nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

PMR/ari C.A. de Concepción.

Concepción, cinco de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada por la superintendenta de seguridad social, doña nombre reservado, o por la persona que le reemplace o subrogue y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, SUBCOMISIÓN CONCEPCIÓN, representada legalmente por don nombre reservado, o quien le reemplace o subrogue y contra quien resulte responsable por las acciones ilegales y arbitrarias de carácter permanente que han vulnerado sus derechos consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando sea acogido en todas sus partes.

Expone que la resolución Exenta N° R-0-IBS-101387-2024, fue dictada con fecha 27 de junio de 2024, y notificada a esta parte con igual fecha, y su interposición no resulta extemporánea en el sentido que dicho dictamen de la suspensión lo que trae como consecuencia la suspensión del pago de las licencias médicas, esto ha generado una situación que persiste en el tiempo dejando al reclamante en una situación de desprotección económica permanente, de manera tal que cada día que pasa sin recibir el ingreso que le corresponde constituye una nueva vulneración, además, por cuanto los actos ilegales y arbitrarios en contra de quienes se reclaman, desde el rechazo de la primera licencia médica, continuaron en el tiempo hasta el rechazo de la última en forma ininterrumpida, siendo resolución pronunciada por la SUCESO con fecha 27 de julio de 2024, resolución Exenta N° R-0-IBS-101387-2024, respecto de las licencia médicas N° 96247954-5; 927077914-3; 94478854-9; RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado, a que se hará referencia en el cuerpo de este escrito y no se pronuncia respecto de las licencias médicas N°RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado y 104975537-2, la cuales también se acompañan en el arbitrio.

En otro orden de ideas el dictamen recurrido dice relación con que la paciente presenta lesiones de carácter crónico de manera que se habría configurado una incapacidad permanente lo cual no se condice con la pensión de la cual es beneficiaria en la actualidad.

Señala que en el mes de octubre de 2020 se desempeñaba como consultora de perfumes para la empresa BRIGHT STAR CHILE S.A., sufriendo una caída no laboral, la cual me causa una fuerte dolor el cual se vio agravado por la naturaleza de su función, la cual me exigía mantenerme de pie durante toda su jornada laboral, situación que comente a la encargada en ese momento doña nombre reservado solicitando que se me hiciera entrega de una silla en consideración a que el hecho de estar de pie durante toda la jornada me generaba graves inconvenientes los cuales con cada día que pasaba se iban agravando, como también que se le proporcionara un trato algo más digno en relación a su condición de salud, frente a esto y viendo la nula respuesta por parte de la encargada se informó a la supervisora nombre reservado, dando cuanta de existencia de acoso y discriminación laboral de la cual toma conocimiento el departamento de recursos laborales.

Refiere que consultó al médico especialista al Dr. nombre reservado, quien se vio en la obligación de realizar dos operaciones en su rodilla derecha, sin perjuicio de lo anterior su condición únicamente empeoró hasta el punto de no poder volver a caminar de forma autónoma viéndose obligada hasta el día de hoy a utilizar dos bastones ortopédicos para poder desplazarse.

Da cuenta de las dos operaciones una realizada el 10 de julio de 2021 y la segunda el 6 de junio de 2023, las cuales tuvieron muy poco avance de evolución y superando los plazos de recuperación.

Refiere que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde el año 2017 con la especialista Dra. nombre reservado, a consecuencia de presentar las patologías de trastorno ansioso depresivo, trastorno de personalidad Cluster B, hipotiroidismo todas estas debidamente diagnosticadas.

Indica que el 6 de abril de 2024 tuvo que ser atendida de urgencia por crisis de fibromialgia, con labilidad emocional y llanto en triage, previo a esto con fecha 19 de febrero de 2024 se realizó una terapia neural, la cual tampoco tuvo resultado.

La resolución dictamina el rechazo de licencias médicas por no encontrarse justificado el reposo, señalando además que se trata de lesiones de carácter crónico irrecuperables, y que por tanto darían lugar a una incapacidad de carácter permanente y no temporal como fue dictaminado anteriormente por la comisión médica, en la cual se me otorga un porcentaje de invalidez del 51%, el cual resulta compatible con una capacidad de trabajo residual del 49% lo cual no es coincidente con una lesión de carácter crónico, y en caso de serlo debe reevaluarse el real porcentaje de invalidez y en caso de ser este mayor y incompatible con toda capacidad residual de trabajo que así se determine y se otorgue la pensión que corresponde al caso en concreto.

Agrega que se encuentra en una situación evidentemente de total vulnerabilidad, frente al rechazo del pago de las licencias, debido al gran número de gastos derivados de los distintos padecimientos, sin contar los gastos necesarios para subsistir, de tal manera que en caso que efectivamente el porcentaje de invalidez sea tal aun dispongo de una capacidad residual de trabajo por lo soy susceptible de pago de licencias médicas, no obstante el hecho de ser beneficiaria de una pensión parcial temporal, ya que en caso contrario el hecho de ser beneficiaria de dicha pensión vendría siendo más un castigo que una ayuda real, en circunstancias que el monto de la misma resulta totalmente insuficiente para poder costear los distintos tratamientos que me permitan reincorporarle a la vida laboral y me impedirían por otra parte acceder al pago de licencias médicas, lo cual resulta totalmente opuesto a los principios rectores de la seguridad social, más precisamente al principio de suficiencia.

Sostiene que la resolución carece de fundamentos, ya que solo indica que el reposo no está justificado, por cuanto los antecedentes no permiten establecer incapacidad laboral temporal por más tiempo, sin decretar nuevos análisis ni estudios, sin señalar porque razón establece que el reposo no está justificado, teniendo a la vista antecedentes que claramente indican lo contrario, no existiendo dictamen ni examen alguno que justifique tal decisión, lo cual es manifiestamente arbitrario e ilegal.

En cuanto al derecho señala que se busca el resguardo de los derechos a la igualdad ante la ley, a la integridad psíquica y física de la persona, a la propiedad, los cuales se han visto seriamente perturbados, amenazados y privados por el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.

Indica que la resolución exenta es contraria a toda la normativa legal y constitucional, ya que los actos administrativos deben ser fundados, cuestión que no ocurre en el caso de marras, por cuanto solo sostiene que el reposo es injustificado porque se trata de lesiones de carácter crónicas de naturaleza irrecuperable y que por tanto vendría a configurar una invalidez permanente, lo cual no coincide con el porcentaje de invalidez que la misma comisión le otorgó. Cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Conjuntamente con lo anterior sostiene lo indicado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República, Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, reiterando la sumisión estricta a la ley que debe observar la administración del Estado.

Además señala lo dispuesto en los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, sobre los Procedimientos Administrativos. Indica además lo dispuesto en el artículo 16 del DS N° 3 que aprueba el reglamento de autorización de Licencias Médicas por al Compin e Instituciones de Salud Previsional.

De esta manera amenaza el legítimo ejercicio a su derecho a la protección de integridad psíquica y física, consagrado en el artículo 19 N° 1 del texto constitucional, atendido el rechazo de las licencias médicas, se ha provocado un desmedro de su calidad de vida.

Además el actuar injustificado de la recurrida ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley y a la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos consagrado en los numerales N° 2 y N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo anterior porque su patología ha sido declarada como irrecuperable de manera que se le está discriminando únicamente por tener un estado de salud distinto al de las demás personas.

Señala que se vulnera además lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Carta fundamental, por cuanto la resolución recurrida, al confirmar lo resuelto por la COMPIN, manteniendo el rechazo de las licencias médicas antes indicadas, le ha privado del derecho a subsidio que en derecho le corresponde por su reposo médico, sin esgrimir justificación alguna.

En consecuencia, solicita se disponga que se acojan las licencias médicas presentadas y en subsidio o conjuntamente se orden nuevos peritajes médicos respecto de la recurrente con el objeto de determinar su real porcentaje de invalidez para el efecto de otorgar una pensión de naturaleza permanente y total y en subsidio o conjuntamente se dispongan las medidas necesarias que estime para el pleno restablecimiento de los derechos vulnerados a la recurrente, todo con costas.

SEGUNDO: Que, además informa nombre reservado, Profesional, presidenta COMPIN Región del Biobío, indicando que comparece informado al tenor de lo solicitado respecto del recurso de protección interpuesto por D. nombre reservado, RUT N° RUT reservado, por rechazo de Licencias Médicas Nºs 96247954-5; 927077914-3; 94478854-9; RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; 182569150-K y 104975537-2, señalando que la recurrente registra reposo médico continuo por patología traumatológicas a contar del 04.01.2021 al 20.07.2024 y posteriormente por patologías psiquiátricas a contar del 21.07.2024 al 21.11.2024, acumulando un total 1413 días de reposo laboral.

Refiere que, en relación con licencias médicas, fueron rechazadas por considerarse reposo médico muy extenso para patología crónica, sin reintegro laboral; por lo que la licencia médica no cumpliría rol terapéutico; por corresponder a una patología que ha evolucionado en forma crónica, y la incapacidad que le provoca no es modificable con el reposo.

Sostiene que el paciente presenta trámite de pensión de invalidez autorizado con un 51% por la Comisión Médica Regional, entidad encargada de determinar la condición de invalidez de los trabajadores; lo que significa que el paciente conserva una importante capacidad remanente de trabajo, por lo que no corresponde autorizar más licencias médicas por esta causa; toda vez que dicho beneficio procede a enfermedades que provocan incapacidad laboral temporal y en el caso de enfermedades cronificadas, solo durante el primer trámite de calificación de invalidez.

Refiere que el recurrente solicitó su Calificación de Invalidez siendo está aprobada. El trámite fue ejecutoriado con fecha 06.09.2023.

Por lo anterior, si el recurrente considera que se debe evaluar nuevamente esta condición de salud que es preexistente, debe iniciar nueva solicitud de reevaluación, ante la comisión médica Regional, quienes revisaran la evolución de los impedimentos que originaron la pensión de invalidez parcial de fecha 06.09.2023 y, de acuerdo con esa revisión, la emisión de un nuevo y segundo dictamen que resolverá si confirma o rechaza la invalidez. Este segundo dictamen da lugar a la pensión de invalidez definitiva de la persona.

Agrega que el usuario no presenta reposición de reposición ante COMPIN Concepción, por rechazos de licencia médicas N° RUT reservado y 104975537-2, con nuevos antecedentes médicos que permitan a esta COMPIN Concepción, la reevaluación de los criterios anteriormente aplicados en evaluación de los periodos de reposo médico anteriormente prorrogados.

Sostiene que el recurrente pretende utilizar la licencia médica, como complementación de la pensión de invalidez, perdiendo la naturaleza administrativa y temporal que tiene.

Por lo anterior, se aprobaron licencias médicas hasta el ejecutoriado del primer trámite de pensión de invalidez el que consta de fecha 06.09.2023; habiéndose autorizado el reposo médico hasta el día 12.10.2023.

Cita al efecto el dictamen N° 10531-2013 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Refiere que conforme a todos los antecedentes planteados por esta COMPIN Concepción; corresponde el rechazo de licencias médicas recurridas; por patologías de curso crónico, no susceptibles de modificar con reposo médico y sin reintegro laboral posterior al rechazo de pensión de invalidez con su capacidad de remanente; esta COMPIN determinó que no se encuentra justificado la extensión del reposo médicas más allá del periodo previamente autorizado (12.10.2023).

La recurrente pretende que, a través de esta acción cautelar, se constituya una nueva instancia de revisión de las circunstancias técnicas a considerar para el rechazo o autorización de licencias, sin siquiera haber presentado antecedentes clínicos que permitieran reevaluar la decisión por parte de esta COMPIN.

Indica que la COMPIN, ha actuado según sus facultades otorgados a través de los artículos 14, 16, 21 y 48 del D.S. N° 3/84 sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas y D.S. N° 7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas y dentro de los plazos establecidos para la tramitación de licencias médicas y Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.

Refiere que la COMPIN es la unidad técnica administrativa encargada de evaluar, constatar, declarar y certificar el estado de salud de los trabajadores y beneficiarios, con el objetivo de determinar la recuperabilidad de sus estados patológicos para la obtención de beneficios previsionales, asistenciales y/o estatutarios. Citando diversas disposiciones al efecto.

Finalmente solicita rechazar la reclamación constitucional por carecer de objeto y oportunidad.

TERCERO: Que, el abogado Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en su informe en primer término solicita la extemporaneidad del arbitrio, puesto que la recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas a lo menos desde el 6 de febrero de 2024, en que reclamó vía recurso jerárquico, a lo que se le respondió el 27 de junio de 2024 a través de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-101387-2024 y 2 meses y medio después interpone recurso de protección, por lo que estima que el recurso fue interpuesto fuera de los 30 días a que se refiere el Auto Acordado que regula la materia.

Respecto del fondo del asunto solicita su rechazo por carecer de todo fundamento.

Sostiene que la acción de protección de autos se ha interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social en circunstancias que la licencia médica fue rechazada de acuerdo con la ley, por la COMPIN DE LA REGIÓN DEL BIO-BIO. Este organismo actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencia medicas a la luz de lo dispuesto en el D.S. N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

Expone que la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-20982-2024, de 6 de febrero de 2024, confirmó el rechazo de la licencia médica reclamada, por no estar justificado el reposo prescrito por el médico tratante.

Indica que la recurrente el mismo 6 de febrero de 2024, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el dictamen contenido en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-20982-2024, de 6 de febrero de 2024. La parte recurrente reclamó en contra de la misma COMPIN, ya que había confirmado también el rechazo de las licencias médicas N° 92707914-3, N° 94478854-9, N° RUT reservado, N° 17178699 y N° RUT reservado, extendidas por un total de 150 días, basado en la misma causal de rechazo, es decir, reposo injustificado.

Señala que previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-101387-2024, de 27 de junio de 2024, confirmó nuevamente el rechazo de las licencias médicas reclamadas.

Sostiene que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de su representada, al confirmar, por la resolución el rechazo de las licencias médicas dispuesto por la COMPIN, ya que tuvo los antecedentes a la vista.

No existe vulneración a garantía constitución alguna, ya que ésta, al rechazar el organismo administrador la licencia médica, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria.

En cuanto al fondo, da cuenta de la legislación que le rige, y es así como da cuenta de lo dispuesto del D.F.L N° 1 del año 2005 y D.S N° 3 del año 1984 ambos del Ministerio de Salud. Cita además el D.F.L. N° 44 del año 1978 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Sostiene que nuestro sistema de seguridad social contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanente o transitorias, y los beneficios, ya sea el subsidio de incapacidad laboral o la pensión de invalidez, su calificación, evaluación y posterior autorización, están sujetos a un procedimiento especial de revisión respecto de sus resoluciones, de doble instancia. Procedimiento especial de carácter reglado que obligatoriamente deben observar las distintas Comisiones, en el cual existe un análisis, razonamiento lógico y circunstanciado de los antecedentes médicos tenidos a la vista, para arriba a una decisión, todo ello debidamente consignado en el expediente administrativo del trabajador.

Refiere que de tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar, por lo que solicita se rechace la Acción de Protección, por haber sido ejercida improcedentemente en virtud del derecho a la seguridad social.

En este sentido, nuestro sistema de seguridad social contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanentes o transitorias, pudiendo acceder, frente a estas contingencias de carácter involuntarias, a las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Indica que, de tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar, la cual es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinar materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativas señalados en la Constitución Política de la República.

Agrega que la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esta Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con las antecedentes médicos.

CUARTO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

QUINTO: Que, en primer término conforme a lo discutido por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en orden a la extemporaneidad del recurso, es decir, fuera de los 30 días desde que la recurrente tomó conocimiento del rechazo de la primera licencia, baste para ser desestimada sin mayores dilaciones, teniendo presente para ello que lo que reclama la recurrente y que es objeto de la acción de protección es el no pago de las licencias médicas que singulariza, sin indicar una razón fundada al efecto, situación que se ha mantenido en el tiempo y por ende, la fecha de presentación del recurso y la decisión de la SUSESO, lo cierto es que el nexo o vínculo de los antecedentes conduce a esta Corte a estimar que la acción de que se trata fue presentada dentro de plazo, principalmente si se tiene en consideración que enfrentados a una acción constitucional que garantiza y protege derechos fundamentales, lo cierto es que en caso de alguna vacilación en relación a este tópico, lo razonable ha de ser optar arribar a decisiones de fondo y en base al mérito de los antecedentes, por sobre respuestas jurisdiccionales de carácter estrictamente formal.

SEXTO: Que, el recurso de protección se ha deducido en contra de la SUSESO, por no haber autorizado el pago de las licencias médicas, singularizada en los motivos que anteceden. El rechazo a su pago, en primer término, lo adoptó la COMPIN en razón a un reposo médico prolongado, sin antecedentes clínicos que justifiquen la extensión del reposo.

Así también lo señala la SUSESO en la resolución que se impugna, que confirma lo decidido por la COMPIN, esto es, que no existe justificación al reposo médico prolongado.

Cabe hacer notar que no lleva la razón la Superintendencia recurrida al sostener la improcedencia de la acción conservativa enderezada (por las razones sintetizadas precedentemente), dado que no se trata aquí específicamente de la protección del derecho que se garantiza en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino de la de los demás que más arriba fueron también indicados.

III.- EN CUANTO AL FONDO SÉPTIMO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último; d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Por consiguiente, es requisito indispensable para la plausibilidad de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, un evento contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o bien un evento que sea arbitrario, es decir, producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre en él, y que provoque algunas de las consecuencias que se han enunciado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes expresamente protegidas por la Constitución, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso.

OCTAVO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que la propia recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

NOVENO: Que, en lo concerniente a la discusión de fondo, ha de tenerse en cuenta que la SUSESO, es un órgano de la Administración del Estado, y, por lo mismo, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Luego, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto. Supremo N° 3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud –Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional- si bien faculta, a la SUSESO para acoger o rechazar las reclamaciones contra resoluciones de la COMPIN, el ejercicio de esa facultad le exige que al resolver o pronunciase sobre el asunto respectivo, la respectiva decisión debe contener “…los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida...”.

DÉCIMO: Que, en lo refiere a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”; y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”.

UNDÉCIMO: Que, de lo anotado precedentemente fluye, que el actuar de la SUSESO, al dictar la Resolución Exenta N° R-01-IBS- 101387-2024, de 27 de junio del 2024 confirmando el rechazo de las licencias N°96247954-5; 927077914-3; 94478854-9; RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado, y no se pronuncia respecto de las licencias médicas N°RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado y 104975537-2, que realizare la COMPIN-Subcomisión Concepción, por reposo no justificado, ha devenido en un actuar ilegal y arbitrario puesto que el fundamento de la misma resulta sólo aparente y no se condice con la realidad.

Debe en consecuencia, considerarse, que el quehacer de la recurrida, vulnera, sin duda, al menos el derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas señaladas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

DUODÉCIMO: Que, de esta manera, la protección impetrada habrá de ser concedida, empero teniendo especialmente en cuenta el lapso durante el cual el recurrente ha hecho uso de licencia médica en base a su patología, ella se otorgará solamente en cuanto a ordenar la realización de nuevos exámenes, a partir de los cuales -y en su mérito- la Superintendencia recurrida proceda a resolver la reclamación que fuera enderezada en contra de su resolución de la COMPIN-Subcomisión Concepción, en la que se denegó el pago de las licencias médicas materia del recurso.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la improcedencia del recurso formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-101387-2024, de 27 de junio del 2024, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas Nºs respecto de las licencias médicas N°96247954-5; 927077914-3; 94478854-9; RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado, y se ordena que dicha Superintendencia deberá disponer, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, la práctica de los exámenes médicos presenciales o un peritaje, todo por un especialista en psiquiatría, y los que sean necesarios para establecer y determinar el real estado de salud de la recurrente, luego de lo cual, procederá a resolver y en su mérito, la referida reclamación, debiendo la referida COMPIN Subcomisión Concepción cumplir oportunamente las instrucciones que se le entreguen por la mencionada Superintendencia para la debida y satisfactoria realización de tales exámenes.

La mencionada Superintendencia deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo previamente dispuesto.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactor ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

Ingreso Corte Rol N° 19.565-2024– Protección.