nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE LA PESCA ARTESANAL, BUZOS MARISCADORES Y ACTIVIDADES CONEXAS DE LA CALETA DE LLICO

C.A. de Concepción rtp Concepción, veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte N° Protección 19.561-2024, comparece el abogado Felipe Andrés Salazar Latorre, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, comerciante, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, comerciante, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, estudiante, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; y nombre reservado, comerciante, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos Mariscadores y nombre reservado, RUT RUT reservado, representado por su presidente nombre reservado, comerciante dueño de restaurante, RUT RUT reservado, ambos con domicilio en nombre reservado/N, comuna de Arauco.

Funda su recurso señalando que los recurrentes son dueños de una propiedad ubicada en el sector nombre reservado, cuyos datos registrales y deslindes detalla en su recurso. Indica que sus representados adquirieron la propiedad por sucesión por causa de muerte. Hace presente que se debe poner atención en el deslinde noreste (hacia el mar chileno) del plano que adjunta en su recurso, y afirma que allí existe un camino, no un estacionamiento pagado.

Continúa su relato señalando que la familia nombre reservado es dueña del restaurant “Vista al Mar”, el que se encuentra dentro de la propiedad señalada.

Expone que con posterioridad a la constitución del local comercial, frente al inmueble, se levantó una explanada o también denominada “muro de contención” al cual se le ha dado un uso de estacionamiento pagado, este sitio se encuentra concesionado por la Armada de Chile a favor de la recurrida, el Sindicato de Pescadores de Llico, por lo que ellos señalan que se encuentran facultados para cobrar dinero a los vehículos que se estacionan en el lugar, dando por este servicio boletas autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Agrega que su parte es consciente de la legalidad de la constitución del Sindicato de Pescadores de Llico, también reconoce que estos necesitan financiarse económicamente, y en virtud de la concesión que se les ha otorgado el sindicato ha logrado sustentarse monetariamente, pero que no significa que la recurrida no haya realizado actos que vulneran las garantías constitucionales garantizadas a todas las personas.

En relación a los actos que estima vulneratorios, indica que estos comenzaron en el momento que los recurridos obtienen la concesión, desde aquella época los recurrentes se han visto enfrascados en una serie de discusiones con los administradores del estacionamiento, sin posibilidad de conciliar sus intereses. Añaden que los problemas se generan principalmente por el acceso a la propiedad, a la utilización del acceso por los propietarios del restaurant, los clientes, y el personal que allí trabaja. El administrador del estacionamiento estima que tanto los recurrentes, sus trabajadores y los clientes debían pagar por la utilización de espacio, cuestión que estima injusta. El año 2003 la familia nombre reservado y los representantes de la parte recurrida trataron de llegar a un acuerdo mediante la firma de un documento en donde se les otorgaría a los recurrentes el derecho de uso, sin goce y sin propiedad por un periodo de tres años del mencionado espacio, sin embargo por razones que desconoce dicho acuerdo no logró concretarse.

Luego los problemas fueron aumentando hasta que con fecha 17 de septiembre del presente año se realizaron obras de demarcación en el lugar, pintando de color amarillo los espacios que deben ocupar los vehículos que deseen aparcar allí. Continúa señalando que antes de este último acontecimiento, el 23 de septiembre pasado sus representados deciden conversar con don nombre reservado a fin de aclarar el asunto de la pintura y la autorización del espacio, pero lamentablemente no se obtuvo resultado. Considera que existe un claro ánimo por parte de la recurrida de perjudicar a los recurrentes, ello porque en varias oportunidades la familia nombre reservado ha tratado de conversar con los integrantes del sindicato con el fin de llegar a una solución colaborativa, pero todas las instancias han sido frustradas por los recurridos.

Recalca que la familia nombre reservado lleva años desarrollando una actividad comercial en el sector, de manera de que si se considera el factor tiempo, los derechos de los recurrentes prevalecerían por sobre otros que surgieran con posterioridad. Agrega que la propiedad de los recurrentes es anterior a la concesión del sindicato, y si se ahonda más en los registros de propiedad se podrá verificar que los deslindes de la propiedad de los recurrentes por el lado del mar o por donde hoy se encuentra el “muro”, señala un camino público, que les permitiría un acceso libre.

Sostiene que es de vital importancia tener un informe de la autoridad marítima que autorizó un uso exclusivo al sindicato sin observar los derechos fundamentales de quienes viven ahí, al mismo tiempo, señala, pronunciarse sobre alcances de la ley 21.027, que tiene como objetivo un desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fijar normas para su declaración y asignación, haciendo parte a todos los habitantes del lugar y no considerarse casi un monopolio por parte de algunos, ya que consta que el actuar de la de la recurrida no sólo afecta a su parte, sino también a otros particulares y organizaciones de Llico.

Afirma que en octubre pasado se ha amenazado a su parte con el cierre de los accesos.

Acusa que el actuar de la recurrida vulnera la garantía del artículo 19 número 16 de la Constitución política de la República, esto es, la libertad de trabajo y su protección, toda vez que el Sindicato con el cobro y administración del espacio que destinaron a estacionamiento, han dañado el desarrollo legítimo y pacífico de la actividad laboral y comercial de los recurrentes, lo anterior se concreta cuando los recurrentes como el personal que trabaja en el restaurant aparcan sus autos fuera del lugar de su trabajo, lo que molesta a quienes gestionan los cobros por estacionarse en el lugar, pues estiman que deben pagar.

Agrega que también se ha vulnerado la garantía prescrita en el artículo 19 número 21 de la Constitución política de la República, la que asegura el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, toda vez que la familia nombre reservado ha tenido un correcto desempeño de la actividad comercial que desarrolla, y las acciones de los recurridos han generado discusiones entre ellos, los recurrentes y sus trabajadores por el uso del estacionamiento, lo que afecta al desarrollo de la actividad comercial.

En tercer lugar indica que la recurrida transgrede el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, esto es el derecho de propiedad, el comportamiento de la recurrida ha constituido una constante perturbación al tranquilo ejercicio del derecho dominio de los recurrentes.

Finalmente afirma que los actos desplegados por el sindicato de pescadores constituyen actos ilegales que van contra las normas legales y constitucionales, pero además son actos arbitrarios.

Previo a señalar que el acto ilegal que vulnera los derechos de los recurrentes se verificar por última vez el 23 de septiembre de 2023, por ende el recurso de protección ha sido deducido dentro del plazo señalado en el auto acordado sobre la materia, pide que se acoja el recurso de protección en todas sus partes, decretando esta Corte arbitre las medidas que sean procedentes para el restablecimiento del imperio del derecho, a fin de poner términos a la actuaciones que estima ilegales y arbitrarias denunciadas ordenando:

1. Se declare el libre acceso a la legítima propiedad de la familia nombre reservado

2. Se reconozca el deslinde noreste como un camino y no como un estacionamiento.

3. Se ampare y reconozca el derecho de libertad de tránsito y libertad de desarrollar una actividad económica y laboral.

4. Se prohíba el cobro al acceso a la propiedad del recurrente para que tenga vía a su habitación y desarrollo económico.

Informó nombre reservado quien señala que el STI de la Pesca Artesanal, Buzos Mariscadores y nombre reservado, en la actualidad agrupa 43 pescadores artesanales y sus objetivos están establecidos en sus estatutos. Agrega que la Dirección de Obras Portuarias es quien mantiene la destinación marítima del espacio físico donde se emplaza la infraestructura Portuaria de Apoyo a la pesca artesanal, además es la institución que entrega en administración la infraestructura vía convenio de uso a sus sindicatos. Agrega que su sindicato se encuentre realizando las gestiones para acogerse a la ley 21.027, solicitud ingresada el 2 de enero del presente año.

Indica que como pescadores artesanales beneficiarios de las obras que apoyan a su sector, han procurado hacer un uso eficiente de éstas, manteniéndolas operativas y en condiciones óptimas para su uso, razón por la cual necesitan generar recursos económicos, y como consecuencia de lo anterior han habilitado un sector de la explanada como estacionamiento vehicular para la temporada estival y fines de semana, actividad que desarrollan apegados a la normativa, por lo que cuentan con inicio de actividades en el rubro y pagan los correspondientes impuestos y patente municipal.

Aclara que ni a la familia nombre reservado ni a otra persona se le ha negado la entrada al explanada, es más, indica, han dispuesto para dicha familia tres estacionamientos libre de cobro aun cuando el acceso a su predio no es por el terreno que mantienen en convenio de uso. Reconoce que no los han autorizado a usar más espacios de la explanada para fines comerciales, dado que estos no son de su propiedad, y es la Dirección de Obras Portuaria quien mantiene la destinación marítima de la caleta y los espacios de uso exclusivo para organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas.

Reitera que la familia nombre reservado tiene libre acceso a su propiedad, y este acceso no es por la explanada construida por la Dirección de Obras Portuaria, no obstante, ellos pueden ingresar de manera libre y disponen de tres espacios habilitados como estacionamientos libres de pago. Expone que si bien en temporada estival y fines de semana el sindicato utiliza la explanada como estacionamiento, ésta sigue siendo infraestructura de apoyo a la pesca artesanal, por lo que sugieren se dirijan a la Dirección de Obras Portuarias y se solicite una medición de los terrenos que se encuentran inscritos a favor del Fisco, y sólo son entregados en la administración bajo convenio de uso a su sindicato.

Continúa señalando que la familia nombre reservado tiene acceso privado y directo a su restaurant y ellos sólo ocupan la explanada como acceso permanente, y agrega que como sindicato han apoyado los emprendimientos de la caleta a través de actividades que convoquen al público. Finalmente señala que los recurrentes no pernoctan en las instalaciones donde se realiza su actividad económica y reiteran que como propietarios tienen un acceso privado a su previo el cual no utilizan, dado que han utilizado de manera libre y permanente la explanada, así no tiene limitación alguna para el desarrollo de su actividad económica.

Informó nombre reservado, Alcaldesa de la comuna de Arauco, e indica que el sindicato de trabajadores independiente de pesca artesanal, buzos mariscadores y nombre reservado posee giro de estacionamiento de vehículo y parquímetro, amparado bajo la patente comercial Rol 2-2676, desde el año 2017 y cuya patente se encuentra al día.

Informó nombre reservado, Capitán de Fragata, Secretario del señor nombre reservado, y señala que el Sindicato de Pescadores de Llico no cuenta con una concesión marítima, sin embargo, por Decreto Exento N° 3213, de 30 de octubre de 2012, un sector de Terreno de Playa, Playa y Fondo de Mar, en el lugar denominado nombre reservado, se destinó al Ministerio de Obras Públicas, para la Dirección de Obras Portuarias. La destinación señala como objeto, “construir, regularizar, mejorar, reponer o conservar infraestructura de apoyo a la pesca artesanal, de acuerdo al plano DOP 5827, y el anteproyecto de las obras que considera: puente de acceso, rampa de atraque, modificación de rampa existente, reparación de baños, nuevos boxes, conservación de boxes existentes, y nueva oficina sindicato”.

Explica que el terreno en cuestión, el 22 de febrero de 2023, fue entregado por parte de la Dirección Regional de Obras Portuarias Regiones del Maulé, Ñuble, Biobío y Araucanía, al Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos Mariscadores y nombre reservado, mediante un “Convenio de Uso Provisorio Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal”.

En relación a los deslindes y superficies autorizadas, estos se encuentran en el citado decreto, considerando dentro ello un sector que actualmente es utilizado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos Mariscadores y nombre reservado para estacionamiento vehicular.

Hace presente que la Autoridad Marítima Local no ha otorgado ningún tipo de permiso, autorización o concesión marítima de escasa importancia al Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos Mariscadores y nombre reservado con fines lucrativos en el terreno antes señalado.

Refiere que conforme a la Ley 21.027, el Servicio Nacional de Pesca, el 02 de enero de 2024, ingresó una solicitud de Concesión Marítima en la plataforma digital de la Subsecretaría para las Fuerza Armadas, con el objeto de “amparar actividades ligadas a la pesca artesanal de acuerdo al artículo N°2 y N°4 de la ley 21.027 que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación", la que se encuentra actualmente para resolución final, de acuerdo a solicitud CM-00002-2024. Añade que de acuerdo a la norma legal señalada, el citado Servicio se encuentra facultado para asignar en administración, los bienes nacionales y/o fiscales de uso público entregados en destinación, a la organización que cumpla con los requisitos según corresponda, y deseen acogerse a un Plan de Administración.

Finalmente indica que el Sindicato de Pescadores de Llico no se encuentra amparado bajo la Ley de Caletas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el acto que los recurrentes estiman ilegal y arbitrario, consiste en el cobro que efectúa la recurrida por el acceso y estacionamiento de vehículos en la explanada construida en el límite noreste de la propiedad de las recurrentes, lo que -a su entender- correspondería a un camino público, y no a un estacionamiento pagado, lo que perjudica el desarrollo legítimo y pacífico de la actividad laboral y comercial que desarrollan, así como también obstaculiza el ingreso a su propiedad.

TERCERO: Que, la recurrida niega que el acceso a la propiedad de las recurrentes sea por el terreno que mantienen en Convenio de Uso con la Dirección de Obras Portuarias; y que si no los han autorizado a usar más espacios de la explanada para fines comerciales, es porque no es propiedad de los actores, siendo la mencionada Dirección de Obras quien mantiene la destinación marítima de la caleta y los espacios de uso exclusivo para organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas.

Añaden, que sin perjuicio de lo anterior, a los recurrentes se les permite ingresar de manera libre y disponen de tres espacios habilitados como estacionamientos libres de pago.

CUARTO: Que, conforme al mérito de a los planteamientos de las partes y los antecedentes recabados, no ha sido posible acreditar los presupuestos fácticos sobre los cuales se construye el recurso. En efecto, las actuaciones que se atribuyen a la recurrida, no encuentran sustento más que en la versión plasmada en el recurso, pues si bien no hay discusión en cuanto a que la parte recurrente desarrolla en el lugar su actividad comercial, la existencia de un camino público para acceder al lugar donde la recurrida mantiene un estacionamiento de vehículos ha sido contradicha por la misma y, si bien no hay duda que se cobra por el ingreso y posterior estacionamiento de automóviles en el lugar, la controversia anotada no ha podido aclararse con los antecedentes que obran en autos, desde que el único elemento atingente a la materia, esto es, el informe de la Municipalidad de Arauco y del Capitán de Fragata, solo son conducentes para determinar que la Dirección de Obras Portuarias entregó a la recurrida el terreno en cuestión mediante “Convenio de Uso Provisorio Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal” y que poseen giro de estacionamiento de vehículos y parquímetro, con patente comercial al día desde el año 2017.

En consecuencia, de los mismos antecedentes, no es posible inferir la existencia del camino público aludido por la parte recurrente, puesto que en la inscripción especial de herencia que acompañan, solo aparece que el inmueble deslinda al noreste con calle sin nombre, no pudiendo determinarse en esta sede si corresponde o no a un camino público.

QUINTO: Que, como se advierte de los hechos establecidos, surge de inmediato que no existe un derecho indubitado sobre el cual pueda erigirse el recurso en cuestión, requisito sine qua non para que este pueda prosperar dada la naturaleza cautelar del mismo.

SEXTO: Que, como se dijo -ut supra- y dada la naturaleza del recurso, en este procedimiento sólo se pueden plantear situaciones que dicen relación con derechos indubitados y respecto de los cuales su titular se encuentre en ejercicio legítimo.

Por lo mismo, tratándose de derechos que están controvertidos -como es el caso- y que involucran situaciones de hecho que es necesario analizar, debatir y probar, corresponde a la autoridad jurisdiccional pertinente su resolución, en un procedimiento contencioso de lato conocimiento.

SÉPTIMO: Que, bajo este escenario la sede de la acción constitucional de protección no es la vía para obtener lo pretendido por las recurrentes, pues en el caso en análisis, tal como se dijo, no hay un derecho indubitado o incontrovertido que asile las postulaciones de los actores contenidas en su recurso.

OCTAVO: Que, así las cosas y conforme a lo que se viene diciendo, el recurso no habrá de prosperar, razón por la cual se pasará a resolver en consecuencia y sin mayores dilaciones.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Felipe Andrés Salazar Latorre, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos Mariscadores y nombre reservado..

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra interina Antonella Farfarello Galletti.

No firma la ministra señora Carola Rivas Vargas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

N°Protección-19561-2024.