nombre reservado con INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO Y OTRA

Concepción, veinticinco de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció Claudio Andrés Osorio Mallea, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, carenador, de su mismo domicilio, interponiendo recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), representado por su gerente zonal doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por la nombre reservado, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; a objeto que se declare que es arbitraria e ilegal la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467-2024, de la Superintendencia de Seguridad Social, de 07 de marzo de 2024, que fue notificada al recurrente el mismo día por correo electrónico, por la cual se procede a confirmar lo obrado por el organismo administrador, negando la cobertura del seguro social de la Ley 16.744.

Señala que don nombre reservado, es trabajador de Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR Talcahuano) desempeñándose en funciones de carenador, por hace más de 30 años, lo que lo ha llevado a padecer una serie de enfermedades músculo esqueléticas en sus extremidades superiores, debido a la constante sobre exposición de sus muñecas, brazos, codos y hombros, a movimientos repetitivos, posturas incómodas y sobre esfuerzo físico, debido a la cantidad de peso de las herramientas con las cuales trabaja a diario.

Explica que las enfermedades que padece el recurrente traen consigo una serie de dolencias, que son crónicas y en extremo dolorosas, por lo que ha tenido que concurrir en forma independiente, al Instituto de Seguridad del Trabajo, Mutualidad con la cual tiene convenio ASMAR Talcahuano, con el fin de ser examinado para conseguir un tratamiento y que su enfermedad sea calificada como profesional, pero para sorpresa del recurrente, el IST determinó que sus patologías son de origen común, derivándolo a su previsión de salud común para el tratamiento de las enfermedades que adquirió en el trabajo, con grave vulneración a sus derechos.

Manifiesta que el 15 de noviembre de 2023, mediante resolución de rechazo y derivación de paciente a sistema de salud común, el Instituto de Seguridad del Trabajo, le diagnosticó al recurrente las siguientes patologías: síndrome del manguito rotador, tendinitis calcificante del hombro, tenosinovitis leve de la porción larga del bíceps braquial izquierdo, tendinopatía calcificante de tendón supraespinoso de hombro izquierdo y artrosis acromio-clavicular y gleno humeral de hombro izquierdo. Frente a ello, el recurrente, con fecha 17 de octubre de 2023, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social por la Resolución N°20230800002997 del IST que califica sus enfermedades como de origen común, haciendo presente que en el estudio de puesto de trabajo Anexo PGE3, si bien señala que fue cambiado de puesto de trabajo debido a sus problemas de salud, no se considera la totalidad de su historia laboral en ASMAR, que se remonta al año 1993, dejando de lado gran parte de sus servicios prestados por años, en donde estuvo expuesto a los factores de riesgo fuerza, repetitividad y postural.

Expresa que el reclamo presentado por el recurrente derivó en la Resolución Exenta N° R-01-UME-02588-2023 de la SUSESO, la que sin mayores antecedentes, y haciendo suyo el deficiente estudio de puesto de trabajo realizado por el IST, resolvió lo siguiente: “Se confirma lo obrado por el respectivo Organismo Administrador, por cuanto el diagnóstico evidenciado no tiene relación con el trabajo desempeñado. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744.”.

Agrega que la resolución antedicha, ocupa la frase sacramental típica en todas sus resoluciones que señala: “Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección del trabajador por el diagnóstico de "Tendinitis cálcica de mango rotador, Artrosis acromioclavicular y Tendosinovitis del bíceps en hombro izquierdo" es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley N° 16.744, entre el trabajo que desempeña como carenador y el cuadro diagnosticado. En efecto, los estudios clínicos evidencian alteraciones degenerativas en su hombro, no atribuibles al trabajo que realiza.”.

Menciona que el 22 de febrero de 2024, el recurrente presentó una reconsideración administrativa ante la SUSESO, reclamo que fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467-2024, de 07 de marzo de 2024, debido a que no se acompañaron nuevos antecedentes.

Sostiene que lo que se pretende con este recurso no tiene que ver con el análisis de asuntos médicos, ni con la calificación común o laboral de la enfermedad, sino con una resolución dictada de forma ilegal y arbitraria, que incide directamente en los derechos por los cuales es procedente la acción de protección (artículo 19 N°1 y N°24 de la Carta Fundamental), resolución que incurre en falta de fundamentación, ya que en ella no se aprecia el raciocinio lógico de todos los antecedentes que aparecen colacionados al caso de que se trata, así en la decisión adoptada, se aprecia la falta de fundamentación que la Ley exige al órgano administrador del seguro recurrido.

Hace presente que los trabajadores de ASMAR (y es así en el caso del recurrente), en un principio son contratados como provisorios (contratos por meses o de un año, y luego son finiquitados para ser nuevamente contratados), y posteriormente pasan a ser trabajadores de planta. Lo anterior no es algo menor, ya que los estudios de puestos de trabajos realizados por el IST, sólo considera los años trabajados como trabajador de planta con contrato indefinido y sólo consideran el puesto de trabajo al momento de hacer el estudio, dejando de lado los años anteriores en que el trabajador se desempeñó en otros cargos, expuesto a los factores de riesgo fuerza, repetitividad y postural, siendo ésta una de las razones por la que el Estudio de Puesto de Trabajo es irregular.

Alega que los procedimientos de evaluación médica del recurrente, para efecto de declarar enfermedades profesionales que sufre, por parte del Instituto de Seguridad del Trabajo, han sido irregulares, en una clara contravención a lo que señala la Ley 16.744 y su Reglamento, ya que la resolución del IST por el cual se le niega la calificación de sus enfermedades como laborales, que se titulan “Resolución de Rechazo y Derivación del Paciente a Sistema de Salud Común” resuelven, de forma genérica, careciendo de fundamentos, según transcribe:

“1) Que, la patología y/o afección presentada por Don(a), no está cubierto por el Seguro Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley Nº 16.744.

2) El paciente deberá, por tanto, recurrir en demanda de las prestaciones médicas y económicas al organismo de previsión que administra su sistema de salud común, 3) En contra de la presente resolución se podrá apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo 90 días de conformidad a lo dispuesto artículo 77 de la Ley Nº 16.744.

4) NOTIFICACION A: CONSALUD, de conformidad a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social por Oficios Nº 35.775 y 58.415 del 2010.”.

Afirma que esta situación resuelta por el IST, es del todo irregular, ya que señala que se trata de una enfermedad de origen común, sin acompañar más antecedentes y sólo señalando el diagnóstico de la enfermedad. Además, el estudio de puesto de trabajo del recurrente no se ajusta a la realidad, al no considerar los años en que ha prestado servicios con contratos provisorios, ni el lugar de trabajo y las funciones que ha realizado por más de 30 años (solo considera el último puesto de trabajo), por lo que no se entiende cómo la mutualidad respectiva (IST) y posteriormente la SUSESO, hayan resuelto que las enfermedades que padece el recurrente no son de origen laboral, sobre todo, si tuvo en cuenta un estudio de puesto de trabajo defectuoso e irregular.

Esgrime que la mutualidad referida, no cumplió con lo que ordena la Ley 16.744 y su Reglamento, en orden a que para completar su evaluación médica laboral en conformidad a la ley, dicha mutualidad estaba obligada a realizar un estudio de puesto de trabajo, respecto de las funciones que realizaba al interior de la planta industrial de ASMAR Talcahuano, con el objeto de identificar y evaluar los factores de riesgo que están presentes en las labores del recurrente y que son la causa de enfermedades que afectan las extremidades superiores del trabajador, patologías que efectivamente sufre y que están directamente vinculadas a las funciones que desde una cantidad no menor de años realiza al interior de la planta de ASMAR Talcahuano. En efecto, el recurrente es un trabajador que ha prestado servicios de forma ininterrumpida y siempre realizando funciones de Carenador y Carpintero. En dichas funciones ha debido realizar acciones repetitivas, asumir posiciones forzadas y ejercer fuerza con ambas extremidades, con pesos superiores a los permitidos por la norma laboral. También, de forma regular, debió realizar con sus extremidades superiores labores de traslado de recuperación de muebles hacia el buque, desde maestranza, en forma manual, hasta completar el proceso, función que era de todos los días. Además, ha debido ejercer fuerza, cargando herramientas, galleteando, trasladando y utilizando herramientas pesadas, muchas veces trabajando sobre tiempo.

Añade que su representado en cumplimiento de sus funciones, ha tenido que usar herramientas pesadas y efectuar movimientos repetitivos, lo que se le ha exigido por años, donde ha tenido que hacer mucha fuerza y adoptar posiciones forzadas, especialmente en espacios confinados, como son los que habitualmente se trabaja en el Astillero, o con los brazos en alto por sobre la cabeza.

Reitera que el IST, después de recibir el ingreso de un trabajador por este tipo de enfermedades, sólo se limita a señalar que se trata de una enfermedad de origen común y no profesional, sin fundamentar su resolución de manera adecuada. Señalan que no existe relación directa entre el trabajo desempeñado por años con la enfermedad que los trabajadores padecen. Posteriormente, la SUSESO confirma lo resuelto por el IST sin mayores antecedentes y sin corregir la deficiencia del estudio de puestos de trabajo, lo que no se trata de un hecho aislado, siendo un sin número de trabajadores de Asmar que han prestado servicios por toda una vida prácticamente, los cuales al concurrir al IST para ser atendidos por los dolores que padecen ocasionados por las enfermedades músculo esqueléticas, se les deriva a su sistema de salud común y se les rechaza su calificación de enfermedad profesional. Después, cuando reclaman de la resolución ante la SUSESO, ésta confirma lo obrado por el IST, sin pedir nuevos antecedentes o exámenes y sin corregir la deficiencia e irregularidad del estudio de puesto de trabajo, haciendo suyo dicho error, incumpliendo su labor fiscalizadora y de supervigilancia efectiva que le entrega la Ley.

Cita jurisprudencia de esta Corte en relación a la materia de autos y alega que la Resolución Exenta R-01-UME-02588-2023 del IST, y la posterior Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467-2024 de la SUSESO, le producen a su representado una clara vulneración a las garantías constitucionales de que aquel es acreedor, consistentes en el Derecho a la integridad física y psíquica de la persona, consagrado en el artículo 19 N°1 de nuestra Carta Fundamental; y además, el Derecho de Propiedad, prescrito en el artículo 19 N°24, de dicho cuerpo de normas constitucionales.

Arguye que conforme al mandato legal, las decisiones que adopte la SUSESO y que pongan término a un reclamo administrativo deducido por un particular, como ocurrió en la especie, se deben adoptar considerando el máximo de información atingente al caso en estudio, pudiendo ordenarse exámenes y peritajes médicos al afectado, a fin de resolver la controversia con antecedentes objetivos. Sin embargo, la pasividad con que obró la SUSESO, limitándose al mero análisis de los antecedentes aportados por el IST, deja al descubierto la arbitrariedad en el actuar de la recurrida, toda vez que su decisión se funda únicamente, y de un modo vago o impreciso, en el estudio de esa información, conforme al cual estima que la enfermedad que afecta al actor es de origen común y no de origen laboral.

Destaca la carencia de antecedentes médicos de peso y actualizados y el tiempo transcurrido, toda vez que la denuncia como enfermedad profesional la presentó el trabajador a inicios del año 2019, haciendo imprescindible que la SUSESO ordenara los peritajes y estudios que fueran necesarios para establecer, con antecedentes actuales y objetivos, el origen de aquella patología. Con mayor razón si se considera que el artículo 31 de la Ley 16.744 establece que si al cabo de las 52 semanas de incapacidad, sin lograr la curación y/o rehabilitación de la víctima, se presumirá que presenta un estado de invalidez.

Aduce que la mutualidad del IST y la SUSESO, tienen la obligación legal de fundar y motivar sus resoluciones de manera correcta, para lo cual se debe llevar a cabo el estudio de todos los antecedentes necesarios, y realizar estudios de puestos de trabajo acordes con la realidad, atendido lo dispuesto en los artículos 11 inciso segundo y 41 de la Ley sobre Bases de la Administración del Estado.

Solicita tener por deducido recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social, para en definitiva haciendo lugar a éste, se sirva declarar lo siguiente:

1.- Que las recurridas Instituto de Seguridad del Trabajo y Superintendencia de Seguridad Social, han actuado de forma ilegal y arbitraria al no haber fundamentado sus resoluciones, al haber considerado y tenido a la vista un estudio de puesto de trabajo irregular, que adolece de graves vicios y defectos, al resolver en forma genérica que “la patología y/o afección presentada, no está cubierta por el seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido por la ley n°16.744” negándole de esa manera la calificación de enfermedad profesional a patologías que afectan al recurrente, especialmente la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467-2024, de 07 de marzo de 2024, de la Superintendencia de Seguridad Social, violando las garantías constitucionales invocadas.

2.- Que, como consecuencia de la declaración antedicha y como correlato de la misma, se ordena a la Superintendencia de Seguridad Social dejar sin efecto la resolución referida; y calificando los antecedente del caso se ordene a la SUSESO, que emita un nuevo pronunciamiento calificando las enfermedades que padece el recurrente como profesionales, en base a los antecedentes ya aportados, los que deberán ser contrastados con nuevos estudios, peritajes médicos, y evaluaciones del trabajador, especialmente de su puesto de trabajo, a fin de establecer con certeza, de manera fundada, actualizada y objetiva si el diagnóstico del recurrente, es de origen común o laboral, o como esta Corte lo estime ajustado a derecho.

3.- Que se condena a las recurridas Instituto de Seguridad del Trabajo y Superintendencia de Seguridad Social, al pago de las costas del recurso.

SEGUNDO: Que informó Francisco Ortega Bello, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien antes de informar respecto del fondo de la acción de protección que motiva el presente informe, solicita se declare a la presente acción como improcedente, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, debe ser dilucidada en un juicio de lato conocimiento. En efecto, la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, ha señalado que, lo intentado por el recurrente, desborda los límites de esta acción constitucional, la que tiene por objetivo garantizar y proteger derechos indubitados, debiendo ocurrir ante la sede que corresponda a hacer valer todas las probanzas que sean pertinentes, todo lo que conduce necesariamente a desestimar el arbitrio impetrado, puesto que, la presente acción no constituye una instancia de declaración de derechos.

Agrega que en el caso del recurrente de autos, claramente su pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado de la discusión respecto del porcentaje de invalidez, en el marco de la Ley 16.744, y no de amparar un derecho preexistente. Ello, de ser reclamado judicialmente, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación, proceso judicial en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes.

En subsidio, informa en cuanto al fondo del asunto, afirmando la ausencia de un acto ilegal o arbitrario emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que su actuación, se ajusta a las normas que regulan la determinación del origen, esto es, si es de origen común o laboral, y que están contempladas en la Ley 16.744 y sus cuerpos reglamentarios.

Señala el marco normativo que regula la materia de autos, cuál es su competencia y qué funciones cumple, en particular, respecto del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley 16.744 y en cuanto al caso del Sr. nombre reservado, indica que con fecha 23 de septiembre de 2022, el Sr. nombre reservado concurrió ante esa Superintendencia reclamando en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo, quién calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de "Tendinitis cálcica de mango rotador, Artrosis acromioclavicular y Tendosinovitis del bíceps en hombro izquierdo", de lo que discrepa.

Expresa que requerida la citada Mutualidad, informó que el Sr. nombre reservado ingresó a sus dependencias médicas el día 23 de septiembre de 2021, manifestando dolor en extremidad superior izquierda que atribuyó a su trabajo, por lo que fue ingresado a estudio por probable enfermedad profesional. Agrega que, luego de ser evaluado por especialistas y de conformidad con los resultados de los exámenes realizados y evaluación de puesto de trabajo, el Comité Calificador de Enfermedades Profesionales determinó que aquel presenta afecciones de extremidad izquierda de origen común, por lo que fue derivado a su régimen común de salud.

Refiere que esa Superintendencia cumplió con señalar que, profesionales médicos de ese Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, incluida evaluación de puesto de trabajo, concluyendo que la afección del trabajador por el diagnóstico de "Tendinitis cálcica de mango rotador, Artrosis acromioclavicular y Tendosinovitis del bíceps en hombro izquierdo" es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley 16.744, entre el trabajo que desempeña como carenador y el cuadro diagnosticado. En efecto, los estudios clínicos evidencian alteraciones degenerativas en su hombro, no atribuibles al trabajo que realiza. Por lo expuesto, no se acogió el reclamo de calificación de origen de enfermedad, no procediendo otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley 16.744, por cuanto el diagnóstico no tiene relación con el trabajo desempeñado. Lo anterior, según se advierte de la Resolución Exenta N° R-01-UME-02588-2023, de 09 de enero de 2023.

Agrega que en la propia resolución señaló la vía de impugnación del referido acto, la que fue utilizada por el recurrente, con fecha 22 de febrero de 2024, esto es, más de un año después de la dictación de la resolución impugnada (la que fue notificada por correo electrónico ese mismo día), por lo que dicha presentación fue presentada extemporáneamente. En efecto, respecto a la reclamación de 22 de enero de 2024, por la cual, se solicita la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-02588-2023, esa Superintendencia cumplió con informar que la parte recurrente no acompañó́ ningún antecedente que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por ese Servicio y, por otra parte, se hace presente que habiéndose notificado el dictamen recurrido el mismo día de su emisión, su actual presentación, fue realizada fuera del plazo establecido al efecto en los artículos 25 y 59 de la Ley 19.880, de 5 días hábiles administrativos; lo que en virtud del artículo 8° del Código Civil no puede ser desconocido, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia, así como, también impide esgrimir como argumento el caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del referido Código. Por lo expuesto, mediante Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467-2024, de 07 de marzo de 2024, se rechazó la solicitud de reconsideración, manteniendo lo obrado en la resolución primaria.

Respecto al punto anterior, alega que la parte recurrente no se hace cargo en su libelo, del hecho que su solicitud de reconsideración haya sido presentada extemporáneamente o, tampoco, que la notificación del primer dictamen haya sido recibida en una fecha distinta a la indicada por ese Servicio, refiriéndose únicamente al cuestionamiento de la patología presentada y no de la razón por la que su presentación no fue acogida.

Añade que para la correcta determinación del origen, común o laboral, de una patología músculo esqueléticas de extremidad superior (MEES), el proceso de calificación requiere la evaluación, con distintos métodos, de la presencia de condiciones laborales específicas y la correlación de temporalidad, frecuencia e intensidad de dicha exposición con el diagnóstico establecido, para validar o refutar una hipótesis causal coherente entre la patología y la exposición a riesgos observada. Para lo anterior, el proceso de calificación debe contar, entre otros, con evaluaciones médicas y evaluaciones de las condiciones de trabajo, el que se realizará a través del correspondiente estudio de puesto de trabajo, que incluye el análisis de macro labores, tales como, tarea específica, periodicidad y operación y, como principales factores de riesgos a evaluar sobrecarga postural, fuerza, repetitividad y vibración.

Afirma que respecto a la garantía del artículo 19, N° 1, esto es, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, que el recurrente alega como vulnerado, considera que no se advierte como esa Superintendencia habría vulnerado tal garantía cuando el acto impugnado fue dictado, después de ocurrida la contingencia que se alega como laboral, no teniendo ese Servicio la competencia para el otorgamiento directo de prestaciones de salud, atenciones que se encuentran cubiertas por su régimen común de salud. Y, en cuanto a la garantía del N° 24, esto es, el derecho a propiedad, el acto administrativo no cuestiona la existencia de la patología, sino que únicamente cual es el origen de ella, en ese sentido, al no existir tal cuestionamiento, siempre podrá gozar de un subsidio por incapacidad laboral, el que será pagado según las normas establecidas en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, respecto de patologías de origen común. Así no existe privación alguna a los beneficios económicos que derivan de una licencia médica otorgada.

Finalmente, respecto de la materia de la acción de autos, hace presente que la pretensión del recurrente, en orden a que se modifique la calificación del origen de la patología que padeció, fuera de no tener fundamento fáctico de orden médico - laboral, ciertamente, desborda los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos legítimos, es decir, de aquellos que tienen un carácter de indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. Sin embargo, en el caso del recurrente, su pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado del cambio de la calificación del origen de un accidente, en el marco de la Ley 16.744, y no de amparar un derecho preexistente. Ello, de ser reclamado judicialmente, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, asimismo, informó Dominique Herrera Duronea, abogada, por el recurrido Instituto de Seguridad del Trabajo, solicitando el total y absoluto rechazo del recurso de autos, por no darse los presupuestos que hacen procedente la acción de protección intentada, pues no nos encontramos frente a alguna acción u omisión ilegal o arbitraria de su representado que haya producido afectación de derecho fundamental alguno de aquellos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; con ejemplificadora condena en costas.

Señala que no tiene constancia alguna de que el sistema previsional de salud común al que pertenece don nombre reservado haya reclamado ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de cualquier resolución de esa mutualidad que haya calificado como de origen común la patología de tendinitis cálcica de mango rotador, Artrosis acromioclavicular y tendosinovitis del bíceps en hombro izquierdo, que indica en su recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 bis de la Ley 16.744. De eso desprende que el propio sistema previsional de salud común del recurrente consideró que efectivamente la patología de la que éste adolecía, no tenía un origen laboral, pues de lo contrario, habría reclamado de dicha calificación, en virtud del procedimiento referido, dispuesto al efecto.

Indica que según se desprende de la ficha clínica de don nombre reservado, con fecha 23 de septiembre de 2021, el trabajador hizo ingreso al Instituto de Seguridad del Trabajo, manifestando cuadro de dolor en hombro izquierdo de 5 años de evolución, presenta antecedentes de un 15% de incapacidad en relación a alteraciones lumbares, antecentes de discopatias múltiples lumbares y cervicales, poliartrosis. En esa oportunidad, se diagnosticó al paciente con síndrome del manguito rotador y se instruyó el ingreso del trabajador a estudio por eventual enfermedad profesional, habiéndose realizado dicho estudio de acuerdo con el Protocolo de Patologías Musculoesqueléticas, regulado en la letra B., del Título III., del Libro III., del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social, y sus anexos N° 12, 13 y 14.

Sostiene que de este modo, a partir de las evaluaciones médicas realizadas al trabajador; los exámenes de ecografía de hombro izquierdo; los exámenes de radiografías de hombro izquierdo; la evaluación de puesto de trabajo de hombro, realizados con fecha 29 de septiembre de 2021, en las dependencias de la empresa Astilleros y Maestranza de La Armada, ubicada en domicilio reservado, de la comuna de Talcahuano, que consta en el documentos N° BI-RHR-, de 15 de octubre de 2021; Ficha de evaluación clínica y calificación de Origen de Patología (MEES) Folio net 20210900003688-000; el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales del Instituto de Seguridad del Trabajo, según consta en Informe sobre Fundamentos de la Calificación de la Patología (PGE3), determinó que la patología de tendinitis cálcica de mango rotador, artrosis acromioclavicular y tendosinovitis del bíceps en hombro izquierdo padecida por el Sr. nombre reservado, era una enfermedad de origen común, sin relación con su actividad laboral, indicando como elementos que sustentan dicha calificación, los siguientes:

Paciente de 63 años, con antecedentes de discopatías y artrosis de columna cervical y lumbar, diestro, quien se desempeña como carenador desde hace 25 años. Ingresa a través de programa de vigilancia TMERT por dolor en hombro izquierdo, de 5 años de evolución aproximadamente. Se solicitó exámenes complementarios que evidencian “tenosinovitis leve de la porción larga del bíceps braquial izquierdo. tendinopatía calcificante de tendón supraespinoso de hombro izquierdo. Artrosis acromio-clavicular y gleno-humeral de hombro izquierdo”. Se realiza evaluación de puesto de trabajo y se deriva caso a comité calificador.

El trabajador se desempeña como carenador, realiza lavado de casco de buques, granallado con chorro abrasivo de partículas metálicas a gran presión, limpieza manual motriz con herramientas eléctricas o neumáticas, armado de camas y rascado de moluscos. Cuando se le asignan los trabajos, le corresponde realizar cualquiera de estas tareas, lo que desarrolla durante toda la jornada laboral, durante varios días, dependiendo del tamaño de las embarcaciones.

La tarea se ejecuta solo con la llegada de la embarcación, pueden existir períodos de tiempo (semanas o meses) en las que no se ejecutará. El factor de riesgo biomecánico se ve compensado por la variación entre operaciones y períodos de inactividad. Tiempo de trabajo efectivo durante la jornada laboral 420 minutos, cuenta con pausas programadas para colación (60 minutos por jornada), pausas no oficiales (30 minutos por jornada) y pausas oficiales (15 minutos por jornada laboral). El tiempo de cada operación puede variar según la complejidad de la soldadura a realizar y del espacio disponible para ejecutar la tarea.

Alega que de acuerdo al análisis de los antecedentes clínicos, exámenes complementarios y evaluación de puesto de trabajo no se evidencia factores de riesgo directo en posturas, carga, movimientos o tiempo de exposición suficiente que expliquen la patología de hombro izquierdo que presenta el paciente, además de la presencia de patologías de tipo crónico. Se califica patología como de origen común, no laboral. La calificación indicada, fue comunicada al trabajador, con fecha 21 de octubre de 2021, a través de la Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Profesionales (RECA) N° 20210900003688.

Refiere que el 23 de septiembre de 2022, don nombre reservado, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, efectuando un reclamo en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo, mutualidad que calificó como de origen común su patología de tendinitis cálcica de mango rotador, artrosis acromioclavicular y tendosinovitis del bíceps en hombro izquierdo, discrepando de dicha calificación.

Manifiesta que a partir del reclamo presentado por el señor nombre reservado, ante la Superintendencia de Seguridad Social, se siguió la dictación por parte de ese organismo técnico, de la Resolución Exenta N° R-01-UME-02588-2023, de 9 de enero de 2023. El proceso a través del cual se dictó la referida resolución, se tramitó en el expediente administrativo R-160093-2022, al que IST acompañó todos los antecedentes que le fueron requeridos por medio de carta N° 1 1.10. d./1076/2022, de 29 de septiembre de 2022, en la que se hizo presente a la autoridad técnica que: Luego de ser evaluado por especialistas y de conformidad con los resultados de los exámenes realizados y evaluación de puesto de trabajo, el Comité Calificador de Enfermedades Profesionales determinó que el Sr. nombre reservado presenta afecciones de extremidad izquierda de origen común, por lo que fue derivado a su régimen común de salud, lo que solicitaron confirmar.

Menciona que con fecha 22 de febrero de 2024, ha recurrido ante la Superintendencia el Sr. nombre reservado, presentando un Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-02588-2023, que calificó como de origen común su padecimiento, es decir, no procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley 16.744. Con fecha 7 de marzo de 2024, la SUSESO dictó Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467- 2024, rechazando la solicitud de reposición de la Resolución Exenta N° R-01-UME-02588-2023, por no ser acompañados antecedentes que ameriten efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por ese Servicio y constando además que la presentación que motiva este proceso fue realizada fuera del plazo establecido al efecto en los artículos 25 y 59 de la Ley 19.880, de 5 días hábiles administrativos, resolución que se recurre por medio de la presente acción de protección.

A mayor abundamiento la Dra. nombre reservado informa lo siguiente en referencia a la calificación de enfermedad común de la patología del Sr. nombre reservado, efectuada por ese organismo administrador y ratificado por la SUSESO en su Resolución Exenta N° R-01-UME-02588-2023 y ratificado por la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467-2024, de 7 de marzo de 2024: “Con respecto al cuadro consultado, paciente ingresa a IST, el pasado 23.09.2021, derivado de programa de vigilancia TMERT por dolor en hombro izquierdo, de 5 años de evolución al momento de la consulta, no sociada a mecanismo traumático agudo. Niega dolor en otros segmentos. Dentro de los antecedentes evaluados al momento de su ingreso. Paciente 63 años, en ese tiempo, diestro, con antecedente de 15% de incapacidad en relación a alteraciones lumbares Antecente de discopatías múltiples lumbares y cervicales, poliartrosis, patologías no laborales. Quien desempeñaba funciones en ASMAR hace 25 años app. a la fecha de su ingreso, durante los primeros 3 años se desempeñó como carpintero y luego como arenador. Actualmente como pañolero hace 3 años. […]

De acuerdo al análisis de los antecedentes clínicos, exámenes complementarios y evaluación de puesto de trabajo no se evidencia factores de riesgo directo en posturas, carga, movimientos o tiempo de exposición suficiente que expliquen la patología de hombro izquierdo que presenta el paciente, además de la presencia de patologías de tipo crónico. Se califica patología como de origen común, no laboral.

Analizado todos los antecedentes que acompañan el caso , por Contraloría Médica, hemos podido ratificar que en relación a la información contenida a través del siguiente documento no existen elementos suficientes que respalden el origen laboral de la patología de hombro izquierdo presentada por el Sr nombre reservado, cel pasado 2021. Situación ratificada por la Superintendencia de seguridad social en 2 oportunidades previamente, en la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-02588-2023 Santiago, 09 / 01 / 2023. Así como en la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-37467-2024 de la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 07 de marzo de 2024”.

Alega la improcedencia de la presente acción, por cuanto, sin perjuicio que el recurrente alega vulnerados los derechos fundamentales señalados en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución Política de la República, y no obstante no haber expuesto la forma en que las supuestas acciones ilegales o arbitrarias que alega le amenazaron, perturbaron o privaron dichos derechos, en el fondo, queda claro que la materia sobre la que versa el asunto puesto en conocimiento de esta Corte, dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, aquel correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, específicamente en aquello que dice relación con la calificación del origen de las patologías, regulada en las disposiciones tanto de la Ley 16.744, como en aquellas pertinentes de los reglamentos contenidos en los decretos supremos N° 101 y N°109, ambos de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. A partir de lo anterior, concluye que la materia en comento pertenece al ámbito de la garantía constitucional del derecho a la Seguridad Social, contenido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política, derecho no contenido entre aquellos enumerados en el inciso primero del artículo 20 de la misma y, por tanto, expresamente excluido del ámbito de protección de la acción constitucional de protección.

Destaca que tal y como se desprende expresamente de la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467-2024, el recurrente no presenta antecedentes que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por ese Servicio, haciéndose presente que habiéndose notificado la Resolución Exenta N° R-01-UME-02588-2023, de 09 de enero de 2023, el mismo día de su emisión, su presentación fue realizada fuera del plazo establecido al efecto en los artículos 25 y 59 de la Ley 19.880. El rechazo de la misma es fundamentado y respaldado por la normativa vigente, que el recurrente intenta evitar mediante esta presentación.

Señala que por otra parte, la Resolución Exenta N° R-01-UME-02588-2023, de 09 de enero de 2023, de la Superintendencia de Seguridad Social, la misma ha fundado su pronunciamiento en el análisis que sus profesionales médicos han realizado de los antecedentes aportados por el Instituto de Seguridad del Trabajo. Refiere la misma resolución que profesionales médicos de ese Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección del trabajador por el diagnóstico de "Tendinitis cálcica de mango rotador, Artrosis acromioclavicular y Tendosinovitis del bíceps en hombro izquierdo" es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley 16.744, entre el trabajo que desempeña como carenador y el cuadro diagnosticado. En efecto, los estudios clínicos evidencian alteraciones degenerativas en su hombro, no atribuibles al trabajo que realiza. De lo anterior, desprende que la resolución referida señala los elementos de juicio tanto de hecho como de derecho, que ha tenido a la vista la administración para arribar a una resolución, en plena concordancia con lo exigido por el inciso final del artículo 11 y en el inciso cuarto del artículo 41, ambos de la Ley 19.880, al contener la resolución en comento una decisión, fundada en antecedentes de hecho y de derecho.

Sostiene que malamente podría afirmarse que la resolución del Instituto de Seguridad del Trabajo (Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Profesionales (RECA) N° 20210900003688), carece de fundamentación, pues a la misma se ha arribado a partir del procedimiento regulado por el organismo técnico sobre la materia, que es la Superintendencia de Seguridad Social, a partir de la evaluación de antecedentes médicos y laborales objetivos, analizados por profesionales médicos expertos en medicina del trabajo, cuestión que fue confirmada por la referida superintendencia a partir de la revisión que sus propios profesionales, han realizado de dichos antecedentes. Por lo indicado, descarta lo alegado por el recurrente en orden a una supuesta falta de fundamentación en la calificación de su patología, pues la misma se ha realizado en base a fundamentos objetivos, tanto médicos, como laborales.

Expone que tal y como consta en N° BI-RHR-, de 15 de octubre de 2021, la Evaluación de Puesto de Trabajo de hombro contiene: los datos de ejecución del estudio; la descripción detallada de la ocupación del trabajador (señor nombre reservado); el resumen de sus tareas; la periodicidad con que las realizaba; el tiempo de exposición al riesgo del trabajador; las fotografías que grafican cada una de las labores realizadas por el trabajador y las tablas de factores de riesgo para cada parte del cuerpo evaluada (en este caso hombro). Lo anterior, en pleno cumplimiento del instructivo del Anexo N° 14, antes señalado. Habida cuenta de lo anterior, malamente puede considerarse que el Estudio de Puesto de Trabajo realizado en el caso de autos se haya realizado de manera defectuosa o irregular, alegando que a diferencia de lo que se intenta presentar, tanto el Anexo PGE3 como el Estudio de Puesto de Trabajo en cuestión reconocen la amplia trayectoria del recurrente en la empresa. En última instancia, era deber del recurrente justificar sus afirmaciones.

Estima que no se configuran, en el caso de autos, los presupuestos constitucionales previstos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de la acción de protección, por cuanto su representada ha actuado ejerciendo sus atribuciones legales y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la autoridad administrativa competente, y porque no se está en presencia de derechos indubitados e indiscutidos, en la medida que existe discrepancia acerca de la calificación de una determinada patología, cuestión que en última instancia, requiere previamente la declaración de las entidades competentes que determinen dicha calificación, para poder estar en presencia de un derecho indubitado.

Agrega que no ha existido privación de las garantías del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, respeto a la protección de la vida e integridad física y psíquica de la persona, ni privación de la garantía del artículo 19 N° 24 de la misma, en cuanto al derecho de propiedad.

Solicito tener por evacuado el informe requerido en estos autos y en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social, por ser el mismo improcedente, y por no haber incurrido el Instituto de Seguridad del Trabajo ni dicho organismo técnico-administrativo, en actuaciones u omisiones ilegales o arbitrarias, ni haber afectado de ninguna manera garantías constitucionales de aquellas previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; o lo que esta Corte estime procedente conforme a derecho, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que en estos antecedentes la recurrida, Instituto de Seguridad del Trabajo planteó que existe extemporaneidad en el recurso de la especie, fundado en que a la fecha de interposición del recurso sobradamente el actor, sabía que las enfermedades que presenta habían sido ya calificadas como comunes y no de origen laboral o profesional como pretende.

Además, plantean, tanto la recurrida Instituto de Seguridad del Trabajo, (IST), como la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, (SUSESO), que existen improcedencia de conocer por esta vía proteccional el asunto o cuestión que plantea el recurrente, puesto que ello excede los límites del recurso de protección y además se refiere a derechos garantidos en la seguridad social, ajenos aquellas estrictamente delimitados de ser de protegidos por dicha vía.

QUINTO: Que esta corte rechazará la extemporaneidad alegada, en tanto en el caso sub-judice, es claro que el último acto de la administración aparece dictado con fecha 7 de marzo de 2024, por la SUSESO, y desde ese último acto notificado al actor, hasta la fecha de interposición del presente recurso, no ha transcurrido el plazo de 30 días reglado en el auto acordado sobre la materia.

Debe además desestimarse la improcedencia alegada por las recurridas puesto que al recurrente ha invocado como vulneradas garantías constitucionales que son de aquellas que protege la presente acción constitucional, constitucional, esto es al conocer el asunto esta Corte, aparece obrando dentro de la esfera de su competencia. En su caso, cabe desestimar la alegación de improcedencia impetrada, fundado en que se exceden los límites del recurso de protección, pues como recién se anotó, al conocer el asunto en esta sede, se está obrando dentro de la órbita de acción asignada. También será rechazada la pretensión de las recurridas en cuanto a que existirían otros procedimientos para discutir, la cuestión que hoy se trae al conocimiento ahora en esta sede jurisdiccional, y para ello baste señalar que al establecer el legislador constitucional el recurso de protección indicó que se podía recurrir a esta clase de acción cautelar y de emergencia, “… sin perjuicio de otros derechos”, cuyo es el caso precisamente, del que se trata en la especie.

SEXTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la acción cautelar, a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SÉPTIMO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que la propia recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

OCTAVO: Que, el artículo 7° de la Ley N° 16.744 define la enfermedad profesional como aquella “causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.

Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud”.

A su vez, el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Libro III, Título III, letra B, que contiene el Protocolo de Patologías Músculo Esqueléticas en Extremidad Superior (MEES), conceptualiza a aquellas causadas por la exposición a agentes de riesgo como “una alteración de las unidades músculo-tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular, generada directamente por la exposición a un riesgo específico que exista o haya existido en el lugar de trabajo.

Independientemente de la presencia de patologías preexistentes, dicha alteración podrá ser considerada como una enfermedad profesional.

Dicha alteración también podrá ser considerada como enfermedad profesional, si el trabajador tiene una historia ocupacional que demuestra exposición previa suficiente, aun cuando en la entidad empleadora en la que actualmente se desempeña, no se encuentre expuesto”.

Así, del tenor de las normas transcritas, puede apreciarse, que el examen de los factores de riesgo a que pudo estar expuesto un trabajador no se limita al puesto de trabajo actual, sino que puede y debe extenderse a las labores anteriores, en la medida que ellas también hubieren resultado aptas para causarle la enfermedad profesional que se invoca.

NOVENO: Que, en este escenario, del cúmulo de elementos incorporados, cabe señalar que la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467-2024, de la Superintendencia de Seguridad Social, de 07 de marzo de 2024, incurre precisamente en falta de fundamentación desde que en la misma no se aprecia el raciocinio lógico de todos los antecedentes que aparecen colacionados al caso de que se trata, así en la decisión adoptada, es posible apreciar falta de la fundamentación, que le ley exige al órgano de la administración, desde que por ejemplo, nada se indica en la resolución aludida, sobre riesgos posturales, que aparecen en la evaluación de los puestos de trabajo que es uno de los insumos a considerar, y tampoco existe un pronunciamiento sobre el informe independiente de ergonomía que posee el recurrente. Al respecto además debe dejarse consignado que no basta como fundamentación el solo indicar “ … que no es posible establecer una causa directa, como lo exige el artículo séptimo de la Ley de 16.744 entre el trabajo que se desempeña y el cuadro clínico que presenta el recurrente”, pues ello es solo la mención del quehacer que debió con antecedentes fundantes racionalizar y explicar y fundadamente la conclusión o decisión del asunto (En este sentido Corte de Apelaciones de Concepción ROL 129.690-2022, confirmada por la Excma. Corte Suprema en ROL 52.063-2023).

DECIMO: Que, conforme a lo que se viene precisando que la Resolución Exenta ya indicada, emanada de la SUSESO, si bien aparece dictado por autoridad competente, en un caso ajustado precisamente a su competencia, deviene en arbitrario, pues carece de la debida fundamentación y, asimismo, de racionalidad en los términos ya indicados, y además ha importado, una vulneración a la garantía del recurrente prevista en el artículo 19 N° 1, de la Constitución Política de la República, pues se ha afectado su integridad psíquica, pues es indudable que el rechazo a su pretensión, de que las enfermedades que presenta sean consideradas de origen laboral, ha amagado la misma.

DECIMOPRIMERO: Que, de este modo habiéndose constatado que la recurrida SUSESO llevó a cabo un acto arbitrario, el que afecta la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esta Corte de Apelaciones acogerá la acción cautelar de la especie, disponiendo las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho, ordenando a dicha recurrida que disponga una reevaluación de la condición de salud, pero debiendo, luego de analizar todos los antecedentes médicos aportados, dictar la resolución debidamente fundada y acorde a derecho.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve:

I.- Se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia del presente recurso.

II.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, por el abogado Claudio Andrés Osorio Mallea, en favor de don nombre reservado, en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo –IST- y de la Superintendencia de Seguridad Social –SUSESO-, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-37467-2024, de la Superintendencia de Seguridad Social, de 07 de marzo de 2024, y se dispone que dicha entidad, deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre el reclamo deducido ante ella por el recurrente, disponiendo una reevaluación de la condición de salud del recurrente, y luego de analizar todos los antecedentes médicos aportados al caso, dictará una resolución debidamente fundada y acorde a derecho.

Regístrese, y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Jordán.

No firma la fiscal judicial María Francisca Durán Vergara, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio en curso de la Academia Judicial.

N°Protección-1991-2024.