nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Concepción scc Concepción, siete de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece Cristian Guzmán Durán, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en favor de su representado y en contra de la Contraloría General de la República, Contraloría Regional del Bío Bío, representada por don nombre reservado, Contralor Regional, y en contra del contralor antes mencionado, todos domiciliados en domicilio reservado, o quien lo subrogue o reemplace, por vulnerar garantías fundamentales consagradas en nuestra Carta Fundamental, solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y amparar a su representado en el ejercicio de sus derechos.

Funda su recurso señalando que don nombre reservado, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, fue destituido el 18 de enero de 2018 de dicho servicio, mediante Resolución SII N° Ex. 97, como consecuencia de un sumario administrativo iniciado por infracciones a los principios de probidad administrativa, relacionadas con su vinculación con el contador nombre reservado y la recepción de beneficios indebidos. Agrega que la destitución conllevó una inhabilitación de 5 años para ingresar a la administración pública, la cual se cumplió el 11 de abril de 2023, según consta en documentos oficiales de la Contraloría General de la República.

Indica que posteriormente, en sede penal, el recurrente fue condenado el 24 de agosto de 2023 en causa RIT 153-2017, RUC 1700386528-2, por los delitos de cohecho y falsificación de instrumento público, a 540 días de presidio menor en su grado mínimo y a la pena accesoria de 5 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos.

Continúa señalando que el 1 de enero de 2025, el recurrente fue contratado por la Ilustre Municipalidad de Mulchén mediante Decreto Alcaldicio N° 5635, en el grado 9° E.M.R., en la Unidad de Desarrollo Comunitario.

Respecto de la actuación de la recurrida que alega como ilegal y arbitraria señala que la Contraloría General de la República, mediante Resolución N° E488/2025 y E2300/2025, acogió una denuncia en contra de la Municipalidad de Mulchén, ordenando invalidar el Decreto Alcaldicio N° 5635 por considerar que el recurrente aún se encontraba afecto a la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos fundamentando dicha decisión en que la sentencia penal no se había pronunciado sobre la suspensión de la pena accesoria, pese a que al recurrente se le concedió la remisión condicional de la pena principal.

Agrega que el 5 de mayo de 2025, la Contraloría ratificó su decisión mediante Res. N° E22309/2025, señalando que la sanción administrativa y la penal son independientes y que la primera no excluye la segunda.

Alega el recurrente que la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación, sumada a la sanción administrativa ya cumplida, vulnera el principio “non bis in ídem”, al ser sancionado dos veces por los mismos hechos y alega que la recurrida ha incurrido en arbitrariedad al ignorar que la pena accesoria debería haberse suspendido al concedérsele la remisión condicional, haciendo presente jurisprudencia como fundamento.

Señala que la inhabilitación administrativa ya cumplida, por el plazo de 5 años y la penal, otros 5 años, implican una afectación desproporcionada a sus derechos, especialmente considerando que su profesión es la administración pública.

Además, destaca que la Municipalidad de Mulchén cumplió con todos los requisitos legales para su contratación, incluyendo la obtención de certificados que acreditaban la inexistencia de antecedentes penales visibles, en virtud de la Ley 18.216.

Afiurma el recurrente que las resoluciones de la Contraloría vulneran el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, al sancionarlo dos veces por los mismos hechos, además del Artículo 19 en sus números 16 y 17, al impedirle trabajar en la administración pública pese a haber cumplido las sanciones administrativas y gozar de la remisión condicional, además del principio de proporcionalidad, al imponer una inhabilitación acumulativa que excede los plazos razonables.

Por lo que solicita, previas citas legales se dé lugar a su acción se declare que las omisiones en que ha incurrido la autoridad recurrida son ilegales y arbitrarias, ordenándole dejar sin efecto las Resoluciones N° E488/2025; E2300/2025, que acoge la denuncia en contra de la municipalidad de Mulchén y resolución REF N° E22309/2025, y ordenar a la Ilte. Municipalidad de Mulchén la paralización del proceso de invalidación de decreto alcaldicio N° 5635 de fecha 27 de diciembre de 2024.

Informó la recurrida CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, solicitando el rechazo de la acción proteccional en todas sus partes fundado en que el recurrente es ex funcionario del Servicio Impuestos Internos, destituido en 2018 por infracciones a la probidad administrativa y condenado en 2023 por delitos de cohecho agravado y falsificación de instrumento público, en causa RIT 153-2017, con las siguientes penas accesorias, 5 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos y suspensión de cargos públicos durante la condena. Agrega que fue contratado por la Municipalidad de Mulchén en 2025, pero la Contraloría General de la República ordenó invalidar su nombramiento, que constaba en el decreto alcaldicio N° 5635 por incumplir la inhabilitación vigente.

Alega la recurrida que el recurso impugna resoluciones (E488/2025, E2300/2025, E22309/2025) que no están dirigidas al recurrente, sino a la Municipalidad de Mulchén, y que la recurrida solo instruyó un procedimiento de invalidación, de acuerdo al artículo 53 Ley 19.880, sin decidir sobre el fondo, por lo que no hay agravio directo.

Indica asimismo la independencia de las sanciones administrativas y penales, señalando que la primera responde a infracciones funcionarias; la segunda, a delitos penales.

Respecto del cumplimiento de la pena accesoria señala que la inhabilitación de 5 años impuesta por el juzgado penal sigue vigente, pese a la remisión condicional de la pena principal y que la ley 18.216 en su artículo 38, permite omitir antecedentes penales, pero no exonera penas accesorias salvo que el tribunal lo declare expresamente y que la Contraloría General de la Republica debe aplicar la sentencia penal firme, sin alterarla, conforme el artículo 76 de la Constitución Política de la Republica.

Respecto de la legalidad de la contratación municipal señala que el artículo 10 letra f) de la Ley 18.883 exige no estar inhabilitado para cargos públicos y la Municipalidad incumplió al contratar a nombre reservado, pese a los certificados de no antecedentes penales, ya que la inhabilitación penal es independiente.

Agrega que el recurso de protección es improcedente ya que no protege el derecho a acceder a cargos públicos.

Informa la Ilustre Municipalidad de Mulchén, señalando que el 27 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Mulchén emitió el Decreto Alcaldicio N° 5635, contratando a nombre reservado como profesional (grado 9° E.M.R.) en la Dirección de Desarrollo Comunitario, cumpliéndose todos los requisitos legales, esto es tener certificado de antecedentes sin anotaciones penales, título profesional, situación militar al día, declaración jurada de salud, entre otros.

Agrega que se recibió una denuncia de parte de concejales y un tercero respecto a que el recurrente estaba inhabilitado para cargos públicos por una condena penal por los delitos de cohecho y falsificación de instrumento público.

Señala que la Contraloría Regional del Biobío mediante el oficio N° E30305/2025 ordenó invalidar el decreto de contratación, alegando que nombre reservado tenía una pena accesoria de 5 años de inhabilitación vigente, no cumplida y que el certificado del Registro Civil no exime el cumplimiento de penas accesorias.

Alega que la Municipalidad cumplió con lo exigido en el Estatuto Administrativo Municipal (Ley 18.883) que en su art. 10 letra f) exige "no estar inhabilitado para cargos públicos", lo que se acreditó con el certificado oficial del Registro Civil, que no tenía anotaciones visibles, y que el artículo 11 inciso 5° establece que el Registro Civil es la única fuente válida para verificar este requisito.

Hace presente que nombre reservado gozaba del beneficio de la Ley 18.216, en específico, la remisión condicional de la pena, que oculta sus antecedentes en certificados oficiales.

Indica que la Municipalidad no podía conocer la inhabilitación penal, ya que el certificado de antecedentes no mantenía anotaciones vigentes y no existe obligación legal de investigar más allá de lo exigido por la ley.

Agrega que la Contraloría desestimó el certificado oficial, generando incertidumbre jurídica sobre cómo contratar en el futuro.

Alega que el recurrente ya cumplió una sanción administrativa previa y la nueva inhabilitación penal, por cinco años adicionales, por los mismos hechos sería una doble sanción, violando el principio constitucional.

Hace presente jurisprudencia en el sentido de sus alegaciones.

Hace presente que se dictó el Decreto de Invalidación N° 2625 de fecha 2 de junio de 2025, se dictó en cumplimiento de las instrucciones y órdenes emanadas de la Contraloría Regional del Biobío, quien instruyó iniciar de inmediato el procedimiento de invalidación del Decreto Alcaldicio N° 5635 de fecha 27 de diciembre de 2024, en el oficio E30305/2025, ratificado por el Oficio E73117/2025, haciendo presente que se está en desacuerdo con lo ordenado por el ente contralor ya que a su juicio, nombre reservado, cumplía los requisitos para ser designado como profesional a contrata grado 9°, en esta Municipalidad de Mulchén, y no se ha cometido irregularidad alguna al dictar el decreto de nombramiento.

Agrega que al establecer la Contraloría General de la República, en los Dictámenes citados y notificados a esta Municipalidad, que el proceso de contratación del Sr. nombre reservado es irregular, por cuanto está inhabilitado para ser nombrado o designado en un cargo dentro de la administración pública y en especial, en esta Municipalidad, necesariamente dicha Corporación conociendo dicha resolución del ente fiscalizador, no estaría de buena fe, como tampoco lo estaría el Sr. nombre reservado, y de ello nace la disposición de suspender los efectos del Decreto Alcaldicio N° 5635 de 2024, para no comprometer recursos fiscales. Indica que iniciar el procedimiento de invalidación por parte de la Municipalidad, para llevarlo a término, claramente conlleva un perjuicio patrimonial al interesado y recurrente en autos, puesto que se dejaría sin efecto su nombramiento, pierde su trabajo y por supuesto, su remuneración.

Alega que los dictámenes de la Contraloría General de la República son vinculantes para la Municipalidad, en virtud de lo que dispone la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 18.695.

Termina solicitando tener por evacuado el informe.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, en el caso de autos el acto ilegal o arbitrario alegado por el recurrente es el pronunciamiento de la Contraloría General de la República de fecha 5 de mayo de 2025, que, rechazando una reposición, mantiene a firme la resolución que, acogiendo una denuncia en contra de la Municipalidad de Mulchén, ordena invalidar el Decreto Alcaldicio N° 5635 por considerar que el recurrente aún se encontraba afecto a la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

CUARTO: Que de los antecedentes aportados al presente recurso y valorados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, queda establecido que la resolución de fecha 21 de febrero de 2025 dictada por la recurrida ordena a la Municipalidad de Mulchén adoptar las medidas tendientes a regularizar la situación del recurrente, iniciando un procedimiento de invalidación del decreto alcaldicio N° 5.635, de 2024, que aprobó la contratación irregular del señor nombre reservado para el año 2025, informando dentro de un plazo de veinte días hábiles, y con fecha 5 de mayo de 2025 se rechazó la reposición interpuesta contra este pronunciamiento.

QUINTO: Que el artículo 18 de la Ley N° 19.880, define el procedimiento administrativo como una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal; y que consta de tres etapas, a saber, iniciación, instrucción y finalización. A su turno, el artículo 15, dispone que estos son impugnables por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquicos, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales. Los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.

SEXTO: Que para distinguir entre acto terminal y acto trámite don nombre reservado señala al respecto, que: "Son actos trámites aquellos que se dictan dentro de un procedimiento administrativo y que dan curso progresivo al mismo. Actos terminales o decisorios son aquellos en los que radica la resolución administrativa, es decir, la decisión que pone fin al procedimiento. Se trata de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo y en la que se contiene la decisión de las cuestiones planteadas por los interesados o por la propia Administración Pública" (nombre reservado S. nombre reservado. Derecho Administrativo General. Editorial Thomson Reuters. 2014, Tercera Edición Actualizada, páginas 142-143).

SÉPTIMO: Que, como puede advertirse de lo que se ha expuesto precedentemente, el acto que se ha impugnado mediante la presente acción constitucional, no tiene el carácter de terminal, toda vez que lo instruido no es la invalidación del decreto de nombramiento sino que el inicio del proceso respectivo de acuerdo a la Ley 19.880, cuya resolución quedará radicada en el órgano de la administración activa, decisión respecto de la cual procede el procedimiento jurisdiccional del artículo 53 de dicho cuerpo legal.

OCTAVO: Que, en tal sentido ha resuelto la Excma Corte Suprema al señalar que: “…No puede estimarse ilegal o arbitrario que el órgano de control instruya a la Dirección de Obras el inicio de un procedimiento de invalidación en los términos del artículo 53 de la Ley N° 19.880, pues para la Administración no es obligatorio que el procedimiento termine en un acto de invalidación, siendo evidente que ello dependerá de los antecedentes del caso concreto ….” (Rol 39.857-2020 de 26 de octubre de 2020).

NOVENO: Que respecto de la alegación de la infracción al principio non bis in idem, debido a la aplicación de sanción administrativa y penal, respecto de los mismos hechos, dicho argumento es uno de fondo que no es materia de este recurso en atención a su naturaleza y que deberá ser debatido y resuelto en el procedimiento respectivo ante la autoridad administrativa correspondiente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos por don nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República, Contraloría Regional del Bio Bio, representada por don nombre reservado, Contralor Regional, y en contra del contralor antes mencionado, o quien lo subrogue o reemplace.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Tania Zurita Riquelme.

N°Protección-2050-2025.