nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIO-BIO

C.A. de Concepción.

Concepción, nueve de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Que se presenta la abogada nombre reservado deduciendo recurso de protección en contra de la Contraloría Regional del Biobío por efectuar el acto arbitrario e ilegal consistente en emitir el informe N°E399278/2023, y que ha afectado su derecho a la integridad física y psíquica y su derecho a la honra, así como las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso, amparadas por nuestra Constitución Política.

Expone que es abogada jefe del Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Coronel desde el año 2012, teniendo una vasta experiencia profesional, en razón de lo cual se le invitó en el año 2022 a impartir clases de derecho administrativo en la Universidad de Temuco bajo el sistema e-learning, las que se llevaron a efecto en los meses de julio y parte de agosto y septiembre del año 2022; así mismo se le invitó, indica, a realizar clases presenciales en la Universidad San Sebastián en el segundo semestre del año 2022. Destaca que para impartir dichas clases pidió autorización a su empleador la I. Municipalidad de Coronel el día 1 de agosto de 2022, a lo que se accedió bajo la modalidad de devolución de horas.

Destaca que, no obstante ello, el 13 de octubre de 2023 se le entrega por la secretaria de la Dirección de Educación un informe de la Contraloría, quien en una fiscalización, le atribuye una serie de irregularidades a partir de las referidas actividades docentes sin devolver el tiempo de la jornada laboral y reiterados incumplimientos en trabajos extraordinarios asignados; dicho informe fue ordenado remitir a los concejales de la comuna de Coronel; sin que, a la fecha de interposición del recurso, 11 de noviembre de 2023, se le haya notificado dicho informe.

Se refiere al requerimiento de información que le formuló el fiscalizador Luis Valenzuela en marzo de 2023 y los antecedentes entregados.

Afirma que el informe de Contraloría afecta su honra y sin darle derecho a efectuar descargos, se le imputan irregularidades, afectando el debido proceso y un trato igualitario, vulnerando su integridad psíquica; además, destaca, el referido informe ha sido publicitado en la plataforma digital Facebook en la cuenta denominada “La verdadera oposición”.

Pide que se declare que la actuación de la Contraloría Regional ha sido arbitraria e ilegal, debiendo ordenarse se deje sin efecto paralizando todas las medidas de seguimiento adoptadas en el informe aludido, ordenando retrotraer la investigación al momento de tomar declaración y poder hacer uso de entrega de antecedentes adecuados para su defensa; sin perjuicio de otras medidas que esta Corte estime del caso aplicar; con costas.

Informa la Contraloría General de la República, Contraloría Regional del Biobío, indicando que en uso de sus facultades legales llevó a efecto una investigación especial en el Departamento de Educación Municipal de Coronel con el propósito de determinar eventuales irregulares en que habría incurrido la encargada jurídica de ese Departamento, recurrente de estos autos, y a través del Oficio N° E399278, de 2 de octubre de 2023, se formularon una serie de observaciones relacionadas con la materia de análisis, en razón de haberse detectado incumplimientos al contrato de trabajo celebrado según detalla; instruyendo a la Municipalidad llevar a cabo determinados procedimientos donde la funcionaria recurrente podrá hacer sus descargos, además de la instrucción de un proceso disciplinario.

Afirma que el oficio aludido instruye a la Municipalidad y no puede infringir garantías ni derechos constitucionales de la recurrente, puesto que las observaciones tienen el carácter de eventuales; se refiere a la Resolución N°10 de 2021 de ese organismo referida a las auditorías, las que, a su juicio, no imponen una sanción, sino que, a partir de ellas, se puede perseguir la responsabilidad administrativa, civil o penal de los funcionarios que hubieren participado en los hechos constatados.

Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para eludir el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría, no habiendo incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, actuando en todo momento conforme a las facultades conferidas por la Constitución y la ley.

Informa la Ilustre Municipalidad de Coronel indicando que ningún antecedente se le pidió ni se le informó respecto de la fiscalización efectuada; y ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría en orden a remitir el informe de fiscalización a los miembros del Concejo Municipal; aclara que autorizó las labores docentes de la funcionaria y refuta las conclusiones a que llega el informe conforme a los antecedentes con que cuenta.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de derechos y garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye, jurídicamente, una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de esta acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, -o arbitrario-, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías o derechos preexistentes –protegidos-, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, una funcionaria del Departamento de Educación Municipal de Coronel acusa que la Contraloría Regional del Biobío efectúo una fiscalización de su conducta funcionaria sin notificarla ni pedirle antecedentes, concluyendo que de su parte hubieron irregularidades, emitiendo un informe que se puso en conocimiento del Concejo Municipal, vulnerándose con ello el debido proceso, su honra, su integridad psíquica y la igualdad ante la ley.

Por su parte, la Contraloría Regional aduce que efectuó una auditoría al Departamento de Educación Municipal de Coronel, la que se encuentra dentro de sus facultades, siguiendo los instructivos que se ha dado al efecto, por las eventuales irregularidades en que habría incurrido la encargada jurídica de ese departamento; instruyendo a la Municipalidad conforme a las irregularidades detectadas.

Tercero: Que, de conformidad al artículo 99 de nuestra Constitución Política la Contraloría General de la República tiene como función el control de la legalidad.

De acuerdo al Decreto 2421, Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, ésta está facultada para efectuar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa; a través de las auditorías evaluará los sistemas de control interno de los servicios y entidades; fiscalizará la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, particularmente, las que se refieren a la ejecución presupuestaria de los recursos públicos; examinará las operaciones efectuadas y la exactitud de los estados financieros; comprobará la veracidad de la documentación sustentatoria; verificará el cumplimiento de las normas estatutarias aplicables a los funcionarios públicos y formulará las proposiciones que sean adecuadas para subsanar los vacíos que detecte. El Contralor General establecerá las normas que regularán la forma, el plazo y las modalidades de las auditorías que le corresponda efectuar al organismo fiscalizador (artículo 21 A). Su artículo 19 dispone que “Los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la Administración Pública o instituciones sometidas al control de la Contraloría que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos funcionarios. El Contralor dictará las normas del servicio necesarias para hacer expedita esta disposición”. Conforme a sus artículos 131 y 132, “En uso de sus facultades, el Contralor General podrá constituir delegados en los Servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, con el fin de practicar las inspecciones e investigaciones que estime necesarias…” y “Cuando lo estime conveniente el Contralor, se practicarán inspecciones extraordinarias en cualquiera oficina sujeta a su fiscalización, a fin de informarse sobre los métodos empleados en el manejo de los fondos y de dar instrucciones tendientes a perfeccionar dichos métodos para la mejor fiscalización”.

La Resolución N°1002 de 23 de septiembre de 2011, que establece la organización y atribuciones de las Contralorías Regionales, dispone que en el ejercicio de la función jurídica, las Contralorías Regionales tiene como función específica, entre otras, velar por el cumplimiento de las normas aplicables a los funcionarios públicos de la región (artículo 9 letra c); y en relación a las funciones de control externo, dispone que “Estas funciones comprenderán, en general, la realización de control externo respecto de los servicios, entidades y personas sometidos a la fiscalización de la Contraloría General dentro de la región, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas y el resguardo del patrimonio público” (artículo 10); siendo atribución específica “Efectuar las inspecciones y auditorías dispuestas por el Contralor Regional, ya sea de oficio o a petición de autoridades, jefes de servicios, funcionarios o particulares” (artículo 11 letra a).

Por su parte, la Resolución N°10 de 30 de junio de 2021, que regula las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, establece en el artículo 2 que la Contraloría podrá, entre otras funciones, “verificar el cumplimiento de las normas estatutarias que rigen a los(as) funcionarios(as) y otros(as) servidores(as) y de aquellas que se relacionan con el funcionamiento de los servicios públicos y otras entidades sujetas a su fiscalización” (letra b); y “consignar en sus informes y oficios las instrucciones y acciones correctivas y/o derivadas que disponga para subsanar las infracciones, irregularidades, deficiencias y debilidades que detecte” (letra g). Según su artículo 4 letra b) auditoría es el “examen crítico, sistemático y metodológico de programas, procesos, procedimientos, operaciones, actuaciones u otros con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa en los órganos sujetos a su fiscalización”; de conformidad a su artículo 16, se puede prescindir de la reunión de inicio de auditoría en el caso de la letra c) del artículo 46, que se refiere a otros productos de fiscalización, cuando se trate de hechos o situaciones puntuales, la auditoría puede adoptar la forma de una investigación especial, una inspección de obra pública o, letra c) “atención de referencia de auditoría: actividad de fiscalización acotada y específica, efectuada principalmente en terreno, que tiene por finalidad verificar hechos, acciones u omisiones para efectos de determinar su cumplimiento normativo, cuyos resultados son comunicados, por regla general, a través de un oficio”. Por último, los artículos 59, 60, 61 y 63, prescriben que el resultado de los productos de auditoría podrá dar lugar a procedimientos disciplinarios, restituciones y denuncias al Ministerio Público.

Cuarto: Que, de conformidad a los antecedentes aportados a estos autos, la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional del Biobío perteneciente a la Contraloría General de la República, mediante Oficio Nº E399278 / 2023 de 2 de octubre de 2023, informa a la I. Municipalidad de Coronel que se dará inicio a un procedimiento disciplinario a objeto de establecer la eventual responsabilidad administrativa en los hechos que se indican; ordenando a la Municipalidad adoptar las medidas tendientes a obtener los reintegros que procedan, sin perjuicio de lo que se indica en el oficio; fundándose en los artículos 131 y 132 de la Ley 10.336, se expresa que ha considerado pertinente efectuar una fiscalización en el Departamento de Educación Municipal -DEM- de Coronel, con el propósito de determinar eventuales irregularidades en las que habría incurrido doña nombre reservado, encargada jurídica de ese departamento de educación, al participar en actividades de docencia en diversas casas de estudios superiores, sin devolver el tiempo de su jornada laboral empleado en ello, como asimismo, reiterados incumplimientos en la realización de su jornada laboral y trabajos extraordinarios asignados. Las conclusiones que se contienen en dicho oficio van dirigidas a dicho Municipio y en ellas se observa no sólo actuaciones de la funcionaria recurrente sino también de la Municipalidad y de su Departamento de Educación.

Quinto: Que, en tales condiciones, la actuación de la Contraloría no merece reparos puesto que, como bien lo indica, se ha ceñido a las normas que regulan su exclusiva atribución de fiscalización; la que en el caso de las auditorías, se encuentra reglada y no contempla una fase de descargo del involucrado sino una etapa posterior a la emisión del oficio de conclusiones y de conformidad a los resultados a que se llegue; por lo demás, el control judicial respecto de las actuaciones de la Contraloría General de la República sólo puede abarcar la revisión de la legalidad mas no el mérito de las mismas.

Sexto: Que, así las cosas, la decisión de la Contraloría Regional se llevar a cabo una fiscalización a las actuaciones de la recurrente en su calidad de funcionaria pública a través de una auditoría, no ha podido vulnerar los derechos ni garantía constitucional que se expresan en el recurso, debiendo desestimarse el mismo, al igual que la alegación de improcedencia planteada por la Contraloría como quiera que el artículo 20 de nuestra Constitucional Política resguarda derechos y garantías constitucionales que no la excluyen de cumplir.

Por estas consideraciones y visto, además, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección entablada por nombre reservado en contra de la Contraloría Regional del Biobío; desestimándose igualmente la improcedencia del mismo alegada por la recurrida.

Redacción de la Ministra Suplente Margarita Sanhueza Núñez.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 19.849-2023 Protección.