nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) Y OTRA

Concepción, veintidós de junio de dos mil veintidós.

VISTO:

1°) nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado. Kilómetro 8, comuna de Los Ángeles, interponiendo recurso de protección contra la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la región del Biobío, (en adelante JUNJI), representada por su directora regional Alejandra Navarrete Villa, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, y en contra de nombre reservado, encargada del Jardín Infantil “nombre reservado”, domiciliada en domicilio reservado, población 21 de Mayo, sector Paillihue, Los Ángeles. Funda la presente acción en los siguientes antecedentes:

a) El pasado 22 de abril la llamó por teléfono una encargada del área de recursos humanos de la JUNJI, indicándole que sería trasladada desde el Jardín Infantil “nombre reservado”, donde se desempeña desde el año 2017 hasta el Jardín Infantil “21 de Mayo”, traslado que se haría efectivo a contar del lunes 2 de mayo siguiente; esta persona no le señaló los motivos del traslado;

b) Dado lo anterior, envió un correo electrónico a la Jefa Regional de la JUNJI, sin obtener respuesta, obteniendo recién una entrevista personal con ella para el martes 26 de abril de 2022;

c) Señala que durante el año 2021, hubo un ambiente tenso entre algunas educadoras en el jardín infantil donde trabaja, formándose grupos que estaban con la encargada y otros que no; ella no tomó parte por ninguna facción y continuó desempeñado sus funciones de docente de párvulos sin problemas;

d) Refiere que la encargada de jardín infantil, la recurrida nombre reservado, siempre la evaluó con nota 7,0 en el desempeño de sus funciones; tiene vínculo como trabajadora a contrata anual, calidad que le ha sido renovada periódicamente y sucesivamente;

e) Señala que en el mes de diciembre de 2021, tuvo una diferencia con una colega de aula, siendo denunciada por maltrato laboral ante la encargada de jardín, la que se remitió por la encargada del jardín al área de convivencia de la Dirección Regional de la JUNJI. En marzo de este año, se le notificó de la instrucción de un sumario administrativo, el cual, al mes de abril último, se encuentra en etapa indagatoria que es secreta, sin formulación de cargos o sobreseído. En esas condiciones, después de haber declarado ante el fiscal instructor el 11 de marzo pasado y pese a existir un sumario en su contra, siguió cumpliendo sus funciones docentes, sintiendo un ánimo distinto en la recurrida y en las colegas que la apoyan;

f) De su reunión con la Directora Regional de la JUNJI, señala que esa recurrida le informó que sería cambiada de establecimiento dada la denuncia en su contra por maltrato laboral, decisión adoptada para mejorar la convivencia entre las distintas educadoras que trabajan en el Jardín Infantil “nombre reservado”. Ella solicitó no ser cambiada de jardín, o ser destinada a uno distinto al Jardín Infantil “21 de Mayo”, dado los vínculos laborales, emocionales y humanos que tiene en su actual destinación, mencionándole no ser una persona conflictiva y negando haber acosado laboralmente a ninguna colega, y que el episodio investigado sólo ocurrió una vez, el que está siendo investigado por la unidad correspondiente mediante un sumario administrativo. De esa reunión, obtuvo el compromiso de la Directora Regional de que evaluaría cambiarla a un jardín cercano a mi domicilio que estaba por abrirse; que en unos meses más podría “ver qué hacer y tener una respuesta”;

g) Con posterioridad a esa reunión, añade, ha sufrido diversas vulneraciones y situaciones donde se ha sentido pasada a llevar; hay una constante persecución de la encargada del jardín y de algunas colegas que la apoyan. Todo esto hizo que la Directora Regional tomara la decisión de trasladarla sin conocer su versión de los hechos, pese a que había un sumario administrativo pendiente aún sin cargos; actuar que, además de vulnerar el principio de inocencia, la constituyó en una comisión especial que la juzgó sin darle derecho a defensa, todo ello afectó su salud psíquica y mental;

h) En cuanto a las garantías constitucionales afectadas por los hechos que reprocha, señala que son las contenidas en los números 1, 2, 3 inciso 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sobre la afectación a su integridad psíquica, dice que al ser constantemente enjuiciada por algunas colegas y por su jefatura directa, la encargada del jardín infantil, le ha provocado angustia crónica y depresión, por lo que está siendo tratada por médico por psiquiatra y por psicóloga que me está tratando.

Acerca de la garantía de igualdad, afirma que su jefatura y algunas colegas, la tratan de manera desigual; sobre el derecho al debido proceso, sostiene que ambas recurridas la han prejuzgado y juzgado sin tener competencia para ello, lo que llevó a la Directora Regional a tomar la decisión de cambiarla de lugar de trabajo, estando pendiente la tramitación de un sumario administrativo, constituyéndose ella en una comisión especial, ya que si bien la autoridad regional de la JUNJI puede disponer el traslado de un funcionario de un recinto educacional a otro, ello se deberá hacer con prudencia, respetando los procedimientos internos y reglamentarios de la institución y, en todo caso, sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores;

i) Resalta el hecho que si bien el cambio de jardín está dentro de la facultades de la Directora Regional, tal decisión está motivada por razones que jurídicamente son incorrectas; según sus dichos, lo hizo por comentarios de que la actora era conflictiva;

j) Señala no haber recibido comunicación escrita de la decisión de traslado, señalando que ella, al ser un acto administrativo, tiene que ser fundada o motivada, lo que no ocurre en la especie, ya que todo lo resuelto deja entrever que la decisión, cualquiera sea la razón, fue un acto caprichoso, contrario a la Ley 19.880 y a la Constitución Política de la República;

k) Acompañando los antecedentes que detalla en el segundo otrosí de su libelo, solicita a esta Corte acoger el presente recurso y ordenar que la recurrida nombre reservado adopte todas las medidas administrativas para lograr que todas las educadoras de párvulo puedan trabajar en un ambiente grato y sin diferencias, absteniéndose de mostrar favoritismo en su función pública laboral. Tambien, ordenar a la Directora Regional del Servicio que se abstenga de constituirse en comisión especial, desistiéndose de hacer efectivo su traslado, mientras no concluya el sumario administrativo en tramitación y, en caso de haber alguna medida de carácter provisional, se cumpla a través del procedimiento disciplinario, que sea en esa sede donde se decida un eventual traslado. Además, pide que la JUNJI, investigue los hechos constitutivos de acoso laboral por parte de la encargada del jardín infantil “nombre reservado”, la recurrida nombre reservado y de otras colegas hacia su persona, ordenando la Directora Regional la apertura de un sumario administrativo para ese efecto, todo ello con expresa condena en costas de las recurridas.

2°) Informó la recurrida nombre reservado, encargada del Jardín Infantil y Sala Cuna “nombre reservado”, establecimiento dependiente de la JUNJI, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, en base a los siguientes argumentos:

a) Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia planteada por la recurrente, ya que su naturaleza cautelar autónoma, excepcional, de urgencia, con tramitación informal y sumaria, impide utilizarlo para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, puesto que su finalidad es la protección de derechos preexistente, indubitados, evidentes y ostensibles afectados por actos arbitrarios o ilegales. En ese sentido, las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial mediante esta vía. Ocurre, dice, que de la lectura del libelo se desprende que la recurrente busca dejar sin efecto su traslado desde el jardín “nombre reservado”, además de denunciar un supuesto acoso laboral y la existencia de un supuesto proceso disciplinario en su contra;

b) Sobre las supuestas actitudes y acciones que ella califica como maltrato, señala que ellas deben ser abordadas en procedimientos internos de la JUNJI, como ha ocurrido y en otro tipo de acciones, mediante los mecanismos establecidos por la ley para impugnar los actos administrativos, los que no fueron ejercidos por la recurrente, por lo que sus actuales alegaciones exceden a las materias que deben ser conocidas a través de este arbitrio, ya que las pretensiones de la actora deben ser discutidas y probadas en un proceso de lato conocimiento, donde ella podrá acreditar o no la efectividad de sus alegaciones;

c) Afirma que la actora carece de un derecho prexistente e indubitado para ejercer esta acción; sus reclamos de ser víctima de maltrato laboral pretenden evitar su traslado de unidad educativa, diluyendo su responsabilidad en otros funcionarios y así abstraerse de cualquier investigación u sanción. En su informe hace una detallada relación del desempeño laboral de la actora, de sus continuas licencias médicas y de una situación de maltrato que ella habría tenido con la subdirectora del Jardín Infantil y con auxiliares de párvulos que trabajan en ese establecimiento, hecho ocurrido al mediodía del 30 de diciembre de 2021, y que motivo a las funcionarias afectadas la redacción y remisión de un acta denuncia a la unidad de Clima Laboral, con copia a la Directora Regional del servicio, donde explican la situación vivida. A causa de ese reclamo se realizó una investigación previa y el 14 de enero de 2021 se ordenó instruir un proceso disciplinario;

d) Es durante el curso de esta investigación y debiendo la recurrente reincorporarse a sus funciones el 18 de abril pasado, después de hacer uso de licencia médica, la informante comunica a la Directora Regional que esa situación afectará a gran parte del equipo por los constantes desaires, lo que afecta a la tranquilidad emocional de las funcionarias del establecimiento. Añade que el miércoles 20 de abril siguiente recibió llamado telefónico de nombre reservado de la unidad de Recursos Humanos, informándole que la actora será traslada al Jardín Infantil “21 de Mayo” a contar del 2 de mayo 2022, en adelante y que en su reemplazo llegará una educadora de párvulos proveniente de Collipulli; también se le informa que durante esa semana, la recurrente será notificada por esa unidad de su traslado. Efectuadas las comunicaciones, el 2 de mayo se le informa que a recurrente no se presentó a sus nuevas funciones en el Jardín Infantil “21 de Mayo”, por tener hora al médico; finalmente, al día siguiente es notificada por Receptora Judicial del presente recurso y del plazo de 10 días para informarlo;

e) Acerca de las ilegalidades y arbitrariedades en el trato y clima laboral al interior del Jardín Infantil “nombre reservado” señala, en cuanto a la vulneración de la integridad psíquica, que los hechos relatados en el recurso no configuran una vulneración a la integridad de la actora, negando cualquier vulneración por su parte, esto porque la asistencia de la actora a sus funciones al referido jardín, a causa de sus reiteradas licencias médicas entre los años 2021 y 2022, ha sido esporádica y, como cualquier acto de acoso laboral requiere, por definición, de reiteración, en los hechos no ha podido configurarse por sus ausencias;

f) Sobre la denuncia de maltrato laboral ocurrido al interior del Jardín infantil el 30 de diciembre de 2021, señala que ese día se encontraba haciendo uso de feriado legal, por ende, ninguna participación tiene en cualquier hecho derivado de aquella situación;

g) En cuanto a la adopción de medidas de orden disciplinario y de convivencia, señala que ocurridos los hechos, y reintegrada a sus funciones realizó reunión con las involucradas, de la cual se levantó acta y se remitieron los antecedentes a la oficina de Clima Laboral de la JUNJI, por lo que se adoptaron las medidas pertinentes;

h) Respecto a la vulneración de la igualdad ante la ley, indica que los hechos relatados por la recurrente no configuran la vulneración señalada, esto por la forma vaga en que ello se expone, razón por la cual niega cualquier vulneración por su parte. Lo mismo acerca de la afectación a la integridad psíquica alegada por la recurrente, agregando que entre los años 2021 y 2022 ella estuvo muy poco en el jardín infantil, debido sus reiteradas licencias médicas, por lo que mal se pudo organizar una especie de grupo de trabajadoras en su contra, estimando que dicha percepción se debe a los varios periodos de ausencia no le permitieron crear lazos con el resto de las funcionarias;

i) En cuanto a la vulneración del debido proceso, al ser juzgada por una comisión especial, señala que la decisión de trasladar a la actora se adoptó para resguardar el ambiente laboral, tanto para ella como para las demás funcionarias, medida que fue adoptada en su beneficio, siendo incoherente que ella se queje que existe un mal ambiente laboral y, no obstante, insista en permanecer laborando en el Jardín Infantil “nombre reservado”, al pedir que se deje sin efecto su traslado;

j) Sobre el Jardín Infantil “21 de Mayo” al que fue transferida la recurrente, dice que ese establecimiento queda a 3 cuadras del otro Jardín donde antes ejercía sus funciones, por lo que no hay desmedro alguno para la funcionaria, quien fue notificada por la Dirección Regional de aquella la decisión con la debida antelación. Agrega que esa decisión se adoptó por la Directora Regional en uso de las facultades propias del cargo, en consideración a los antecedentes acompañados y los protocolos internos de la JUNJI;

k) Afirmando no haber vulnerado ninguno de los principios señalados por la recurrente; al no haber ilegalidad alguna en su actuar, ya que las medidas de carácter de interno se adoptaron para la protección del ambiente laboral y, acompañando los documentos que señala en el primer otrosí de su informe, solicita el rechazo del presente recurso.

3°) Informó por la recurrida nombre reservado, el abogado PABLO ORTIZ DE LA FUENTE, solicitando el rechazo de la presente acción, señalando –primeramente- que este recursos no es la vía idónea para solucionar los hechos denunciados en el libelo de la actora, reproduciendo los mismos argumentos expuestos sobre ese punto, por la anterior informante. Además señala:

a) Que por Resolución Exenta N°015/149 de 14 de enero de 2022, “…con carácter de secreto, se ha instruido procedimiento disciplinario en contra de persona indeterminada perteneciente al Jardín Infantil y Sala Cuna “nombre reservado” de la comuna de Los Ángeles.” (SIC), agregando que dicho sumario administrativo, se instruyó en virtud de correo electrónico de 7 de enero de 2022, de la funcionaria nombre reservado, que daba a conocer a la Directora Regional del Biobío, seis denuncias de funcionarias del Jardín Infantil “nombre reservado”, conforme al procedimiento de Maltrato y Acoso Laboral de JUNJI establecido en la Resolución Exenta N°015/517 del 22 de agosto de 2019. Dada la naturaleza y gravedad de las denuncias se instruyó dicha indagatoria para investigar situaciones denunciadas como acoso laboral, la que iba dirigida contra persona determinada, menos contra la recurrente, no siendo efectivo de que le fue notificado un sumario en su contra, aun cuando es efectivo que siendo funcionaria del Jardín Infantil Tren de Mis Sueños de Los Ángeles, se le ha tomado declaración en dicha investigación, lo que no constituye alguna formulación de cargo o sindicación de responsabilidad;

b) Explica que el artículo 128 del Estatuto Administrativo y la delegación de facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI en los Directores Regionales, la Directora Regional del Biobío, Alejandra Navarrete Villa, puede disponer la instrucción de un sumario administrativo cuando la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere, por lo que, en ello, no hay acto arbitrario o ilegal alguno ni alguna constitución de comisión especial. Además, de acuerdo al artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo, el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en que dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa, por lo que cualquier otra información particular de la investigación es secreta, atendido el estado actual de dicho procedimiento;

c) En cuanto al traslado de la funcionaria nombre reservado de establecimiento, dice que el artículo 73 del Estatuto Administrativo, señala que las funciones delegadas a los Directores Regionales y, en general, los principios de la gestión administrativa, son facultades propias de la Directora Regional del servicio, ello le permite destinar a los funcionarios para el desempeño de funciones propias del cargo para el que fueron designados en la institución, en cualquier localidad. En ese sentido, y considerando el mejor desarrollo de la labor del servicio, la Directora Regional determinó la necesidad de destinar a la recurrente a suplir una vacante en el Jardín Infantil “21 de Mayo” de Los Ángeles, considerando especialmente que la funcionaria prestaba servicios en un jardín cercano, lo que acarreaba detrimento para ella, puesto que uno y otro se encuentran a 270 metros de distancia. Esta decisión le fue comunicada a la recurrente mediante correo electrónico despachado por nombre reservado, funcionaria de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, región del Biobío el 22 de abril de 2022, materializándose la destinación en la Resolución Exenta N°015/930 de 6 de mayo de 2022, de la Directora Regional, notificada a la recurrente, la que aún no se hace efectiva porque la actora goza actualmente de licencia médica por 30 días;

d) Afirma la inexistencia de la actuación ilegal y arbitraria imputada a la JUNJI, negando la vulneración a la integridad psíquica de la actora, ya que la serie de hechos ocurridos en su lugar de trabajo, al ser relatados en el libelo en forma vaga, ello no permite evacuar una defensa en términos distintos a los ya indicados, es decir negando cualquier vulneración por parte del servicio, además, se adoptaron las medidas necesarias para investigar y determinar cualquier situación de maltrato que pudo originarse en la unidad educativa donde se desempeña la actora;

e) Niega cualquier vulneración de la igualdad ante la ley, ya que no ha existido acto arbitrario, ilegal o infundado en la decisión tomada por la Directora Regional del Biobío, pues ella actuó dentro del marco de sus funciones privativas, con la finalidad de hacer una mejor gestión de personal para el cumplimiento de los objetivos del servicio, rol que se encuentra amparado por el Estatuto Administrativo. A su vez, si bien existe una investigación contra persona indeterminada de la dotación del Jardín Infantil “nombre reservado”, ella no se ha dirigido contra la recurrente, por lo que no ha existido trato especial o particular en su contra;

f) Tampoco hay afectación al debido proceso al ser juzgada por comisión especial, ya que la Directora Regional del Biobío, dispuso destinar a la recurrente a otra unidad educativa conforme el artículo 73 del Estatuto Administrativo que señala: “Los funcionarios solo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente. Las destinaciones deberán ser ordenadas por el jefe superior de la respectiva institución.

La destinación implica prestar servicios en cualquiera localidad, en un empleo de la misma institución y jerarquía.”;

g) Agrega que lo anterior se relaciona con lo establecido en la Resolución N°015/004 de 8 de febrero de 2022, que aprueba y refunde en un texto único, delegación de facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI en funcionarios que indica, dejado sin efecto todos los actos administrativos que delegan facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI en funcionarios determinados, estableciendo en el Resuelvo I, letra A.- Directores Regionales, o en quien los subrogue en caso de ausencia temporal, en el ámbito de sus competencias regionales, la facultad de resolver y dictar resoluciones, en las siguientes materias: “5.- En materia de personas: letra g) Autorizar traslado y permutas de cargos”; (…) “v) Autorizar destinación del personal bajo su dependencia a nivel regional, según disposiciones legales vigentes.”. En el mismo sentido señala que tiene la facultad de “8.- Disponer la instrucción de investigaciones sumarias y/o sumarios administrativos al personal de su dependencia. Exceptúense aquellos procesos disciplinarios instruidos por el Jefe Superior del Servicio, en que el Director/a Regional pudiera eventualmente considerarse responsable en los hechos denunciados.”. Añade que estos criterios han sido avalados por la Contraloría General de la República, mediante dictámenes que señala;

h) Sostiene que, en ese orden de ideas, es incompatible afirmar que el servicio y su Directora Regional actuaron como comisión especial, ya que está facultada para adoptar decisiones en el ámbito de la destinación de funciones, obedeciendo al principio general de gestión de la administración, de apreciar las circunstancias y razones que justifican la destinación de un funcionario, que lo que ocurrió en la especie, dada la vacante existente en el Jardín Infantil “21 de Mayo”, la distancia entre ambos establecimiento y, finalmente la comunicación con la asociación gremial;

i) Sobre la ilegalidad y arbitrariedad del acto de destinación, indica que “el legislador no ha establecido ningún procedimiento para llevar a cabo esa diligencia. En tales condiciones, el empleado no podrá excusarse de cumplir la nueva destinación asignada, encontrándose obligado a asumir las nuevas funciones, por mandato de la letra e) del artículo 61” por tanto, cualquier alegación sobre la notificación de la decisión -hecha por escrito, con anterioridad y personalmente-, es inoponible, pues no se infringido norma alguna y se resguardaron los derechos de la funcionaria;

j) Tampoco hay prejuzgamiento ni sanción, ya que las destinaciones “no constituyen una medida disciplinaria, sino que corresponde a una providencia de buena administración” siendo la obligación de la jefatura apreciar las justificaciones de las circunstancias del traslado lo cual ha quedado de manifiesto en el relación de los hechos del recurso y se basa en la vacante existente en el Jardín Infantil “21 de Mayo”. Además, la fecha la destinación no es efectiva, porque “La destinación de los servidores públicos se perfecciona a través de la efectiva asunción de funciones en el cargo de su nuevo destino.”. Ello aun no ocurre, porque la recurrente se encuentra gozando de licencia médica;

k) Dice que la destinación es incompatible con el sumario administrativo, además, la recurrente no es inculpada, ya que no se han formulado cargos en su contra y, aun cuando ello fuera así, no hay infracción al artículo 131 de la Ley N° 18.834, porque la nueva destinación no implica un cambio de domicilio dentro del radio urbano. A lo anterior se debe precisar que la destinación no fue adoptada por el fiscal instructor, lo que ratifica que la actora no es inculpada;

l) Finalmente, no habiéndose vulnerado ninguno de los principios señalados por la recurrente, ni existir ilegalidad alguna en el actuar de la Directora Regional del Biobío de la JUNJI en la decisión, fundada y justificada, de destinar a la funcionaria nombre reservado, a cumplir funciones propias de su labor en otra unidad educativa, ante la existencia de una vacante y la necesidad de personal para el cumplimiento de los objetivos del servicio, debe concluirse que el recurso adolece de motivos suficientes por lo que, acompañando los documentos que indica en el primer otrosí de su informe, pide el rechazo del presente recurso, con costas;

m) Mediante presentación de 6 de junio pasado, y respondiendo al requerimiento de esta Corte de 30 de mayo pasado, a fin de que la JUNJI, aclarase la circunstancia de encontrarse la recurrente sometida o no a sumario administrativo y, en su caso, remitir copia digitalizada del mismo y de los antecedentes acompañados al mismo, esa parte respondió señalando que “…la recurrente nombre reservado, no se encuentra actualmente sometida a sumario, debido a que no existe instrucción de proceso disciplinario determinado en contra de su persona o ha adquirido a la fecha la calidad de inculpada en proceso disciplinario instruido. Por lo anterior no existe un expediente sumarial que remitir a la Ilustre Corte.”.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley–, o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él–, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, es indiscutido que mientras la actora se desempeñaba como Educadora de Párvulos en el Jardín Infantil “nombre reservado” de la comuna de Los Ángeles, a raíz de un incidente ocurrido el 30 de diciembre de 2021 en el interior de ese recinto, se formuló una denuncia por acoso laboral que originó la instrucción de un sumario administrativo de carácter secreto y contra persona indeterminada, ordenado por la Dirección Regional de la JUNJI. A la fecha de interposición de esta acción, dicha investigación aún no llegaba a la etapa de formulación de cargos.

Tambien es pacífico que durante el curso de esa indagatoria, la recurrente fue destinada -o trasladada-, desde el establecimiento antes señalado al Jardín Infantil “21 de Mayo”, ubicado –según una de las recurridas-, a 270 metros del anterior, lugar donde debía cumplir funciones a partir del 1 de mayo pasado.

TERCERO: Que, de los documentos acompañados por las partes, los cuales se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica, se obtienen los siguientes antecedentes:

a) En el acta de la declaración en sumario administrativo prestada por la recurrente el 11 de marzo del año en curso, aparece que ella depuso “bajo promesa de decir verdad”, firmando al término de su testimonio como “Inculpado” (SIC), ante el Fiscal Víctor Romero Gómez y la Actuaria nombre reservado;

b) En la Resolución Exenta Nº 015, que “ASIGNA FUNCIONES A PERSONA QUE INDICA: nombre reservado”, firmada electrónicamente por nombre reservado, Directora Regional de la JUNJI Biobío, el 6 de mayo de 2022, después de señalar las regulaciones legales y administrativas sobre la materia, se dispone que:

“CONSIDERANDO:

1.- Que, es atribución privativa de la autoridad regional disponer de las funciones que se realicen, según lo requieran las necesidades el servicio, siempre que las tareas que deba cumplir el funcionario sean las inherentes al cargo para el cual ha sido nombrado, entendiendo que son tales aquellas asignadas a una planta específica.

2.- Que, el funcionario/a que se individualiza a continuación, a contar de 01-05-2022 y mientras sus servicios sean necesarios, cumplirá funciones en el cargo de EDUCADORA DE PARVULOS., en el JARDÍN INFANTIL 21 DE MAYO CÓDIGO 8301003 de la comuna de Los Ángeles RESUELVO:

1.- ASÍGNASE funciones, en el JARDÍN INFANTIL 21 DE MAYO CÓDIGO 8301003 de la comuna de Los Ángeles., a contar del 01-05-2022, como EDUCADORA DE PARVULOS., al funcionario/a que a continuación se individualiza:

NOMBRE:

nombre reservado.

RUN:

RUT reservado.

ESTAMENTO:

PROFESIONAL.

GRADO:

16. CALIDAD JURÍDICA: CONTRATA.

DÉJESE ESTABLECIDO:

1.- Que, el/la funcionario/a en comento no tiene derecho a asignaciones, debido a las funciones que realiza.

2.- Que, a partir del 01-05-2022, deja de desempeñar el cargo de EDUCADORA DE PARVULOS, en el JARDÍN INFANTIL nombre reservado CODIGO 8301053, de la Comuna de Los Ángeles.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.”;

c) Asimismo, según las copias de los correos electrónicos acompañados, la decisión anterior fue comunicada, tanto a la recurrente, como a la encargada del Jardín Infantil “21 de Mayo” el 22 de abril de 2022;

d) Durante el período que va desde septiembre de 2019 a marzo de 2021, la recurrente, que está vinculada a la JUNJI desde el año 2008 en régimen de contrata, fue calificada con nota 7.00, quedando en lista 1 de calificación, bajo el concepto “Con Distinción”;

e) Los certificados médicos acompañados dan cuenta que la actora padece de fibromialgia, trastornos ansiosos, angustia, inestabilidad emocional y anímica, fallas en atención y concentración que le impiden llevar a cabo sus tareas diarias de manera adecuada tanto a nivel personal como laboral. Dicha sintomatología se relaciona a conflictos de índole laboral que han afectado negativamente su autoimagen. Además de la terapia psicológica, ella se encuentra en tratamiento psiquiátrico con apoyo farmacológico, a fin de estabilizar y compensar la sintomatología descrita;

f) Por Resolución Exenta N° 015/0200, de 15 de abril de 2019, la JUNJI aprobó un “Protocolo de Actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa de la JUNJI”, documento que en su página 8, párrafo 6, fija el Procedimiento en situaciones de maltrato y violencia entre funcionarios de la JUNJI, estableciendo la obligación de cualquier involucrado o testigo del conflicto de informarlo a la Directora o Encargada del Establecimiento, quien realizará una reunión con las personas involucradas dentro de las 48 horas siguientes, para buscar una solución al asunto. En caso de que ello persista, se comunicaran los acuerdos adoptados inicialmente a la Unidad de Clima y Seguridad Laboral del Servicio, la que dispondrá visitas en terreno para entrevistarse con las/os funcionarias/os afectadas/os; si no hay solución a esa problemática, la directora del establecimiento informará a la Dirección Regional la que determinará si los hechos ameritan la instrucción de un procedimiento disciplinario, correspondiendo a la Subdirección de Gestión de Personal, definir las medidas administrativas que corresponda implementar, como separación de funciones o traslado de unidad, entre otras;

g) La Resolución Exenta N° 15, que “Aprueba y refunde en un texto único, delegación de facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, en funcionarios que indica, y deja sin efecto todos los actos administrativos que delegan facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI en funcionarios determinados.”, firmada electrónicamente por nombre reservado, Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, el 8 de febrero de 2022, faculta a la Vicepresidenta Ejecutiva del servicio, en su resuelvo I, literal A) a delegar en sus Directores Regionales, o en quien los subrogue en caso de ausencia temporal, en el ámbito de sus competencias regionales, la facultad de resolver y dictar resoluciones, en las siguientes materias:

“5.- En materia de personas: (…)

g) Autorizar traslado y permutas de cargos. (…)

v) Autorizar destinación del personal bajo su dependencia a nivel regional, según disposiciones legales vigentes.”.

CUARTO: Que, así las cosas, se puede inferir que la JUNJI regional tenía establecido un protocolo para enfrentar las diferencias, disputas y conflictos que podían ocurrir entre las/los funcionarias/os de los diversos establecimientos de su dependencia, debiendo la encargada/directora de la unidad educacional afectada adoptar las medidas necesarias para dar una rápida solución del problema; en el caso de persistir tales diferencias, se debía requerir la intervención de la Unidad de Clima y Seguridad Laboral del servicio y, en el caso de no haber solución para el asunto, ello debía ser informado a la Directora Regional, en este caso la recurrida Alejandra Navarrete Villa, quien debía determinar si los hechos ameritaban instruir un procedimiento disciplinario, correspondiendo a la Subdirección de Gestión de Personal, definir las medidas administrativas a implementar, tales como separación de funciones o traslado de unidad, entre otras.

Asimismo, se puede concluir que la autoridad regional dispuso instruir el procedimiento disciplinario, el cual se instruyó y se dirigió contra la recurrente, si ello no fue así, no se justifica que al terminar su declaración ella firmara su comparecencia como “inculpada”.

También es posible deducir que la recurrente fue sancionada injustificadamente por los hechos que motivaron la instrucción del señalado procedimiento disciplinario, ya que mientras ese sumario estaba en curso, sin esperar la formulación de cargos y menos su resolución final, se dispuso su destinación a otro establecimiento. Al respecto, conviene recordar que, según el Protocolo antes referido, entre las medidas administrativas que se pueden implementar a propósito de esas investigaciones, están la separación de funciones o traslado de unidad, las cuales corresponde aplicar a la Directora Regional del servicio, según lo dispone el numeral 5) literales g) y v) de la Resolución Exenta N° 15, citada en el orinal g) del considerando anterior.

QUINTO: Que, ha de entenderse que la resolución N° 15, reproducida en el ordinal b) del considerando tercero de este fallo, y que dispuso, a contar del 1 de mayo pasado, que la actora debía cumplir sus funciones de Educadora de Párvulos en el Jardín Infantil “21 de Mayo”, se dictó a propósito de la investigación ya señalada. Sin embargo, al justificarse ella en las facultades que tiene la Directora Regional del Servicio para trasladar y destinar al personal de su dependencia, y no en la necesidad de mejorar el clima laboral del establecimiento “nombre reservado”, menos en el hecho que la recurrente era objeto de una investigación disciplinaria, tal resolución contiene una falsa motivación, razón suficiente para acoger el presente arbitrio.

SEXTO: Que, además, en la administración pública la destinación de funcionarios está expresamente regulada y sólo puede obedecer a razones de buen servicio, las que no se aprecian al contrastar las razones esgrimidas por las recurridas con los antecedentes analizados en las reflexiones anteriores. Ello lleva a la conclusión, como ya se anticipó, que el traslado de la recurrente constituye claramente una sanción anticipada por su eventual responsabilidad en los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2021 y que motivaron la instrucción del sumario al que ya se aludió. Luego, es una sanción no prevista por el legislador e improcedente y, por ende, carece de importancia si la funcionaria fue destinada a otro establecimiento, cercano al anterior y manteniendo funciones, grado y remuneraciones.

Refuerza la hipótesis de que dicha destinación es, en definitiva, una sanción encubierta contra la actora, la circunstancia de que la investigación sumarial se originó por un acta –cuyo contenido se desconoce-, levantada por seis funcionarias del Jardín Infantil “nombre reservado”, en la que ellas darían cuenta de maltrato laboral de parte de la actora.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, por las razones ya dichas, se concluye que la resolución que dispuso destinar a la recurrente a cumplir funciones en el Jardín Infantil “21 de Mayo”, trasladándola desde el establecimiento “nombre reservado”, donde cumplía funciones se ha tornado en arbitraria y afecta las garantías denunciadas en la acción de protección en especial la de igualdad ante la ley, con motivo de la destinación de la profesional recurrente, dispuesta por la Directora Regional de la JUNJI del Biobío, en atención al hecho que otro funcionario en iguales circunstancias gozaría de las garantías pertinentes, las que en este caso han sido desconocidas, por cuya razón se acogerá el recurso de protección, disponiéndose las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho y brindar la debida protección a la afectada.

Por estos fundamentos y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción cautelar deducida por nombre reservado, contra la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región del Biobío, representada por su Directora Regional Alejandra Navarrete Villa, y en contra de nombre reservado, encargada del Jardín Infantil “nombre reservado”, y se dispone que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 015, que “ASIGNA FUNCIONES A PERSONA QUE INDICA: nombre reservado”, firmada electrónicamente por nombre reservado, Directora Regional de la JUNJI Biobío, el 6 de mayo de 2022, debiendo la recurrida reincorporar a la actora a cumplir sus labores de Educadora de Párvulos en el Jardín Infantil “nombre reservado. Además, la Directora/Encargada de dicho establecimiento, deberá adoptar todas las medidas y acciones que sean necesarias para mejorar el clima laboral al interior de esa unidad educacional.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la sentencia el ministro (S) Waldemar Koch Salazar.

Rol N° 20.812-2022. Protección.

� En ese sentido, sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 30 de mayo de 2022, dictada en el Rol 96.772-2021.