ASERBIO SPA con TESORERÍA PROVINCIAL DE LOS ÁNGELES

C.A. de Concepción.

Concepción, dos de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

nombre reservado, en representación de ASERBIO SpA, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA-PROVINCIAL DE LOS ANGELES, representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

El acto que reprocha como ilegal y arbitrario, consiste en el embargo realizado por el recurrido el 24 de octubre del 2024, sobre los dineros existentes en las cuentas corrientes números 0-000-RUT reservado del Banco Santander, por la suma de $6.833.043, y 55100215887 del Banco Estado, por un monto de $1.441.554, sin haber notificado de forma legal el procedimiento de cobro.

Narra que efectivamente mantiene deudas tributarias, pero que la recurrida ha excedido sus facultades al no proceder a notificarlas en forma legal, por lo que el embargo realizado infringe derechos constitucionales, lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Trabajo y el orden de prelación establecido en el artículo 2472 del Código Civil; todo lo cual perjudica a los trabajadores, habida cuenta que los dineros embargados estaban destinados al pago de sus remuneraciones.

Por lo expuesto, sostiene, se vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, el numeral 3º que consagra la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el numeral 18° de la Carta Fundamental, que establece el derecho a la seguridad social.

Termina pidiendo a esta Corte, en lo pertinente, que realice lo siguiente: “…declarando que se debe restablecer el imperio del derecho, ordenando el alzamiento de embargo inmediato de los valores de las cuentas corrientes: N.º 0-000-RUT reservado del Banco Santander, por la suma de $6.833.043.-; N.º 55100215887 del Banco Estado, por la suma de $1.441.554., además de la expresa condenación en costas procesales y personales”.

A folio 4 informa nombre reservado, Tesorero Provincial de Los Ángeles, en representación de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA-PROVINCIAL DE LOS ANGELES, narrando que en el expediente administrativo Rol 10563-2024, se inició procedimiento ejecutivo especial de cobro de impuestos fiscales en contra de la recurrente ASERBIO SPA, por los folios del formulario 21 números 7750821346, 7809113316, 7591468276, 7829413426 y 7850547946. Por lo anterior, es que se procedió a notificar, requerir de pago, embargar y apercibir personalmente al representante legal de la contribuyente, el 03 de julio del año 2024.

Indica que, habida cuenta el tiempo transcurrido desde la diligencia antes indicada, sin que se registrara aún el pago de los impuestos adeudados, es que el 24 de octubre del año 2024 se trabó embargo sobre los dineros que la contribuyente mantenía depositados en su cuenta corriente del Banco Santander Chile, reteniéndose la suma de $6.833.043, ya que, el valor de los impuestos adeudados más recargos legales, ascendía a la suma de $24.231.739.

Afirma que, en consecuencia, Tesorería Provincial del Bio-Bio, al efectuar la diligencia de embargo de activos bancarios a la contribuyente, sólo está cumpliendo con su mandato legal, esto es, obtener el pago de los impuestos adeudados, y por consiguiente, ningún acto legal y arbitrario ha ejecutado, pues un título ejecutivo, en el caso de marras, lo constituye la nómina de deudores morosos que lo habilita para exigir el cumplimiento íntegro, oportuno y forzado de la obligación.

Concluye pidiendo tener por evacuado el informe solicitado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es entonces, requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

SEGUNDO. Respecto del acto que se dice ilegal o arbitrario, consiste en el embargo realizado por el recurrido el 24 de octubre del 2024, sobre los dineros existentes en las cuentas corrientes números 0-000-RUT reservado del Banco Santander, por la suma de $6.833.043- y 55100215887 del Banco Estado, por un monto de $1.441.554, sin haber notificado de forma legal el procedimiento de cobro.

TERCERO. Como cuestión previa, se debe dejar asentado que a la Tesorería General de la República, en conformidad al Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1994, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde, al tenor de su artículo 1°, recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos; y en su artículo 2°, le corresponde, entre otras, las siguientes funciones relacionadas con la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de: “a.- Los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones; b.- Las multas aplicadas por autoridades administrativas; c.- Los créditos fiscales a los que la ley dé el carácter de impuesto para los efectos de su recaudación; d.- Los demás créditos ejecutivos o de cualquiera naturaleza que tengan por causa o motivo el cumplimiento de obligaciones tributarias cuya cobranza se encomiende al Servicio de Tesorerías por decreto supremo”.

CUARTO. Que, en otro aspecto, figura en autos el expediente N°10563 de la Tesorería Provincial de Los Ángeles, donde a fojas 1 consta la nómina de deudores morosos respecto de la recurrente, a fojas 2 el respectivo mandamiento de ejecución y embargo, a fojas 3 la resolución que ordena a un recaudador fiscal a que proceda a trabar embargo por la suma de $24.231.739, correspondiente a la deuda, más reajustes, intereses y multas, y a folio 7, la notificación y requerimiento de pago según el artículo 1, letra q de la ley 19.738 y luego, a folio 8, consta apercibimiento, para que en el plazo de cinco días presente declaración jurada de sus bienes.

A folio 10 de esta acción de protección, la propia recurrente acompaña dos certificados de pagos realizados a la Tesorería General de La República, en virtud de convenios suscritos.

QUINTO. Debe considerarse, que el acto recurrido ha sido dictado en un procedimiento legalmente tramitado y sin que exista constancia alguna en el expediente administrativo N°10563 de la Tesorería Provincial de Los Ángeles, que el acto reprochado haya sido impugnado en dicha sede judicial. De esta manera, de los antecedentes expuestos, emana que el asunto se encuentra sometido al imperio del derecho, contando la parte con los recursos y medios jurisdiccionales que le franquea el ordenamiento legal a objeto de impugnar la decisión que estima causarle agravio.

En efecto, la posibilidad de recurrir en contra de decisiones jurisdiccionales sólo procede en determinados eventos y bajo ciertas hipótesis, pues son los medios de impugnación que franquea el ordenamiento jurídico los que se constituyen como el mecanismo para que el imperio del derecho sea restablecido cuando, a propósito de una decisión jurisdiccional, se ha visto mancillado. Este criterio lo ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema en autos rol 22099-21, al sostener que “…no procede el recurso de protección en contra de resoluciones judiciales, pues ellas cuentan con su propio medio de impugnación como son los recursos, caso en el cual la materia de que se trate estará sometida al imperio del derecho. Sin embargo, pueden existir casos, como el de la especie, en que respecto de resoluciones judiciales lo anterior no sea posible pues los afectados por ellas pueden ser terceros que carecen de legitimación activa al efecto. En tales casos, excepcionalmente, si una sentencia dictada en un procedimiento no contencioso priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio por parte de terceros, de alguna de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 20 de la Constitución, debe considerarse la posibilidad de restablecer el imperio del derecho por esta vía de protección, pues tales terceros pueden verse afectados, sin tener la posibilidad de conocer la existencia del procedimiento, de hacer valer sus derechos en los términos del artículo 823 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco interponer los recursos que establece la ley.”

SEXTO. De esta forma, aparece claro que esta no es la vía para reclamar contra la ilegalidad que se dice cometida, cuando ha sido pronunciada dentro de un proceso debidamente ajustado a derecho, como es el caso, tramitado por un órgano legalmente competente, dentro de la esfera de sus atribuciones y en virtud de norma legal que lo legitima para perseguir compulsivamente los tributos adeudados por el recurrido, y en donde éste ha celebrado un convenio de pago para saldar lo adeudado; todo lo cual, excluye cualquier posibilidad de advertir en ello rasgos de ilegalidad o arbitrariedad.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma., Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por ASERBIO SpA, en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-PROVINCIAL DE LOS ANGELES.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de Felipe Muñoz Levasier. Abogado Integrante.

Rol 19.854-2024. Protección.