nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL DEL BIOBIO

C.A. Concepción.

Concepción, tres de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Que comparecen en la presente causa ROL de Corte Nº24.456-2023 (protección), doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, terapeuta ocupacional, con domicilio en domicilio reservado, presenta recurso de protección en contra de la TESORERÍA REGIONAL DEL BÍO BIO, representada legalmente por el tesorero regional don nombre reservado, o por quien lo reemplace, y que se encuentra domiciliada en domicilio reservado, por cuanto este organismo ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario, al haber retenido su devolución de impuestos a la renta del año tributario 2018 a 2023, pues dicho actuar es totalmente infundado, no ha sido notificada, afectando el derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, y solicita que se ordene el inmediato restablecimiento del derecho, específicamente, disponiendo como medida de protección que se deje sin efecto la retención reseñada en el cuerpo de este escrito, y que ordene por tanto el pago de $1.042.728, debidamente reajustado desde la fecha de la retención por concepto de devolución de impuesto a la renta año tributario 2018 al 2023, todo ello con costas.

La recurrente indica que presentó su declaración de renta para el año tributario 2018 a través del respectivo formulario 22 ante el Servicio de Impuestos Internos, el cual autorizó la devolución de la suma de $618.224.

Que posterior a ello, al efectuar su “consulta de estado de declaración renta 2018”, se percata que el documento con fecha 8 de mayo de 2018, la Tesorería General de la República efectuó una compensación de $625.643 sobre el monto autorizado.

Una situación similar ocurrió al efectuar la “Consulta de estado de declaración renta 2021”, puesto que con fecha 04 de mayo del año 2021, el Servicio de Impuestos Internos autorizó la devolución, de la suma de $80.060.- Dicha restitución fue solicitada en el formulario 22, de declaración de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2021, sin embargo, Tesorería realizó la retención del monto que asciende a $81.661.

De igual manera, en la “Consulta de estado de declaración renta 2023”, con fecha 14 de abril del año 2023, el Servicio de Impuestos Internos autorizó la devolución, por la suma de $91.061. Dicha restitución fue solicitada en el formulario 22, de declaración de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2021. Sin embargo, con fecha 20 de abril del 2023, la Tesorería General de la República, efectuó según indica compensación de $92.973, sobre el monto autorizado por el citado Servicios para efectuar devolución.

Señala la recurrente que se encuentra según sus palabras “sometida a cobro de pagaré autos rol C-29832-2017” del 30 Juzgado Civil de Santiago”, juicio en el cual la recurrente opuso excepción de prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 464 N°17 del Código de Procedimiento Civil, la cual según afirma fue acogida por el tribunal por resolución de fecha 16 de enero de 2019, la cual afirma se encuentra firme y ejecutoriada por certificación de fecha 29 de enero de 2019.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario, la Sra. nombre reservado, señala que hasta la fecha la Tesorería no ha entregado ninguna fundamentación que la autorice a retener las sumas cuya devolución autorizó el Servicio de Impuestos Internos. Agrega que las deudas que puedan existir se encuentran extinguidas, en virtud de los que ella llama “Sobreseimiento definitivo”, de acuerdo con el artículo 165 inciso final de la ley 18.175, citando jurisprudencia que avala su tesis, en cuanto a que Tesorería ejecutaría un acto ilegal y arbitrario al retener las ya citadas sumas de dinero. Indica además que la recurrida no le ha notificado resolución que dispone la retención, lo cual es contrario al artículo 11 de la ley Nº19.880.

En cuanto a la garantía infringida, indica que con la retención denunciada en este libelo, se afecta en forma evidente el derecho de propiedad, contenido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho de dominio sobre las sumas respecto de las cuales señala ser titular, montos cuya devolución fue autorizada por el órgano competente y que no le han sido debidamente entregados.

Finalmente, para acreditar la ilicitud y arbitrariedad de los hechos denunciados, la recurrente acompaña los siguientes documentos:

1.- Certificado Declaración de nombre reservado correspondiente al año tributario 2018 al 2023, donde consta la retención. - 2.- Copia de formulario 22 de declaración de impuesto a la renta, correspondiente al año tributario 2018 al 2023.- 3.- Copia de Deuda compensada emitido por Tesorería General de la República. - 4.- Copia de certificado de deuda fiscal emitido por Tesorería General de la Republica. - 5.- Copia de sentencia de fecha 16 de enero de 2019, que declara el sobreseimiento definitivo rol C-4068-2001, de ingreso del 30 Juzgado Civil de Santiago de encontrarse firme o ejecutoriada.

En cuanto a este último documento, la parte resolutiva de la sentencia consigna que: “se acoge la excepción de prescripción opuesta por la ejecutada y se pone término a la ejecución”, resolución que según da cuenta la foja 50 del documento acompañado, se encuentra firme y ejecutoriada.

Que al folio N°6 de la carpeta judicial virtual, comparece doña nombre reservado, Tesorera Provincial de Talcahuano, juez sustanciador, quien informa el presente recurso, señalando que según consta en certificado de deuda de fecha 5 de diciembre de 2023, doña nombre reservado, adeuda al Fisco, por concepto de Formulario 34 Folio 125558, con vencimiento el día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la suma neta de $16.961.925.- (dieciséis millones novecientos sesenta y un mil novecientos veinticinco pesos).

Indica la tesorera provincial que, en virtud de la deuda antes referida, y según información proporcionada por Jefe de Operaciones de la Tesorería Regional del Bio Bio, se ha compensado respecto de la devolución de rentas por deuda de Crédito Universitario CAE, las siguientes montos: AT 2018 por $625.643 el día 08 de mayo del año 2018; AT 2019 por $152.547 el día 08 de mayo del año 2019; AT 2020 por $23.852 y $89.904, los días 22 de abril del año 2020 y el día 16 de abril del año 2020, respectivamente; AT 2021 por $81.661.- el día 07 de mayo del año 2021 y AT 2022 por $92.973.- el día 14 de abril del año 2023.

La recurrida señala que las compensaciones antes señaladas, se efectuaron, en virtud de la Ley N°20.027, que creó el Sistema de Créditos para Estudios de Educación Superior, destinado a apoyar el acceso a la educación superior a aquellos estudiantes que por motivos económicos no podían acceder al sistema financiero, favoreciendo no sólo a quienes pertenecen a las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, sino también a aquellos estudiantes de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica que no pueden solventar el arancel correspondiente a sus estudios de pregrado.

La tesorera manifiesta en su informe que en dicho contexto, se generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la citada normativa y se inició el calendario de pago de cuotas del Crédito con Garantía Estatal, cayendo la deudora en estado de mora en el cumplimiento de su obligación, resultando en consecuencia, la interposición por parte del Banco Falabella, de la correspondiente demanda ejecutiva con fecha 17 de octubre de 2017 y que recayó ante el 30º Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-29832-2017. Que, en el marco de dicho proceso judicial, la parte deudora opuso la excepción de prescripción de la acción cambiaria, toda vez que a la fecha de la notificación habría transcurrido más de un año, conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley N°18.092. Dicha excepción fue finalmente acogida por el tribunal mediante sentencia judicial de fecha 16 de febrero de 2019, la cual fue certificada como firme y ejecutoriada el día 29 de marzo del año 2019.

La recurrida señala que, en paralelo, y conforme a la Ley Nº20.027 y a su Reglamento, la Comisión verificó el incumplimiento de pago de la deudora, y procedió a aprobar la garantía solicitada por la entidad bancaria, informando el monto de la deuda al Servicio de Tesorerías. De este modo, el Director Ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, dictó la correspondiente Resolución Exenta que resuelve la solicitud de pago de la garantía y certificación de cumplimiento de obligaciones de administración que incluye el crédito de la solicitante, tras lo cual, se remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrándose con fecha 26 de marzo de en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente una deuda por 285,81 UTM.

En este sentido, la Tesorera provincial, señala que la Comisión al aprobar el pago de la Garantía Estatal a través de un acto administrativo, y comunicado con posterioridad a la Tesorería General de la República, actúa como un ente girador de un crédito fiscal moroso, de naturaleza jurídica diferente a la obligación de pago de las cuotas originales del crédito, por lo que la deuda debe ser cobrada a través de los procedimientos de recaudación propios del Servicio de Tesorerías. En particular, el origen de la obligación de pago de cuotas del Crédito con Garantía Estatal es de carácter convencional, mientras que el origen de la obligación de pago generada a partir del pago de la Garantía Estatal, es de carácter legal.

Sobre el particular, y específicamente sobre la ilegalidad reclamada, la recurrida indica que el artículo 13 inciso segundo de la ley N°20.027, dispone que “En cualquier caso, las cuotas impagas del deudor, sea por cesantía o cualquier otra causal, no prescribirán, debiendo el Estado proceder al cobro de las mismas hasta la total extinción de la deuda, utilizando para ello los mecanismos establecidos en el Título V.”

En consecuencia, habiéndose acreditado que, respecto del crédito de la compareciente operó la Garantía Estatal, no resulta procedente la eliminación de la deuda. Así, en este sentido, determinándose la extensión y el alcance del artículo 13 inciso 2° antes citado, se establece que la imprescriptibilidad es un beneficio establecido únicamente en favor del Fisco, pero que también alcanzaría a la mutuante, en la medida en que el crédito tenga como titular al Fisco o que, a su respecto, se haya hecho efectiva la garantía, cumpliéndose ambos supuestos en este proceso.

Por otra parte, en cuanto a las compensaciones efectuadas, y teniendo claro que el crédito moroso es un crédito fiscal, cuya cobranza es de cargo del Servicio de Tesorería, se debe considerar que, entre las facultades de este organismo, se encuentra aquella contenida en el artículo 6 del DFL N°1, de 1994 que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías. El referido precepto legal, habilita al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra del Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

La recurrida señala que, no habiendo suscrito la deudora algún convenio de pago de su deuda con Tesorerías, la cual se originaba en el pago de la Garantía Estatal, este Servicio procedió en las Operaciones Renta de los años AT 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, a realizar las compensaciones correspondientes, siendo correctamente aplicadas en virtud de la deuda que mantiene la ocurrente con el Servicio de Tesorerías.

Finalmente la Tesorería acompaña a su informe, 1) el certificado de deuda de doña nombre reservado, el cual indica: Total deuda morosa $16.961.925, 2) comprobante de compensación de la Tesorería General de la República, suscrito por nombre reservado, y 3) Informe devolución de renta de fecha 5 de diciembre de 2023, suscrito por nombre reservado, Jefe sección operaciones Tesorería regional de Concepción.

Que, estando la causa en estado ser conocida para su vista y fallo, se decretó al folio N°9 traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO, VISTOS Y OÍDOS, PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la acción cautelar, a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Para resolver la controversia, se debe tener presente que la Ley N°20.027 y su Reglamento, contenido en el Decreto N°266 del Ministerio de Educación de fecha 15 de julio del año 2011, contienen un conjunto de normas para el financiamiento de estudios de educación superior; los requisitos para el otorgamiento y su regulación ante el no pago, con criterios distintivos en cuanto a la exigibilidad y mecanismos para demandar el cobro; y contiene particularidades y un tratamiento específico para el cobro y pago de los créditos garantizados y las acciones de cobranza ante el deudor.

Así, el artículo 18 bis de la ley Nº20.027, permite que la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, proceda a incoar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley. Respecto al pago de la garantía estatal a la institución financiera otorgante del crédito, el inciso 2° del artículo 3° de la ley ya enunciada dispone que para que sea exigible esta garantía las instituciones de educación superior deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Título III de dicha ley, que regula las condiciones que deben cumplir las instituciones, los alumnos y los créditos garantizados para su otorgamiento, siendo el Reglamento en el cual se señalarán las respectivas exigencias y modalidades.

El artículo 17 de la cita ley dispone que: “la Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”.

Por su parte el Decreto Nº266 del Ministerio de Educación, de fecha 15 de julio de 2011 que contiene el reglamento de la ley Nº20.027, dispone en su artículo 36 que: “Una vez acreditado el incumplimiento a que se refieren los artículos 29º y 35º, según corresponda, la Comisión emitirá un certificado indicando que se cumplen los requisitos para hacer efectiva la garantía estatal y solicitará a la Tesorería General de la República que proceda a efectuar los pagos correspondientes al respectivo acreedor”, más adelante, el citado reglamento dispone en su artículo 44, inciso 1º que: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor del crédito garantizado, aquellos montos que se encontraren impagos, para efectos de imputar dicha cantidad al pago de la mencionada deuda.”

Que conforme a las normas antes citadas, queda claro que la entidad recurrida, esto es la Tesorería General de la República, tiene facultades para retener las devoluciones de impuestos a la renta, a efectos de solucionar la deuda que mantenga el deudor de créditos garantizados por el estado, de acuerdo con el sistema de financiamiento de estudios de educación superior que establece la ley 20.027, la cual de acuerdo con el artículo 13 de la citada ley, procederá al cobro de estas acreencias, de acuerdo con los mecanismos establecidos en el título V de la misma ley.

TERCERO: Que es un hecho no discutido por las partes, que doña nombre reservado, en virtud de un “Contrato de Apertura de Línea de Crédito para Estudiantes de Educación Superior con Garantía Estatal”, otorgó mandato a empleados del Banco Falabella para suscribir los pagarés: N°166366917-1, por 70,8852 Unidades de Fomento, en su equivalente en pesos al día 13 de octubre de 2013 por $1.890.216, de fecha 26 de septiembre de 2017 y Pagaré N°166366917 – 3 por 485,6158 Unidades de Fomento equivalente en pesos al 13 de octubre de 2017 a la suma de $12.949.373 de fecha 26 de septiembre de 2017. Que, ante el no pago de las sumas antes indicadas, el Banco Falabella a través de sus representantes, demandó ejecutivamente a la recurrente, demanda ejecutiva que se tramitó ante el 30º Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C-29.832-2017, caratulada “Banco Falabella / nombre reservado”. En dicho procedimiento, la recurrente opuso a la ejecución, excepción de prescripción del artículo 464 Nº17 del Código de Procedimiento Civil, la cual fue acogida por el Juzgado Civil. Así en la sentencia de fecha 16 de enero de 2019 el tribunal declaró que se acoge la excepción de prescripción opuesta por la ejecutante y puso término a la ejecución, resolución que de acuerdo con los antecedentes de autos, se encuentra firme y ejecutoriada.

Ante el no pago de la deuda por parte de la recurrente, es un hecho no discutido por esta, lo afirmado por la Tesorería Provincial de Talcahuano, que la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, dictó la correspondiente Resolución Exenta que resuelve la solicitud de pago de la garantía y certificación de cumplimiento de obligaciones de administración, que incluye el crédito de la solicitante, tras lo cual, se remitió́ a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrándose con fecha 26 de marzo del año 2018 en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente una deuda por 285,81 UTM, girando el crédito que tiene la recurrente para con el estado, debiendo proceder esta entidad, como ya se dijo a su cobro de acuerdo con los procedimientos establecidos en el título V de la ley 20.027.

CUARTO: Despejado lo anterior, resulta claro que lo discutido en la presente acción constitucional, es si en la especie, la Tesorería General de la República puede, para solucionar la deuda que la recurrente tiene con el fisco, que asciende a la suma de $16.961.925 por concepto de Crédito con Garantía Estatal para el financiamiento de educación superior, compensarla, con las devoluciones de renta de los periodos tributarios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, pese a que en el procedimiento ejecutivo de cobro judicial de este crédito, el 30º Juzgado Civil de la ciudad de Santiago declaró prescrita la acción de cobro de la entidad crediticia, de acuerdo con el artículo 464 Nº17 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que sobre el particular el artículo 13 inciso 2° de la ya citada ley 20.027 dispone que: “En cualquier caso, las cuotas impagas del deudor, sea por cesantía o cualquier otra causal, no prescribirán, debiendo el Estado proceder al cobro de las mismas hasta la total extinción de la deuda, utilizando para ello los mecanismos establecidos en el Título V”.

Que, la Excelentísima Corte Suprema al interpretar el alcance del inciso 2° del artículo 13 de la ley Nº20.027, ha señalado que: “el beneficio excepcionalísimo de imprescriptibilidad de la deuda, por concepto de obligaciones contraídas bajo la modalidad del llamado crédito con aval del Estado, está establecido únicamente en favor del Fisco, sin que tal beneficio alcance a la institución bancaria mutuante, sino en la medida que cumple con las condiciones previstas en la Ley y haya sido debidamente facultado para su cobro.

Así, el alcance del artículo 13 inciso 2o de la Ley Nº20.027, en tanto norma excepcional, que afecta el régimen general de prescripción, impone a quien pretende beneficiarse de la excepcionalidad de imprescriptibilidad, deba acreditar los supuestos sustantivos que determinan esa condición y que no son sino que el crédito tenga como titular al Fisco o que a su respecto, se haya hecho efectiva la garantía”. (Sentencia Excelentísima Corte Suprema, Rol N°19.139-2019, de fecha 13 de julio de 2020)

La citada sentencia indica que: “Por último, se debe destacar que el Fisco, en todo caso, conserva para sí el atributo de la imprescriptibilidad del crédito previsto en el artículo 13 inciso 2° de la Ley N°20.027, para su cobro en cualquier momento; pero cuestión distinta resulta si el ejecutante no hizo efectiva la garantía del Estado, o bien, no acreditó su condición de mandatario del Fisco en el cobro de un crédito cuya garantía pagó, pues ahí́ no puede tener aplicación una norma excepcional como la indicada”.

SEXTO: En consecuencia, como lo ha indicado nuestra jurisprudencia, acreditado como es el caso de autos, que el crédito tiene como titular al fisco, y/o habiéndose hecho efectiva la garantía estatal, como señala la recurrida, no cabe estimar prescrita la deuda que tiene la recurrente para con el fisco, y que pretende solucionar la Tesorería, a través de la compensación de esta acreencia, con las devoluciones de impuesto a la renta de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, que la recurrente solicitó al Servicio de Impuestos Internos y que este autorizó, razón por la cual, el actuar de la recurrida no puede ser catalogado ilegal, ni arbitrario, pues la ley N°20.027, contempla diversos mecanismos para proceder al cobro de la deuda, hasta el total pago de ella, dentro de los cuales se encuentra el ya citado artículo 17 bis, el cual indica que la Tesorería General de la República, puede proceder a la retención de la devolución de impuesto a la renta del deudor en mora, razón por la cual se debe rechazar el presente recurso.

SÉPTIMO: Como se puede advertir, del claro tenor de las normas transcritas, las compensaciones que realiza la Tesorería General de la República constituyen el legítimo ejercicio de una facultad que le ha sido otorgada legalmente, por lo que no se visualiza un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la presente acción constitucional de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran hacer valer las partes ante quien corresponda.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y 19 Nº3 inciso 5º, 76 de la Carta Fundamental y lo prevenido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre el Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de 24 de junio de 1992, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la TESORERÍA REGIONAL DEL BIO BIO.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del abogado integrante Humberto Andrés Alarcón Corsi.

Protección Nº20.456-2023.