia recurrida N° RUT reservado en Oficinas de COMPIN Provincial Concepción, del cual el 05 de octubre de 2023 se resuelve mantener el rechazo en virtud de la falta de antecedentes médicos que justifiquen la prolongación del reposo.

Refiere que el recurrente pretende que, a través de esta acción cautelar, se constituya una nueva instancia de revisión de las circunstancias técnicas a considerar para la decisión tomada sin haber presentado antecedentes clínicos actualizados que permitieran reevaluar la decisión por parte de esa COMPIN. Agrega que el recurrente ha hecho uso de reposo por tiempo prolongado, no cumpliendo con el objetivo de la Licencia Médica que es un reposo de carácter temporal, como lo dispone artículo 1 del D.S 03/1984.

Por su parte, señala, que la SUSESO ratifico el rechazo de licencia médica N° RUT reservado a través de Resolución Exenta N° R-01-UNRA-146981-2023 de fecha 07.11.2023, indicando en síntesis que el reposo no se encontraba justificado. Agrega que el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no permite desprender utilidad terapéutica asociado a reposo prolongado, no acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud, ni acredita atención por psiquiatra inscrito en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Afirma que la COMPIN ha actuado según las facultades otorgadas a través de los artículos 14, 16, 21 y 48 del D.S N 3/84 sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas y D.S. N 0 7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas y dentro de los plazos establecidos para la tramitación de éstas y Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, por lo que no puede apreciarse algún acto arbitrario o ilegal que haya privado, perturbado o amenazado las garantías fundamentales del recurrente.

Continúa explicando las facultades y estructura orgánica de la COMPIN, y señala que su labor esencial es calificar en los trabajadores y/o beneficiarios los diversos grados de incapacidad, sean estos permanentes o temporales, emitiendo los decretos, dictámenes, resoluciones y certificados correspondientes, así como también certificar la discapacidad de las personas. Agrega que las Unidades de Licencias Médicas situadas en los establecimientos asistenciales de los Servicios de Salud, estarán sujetas a la tuición y supervisión técnica de las COMPIN Regional o Provincial, según corresponda, para los fines de dar cumplimiento a las funciones que les encomienda el Decreto Supremo N°3 de 1984 de este Ministerio.

Explica que el artículo 16 de la norma antes indicada establece que la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobarlas licencias médicas: reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, y el articulo 21 prescribe que para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias, Médicas o la ISAPRE podrán disponer de las siguientes medidas: Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Arguye que en la necesidad de contar con una normativa universal que facilitara el quehacer de la contraloría médica, en la evaluación técnica de los casos relacionados con el uso de la licencia médica y el otorgamiento del subsidio de incapacidad laboral y la necesidad de establecer criterios homogéneos para enfrentar la diversidad de situaciones que derivan de una misma dolencia sobre diferentes individuos, lo que contribuirá al perfeccionamiento de la calidad de la gestión clínica administrativa es que se aprueba Decreto Supremo N° 7/2013 en el que se aprueba el reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación con los grupos de patologías que se indican.

Afirma que en la especie no existe una conducta u acción u omisión, ilegal o arbitraria; no existe afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; no hay relación de causalidad entre el supuesto comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; nada de ello se cumple en el presente caso, debiendo en consecuencia rechazarse la presente reclamación constitucional, por carecer esta de objeto y oportunidad.

Con lo obrado se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la alegación de improcedencia de la acción:

Primero: Que, será desestimada la alegación de improcedencia de la acción por versar sobre materias de seguridad social, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, los derechos denunciados como amagados sí se encuentran tutelados por ella y, además, procede siempre sin perjuicio de otras acciones jurisdiccionales o administrativas.

II.- En cuanto al fondo:

Segundo: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esta misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Tercero: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que el acto que la recurrente estima ilegal y arbitrario, es el rechazo de una licencia médica, a que se refiere Resolución Exenta de la Suseso N° R-01-UNRA-146981-2023 de fecha 7 de noviembre de 2023, respecto de la licencia médica N°RUT reservado,extendida por un total de 30 días, a contar del 7 de septiembre de 2023, por reposo no justificado, la decisión de la Superintendencia de Salud, mantuvo rechazo de la licencia pues señala que el reposo no se encontraba justificado y debido a ello se confirma lo ya obrado por Compin. Refiere que solicitó el recurrente reconsideración de lo resuelto por la Compin, y luego de un estudio de antecedentes, la Suseso, concluyó que el reposo no estaba justificado, explica que se tuvieron en vista informes médicos y se determinó ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad en el informe, y además del informe médico mismo, no se desprende utilidad terapéutica, no hay derivación a GES, y no se trata de paciente inscrito y no se acredita que haya tenido atención psicoterapéutica, y tampoco se dedujo reposición en contra de lo resuelto por Suseso.

Quinto: Que, de los antecedentes aparejados al recurso, resulta evidente que existe ausencia de fundamentación de las resoluciones de la Compin y de la Suseso, como también una falta de peritaje clínico, por parte de las instituciones recurridas, resultando claro entonces y en verdad, que no existen peritajes médicos que se le hubiesen realizado al recurrente.

Debe destacarse que, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, D.S. Nº 3 del Ministerio de Salud del año 1984, señala que: “… En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.”

Sexto: Que, tanto la Compin como la Suseso, son órganos de la Administración del Estado y, por ende, les son aplicables las disposiciones de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de la Administración del Estado, cuyas resoluciones tienen la naturaleza jurídica de acto administrativo, conforme lo disponen los artículos 1, 2 y 3 del citado cuerpo legal.

El inciso 1° del artículo 3° señala: “ … que las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos”.

El artículo 11 inciso 2° de la misma ley, expresa, a su turno, que “… los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

A su vez el artículo 41 inciso 3°, señala que, “…en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, y el inciso 4° agrega que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

Lo anterior para dar cumplimiento al principio de la transparencia, contenido en el artículo 8 inciso 2°de nuestra Carta Fundamental, que exige expresar los fundamentos considerados por la autoridad en sus resoluciones, en este caso, para rechazar el recurso de reposición interpuesto por la actora.

Y ello, por cuanto la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado la razón del acto, su sustento material y juridicidad, requisito fundamental que no se constata en la actuación recurrida.

Séptimo: Que, si bien el rechazo de la reposición y el reclamo ante la Suseso, aparece que fueron realizados por las entidades que señala la ley, no es menos cierto que no aportan verdaderas razones que justifiquen sus decisiones, ya que se limitaron a agregar que los antecedentes aportados por el reclamante no eran suficientes para justificar el reposo prolongado, sin detallarlos ni expresando la razón de por qué se estimaban insuficientes y así poder desvirtuarlos.

Por lo demás ambos organismos se fundaron en los documentos escritos, sin siquiera, dado lo prolongado de la duración de las licencias, haber ordenado un peritaje clínico, con miras a cumplir el mandato legal consistente en resolver fundadamente las solicitudes presentadas por los afiliados al sistema de salud, tal como lo dispone el artículo 16 letra a) del D.S. Nº3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, cometido que omitieron injustificadamente las recurridas, no obstante haber expresado que el reposo no se justificaba, basándose los profesionales de los respectivos organismos “en el estudio de los antecedentes”, pero sin haber evaluado personalmente al actor.

Octavo: Que, en tal escenario fáctico y jurídico, el acto administrativo recurrido deviene en una decisión arbitraria, no justificada, en tanto que no permite un control racional por parte del administrado, tanto por no explicitar las razones que motivaron sus decisiones, como al no ejecutar aquellas medidas expresamente contempladas por la ley a efectos de determinar la condición de salud del recurrente.

Noveno: Que, las facultades legales con que cuentan las recurridas, tendientes a fiscalizar eficientemente el otorgamiento de las licencias médicas, hace exigible, con mayor razón, una adecuada y suficiente fundamentación de sus decisiones en el momento de expedirlas y no al contestar los recursos dirigidos en su contra.

De lo que se viene indicando fluye que los actos que se han reputado como arbitrarios, han amenazado derechos fundamentales de la recurrente, como son su integridad física y de propiedad consagrados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dado que el rechazo implica la imposibilidad del reposo necesario para recuperar la salud, no obstante existir un diagnóstico médico que lo recomendaba, por una parte, y por otra, deja de recibir el subsidio que podría corresponderle por el tiempo no trabajado, afectando su patrimonio.

Por demás en el presente caso, se trata de un paciente Fonasa, respecto del cual no hay atención psiquiátrica, en la especialidad de psicoterapia en el sistema de salud de esta aseguradora de salud, de esta forma la ausencia de psicoterapias en en el caso del recurrente, no puede servir de base, ni para la aseguradora de que se trata, -Fonasa-, ni para el ente regulador de la materia, (Suseso), como fundamento para rechazar licencias médicas, esto es, -la ausencia de atenciones de psicoterapia en el recurrente-, si en verdad este tipo de especialidad, no las ofrece al cotizante recurrente del caso; lo anterior importa un razonamiento, al menos desde el punto de vista lógico, del todo inconsistente.

Por las razones antes anotadas, el presente recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza, sin costas, la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y de Compin, y en consecuencia, se dejan sin efecto la Resolución Exenta de la Suseso N° Exenta N° R-01-UNRA-146981-2023 de fecha 7 de noviembre de 2023, licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 7 de septiembre de 2023, debiendo en su lugar tenerla por aprobada, disponiendo el inmediato pago al recurrente, por quien corresponda, de todos los subsidios a que las referida licencia médica dieren lugar.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del ministro Rafael L. Andrade Díaz.

N°Protección-21210-2023.