nombre reservado con SOCIEDAD COLEGIO ALEMAN

C.A. Concepción.

Concepción, quince de febrero de dos mil veinticuatro.

Visto y considerando:

1º.- En estos antecedentes del ingreso protección, Rol Nº21.000-2023 JAIME ANDRÉS VALENZUELA BISCARDI, Abogado, con domicilio en domicilio reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, interpone acción constitucional de protección a favor del menor de iniciales A. I. D. L., estudiante, en contra del COLEGIO ALEMÁN DE LOS ÁNGELES, del giro de su denominación, representado por don nombre reservado, ignoro profesión u oficio, y a su vez respecto de nombre reservado, ignoro profesión u oficio, como persona natural, en su calidad de Rector del COLEGIO ALEMÁN DE LOS ÁNGELES, y de nombre reservado, como Encargada de Convivencia de la misma institución, todos ellos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado.

En síntesis, señala que el 23 de noviembre de 2023 el rector y la Encargada de Convivencia Escolar durante un proceso sancionatorio por resolución por convivencia escolar se dispuso una sanción para el menor, lo es arbitrario e ilegal. Señala que esta decisión vulnera gruesamente el debido proceso, infringe el principio constitucional de la igualdad ante la ley y la sanción resulta desproporcionada ante la supuesta infracción cometida, violentando con todo ello normas de la Convención sobre derechos del niño, y al ordenamiento jurídico interno, como el interés superior del niño, el derecho a ser oído y el derecho a la educación. Por este conjunto de razones, pide acoger el recurso e invalidar la sanción por arbitraria e ilegal.

Relata que el menor a favor de quien recurre tiene actualmente 8 años de edad, y cursa segundo año básico en el Colegio Alemán de Los Ángeles, Octava Región. El menor es hijo de nombre reservado y de nombre reservado, quienes ya no viven juntos como familia, ya que nombre reservado se encuentra casada en la actualidad con nombre reservado. Agustín vive con un hermano y una hermana más, ambos de menor edad que él.

Señala que el menor es matriculado desde edad pre-escolar en el Colegio Alemán de Los Ángeles, transcurriendo su vida académica sin mayor novedad, hasta el año de 2023, en 2022 es diagnosticado con TDAH, y en 2023 con TEA, con tratamientos médicos, psicológicos y de terapias, y que al revelarse este diagnóstico al colegio, su vida académica cambia drásticamente, comenzando a tener “problemas de conducta”, que se ven reflejados en constantes anotaciones en el libro de clases de la noche a la mañana. Paralelamente, por circunstancias propias de los niños de su edad tuvo problemas con una compañera, razón por la cual su matrícula se dejó condicional, habiéndose ya revelado el diagnóstico de TEA del que había sido objeto. Así durante todo el año lectivo 2023, y luego de revelar el diagnóstico de Trastorno de Déficit de Aprendizaje e Hiperactividad (TDAH), se ha perseguido al menor, citando a su madre en repetidas ocasiones, muchas veces por situaciones nimias, con el preciso objeto de generar precedentes en su contra más que por buscar ayudarlo, ya que llama la atención que antes de los sucesos de este año y la revelación de su condición TDAH y luego TEA, no hubo mayores incidentes, lo cual le hace dudar de la existencia de un verdadero patrón de conducta, como pretende hacer creer el colegio recurrido.

Agrega que existen a lo menos 25 citaciones o entrevistas a los apoderados, si es que no más, solicitadas por los apoderados o el Colegio, durante el año. Entiende que ese número de entrevistas, más la innumerable cantidad de veces que el colegio ha solicitado a la madre retirar al menor ante la más mínima situación, incluso a veces rayando en lo ridículo, como que el niño se mojó un poco con agua por ejemplo, llegando a pedírselo 2 o 3 veces a la semana, sin permitirle excusarse, debiendo incluso tener que viajar desde Concepción para ello.

Relata que el menor inició un tratamiento con la psiquiatra nombre reservado en el mes de Febrero 2022 por TDHA e impulsividad, recetándole Risperidona principalmente hasta octubre del 2023, además de existir varias pruebas con fármacos para la concentración durante el curso del año como fueron por ejemplo: Aradix, Aradix Retard, Neoaradix, Concerta y Samexid entre otros, sin lograr los efectos esperados por el Colegio. Además, se inició para tratamiento con psicoterapia con nombre reservado desde Marzo de 2023 para tratamiento conductual, con poca efectividad ya que el menor no tenía regulación sensorial. Se inicia a su vez terapeuta ocupacional desde Abril 2023, con nombre reservado, tratamiento para controlar impulsividad, TDHA y control de emociones, iniciando con 2 veces por semana, desde septiembre 2023 aumentando 3 veces por semana. En el mes de Octubre 2023 se inicia tratamiento por diagnóstico de TEA, agregando apoyo de la neuróloga nombre reservado, suspendiendo la terapia psicológica ya que en primera instancia se debía enfocar la parte sensorial. Se cambió fármaco denominado Risperidona y se sustituye por Aripiprazol y se cambió el Aradix de 20 mg por Samexid de 20 mg. En el mes de Noviembre 2023 se redujo la Terapia Ocupacional a 2 veces por semana, ya que estaba mejor regulado sensorialmente utilizando además chaleco sensorial y se reinicia nuevamente terapia psicológica para la parte conductual y afectiva con especialista en manejo de TEA y terapia a través del juego, 2 veces por semana actualmente, desde hace ya 2 semanas. Todas estas situaciones han sido debidamente comunicadas al Colegio, y se les ha entregado copia de todo lo efectuado en cada uno de estos procesos, en las diversas reuniones citada precedentemente.

Entiende que, es de todas luces que existe una verdadera preocupación de los padres por tratar la condición de Agustín, y que se han mostrado muy participativos en buscar su mejora, encontrando por lo mismo suelo fértil en ellos para efectuar y tomar todas las medidas necesarias para que Agustín pueda acoplarse a su curso, mientras logra regular su condición, proponiendo incluso costear un tutor en la sombra en el Colegio como una forma de regular su conducta, situación que fue rechazada por el Colegio sin una razón que podamos entender como valedera técnicamente.

Afirma que el Colegio sólo ha reaccionado a esto llevándolos (a los padres y al niño) a mediación a la Superintendencia de Educación con el único fin de cambiar de curso a Agustín, circunstancia que de acuerdo han explicado todos los especialistas resulta altamente desaconsejable en un niño con TEA, ya que ello no hace sino alterar su rutina, lo que retrasa su proceso de aprendizaje, madurez y por lo mismo de regulación conductual y sensorial como ha ocurrido, es decir, que el Colegio ha instado por hacer aquello que precisamente se entiende por todos los profesionales tratantes como algo absolutamente desaconsejable y que sólo empeoraría las cosas.

En cuanto al acto de sanción que se recurre, describe que a mediados de Noviembre de 2023, los padres del menor Agustín son citados a una entrevista, en donde se les explica que había concurrido al colegio con un “arma blanca” consistente en un cortaplumas que le sacó a su padre biológico sin su consentimiento ya que éste es agrónomo y usa estos elementos como herramientas de trabajo, probablemente extraída de la guantera de su vehículo sin que lo supiera, y que según la profesora el menor habría manifestado que la usaría para “cortar” a los niños “que le caen mal”, razón por la cual, y sin que existiera conflicto alguno con ningún niño de su curso, abre de oficio un protocolo de convivencia escolar, que no se le informa adecuadamente a la madre, sólo se le dice de forma verbal que no puede llevar al menor al colegio, y al cabo de tres días después se le comunica que el niño está suspendido de clases y que se le comunicará lo que el rector del colegio resuelva.

Paralelamente y a puertas cerradas entre la profesora, la encargada de convivencia escolar y el rector del colegio, sin dejar acceso al menor afectado ni a sus padres a efectuar descargos, el 23 de noviembre de 2023 se resuelve cancelarle la matrícula para el año 2024, es decir, cuando ya les resulta imposible matricular al menor en otro colegio, y las postulaciones a los colegios municipales se encontraba cerrada, lo anterior sin procedimiento alguno, ni explicación ni nada.

Sostiene que acuerdo al criterio jurisprudencial en materia de expulsiones de colegios, el Colegio Alemán no estaba cumpliendo con las siguientes exigencias mínimas: a) La resolución y el procedimiento que establece el Reglamento de Convivencia Escolar no se ajusta a las exigencias legales mínimas señaladas para ello. b) En ningún momento el colegio vela por los derechos a la continuidad de estudios de nombre reservado, cancelando la matrícula de manera inmediata, sin siquiera tener la mínima preocupación de procurar un establecimiento donde pueda continuar sus estudios, o al menos suspender la medida hasta que un establecimiento educacional lo pueda recibir y reintegrarse adecuadamente. c) La medida de expulsión debe ser como última razón y luego de verificarse que no existe otra alternativa para mantener al niño en el establecimiento, más aún si el menor no tiene ningún antecedente conductual previo en años anteriores sino hasta presentar diagnóstico TDAH, y posteriormente TEA, no estaba condicional, ni había sido objeto de procesos formativos anteriores destinados a revertir conductas similares. d) La decisión adoptada por la Administración del Colegio resulta arbitraria, toda vez que funda el procedimiento de expulsión, en una circunstancia que resulta no ser efectiva, ya que califica situaciones delictuales (porte de arma blanca) de un niño pre púber e inimputable, insinuando que tenía intenciones dolosas y delictivas, lo cual es a lo menos ridículo.

Agrega que los padres presentaron una carta de apelación, dentro del plazo de 5 días, haciendo valer antecedentes nuevos, como se les manifestó que era exigencia de su interposición por parte del colegio, la cual estaba pendiente de resolución a la fecha de presentación del recurso.

En este escrito los padres hicieron ver al Colegio que a) el menor fue diagnosticado con TDAH y TEA y que el colegio sólo ha atacado y acosado al menor, incumpliendo la Ley TEA vigente en Chile con el preciso fin de sacar del colegio a todos los niños con esta condición; y que b) el menor tiene la condición de Trastorno de Espectro Autista, el cual se demostraba con un certificado médico que se acompañó al efecto, y del cual el colegio tiene pleno conocimiento hace bastante tiempo ya.

Cita las sentencias dictadas en los roles 409-2023 y 5981-2023 de esta Corte, en que se condena a este mismo colegio, por muy similares hechos.

2º.- Informaron el recurso, en un mismo escrito, nombre reservado, director Colegio Alemán de Los Ángeles, cédula de identidad número RUT reservado, nombre reservado, encargada comité convivencia escolar Colegio Alemán de Los Ángeles, cédula de identidad número RUT reservado y FELIPE ANDRES VEGA LAVANDEIRA, abogado, en representación convencional del CORPORACIÓN SOCIEDAD COLEGIO ALEMÁN DE LOS ÁNGELES, corporación de derecho privado, rol único tributario Nº82.020.800-5, solicitando su más total y absoluto rechazo por no ser efectivos los hechos expuesto en él, y no haberse vulnerado ninguna garantía constitucional.

En síntesis, señalan que la medida aplicada por el Colegio fue la siguiente: “Por lo tanto, se resuelve CANCELACIÓN DE MATRÍCULA, para A. D. L., la que consiste en la no renovación del contrato de prestación de servicios educacionales para el año 2024 en nuestro EE, considerando que el estudiante no ha superado sus dificultades de disciplina y/o comportamiento a pesar de las ayudas que el colegio le ha podido otorgar.”

Esta medida, indican, en nada afectó el término del año escolar ni la escolarización del estudiante. Por otro lado, la sanción está plenamente ajustada al Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio (en adelante RICE), y se traduce en la no renovación del contrato de prestación de servicios educacionales para el año 2024, en el entendido que su apoderada conoce y acepta voluntariamente las normas regulatorias del establecimiento, de acuerdo al contrato de prestación de servicios educacionales suscrito el 5 de diciembre de 2022.

Relata que el estudiante posee un largo historial de desregulaciones y de situaciones riesgosas para otros miembros de la comunidad educativa, y al efecto se adoptaron por parte del Colegio - de forma permanente - acciones para avanzar en un cambio de conducta del estudiante, también se recurrió a un procedimiento de mediación voluntario a la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, sin embargo, las conductas no han variado en el tiempo, al contrario, se fueron agudizando hasta el episodio de porte de arma blanca y amenazas a sus compañeros, acción que desencadenó la sanción; coligiendo que, habiendo intentado una extensa batería de instrumentos y herramientas de forma coordinada con el estudiante, el establecimiento y la familia, el proyecto educativo no se ajusta a las necesidades educativas del estudiante.

Entiende que la sanción aplicada por el Colegio está en conformidad con el RICE, se está cancelando la matrícula para el año escolar 2024 en consonancia al contrato de prestación de servicios educacionales, que establece la no renovación por incumplimiento, ya que, la acción del estudiante es una falta gravísima al RICE y de acuerdo a la Ley 20.370 artículo 10, el director debe garantizar la integridad física y psicológica de todos los miembros de la comunidad educativa.

A modo de corolario indica que: 1.- Colegio Alemán de Los Ángeles, no ha vulnerado ninguna norma constitucional. 2.- Colegio Alemán de Los Ángeles, ha actuado conforme lo establece por escrito, su Reglamento Interno y Convivencia Escolar, en adelante el reglamento o RICE. Se trata de un alumno que cuenta con un sinnúmero de desregulaciones que han tratado de ser abordadas pero sin resultados satisfactorios y además se trata de un alumno que había sido previamente sancionado y que contaba con la aplicación de la medida de “condicionalidad de matrícula”, y estando sujeto a esta sanción comente un nuevo hecho gravísimo según reglamento del colegio, que consistió en ingresar al establecimiento con un arma tipo cuchillo corta plumas, aseverando matar a todo aquel que le caía mal, ante lo cual se aplicó lo dispuesto en el Reglamento Interno del Colegio dentro del Título, de las Faltas Gravísimas. 3.- Colegio Alemán de Los Ángeles, no ha vulnerado de manera alguna el derecho a la educación del menor. 4.- Colegio Alemán de Los Ángeles, en cumplimiento de su reglamentación, y en aras de la protección de sus demás integrantes de la comunidad escolar, ha aplicado sanción al recurrente consistente en cancelación de matrícula para el año escolar 2024, en un proceso con respeto a las garantías constitucionales. 5.- El proceso sancionatorio fue aplicado en virtud del porte de arma blanca por parte del menor, quien manifestó que la utilizaría para matar compañeros que no eran de su agrado. Lo anterior y tomando en consideración la edad del recurrido, puede considerarse sin tener el ánimo de efectuar la conducta antirreglamentaria, o el hecho de ser inimputable, sin embargo, ello no es óbice para no aplicar la reglamentación de la institución educacional en el cumplimiento de la obligación objetiva del deber de protección de la comunidad escolar que debe cumplir la institución educacional. 6.- Que a pesar de ser el menor diagnosticado en un principio de TDHA. y luego TEA., ello NO es causal eximente para no cumplir la reglamentación de la institución o a contrario sensu, ello no es requisito para aplicar de manera diferente el reglamento o de manera especial hacia el autor de un hecho antirreglamentario, sin embargo, Colegio Alemán de Los Ángeles, efectuó todas las acciones tendientes a mejorar el comportamiento del menor y a brindarle ayuda, previa por cierto el hecho que motivo su sanción. 7.- La madre del menor suscribió un contrato de prestación de servicios educacionales, donde asumen el cumplimiento de los Reglamentos y Protocolos, del Colegio Alemán de Los Ángeles, lo cual no puede ser desconocido. 8.- El menor recurrente cuenta con un sinnúmero de desregulaciones conductuales, que afectan el normal desarrollo de la actividad educacional afectando a sus pares y a sus profesores. 9.- Ante lo expresado anteriormente, Colegio Alemán de Los Ángeles, ha procurado establecer una serie de ayudas para el menor y su desempeño, lo que a la postre no ha tenido efecto alguno, así se cuenta con innumerables apoyos al estudiante, sin que estos busquen eco en su comportamiento. 10.- El menor ha sido altamente medicado, y evaluado por diferentes especialistas sin que se logre su auto control. 11.- Que ante los innumerables casos de desregulación del menor, se solicitó un proceso de “Mediación” ante la Superintendencia de Educación, celebrándose al efecto una reunión entre la apoderada y el personal del colegio con fecha 3 de octubre de 2023, de manera VOLUNTARIA, respecto de la cual se arribó al siguiente acuerdo: A) cambiar de curso al recurrente, B) reducirle su jornada y C) el colegio a su vez se obligó a filtrar las llamadas hacia la madre por episodios de desregulación de su hijo. 12.- Insiste que ha existido un proceso ajustado a derecho, con igualdad de condiciones, sin embargo, la conducta del menor, al ser tipificada de grave por la reglamentación del colegio, motivó la sanción de cancelación de matrícula para el año escolar 2024 y no expulsión inmediata como erradamente señala el recurrente.

Acompaña un registro que daría cuenta de conductas negativas del menor, que han sido reiteradas en el tiempo, y contrarias al ordenamiento legal del colegio, afectando el correcto desempeño de las actividades escolares, que darían cuenta que el Colegio Alemán de Los Ángeles, trató de abordar las constantes conductas disruptivas del menor, por lo que, afirma, no es efectivo que al alumno no se le haya seguido, para imponerle la sanción, un debido proceso, ni se haya hecho diferencias en su trato en relación a los demás alumnos. Señala que, por el contrario, se le dio un trato adecuado, instando en todo momento de ayudarlo, la que no fue aceptada por éste, por lo que no se han vulnerado las garantías constitucionales que se dicen conculcadas, lo que lleva necesariamente al rechazo del presente recurso.

En este sentido, señala, además, que se han proveído entrevistas y ayudas pedagógicas al menor, en distintas fechas y oportunidades, acompañando copias del libro o registro respectivo, dando cuenta que antes de ser diagnosticado el Déficit Atencional y Espectro Autista del Menor, y que lo aqueja actualmente, procedió a realizar derivación inmediata del Estudiante al Comité de Convivencia Escolar con el único propósito de brindarle apoyo al Estudiante.

Finalmente hace una relación de las normas pertinentes de la Ley 21.128 y del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 del Ministerio de Educación, con las normas del RICE para revelar una correcta aplicación de éste, en relación al debido proceso y la aplicación de la sanción, considerando las circunstancias atenuantes y agravantes que correspondía considerar, atendido que se trataba de hechos gravísimos.

3º.- A requerimiento de esta Corte, se agregó el Ord. Nº13 de 15 de enero de 2024, de la Superintendencia de Educación Región del Biobío, confirmando en lo sustancial, los hechos expuestos por el recurrente y recurrido, agregando que, en conocimiento de estos autos, de oficio, el 5 de enero de 2024 ingresó denuncia bajo el Código CAS-60904-V2V1R1 que dice relación con la cancelación de matrícula del menor aludido.

4º.- En cumplimiento de la medida de mejor resolver dispuesta por esta Corte, la misma Superintendencia incorporó el Ord. Nº13 de 25 de enero de 2024, dando cuenta que la denuncia CAS-60904-V2V1R1 se encuentra en trámite. Y en el Ord. Nº31 de 31 de enero de 2024 aclara que el procedimiento se encuentra en etapa “análisis de antecedentes”.

5º.- La acción constitucional intentada puede prosperar en la medida que exista un acto (u omisión) ilegal o arbitrario que altere el estatus quo, lesionando, perturbando o amagando garantías especialmente previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, siempre que, los hechos que configuran tales garantías o derechos se encuentren indubitados para el actor, pues de no ser así, se trataría de una controversia jurídica cuya solución requiere de un pronunciamiento declarativo dictado en el estadio jurisdiccional correspondiente.

6º.- En este caso, el acto que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario es la decisión sancionatoria del colegio recurrido, de no renovación de la matrícula 2024 del menor de iniciales A. I. D. L., en atención a la gravedad de los hechos que se le atribuyeron, esto es, “que a mediados de Noviembre de 2023, los padres del menor Agustín son citados a una entrevista, en donde se les explica que su hijo había concurrido al colegio con un “arma blanca” consistente en un cortaplumas que le sacó a su padre biológico sin su consentimiento ya que éste es agrónomo y usa estos elementos como herramientas de trabajo, probablemente extraída de la guantera de su vehículo sin que lo supiera, y que según la profesora el menor habría manifestado que la usaría para “cortar” a los niños “que le caen mal”, razón por la cual, y sin que existiera conflicto alguno con ningún niño de su curso, abre de oficio un protocolo de convivencia escolar, que no se le informa adecuadamente a la madre, sólo se le dice de forma verbal que no puede llevar al menor al colegio, y al cabo de tres días después se le comunica que el niño está suspendido de clases y que se le comunicará lo que el rector del colegio resuelva. Paralelamente y a puertas cerradas entre la profesora, la encargada de convivencia escolar y el rector del colegio, sin dejar acceso al menor afectado ni a sus padres a efectuar descargos, el 23 de noviembre de 2023 se resuelve cancelarle la matrícula para el año 2024”.

Entiende que esta decisión es ilegal y arbitraria, pues se dictó dentro de un procedimiento que no respectó las reglas del debido proceso, es una sanción desproporcionada y por tanto no se respectaron las normas del Reglamento de Convivencia Escolar que el mismo colegio se impone, así como la Ley 21.128 y del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 del Ministerio de Educación.

7º.- Por su parte, el colegio recurrido sostuvo que la medida sancionatoria cuestionada se ajusta al reglamento interno de convivencia escolar y es proporcionada a la conducta reprochada.

Señala que durante el año 2023 se intentaron distintas instancias de apoyo hacia el menor, incluso una instancia de mediación voluntaria en la Superintendencia del ramo, acordando con los padres medidas dirigidas a no afectar su proceso educativo considerando su condición.

Sin embargo, refiere que la sanción impuesta resultó necesaria, pues no obstante todo lo anterior y encontrarse condicional por el evento ocurrido poco antes, realizó una conducta gravísima, en el entendido que el menor efectivamente asistió a clases con un arma blanca de tipo cortapluma, indicándole a un compañero que la utilizaría para agredir a los compañeros que le cayeran mal, comprometiendo con ello la seguridad de la comunidad educativa.

8º.- Con los antecedentes aportados en estos antecedentes, queda claro que el colegio recurrido activó un primer protocolo por una denuncia efectuada por los padres de una alumna por actos de hostigamiento del menor por el cual se recurre, adoptando medidas pertinentes de apoyo y protección, quedando este último en situación “condicional”, lo que no fue discutido.

Durante el año 2023 existieron distintas reuniones de seguimiento y apoyo al menor que culminaron en una mediación voluntaria ante la Superintendencia de Educación, comprometiéndose padres y colegio a ciertas medidas que se indicaron, cuestión que tampoco fue discutido.

Asimismo, queda claro que en noviembre de 2023 sucede un nuevo episodio, considerado grave por el colegio, lo que motivó la medida de cancelación de matrícula para el año 2024, cual es el acto acá recurrido.

9º.- Analizado el Reglamento Interno del colegio se constata la existencia de las siguientes normas relevantes que, en lo pertinente, señalan: 1) Artículo 5º “Deberes de los estudiantes. El estudio constituye un deber básico de los estudiantes, el cual se concreta en las siguientes obligaciones: E) Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar; N) Respetar el reglamento Interno y de Convivencia Escolar”; 2) Artículo 155. “Tipificación faltas gravísimas. Las siguientes conductas constituyen faltas gravísimas: 26. Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.

10º.- El estándar mínimo exigible al colegio para adoptar la medida de cancelación de matrícula se describe en la Ley 21.128 y en el Decreto con Fuerza de Ley Nº2 del Ministerio de Educación, en lo pertinente, de la siguiente manera:

“Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación”.

“No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes”.

“Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley”.

“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.

“Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad educativa”.

“Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante, las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo”.

“No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional”.

“Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida”.

“La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”.

“Los sostenedores y, o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades”.

“El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley”.

“El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias”.

11º.- En consecuencia, comparando lo prescriptivamente dispuesto en el Reglamento Interno del colegio y la normativa legal citada en extracto en el motivo precedente, con lo efectivamente actuado procedimentalmente para adoptar la decisión de no renovación de matrícula del menor en favor del cual se recurre, es factible concluir que el establecimiento educacional recurrido cumplió con las reglas mínimas procesales que se han otorgado.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible reprochar al colegio que la decisión de cancelación de matrícula antes aludida, así como la resolución de la reconsideración de la misma no se comunicaron oportunamente a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, comoquiera que esta autoridad sólo conoció de los hechos a consecuencia del requerimiento que se le efectuara durante la tramitación del presente recurso, activando por esto, de oficio, una denuncia, según se informó en el presente recurso.

Asimismo, de acuerdo con las particularidades del caso, la medida adoptada por el recurrido, en caso de mantenerse, actualmente, deja al estudiante en una situación que hace imposible pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, lo que sería incoherente con la normativa aplicable y lo ordenado por esta Corte en la resolución de 7 de diciembre de 2023 (Folio 2).

12º.- Por último indicar, que la Ley 21.545 señala, en lo pertinente, que su “objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista; eliminar cualquier forma de discriminación; promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.

Asimismo señala que “Los establecimientos educacionales velarán por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas. Asimismo, efectuarán los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos, que consideren la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales”.

13º.- Los pasajes de la Ley 21.545 antes transcritos resultan relevantes en este caso, pues se trata de un menor de segundo básico, con un diagnóstico médico acreditado y no discutido, cuestiones que, en lo formal, no aparecen consideradas en la resolución del colegio recurrido a la hora de imponer la sanción de cancelación de matrícula.

14º.- Conforme se viene razonando, tratándose de un niño que padece de una condición médica acreditada, respecto del cual existe una normativa especialmente dictada para su protección e inclusión, y revelado que existen en este caso desprolijidades procedimentales y omisiones normativas antes indicadas, se colige que, la sanción por la cual se recurre es un acto arbitrario que vulnera los derechos de integridad psíquica y educación del alumno sancionado, haciendo necesario que se adopten las medidas que a continuación se detallarán, teniendo en consideración, además, su interés superior.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE sin costas, la acción de protección interpuesta a favor del niño de iniciales A. I. D. L., y en su consecuencia, se deja sin efecto la sanción de cancelación de matrícula para el año 2024, debiendo el colegio recurrido efectuar un nuevo procedimiento sancionatorio de los hechos que motivaron el acto recurrido, considerando especialmente la edad del menor en relación a las disposiciones de la Ley 21.545, y en caso de estimar que corresponde aplicar la medida de cancelación de matrícula, ésta debe ser adoptada previa consulta del Consejo de Profesores, notificada a los padres dentro del primer semestre del año lectivo correspondiente, y comunicada oportunamente a la Superintendencia de Educación.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante Marcelo Matus Fuentes.

No firma el Fiscal Judicial Sr. Hernán Rodriguez Cuevas, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente, con permiso.

Rol 21.000-2023. Protección.