COMITÉ MEDIOAMBIENTAL RUCALHUE Y OTROS con FRUTOS RUCALHUE LIMITADA

C.A. de Concepción rtp Concepción, quince de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte N° Protección 20361-2023, comparecen deduciendo recurso de protección el Comité Medioambiental Rucalhue, domiciliado en la Sede Junta de Vecinos Rucalhue, la Junta De Vecinos Vaitea, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, presidente Comité Medioambiental Rucalhue y director Comité Medioambiental Comunal, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, secretaria Comité Medioambiental Rucalhue y directora Comité Medioambiental Comunal, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de Frutos Rucalhue Ltda., cuyo predio agrícola, denominado Fundo Los Acacios, se ubica en Rucalhue, comuna de Quilaco, y cuyo propietario es don nombre reservado, rut. RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región del Biobío y dirección comercial en la domicilio reservado, Región del Biobío, teniendo como empresa asociada a Marcom S.A., Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío.

Exponen que Frutos Rucalhue Ltda., tiene un predio agrícola denominado Fundo Los Acacios, ubicado en Rucalhue, comuna de Quilaco. Indica que afínales de agosto, septiembre, octubre y los primeros días de noviembre, considerando el periodo entre el 21 de octubre y 3 de noviembre de 2023, se han visto afectados por las malas prácticas provenientes del Fundo antes mencionado. Aquellas prácticas han provocado contaminación acústica, atmosférica, medioambiental, además un daño a la salud de las personas que habitan en el pueblo de Rucalhue como del sector Los Llanos. Desde el año 2016 iniciaron gestiones ante diversas autoridades e instituciones, sin embargo la contaminación por las malas prácticas agrícolas del recurrido continúan, afectando actualmente a más personas por el aumento de las dimensiones del predio.

Explican que las plantaciones de nogales e instalaciones de procesamiento abarcan la totalidad del fundo, el que colinda con áreas pobladas y con el río Lirquén, llegando solo a metros de casas de Rucalhue y separado sólo por el río con el loteo Vaitea, lugar donde existe un bosque nativo y fauna protegida. Agregan que en el lugar viven personas de tercera edad quienes desconocen la forma de denunciar las malas prácticas, soportando la situación a la que no le ven solución. Denuncian otras malas prácticas, como el cierre de un canal que atraviesa el fundo, desde el cual los vecinos del predio obtienen agua para el riego.

Detallan las denuncias realizadas en relación con la contaminación acústica y dice que la empresa cuenta con máquinas de viento para las heladas, las que funcionan en todo el huerto de nogales el que colinda con el pueblo, con un camino principal, con el sector Los Llanos y con el loteo Vaitea. Añade que las maquinas se utilizan al inicio de la primavera, entre septiembre y octubre, cuando baja la temperatura éstas funcionan automáticamente desde las 22 o 23 horas a las 7 y 8 horas del día siguiente. Acusan que la intensidad del ruido es insoportable, lo que se suma al olor a quemado producto que las máquinas ocupan altas cantidades de combustible para su funcionamiento. Exponen que es evidente que el ruido que generan no está dentro de la normativa aplicable, incumpliendo el D.S. N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, impidiendo el descanso nocturno de la comunidad, vulnerando particularmente el literal d) del reglamento, que establece límites más estrictos para el periodo nocturno.

Reiteran que las máquinas de viento se encuentran a poca distancia de las viviendas de Rucalhue, sector El Llano, y al activarse, las personas que viven allí han manifestado insomnio stress, irritación, cansancio, baja productividad en sus trabajos y estado anímico bajo, recurriendo a la automedicación con somníferos.

A continuación detallan las acciones políticas y judiciales que los vecinos han realizado, tales como denuncias a Carabineros; Carta dirigida a don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud del Biobío; Denuncias en el Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Servicio Agrícola y Ganadero; Carta al Presidente de la República Gabriel Boric; Carta a la Municipalidad de Quilaco; Reunión informativa sobre la situación de las malas prácticas agrícolas en el Fundo Los Acacios, organizada por el Comité Medioambiental Rucalhue en colaboración con la Junta de Vecinos Vaitea, efectuada por la Municipalidad de Quilaco; Encuesta de Salud realizada por el Comité Medioambiental Rucalhue en colaboración con la Junta de Vecinos Vaitea, a 50 personas de Rucalhue y del Sector Los Llanos, cuyos resultados e individualización de las personas encuestadas detalla en su recurso; Denuncia realizada a la Superintendencia de Medio Ambiente el 1 de noviembre de 2023 hecha por nombre reservado, pobladora del sector Vaitea y Secretaria del Comité Medioambiental Rucalhue y Directora del Comité Ambiental Comunal.

Respecto de las fumigaciones, relatan que el 20 de octubre, doña nombre reservado junto con doña nombre reservado caminaban por Rucalhue, cuando escucharon ruidos provenientes del Fundo Los Acacios, al acercarse a él comenzaron a sentir olor a agroquímicos, picazón de ojos y de garganta. Agrega que aquel día se fumigaba con tractor y con viento, actividad en que no se están empleando los implementos adecuados para su realización en una zona sensible, ni con los 50 metros de distancia con las casas aledañas al predio, ni tampoco con el cuidado de la velocidad del viento. Hacen presente que el daño se viene realizando desde hace más de 7 años.

Acusan que en el predio no se está respetando la franja de seguridad sanitaria con las zonas sensibles colindantes en la aplicación de plaguicidas agrícolas, como lo dispone el Decreto 158, reglamento sobre condiciones para la seguridad sanitaria de las personas en la aplicación de plaguicidas terrestres.

Continúan señalando que los problemas que se denuncian en este recurso y que aquejan a los habitantes de la comunidad son, - ruidos molestos del tractor con el que fumigan que originan problemas en el buen vivir de la comunidad y otras graves alteraciones psicológicas como resultado del inadecuado descanso; - picazón a la vista, alergias, rinitis, dolor de cabeza en la población; - la única medida tomada por el dueño de la empresa, y a solicitud de la comunidad, fue la instalación de una pizarra informativa de los horarios de fumigación y los agroquímicos que utilizará; - se registra uso de Ascophyllum Activm, Ascophyllum Ultra, Citofour, Kocide, cuyas hojas de seguridad menciona los primeros auxilios en caso de inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos, efectos y síntomas. Añade que para cada uno de esos puntos requiere extremo cuidado sumado a las precauciones medioambientales. Refiere que toda esa información no es entregada a la comunidad, y las personas manifiestan malestares y sienten el olor a los agroquímicos en sus ropas al momento de lavarlas. Señala que se advierte la ausencia de protocolos para evaluar los riesgos crónicos y cancerígenos ante la exposición a los agrotóxicos. Expone que los estudios y evaluaciones presentados por las empresas para obtener autorizaciones no son seguros, toda vez que fueron realizados con protocolos inadecuados; - en las fumigaciones no se está cumpliendo con la franja de seguridad señalada en el artículo 2 del Decreto 158 ni con los equipos necesarios; - a raíz de la aplicación de plaguicidas, Rucalhue y sus alrededores queda con muy mal olor los días posteriores y con un polvo gris; producto del inadecuado descanso como del efecto de los plaguicidas, se manifiesta en la población una alta incidencia de dolores de cabeza, stress trastornos del sueño; - Indica que es relevante señalar que en marzo de 2017 nació Paloma, hija de nombre reservado, recurrente en estos antecedentes, quien nace con artrogriposis. Los ruidos molestos de la máquina de fumigación trae problemas de contaminación acústica que afectan el derecho a una vida sana y segura; Añaden que algo sucede con las entidades calificadas para la fiscalización, toda vez que en cada fiscalización encuentran que todo está en orden. Agrega que en la última fiscalización solicitada, el 22 de agosto, la fiscalizadora señaló que no se lograba constatar lo denunciado, pero se realizaron exigencias las que deben ser evidenciadas en un plazo acotado.

A continuación, los recurrentes señalan las acciones políticas y judiciales que los vecinos han realizado debido a la contaminación atmosférica y acústica por las fumigaciones: Durante años se ha reclamado, llamando a Carabineros, realizando protestas, reuniones con la Junta de Vecinos, con autoridades de la Municipalidad y la situación persiste. Expone que el 20 de octubre de 2017 y fruto de una denuncia se aplicó una multa de 8 UTM a la recurrida, lo anterior por resolución exenta 449/2019, contra la cual se interpuso recurso de revisión, rebajando la multa a 4 UTM.

Indican que con posterioridad, el 12 de enero de 2018, el Presidente del Comité Medioambiental Rucalhue envía carta al diputado señor José Perez Arriagada informando sobre el daño por fumigaciones terrestres con pesticida Kocyde y todas las consecuencias que esta lleva consigo desde hace tres años a la fecha, así como también sobre la presencia de turbinas generadoras der calor, quien hace llegar la denuncia al don nombre reservado, Seremi de Salud, la que fue respondida por doña nombre reservado señalando que no son materias propias de la competencia de esa autoridad, quien y luego, la señora nombre reservado envía los resultados de una fiscalización a la Ministra de Salud doña nombre reservado.

Aseveran que el Fundo Los Acacios no comunica a la comunidad aledaña, tampoco entrega información a las Juntas de Vecinos, no avisa a Carabineros ni a la posta, en definitiva, los pobladores de la zona no reciben ninguna información sobre la ficha técnica de los productos agroquímicos que utiliza el fundo.

Acusan la irresponsabilidad e inoperancia de la Municipalidad de Quilaco la que cuenta con una ordenanza medioambiental y considerando que esta situación lleva mucho tiempo, están en perfecto conocimiento de lo que sucede.

Sostienen que por lo ya relatado, la recurrida ha atropellado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al contaminar día y noche con máquinas de viento y fumigaciones realizadas de manera desordenada e indiscriminada con total irresponsabilidad por la falta de control y de atención hacia el efecto negativo que las malas prácticas agrícolas producen en la población y en el medio ambiente. Aclaran que si bien en Chile existe libertad para desarrollar cualquier actividad económica, esta no debe ser contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, de modo que debe privilegiarse la integridad de los habitantes del país y todo los derechos de su personalidad frente a la actividad económica que pueda realizar una empresa o el estado.

Estiman que con lo expuesto se ha violado y vulnerado las garantías constitucionales enumeradas en el 1°, 8° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, protegidos por el artículo 20 de la misma norma fundamental, y en la Ley 19.300 y Decreto N°158.

Pide que se detenga todas las faenas de fumigación y utilización de máquinas de viento, que pertenezcan a Frutos Rucalhue Ltda, hasta que se pueda contar con los informes que correspondan para tener la convicción respecto de los hechos relatados en el presente recurso y comprobados, y tomar todas las medidas que, en concepto de esta Corte sean conducentes al restablecimiento y la protección de nuestro derecho, con costas del recurso.

Informó el abogado Fernando Belmar Jara en representación de Frutos Ruclahue Ltda. , quien opone en primer término la excepción de falta de oportunidad. Explica que el Fundo Los Acacios, de propiedad de su representada, se encuentra ubicado en la comuna de Quilleco, en el sector Rucalhue, predio en que se desarrolla la actividad de cultivo de nueces para exportación. Continúa señalando que el nogal es una especie que florece cuando empieza la primavera en septiembre, su ciclo vegetativo dura 230 a 250 días y es una especie sensible a las heladas, una temperatura de 0° celcius puede ocasionar daño y muerte a las flores.

Explica que en septiembre y hasta por un periodo máximo de 3 meses se utilizan torres de ventilación cuando las temperaturas descienden en la zona y se producen las llamadas heladas, con el propósito de mantener una temperatura mínima de crecimiento y así evitar la muerte de la plantación. Estas torres impulsan masas de aire para mezclar el aire caliente que ha subido desde el sueño con el aire frio cercano a los nogales. Hace presente que las torres se utilizan ocasionalmente, sólo cuando las temperaturas bajan de los cero grados y como su utilización no es permanente no podría afectar de manera continua los derechos de los recurrente. En ese sentido, sostiene la recurrida, como las heladas ocurren fundamentalmente en septiembre, octubre y aproximadamente en la primera quincena de noviembre, estima que este recurso carece de oportunidad, toda vez que no hay derecho conculcado que haga presumir que la recurrida está cometiendo una acto ilegal y arbitrario que impida que los recurrentes hagan uso legítimo de sus derechos constitucionales. En consecuencia, indica, como las torres no se utilizarán sino hasta septiembre próximo, en 9 meses más, el recurso carece de utilidad ya que no hay un supuesto de vulneración o amenaza de sus derechos. Adjunta su recurso tabla con fechas y horarios de funcionamiento de las torres en el año 2023.

Refiere que el mismo razonamiento se aplica respecto de las fumigaciones, las que no solo cumplen con la normativa legal y reglamentaria, sino que además son esporádicas, de esa forma no hay derechos conculcados que afecten a los habitante de Rucalhue. En relación a las contaminaciones por polvo que aduce el recurrente, estas ocurrieron hace más de 4 años, en consecuencia, dice, hace improcedente el recurso de protección por carecer de oportunidad. Recalca que la aplicación de plaguicidas y bioestimulantes solo se realiza en determinadas épocas del año y la última aplicación fue efectuada el 20 de noviembre según la planificación anual, no hay por tanto nuevas aplicaciones que amenacen el derecho constitucional de los recurrentes.

Por todo lo antes indicado, señala que no hay medidas que esta Corte pueda adoptar, ya que no hay un derecho conculcado que por este recurso pueda restablecerse. Agrega que lo que ocurren en la especie es que lo dispuesto por los recurrentes pareciera ser más una denuncia que una solicitud meritoria de un recurso de protección, ya que lo imputado es una materia específica y técnica, que debe ser conocida por los órganos administrativos correspondientes y que ya habiendo conocido de ello no hay ninguna irregularidad de parte de la recurrida.

En subsidio a la alegación anterior, opone excepción de falta de peticiones concretas, toda vez que el recurso no contiene peticiones concretas ya que los recurrentes sólo se limitan a solicitar: " dando orden de no innovar en contra de la empresa recurrida, en el sentido de detener todas las faenas de fumigación y utilización de máquinas de viento, que pertenezcan a Frutos Rucalhue Ltda”, lo que por resolución de 23 de noviembre de 2023 fue rechazada por esta Corte, careciendo de acción por la cual este tribunal pueda decretar alguna medida en contra de la recurrida, incluso, si se determina que existen peticiones concretas, solicita que se declare que aquella resolución se encuentra firme por resolución de 23 de noviembre de 2023, es decir, lo principal del recurso ya fue resuelto por esta Corte, desechándolo.

Pide que se rechace el recurso de protección por carecer de oportunidad y en subsidio rechazarlo por carecer de peticiones concretas.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa sobre el fondo y reitera que en el Fundo Los Acacios ubicado en Rucalhue, comuna de Quilaco, propiedad de la empresa Frutos Rucalhue, se desarrolla la actividad económica de cultivo de nueces de exportación. Las dimensiones del predio de 97 hectáreas, y en 80 de ellas están las plantaciones de nogales, especie que florece cuando comienza la primavera en septiembre y cuyo ciclo vegetativo dura 230 a 250 días. Por lo anterior, cuando se inicia la etapa de floración en septiembre se utilizan torres de ventilación cuando las temperaturas descienden en la zona y se producen las llamadas heladas, con el propósito de mantener una temperatura mínima de crecimiento y así evitar la muerte de la plantación. Expone que en el año 2020, la recurrida preocupada por el asunto de emisión de ruidos le encargó a una empresa externa “ASP Ingeniería Ocupacional y Ambiental”, la realización de un estudio para determinar si las torres de ventilación más cercanas a la casas habitacionales cumplían el estándar legal exigido. Agrega que las mayorías de las torres están alejadas de los eventuales receptores (casas habitacionales), y sólo dos de ellas se encuentran cercanas a 3 receptores, razón por la cual el análisis se hizo solo a su respecto. Como el sector de Rucalhue se encuentra fuera del límite urbano, por lo tanto tiene el carácter de rural, atento lo dispuesto en el plano regulador comunal de Quilaco, y de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 38, en zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC) que se determina según el menor valor entre: a) nivel de ruido de fondo +10dB(A) y b) NPC para zona III de la Tabla 1.

Expone que los resultados del estudio fueron, en horario diurno: tratándose del receptor N°1 el NPC obtenido fue de 57 db(A), es decir solo 6 db(A) sobre el limite permisible de 51 db(A); tratándose del receptor N°2 el NPC obtenido fue de 48 db(A), es decir solo 6 db(A) por debajo del limite permisible de 51 db(A); tratándose del receptor N°3 el NPC obtenido fue de 44 db(A), es por debajo del limite permisible de 51 db(A). En horario nocturno, tratándose del receptor N°1 el NPC obtenido fue de 49 db(A), es decir solo 3 db(A) sobre el limite permisible de 46 db(A); tratándose del receptor N°2 el NPC obtenido fue de 42 db(A), es decir por debajo del límite permisible de 46 db(A); tratándose del receptor N°3 el NPC obtenido fue de 43 db(A), es por debajo del límite permisible de 46 db(A).

Continúa señalando que atendido que solo el receptor N°1 estaba siendo afectado por la emisión de ruidos, la empresa evaluadora realizó una serie de recomendaciones como implementar silenciadores de escape e implementar encierro acústico en torno a los motores a gas y diésel. Agrega que en octubre de 2021 se compró silenciadores para todas las torres, por lo que señala que no es correcto que la recurrida no haya realizado ninguna actuación para disminuir los ruidos.

En relación al periodo en que se utilizan las torres de ventilación, éstas comienzan a funcionar sólo cuando empieza la temporada de floración en septiembre y se utilizan única y exclusivamente cuando las temperaturas descienden a menos 1 grado Celsius y cuando la tendencia de caída de frio indica que va a haber una temperatura que lo amerite. Acompaña en su informe tabla que detalla días y horarios en que se utilizaron las torres de ventilación y de donde se desprende que sólo se utilizaron entre el 12 de septiembre hasta el 13 de noviembre de 2023 en 13 oportunidades, información omitida por los recurrentes.

Afirma que es falsa la afirmación de los recurrentes en cuanto a que su representada impide ingresar a fiscalizadores con el propósito de eludir las fiscalizaciones, toda vez que el portón de ingreso al predio permanece siempre abierto.

Desmiente que su representada haya sido sancionada por algún organismo por supuestamente exceder los límites máximos de ruido.

Respecto de la supuesta contaminación generada por las fumigaciones y a la acusación de que se ha utilizado Ascophyllum Activm, Ascophyllum Ultra, Citofour y Kocide y de no estar cumpliendo con la franja de seguridad señalada en el artículo 2 del Decreto 158, refiere que los tres primeros químicos antes indicados corresponden a bioestimulantes y no tienen la característica de plaguicida, bactericida, fungicida ni herbicida. Respecto de Kocide, este es un fungicida y bactericida cúprico y solo fue utilizado 5 veces, y la aplicación la hacen trabajadores que tienen la calidad de aplicadores y que aprobaron el curso de capacitación impartido por el Servicio Agrícola Ganadero. Durante el 2023 Kocide se aplicó y se informó a las entidades que detalla la tabla adjunta a su informe. En consecuencia, señala, no es correcto que su representada aplique bactericida y fungicida sin previo aviso de la comunidad, ya que en cada una de sus aplicaciones se puso en conocimiento de la misma a la posta de Rucalhue, la Junta de Vecinos y además se informó a la comunidad a través de una pizarra instalada en un lugar de alto tránsito del pueblo y con la debida anticipación. Agrega que la recurrida fue fiscalizada el 2018 por la Seremi de Salud de la región del Biobío que por ordenanza 615 de 19 de febrero de ese año resolvió que la recurrida ha cumplido con notificar a la comunidad las fechas, horarios, lugar, duración y productos utilizados en las aplicaciones efectuadas.

Asimismo, el 12 de octubre de 2022 es fiscalizada por el Servicio Agrícola y Ganadero, y en dicha oportunidad se concluyó que está cumplida la normativa vigente en materia de almacenamiento de plaguicidas. En la última fiscalización por el SAG realizada el 16 de febrero de 2023 se dejó constancia que se revisa la bodega de plaguicidas la cual se encuentra en orden y la bodega de envases vacíos con triple lavado y perforado.

Explica que el procedimiento de aplicación de productos químicos dentro del fundo es, en síntesis: se realiza reunión con aplicadores y el técnico agrónomo donde se informa cuales productos de utilizarán, la cantidad y se reitera las medidas de seguridad. Luego se entrega a los trabajadores los elementos de protección personal y los productos para las mezclas. La aplicación se dividen en horario AM y PM, luego se desecha lo utilizado. Los trabajadores cuentan con baño y casilleros. Durante la aplicación el resto de trabajadores se mantiene en un lugar distinto y si el viento es intenso, se detiene el proceso de aplicación. Como antecedente que prueba que la recurrida vela por la seguridad de sus trabajadores, es que no existe un trabajador durante el funcionamiento del fundo haya presentado enfermedades causadas por intoxicaciones por plaguicidas y agrega que en 2003 y 2024 se realizaron exámenes a trabajadores por eventuales enfermedades laborales por exposición al agente plaguicidas organofosforados y no se detectó evidencia de enfermedad profesional por exposición a ese agente. A mayor abundamiento, señala, que el Procedimiento de Trabajo Seguro Aplicación Fotosanitarios elaborado por la empresa y al cual tiene acceso y ha sido entregado a todos los trabajadores, se detalla en qué consisten los plaguicidas, cuales son las medidas de seguridad que se deben adoptar y los requisitos generales para las aplicaciones.

Hace presente que su representada tiene bodegas especiales para residuos peligrosos, bodega para residuos no peligrosos y otra para químicos que se mantienen en stock en el huerto, además el retiro de los residuos fue encomendado a la empresa Greenwalk, autorizada por la Seremi para tal tarea.

Estima que la recurrida aplica los plaguicidas en forma responsable, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, descartando de esa forme que se vulnere lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 158 que aprueba Reglamento sobre condiciones para la seguridad Sanitaria de las Personas en la Aplicación Terrestre de Plaguicidas Agrícolas.

En relación a la supuesta contaminación por polvo, afirma que el único episodio en que la empresa generó polvo fue hace 4 años cuando se realizó la tala de árboles, lo cual implico que por dos semanas hubiese movimiento de camiones.

Finalmente, y por lo antes relatado, asevera que hay ausencia de derechos vulnerados. Respecto al derecho a la salud y la vida e integridad física, indica que las enfermedades que acusan los recurrentes deben ser diagnosticadas por un profesional de la salud, lo que en la especie no podría ocurrir, toda vez que son los mismos recurrentes los que afirman que gran parte de la población no va al médico, tampoco acompañan a su recurso algún antecedentes que acredite las supuestas enfermedades. Añade que le parece curioso que si toda la población está en enferma solo se acompañe el Dato de Atención de Urgencia de la señora nombre reservado, pareja del representante del Comité Medio Ambiente de Rucalhue, información que se extrae de un informe psicológico que acompaña. Agrega que la pareja de la Sra. nombre reservado, don nombre reservado durante años ha hostigado de forma constante a don nombre reservado, dueño de la empresa recurrida. En definitiva, sostiene, no hay ningún antecedentes concreto que dé cuenta que la recurrida ha puesto en peligro la vida o salud de la población de Rucalhue.

En relación al derecho de vivir en un medioambiente libre de contaminación, refiere que los recurrentes lo hacen consistir en una contaminación acústica y una contaminación por aplicación de plaguicidas. Respecto a la primera reitera que su representada encargó un estudio a la empresa ASP Ingeniería Ocupacional y Ambiental, la que hizo el estudio e hizo recomendaciones respecto a una sola torre de ventilación que excedía el máximo permitido, así la empresa instalo silenciadores en todos los motores de las torres. Agrega que la fecha la recurrida no ha sido sancionada por ningún entidad por exceder los límites máximos permitidos.

Respecto a la eventual contaminación por plaguicidas, señala que como ya se relató en el informe, la recurrida en todas las ocasiones que ha sido fiscalizada por la autoridad sanitaria o el SAG, éstas han determinado que cumple con los estándares de seguridad en la materia.

Concluye afirmando que no existe ningún antecedente que demuestre que su representada ha puesto en peligro la vida, salud o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del pueblo de Rucalhue.

Pide que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Informó nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud Región del Bíobío, quien señala que en su oportunidad se evacuó informe N° 1051 de 12 de julio del año 2023, que señala que en visita a la empresa Frutos Rucalhue Ltda., se fiscalizó el cumplimiento de Decreto Supremo N° 158/2015, que aprueba el cumplimiento el Reglamento sobre Condiciones para la Seguridad Sanitaria de las Personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas y señala que en la Autoridad Sanitaria no se han recepcionado notificaciones, de acuerdo con lo establecido en el DS N° 88/2004, que obliga a los establecimientos de salud o al médico tratante notificar las intoxicaciones agudas por plaguicidas y sospechas. De la diligencia se dejó constancia en Acta de Inspección N° 1730890 y N° 173091.

Asimismo, refiere, que respecto a muestreo de agua en la localidad, que la única fuente autorizada oficialmente para agua de consumo humano para la localidad de Rucalhue es el APR Rucalhue y en los años 2021, 2022,2023, no se evidencia alteraciones sobre la norma de los muestreos realizados.

Informó el Director Regional Región del Bíobío Servicio Agrícola y Ganadero, que alude a actas de fiscalización a la empresa recurrida y correos por ella remitidos.

Finalmente informó la Superintendencia del Medio Ambiente, indicando las actuaciones realizadas a propósito de igual denuncia efectuada por los recurrentes ante esa autoridad.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, ahora bien, según lo anotado en la sección expositiva de este fallo, el Comité Medioambiental Rucalhue y otros, denuncian en su recurso, en síntesis, malas prácticas agrícolas, que se traducen en contaminación acústica, atmosférica, medioambiental (fauna y flora) y daños a las personas que habitan el pueblo de Rucalhue producto del uso de fumigidas fuera de la norma, lo que imputa al recurrido nombre reservado, representante legal de Frutos Rucalhue Ltda. S.A., tildando su actuar de ilegal y arbitrario.

A su turno, el recurrido alega la falta de oportunidad del recurso y de peticiones concretas, sosteniendo, en lo que al fondo se refiere, la inexistencia de cualquier acto ilegal y arbitrario de su parte, que haya puesto en peligro la vida, salud o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación al pueblo de Rucalhue.

CUARTO: Que la aludida alegación de falta de oportunidad será desestimada, teniendo presente para ello que el actor basa su alegación en que los supuestos agentes contaminantes (torres de ventilación ubicadas en su predio y fumigaciones) no funcionan en la actualidad, sino hasta la próxima temporada de floración de los árboles nogales, por lo que hoy no existe medida útil a adoptar por esta Corte, en torno a lo denunciado. Sin embargo, ese argumento olvida que el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental señala tres supuestos de menoscabo de los derechos y garantías que protege: privación, perturbación o amenaza, y de acuerdo a lo sostenido por el propio recurrido, tales agentes funcionaran nuevamente en los meses de floración de los citados árboles. Por lo mismo la ocurrencia de nuevos episodios de contaminación medio ambiental constituye una amenaza cierta, precisa y concreta, de forma tal que no hace desaparecer la amenaza, sino conlleva, únicamente, que en la actualidad ha cesado la presunta perturbación de los derechos que se denuncian como conculcados.

Así las cosas esta Corte de Apelaciones, igualmente, se encuentra habilitada para adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que en cuanto a la falta de peticiones concretas, dicha defensa formal, también será desestimada, ya que de la lectura del recurso, queda en claro que sí son formuladas; y en todo caso, no se debe olvidar que se trata de un recurso desformalizado, que atendida su naturaleza cautelar de las garantías constitucionales amparadas por la acción constitucional, ha de privilegiarse el examen de la acción misma por sobre una respuesta meramente formal como la pretendida en este caso por la recurrida.

SEXTO: Que, como más arriba se ha anotado, y en cuanto al fondo de la acción conservativa de que aquí se trata, los litigantes discrepan en lo concerniente a la existencia del actuar ilegalidad y arbitrario que se imputa al recurrido.

En efecto, la actora acusa al recurrido básicamente de una contaminación acústica que se origina de las torres de ventilación instaladas en el predio del recurrido, además de contaminación por fumigación, la que no sólo intoxica el ambiente con el ruido que genera, sino que provoca enfermedades en la población, lo que también acontece con la contaminación por partículas de polvo, que igualmente se reprocha, por el uso de maquinarias en la actividad agrícola ejercida.

Sin embargo, respecto de todas estas acusaciones en su informe, el recurrido desmiente cada una de ellas. Así sostiene, que en el caso de las torres de ventilación a propósito de un estudio por él encargado a una empresa especializada, en el año 2020 -preocupado por la emisión de ruidos molestos- instaló en cada una de ellas (11) dos silenciadores los cuales disminuyeron notoriamente los ruidos, las que por lo demás sólo funcionan de ser estrictamente necesario entre los meses de septiembre, octubre y primera quincena de noviembre (periodo de floración), y dentro de ese periodo, en el último año, sólo fue ineludible utilizarlas en 13 ocasiones, por algunas horas. Al mismo tiempo, afirma que nunca ha sido sancionado por organismo alguno por emisión de ruidos más allá de los permitidos.

En lo relativo a la contaminación generada por fumigaciones, asegura cumplir estrictamente con la regulación existente sobre la materia, todos los trabajadores de la empresa encargados de esa labor poseen la calidad de aplicadores y aprobaron el curso de capacitación impartido por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y, que cada vez que se realizan las aplicaciones del fungicida – que en el año 2023 fueron en 5 ocasiones-, cumple con avisar previamente a la comunidad (en la posta, junta de vecinos, pizarra informativa ubicada frente al paradero de buses). Conjuntamente, afirma, que en todas las oportunidades que ha sido fiscalizado por este último servicio, se ha determinado que cumple con los estándares de seguridad en la materia.

SÉPTIMO: Que, en torno a la contaminación por la aplicación de fumigidas acusada, el Secretario Regional Ministerial de Salud Región del Bíobío, en su informe solicitado por esta Corte, refirió que en visita a la empresa Frutos Rucalhue Ltda., se fiscalizó el cumplimiento del Decreto Supremo N°158/2015, que aprueba el cumplimiento del Reglamento sobre Condiciones para la Seguridad Sanitaria de las Personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas, añadiendo, que ante la autoridad sanitaria no se han recepcionada notificaciones, de acuerdo con lo establecido en el DS N° 88/2004, que obliga a los establecimientos de salud o al médico tratante notificar las intoxicaciones agudas por plaguicidas y sospechas.

OCTAVO: Que a su vez la Superintendencia del medio ambiente informa a esta Corte, sobre denuncia efectuada por el recurrente de marras a ese organismo de fecha 01 de noviembre de 2023, por ruidos molestos provocados por maquinarias de viento de la empresa recurrida y malas prácticas agrícolas desde la instalación de su huerto de nogales. En el marco de esa denuncia funcionarios de la superintendencia realizaron una inspección ambiental al fundo Rucalhue, donde se verificó que la torre anti-heladas no estaba en funcionamiento, sin que pudieran realizar mediciones de ruidos, por no poder contactarse con la denunciante.

NOVENO: Que, de esta forma, de lo sostenido por el actor y el recurrido, de los múltiples antecedentes por ellos acompañados y de lo informado por las autoridades respectivas, entre las que se cuenta la propia Superintendencia del Medio Ambiente - quien actualmente se encuentra conociendo de la denuncia que en estos mismo autos se hizo-; no es posible determinar por esta Corte que los actos de contaminación que se atribuyen, tengan el carácter de indubitados. Y, así las cosas, lo primero que deviene es que la sede de la acción constitucional de protección no es la vía para discutir acerca de la concurrencia o establecimiento de un derecho, ya que la misma no es declarativa de derechos y menos cuenta con estadios procesales donde sea procedente aportar probanzas tendientes a acreditar los supuestos fácticos que darían pie para la concurrencia de un derecho.

Conforme a lo dicho, en el caso en análisis no hay un derecho indubitado o incontrovertido que asile las postulaciones contenidas en el recurso.

Entonces, otra es la sede -como análogamente el procedimiento-, donde deben ventilarse las acciones y defensas que se han aducido en estos autos, y concretamente una vía que permita llegar a determinar fehacientemente si el recurrente cuenta o no con el derecho que lo habilita para impetrar lo exigido en su arbitrio.

DÉCIMO: Que, respecto a lo expresado, conviene tener presente lo especifico y técnico de la materia denunciada, la que por su propia naturaleza, a juicio de estos sentenciadores, debe ser conocida por aquellos organismos especialmente creados al efecto, como es precisamente la Superintendencia del Medio Ambiente, y eventualmente, por los Tribunales Ambientales, que de acuerdo al artículo 1° de la Ley N°20.600 -que los crea- su función es la de resolver controversias medioambientales de su competencia.

En este entendido y en el concreto caso, lo aquí planteado exorbita la acción de protección.

UNDÉCIMO: Que, conforme lo reflexionando, el recurso no habrá de prosperar, razón por la cual se resolverá en consecuencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el Comité Medioambiental Rucalhue y otros individualizados en lo expositivo, en contra de Frutos Rucalhue Ltda., representado por nombre reservado.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra suplente Jimena Troncoso Sáez.

N°Protección-20361-2023.