nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CHILE

C.A. de Concepción Concepción, treinta de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece CÉSAR ALEJANDRO IRRIBARRA BRAVO, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, contratista, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por amenazar, perturbar y vulnerar el derecho de propiedad que ejerce en el domicilio familiar ya singularizado, mediante la posibilidad cierta de que dicha propiedad le sea embargada por la recurrida. Además, hace presente que el recurrente está presentando complicaciones de carácter cardiaco, afectando su derecho a la salud e integridad física y psíquica, solicitando que sea acogido y se adopten las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

Señala que existe un proceso administrativo en que se investiga el origen ilícito de operaciones tributarias, causa O-1324-2022 del Juzgado de Garantía de Concepción, en donde el recurrente tiene el carácter de víctima del delito de estafa por parte de terceras personas que le llevaban su administración tributaria. Durante el año 2023, y desde su comienzo, está vigente el peligro de embargo de la propiedad familiar.

Agrega que en el expediente administrativo N° 10302-2020 el señor nombre reservado figura con una deuda tributaria, derivada de un eventual delito de estafa que se está ventilando en causa rol O-1944-2023 del Juzgado de Garantía de Concepción.

Indica que el recurrente al haber sido engañado está con serios inconvenientes tributarios, sobre cobro ejecutivo por las deudas por impuestos y facturas que generaron terceras personas.

Añade que una de las consecuencias del proceso tributario es que se le busca embargar la casa que es el domicilio que cobija a la familia del recurrente, compuesta por su esposa, hijas y nietos, lo que está terminando por enfermar la salud de don nombre reservado, que incluso durante el excesivo tiempo del proceso sufrió un infarto, que lo tuvo al borde la muerte.

Manifiesta que durante el engaño se le exhibió al recurrente un documento que demostraba que no tenía deuda, pero la autenticidad del mismo se está investigando, ya que sí tenía deuda tributaria, lo que generó todo el accionar de la recurrida sin tomar en cuenta que embargar la casa familiar causa un problema inherente a toda persona humana, como lo es la posibilidad de vivir tranquilo y en paz.

Solicitó adoptar todas las medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho, en especial la suspensión, mientras dure la investigación tributaria, de toda acción o embargo que amenace, perturbe o infrinja el derecho de dominio en el inmueble.

Informó nombre reservado, Director Regional Tesorero Región del Bío Bio, solicitando desde ya su rechazo, pues el Servicio ha ejercido, en los expedientes administrativos roles 10.878-2018, 10.302-2020, 10.518-2020 y 10.061-2022 todos de San Pedro de la Paz, la acción de cobro ejecutivo en contra de don nombre reservado, rut. RUT reservado, por la deuda de impuesto fiscal contenida en los formularios 21, folios 6601297746, 6851473366, 6901466066, 7359988926, 7359991306, 7359995966, 7360000826, 7360005066, 7360006426, 7360007226, 7360035436 y 7363958626, por la suma de $ 93.872.124.-, considerando deuda neta y multas, intereses y reajustes legales. Añade que sus facultades para efectuar la cobranza de los impuestos fiscales se fundamentan en el DFL N° 1, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, que en su artículo 2 establece que es función de este efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones. En el mismo sentido se establece en el artículo 168 del Código Tributario.

Agrega que en el expediente administrativo rol 10.302-2020 de San Pedro de la Paz, por carta certificada remitida con fecha 12 de agosto de 2020, al domicilio tributario del señor nombre reservado, se le notificó del hecho de encontrarse en mora, fue requerido de pago y con fecha 21 de febrero de 2023 se le embargó bien inmueble inscrito a fojas 4940, número 2158, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro correspondiente al año 2009. En el expediente administrativo rol 10.878-2018 de San Pedro de la Paz, el día 13 de febrero de 2019, el recurrente fue notificado por cédula del hecho de encontrarse en mora, requerido de pago y se trabó embargó sobre el mismo bien inmueble. En el expediente administrativo rol 10.518-2020 de San Pedro de la Paz, por carta certificada remitida con fecha 24 de julio de 2020, al domicilio tributario del recurrente, se le notificó del hecho de encontrarse en mora, fue requerido de pago y con fecha 11 de diciembre de 2020 se le embargó el mismo inmueble. Adiciona que en el expediente administrativo rol 10.061-2022 de San Pedro de la Paz, con fecha 21 de febrero de 2023 se recepcionó Resolución Ex. N° 77323118930, del Director del Servicio de Impuestos Internos que suspendió el cobro judicial que efectúa el Servicio de Tesorerías a don nombre reservado, rut. RUT reservado, en los tres expedientes administrativos antes indicados y además en el expediente administrativo rol 10.061-2022 de San Pedro de la Paz en el cual no se le notificó del hecho de encontrarse en mora, no se le requirió de pago ni se le embargaron bienes. Con fecha 8 de noviembre de 2023, el Director del Servicio de Impuestos Internos dictó Resolución Ex. 77323123649, en virtud de la cual suspendió hasta el día 31 de enero de 2024, el cobro judicial de los impuestos fiscales contenidos en los formularios 21, folios 6601297746, 6851473366, 6901466066, 7359988926, 7359991306, 7359995966, 7360000826, 7360005066, 7360006426, 7360007226, 7360035436 y 7363958626, y cuyo cobro se sigue en los expedientes administrativos roles 10.302-2020, 10.878-2018, 10.518-2020 y 10.061-2022 todos de San Pedro de la Paz.

Adicionalmente, afirma que la suspensión de cobro decretada por el Director del Servicio de Impuestos Internos comenzó el día 8 de noviembre de 2023 y expira el día 31 de enero de 2024, periodo de tiempo en el cual el Servicio de Tesorerías debe abstenerse de realizar cualquier acción de cobro en “todos y cada uno de los expedientes administrativos indicados”. Dicha facultad de decretar la suspensión de la acción de cobro de Tesorerías se encuentra consagrada en el inciso cuarto del artículo 147 del Código Tributario. Por ello sostiene que no ha existido ni existirá privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales indicadas por el recurrente toda vez que el Servicio de Tesorerías ha tomado efectivo y oportuno conocimiento de la mencionada Resolución del Director Regional del SII y ha adoptado todas las medidas necesarias para suspender hasta el día 31 de enero de 2024 toda acción de cobro judicial respecto de don nombre reservado.

Señala no tener facultades para suspender la acción de cobro más allá del día 31 de enero de 2024, a menos que exista una renovación de la misma por parte del Director Regional del SII o se decrete una suspensión por alguna otra causal del artículo 147 del Código Tributario. En todo caso, el derecho de prenda general de los acreedores establecido en el artículo 2465 del Código Civil otorga al Servicio de Tesorerías el derecho de perseguir la ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, por lo mismo no podría constituir un recurso de protección la vía procesal para eventualmente impedir o declarar inembargables bienes del deudor a pretexto de afectar su integridad psíquica o su derecho a la salud, ni tampoco puede ser la vía para decretar una suspensión de cobro en los expedientes administrativos roles 10.878-2018, 10.302-2020, 10.518-2020 y 10.061-2022 todos de San Pedro de la Paz mientras termina la causa rol O-1944-2023 del Juzgado de Garantía de Concepción, ya que la suspensiones del proceso de cobro están establecidas en el artículo 147 del Código Tributario, por eso es que en el caso de autos ha sido el Director del S.I.I. quien ha decretado la actual y vigente suspensión de cobro.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1.- El recurrente califica de ilegal y arbitrario un conjunto de actuaciones de Tesorería General de la República, relacionadas con cobros de impuestos, llegando incluso al embargo de un bien raíz de su dominio, en circunstancias que fue víctima de actuaciones delictivas por parte de quien llevaba su contabilidad, dando inicio a una causa penal en su calidad de víctima.

2.- El Servicio recurrido informó que se ha limitado a ejercer sus funciones legales, relativas al cobro ejecutivo de las sumas giradas por deudas de impuestos, precisando los procesos vigentes y la suspensión de cobro dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos hasta el 31 de enero de 2024.

3.- El hecho de haber presentado el recurrente denuncia criminal por supuesto delito de estafa no es obstáculo para girar y cobrar los impuestos adeudados, ya que no existe impedimento legal para que la entidad recurrida cumpla su función legal.

4.- En consecuencia, no existe acto ilegal o arbitrario que vulnere los derechos del recurrente, de modo que no se otorgará la tutela constitucional solicitada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección presentado por nombre reservado, en contra del SERVICIO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martín.

Se deja constancia que no firma el ministro señor Muñoz López, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Rol 19.705-2023. Protección.